Gobernabilidad democrática
De acuerdo a Prats (2001), los conceptos de democracia y gobernabilidad son diferentes pero relacionados en donde no se da una sin la concurrencia de la otra. La gobernabilidad tiene dos connotaciones: como gobernabilidad democrática y como grado de gobierno. La gobernabilidad democrática se refiere a la forma de hacer gobernable la democracia mediante procesos regulados por instituciones que dan cauce a la pluralidad de intereses en un ámbito de garantías y libertades.
La gobernabilidad de un sistema social es democrática cuando adquiere como característica distintiva que “la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas” que son calificadas como democráticas. La gobernabilidad democrática de las estructuras institucionales de un sistema económico, político y social facilita las reglas formales e informales de las redes de interrelaciones entre diferentes agentes y actores estratégicos necesarias para los procesos de toma de decisiones colectivas y resolución de sus diferencias de intereses.
La gobernabilidad democrática se refiere a la forma de hacer gobernable la democracia mediante procesos regulados por instituciones que dan cauce a la pluralidad de intereses en un ámbito de garantías y libertades. La gobernabilidad democrática, de acuerdo a Prats (2001), presupone la existencia de democracia que implica procesos de “toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos” que se producen conforme a “un sistema de reglas y fórmulas”.. No obstante, la democracia no es condición suficiente para que exista gobernabilidad democrática.
La preocupación por el estudio de la gobernabilidad democrática deriva de un interés por desarrollar las sociedades mediante la solución de sus problemas políticos y sociales, la estructuración de marcos de referencia político-institucionales que fundamenten los procesos de toma de decisiones y proporcionen las herramientas de operabilidad para los actores políticos estratégicos.
Entre los proponentes de los enfoques al control y los acercamientos colaborativos a la gobernabilidad hay tensiones que van en aumento, principalmente debido a la coexistencia entre democracia y autoridad.
La sociología política y el institucionalismo de la ciencia política fundamentaron conceptualmente la noción del buen gobierno empujando la instauración de procesos de gobernabilidad democrática y el análisis de los procesos de informalización de la política. El buen gobierno, esencia de la gobernabilidad democrática se centra en los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas creadoras y reguladoras de instituciones y mecanismos que permitan a los actores colectivos, acordar, negociar y asumir funciones de vigilancia de la esfera pública.
La institucionalización de los partidos es un elemento esencial para obtener una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos son un medio de representación que afectan la gobernabilidad, y por lo tanto el sistema democrático, de tal forma que una buena representación promueve la gobernabilidad democrática, aunque no siempre lo que es bueno para la democracia es bueno para la gobernabilidad (Coppedge, 2000). La mera idea de instituciones que sustituyan en las funciones a los partidos políticos que emergerán en el ámbito global, parece como una utopía hasta ahora.
La gobernabilidad democrática plantea la necesidad de analizar el comportamiento de los actores estratégicos en la resolución de sus conflictos. En la gobernabilidad democrática, los actores estratégicos se comportan más de acuerdo al modelo de la poliarquía, con la representación de actores proporcional a su poder y en donde los actores más poderosos resuelven sus diferencias y conflictos acatando las decisiones emanadas de los poderes ejecutivo y legislativo designados por voluntad popular mediante procesos de elección.
La gobernabilidad democrática requiere de procesos de toma de decisiones y de resolución de conflictos entre los diversos actores económicos, políticos y sociales con base a un sistema de reglas y procedimientos. El sistema político que se fundamente en la gobernabilidad democrática genera mecanismos de acuerdos y negociaciones sobre la base de un amplio acceso a la información de carácter pública, lo cual permite ampliar las posibles respuestas a la solución de problemas públicos.
Por lo tanto, la calidad de la gobernabilidad democrática no solamente está en disparejo con los fundamentos materiales de la ciudadanía sino que estos experimentos democráticos frágiles también están en peligro porque hacen caso omiso de las expectativas razonables y legítimas de la población, magnificando la fortaleza de la clase dominante como resultado de reforzar el papel de las relaciones de poder no institucionalizadas (Boron, 1995).
La gobernabilidad democrática recubre ámbitos complejos, que en lo fundamental tiene que ver con la capacidad del país de producir las regulaciones necesarias para conducir su proceso de desarrollo” (Saldomando, 2002). Un sistema de gobernabilidad autocrático que cumple institucionalmente con ciertos requerimientos puede contribuir al crecimiento económico, por lo que no puede haber crecimiento sin gobernabilidad y desarrollo humano sin gobernabilidad democrática.
Ciertas formas de gobernabilidad tienen la tendencia a alentar el desarrollo humano, pero esto no es garantía de que la gobernabilidad democrática lo sustente. Si bien el desarrollo humano implica democracia y gobernabilidad democrática no siempre la gobernabilidad democrática favorece el desarrollo humano.
La evaluación de la gobernabilidad se relaciona con la calidad de los modos de desregulación y que incluyen “la calidad del funcionamiento de las instituciones y de las normas en un ambiente democrático, transparente e íntegro” (Saldomando, 2002).
Gobernabilidad democrática neoliberal
Las relaciones entre el mercado y el Estado pueden ser orientadas por la gobernabilidad democrática que sirve de sustento a la gestión social mediante la cooperación de las instituciones nacionales que regulan los mecanismos de distribución equitativa de los recursos.
El Estado subsidiario difícilmente puede alcanzar la estabilidad democrática aún contando con el apoyo de una sociedad civil fuerte, aunque esta si puede influir en la corrección del rumbo del Estado a través de movimientos sociales y revolucionarios. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. De existir un florecimiento de la democracia, los Estados pueden beneficiarse de arreglos supranacionales bajo el principio de la subsidiariedad que limiten los abusos internacionales.
El Estado intervensionista usa el poder para colonizar la sociedad y el Estado neoliberal subyuga a la sociedad al libre juego del mercado, limitando con ello las posibilidades de la sociedad civil para establecer una gobernabilidad democrática.
Entre el enfoque neoinstitucionalista y el de regulación democrática emergen el concepto de gobernabilidad como una relación existente entre los procesos de libre mercado y los procesos de la democracia.
a) El enfoque neoinstitucionalista
El neoinstitucionalismo pretende ordenar la esfera pública bajo un esquema de instituciones orientadas más al ordenamiento privado que aniquila toda pretensión de igualdad económica, social y política, a partir del supuesto de que ya han sido obtenidas por el régimen democrático.
De acuerdo con Prats (2002), “El mensaje del neoinstitucionalismo económico es una buena nueva para la democracia liberal: en las condiciones actuales las instituciones necesarias para definir y garantizar los derechos individuales requeridos para el mayor y mejor desarrollo económico no sólo son compatibles sino que son las mismas necesarias para disponer de una democracia duradera (Olson, 1993; citado por Prats, 2002). El establecimiento de esta democracia liberal requiere de instituciones y actores fuertes que acepten las reglas del juego del liberalismo económico y político.
La nueva economía política se enfoca al crecimiento económico prioritariamente y a la calidad de la gobernabilidad democrática. La estrategia de crecimiento económico se orienta hacia la descentralización de funciones del Estado, la participación y democratización. No obstante, la aplicación por los gobiernos de los países en desarrollo, de una nueva economía política que hace un énfasis mayor en políticas económicas consistentes con el libre mercado y en la búsqueda de una gobernabilidad democrática, derivó en procesos regresivos de crecimiento económico y en crisis de gobernabilidad.
b) Enfoque de regulación democrática
La regulación democrática trata de recuperar el control político a niveles nacional e internacional de los procesos desreguladores y trasnancionales democráticos para conectarlos territorialmente y para reforzar los mecanismos democráticos de regulación. La búsqueda de otras alternativas, de fórmulas proteccionistas y de regulación mediante procesos democráticos es vilipendiada como graves retrocesos y formas arcaicas.
Saldomando, (2002) sintetiza la tendencia teórico metodológica que tiene la gobernabilidad a partir de que la corriente neoliberal que impone como agenda los derechos del mercado y las políticas de desregulación en un marco de normatividad transnacional. “La preeminencia del mercado máximo se combinó con estado y democracia mínima, cada vez más reducida a hacer funcional el estado y el sistema político a la gestión de las reformas del Estado necesarias a la desregulación y a la extensión del mercado.
Procesos de democratización
En el último siglo ocurrieron tres grandes olas de expansión democrática: la primera ocurrió al iniciar el siglo, la segunda después de la Segunda Guerra Mundial y la tercera se inició en la última década. En la segunda mitad del siglo pasado se sucedieron tres reformas del Estado: la administración burocrática y no patrimonialista, las reformas de la primera generación del Estado que redefinen sus funciones bajo el modelo de desarrollo basado en la liberalización económica y las reformas de la segunda generación orientadas al desarrollo y perfeccionamiento democrático institucional del sistema político burocrático mediante mecanismos de comunicación entre el Estado y la sociedad.
Los procesos de democratización implican el balance del ejercicio del poder de las diferentes fuerzas económicas, políticas y sociales. El Estado se transforma mediante procesos de democratización y por la forma en que la sociedad civil se organiza para garantizar la fundamentación política. Los procesos de democratización política se relacionan directamente con las estructuras del tejido social que da sustento a la sociedad civil que facilita la participación en función de decisiones de mayorías políticas que eliminan, en forma parcial las manifestaciones autoritarias. El análisis crítico demuestra que no puede haber procesos de democratización sin que previamente existan transformaciones socialistas.
Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales.
El segundo eje de la democratización debería ser establecer un real control de los países a través de sus parlamentos, con los representantes de la sociedad civil (ONGs, sindicatos, movimientos sociales), sobre los administradores nacionales de las Instituciones Financieras Internacionales, mediante la organización de debates públicos y la publicación de documentos informativos.
En esta última ola están ocurriendo procesos de transición democrática en los que se cuestiona la naturaleza misma de la democracia, las nuevas relaciones entre la ciudadanía y el gobierno, y nuevos patrones de participación política (Dalton, 2002). Los países en transición desarrollan simultáneamente una economía en transición y una democratización política, lo cual requiere de la creación de un marco de referencia económico y de cambios en las reglas del juego político.
La teoría de transiciones encuentra barreras institucionales para consolidar la democracia que no se corresponde necesariamente con una política moderna, ni tampoco con una mejor distribución de la riqueza. La profundidad y amplitud de las normas culturales compatibles con la democracia explican los procesos de transición que se dan en muchos países. Estos procesos de transición están caracterizados por la emergencia de sistemas democráticos (Karl, 1990; Karl and Schhmitter, 1991) en forma de transacción o por colapso del régimen, hasta alcanzar su consolidación.
Los procesos de democratización representan un paso significativo para la resolución de problemas del desarrollo económico, social, político y la consolidación de la gobernabilidad mediante cambios profundos que implican la definición de los límites entre los sectores público y privado, principios y procesos de las funciones del Estado. La democratización de los medios de producción de la economía, contrario a la ideología neoliberal hegemónica, que iguale el ejercicio del poder político de los diferentes grupos sociales a través de mecanismos institucionales de representación, fortalecería las instituciones de la democracia liberal.
La promoción de los procesos de democratización debe considerar las condiciones locales y asegurar su cumplimiento con las actividades que benefician a los ciudadanos. La democratización del Estado y Nueva Gestión Pública son procesos que se correlacionan y se adecuan dependiendo de las situaciones diversas de los Estados nacionales. Así, la gobernabilidad democrática de los gobiernos locales se fortalece con el ejercicio autónomo de la autoridad para la formulación e implantación de sus propias políticas públicas como respuesta a las demandas de la ciudadanía.
Los procesos de democratización y privatización de los servicios públicos constituyen el punto central de la descentralización de funciones de los gobiernos locales, los cuales deben de convertirse en los principales catalizadores de las fuerzas sociales de las comunidades, involucradas en el logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Una sociedad democrática es responsable para definir las funciones del mercado y la sociedad en materia de provisión de bienes y servicios privados y públicos, evitando las confusiones que se han dado entre Estado y sociedad, ciudadano y consumidor, etc.
El proyecto de la democracia hegemónica
El Consenso de Washington articula un programa de economía política global y de reestructuración del sistema político basado en la gobernabilidad democrática, en torno al libre mercado como pensamiento único dominante. La especialización y la competitividad son efectos del libre comercio en las economías nacionales que tienden a ser positivos si se persiguen políticas progresivas de prácticas de los principios democráticos y de libertad.
Bajo este esquema globalizador, la gobernabilidad democrática que implica procesos democráticos, la legitimidad y la regla de ley, se logran a través de los procesos de desarrollo económico y social de los pueblos. Las estrategias cooperativas y de autogestión en los sistemas de producción, distribución y consumo, no siguen la observancia de procesos democráticos, como el modelo de gobernabilidad democrática sugiere, sino los dictados de un grupo de agentes económico con intereses de hegemonía.
El Consenso de Washington promueve a escala global la liberalización económica de los mercados y la democracia política liberal. La democracia política pretende ordenar el nivel sistémico de la vida colectiva mediante la intervención de agentes con lógica política para crear y legitimar el orden social mediante principios políticos coherentes con los fundamentos de libertad e igualdad de todos los individuos, tales como los principios de mayoría y representación. La retórica del poder militar hegemónico en el mundo, justifica las intervenciones militares en los demás países del mundo por “razones humanitarias”, para imponer la democracia como sistema de gobernabilidad global o en nombre de los derechos de los pueblos. Este supuesto del derecho de intervención se justifica por la defensa de la democracia, por razones humanitarias y en nombre de los derechos de los pueblos.
La estrategia del Consenso de Washington como el único modelo para el desarrollo bajo una economía de control nacional basado en imponer la democracia y el libre mercado y comercio en cada rincón del globo, aunada a la estrategia de guerra preventiva para la consolidación de supremacía militar, mantiene a Estados Unidos como la economía del imperio. La aplicación de este evangelio enfatiza el carácter de un sistema intelectual cerrado que supone como la única libertad real a la libertad comercial. Para mantener su hegemonía, los Estados Unidos llevan a cabo una estrategia sistemática de demostración del poder militar, mientras que se muestra defensor de la democracia, la paz universal, el progreso material y los derechos de los pueblos.
March y Olsen (1995) critican este enfoque aduciendo que los intercambios ocurren entre actores desiguales en poder por lo que no siempre son libres y buscan maximizar la utilidad, el sistema político basado en el intercambio económico tiene efectos morales perniciosos que debilitan los equilibrios de la gobernabilidad democrática como resultado de incentivar el beneficio egoísta.
De acuerdo al investigador, “es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica” (Torrijos, 2001). Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante.
El mercado no regulado ha dado origen a profundas diferencias socioeconómicas que reproducen las desigualdades entre los individuos amenazando la cohesión social”. Así, la desigual distribución de los beneficios económicos del mercado repercute en el poder social y político, de tal forma que el mercado debilita las bases de la ciudadanía política.
La política de libre comercio promovido por los neoliberales y por los fundamentalistas de la derecha, ha sido aceptada porque lleva implícito el principio democrático y para lograrlo justifica el uso de la fuerza militar de la “única potencia” que como “nación indispensable” se siente obligada a “conducir al mundo”, como en alguna ocasión en febrero de 1998, proclamara la Secretaria de Estado Albright. Las grandes potencias occidentales que hacen promesas de democracia apoyan a reyes, príncipes, generales y gobernantes autoritarios que administren sus negocios en los países menos desarrollados. Es por lo tanto una democracia de dobles estándares. Muchos de estos pueblos, si tuvieran democracia no harían lo que se les ordena. Mientras que esto suceda, no existen planes concretos para apoyar la democracia en esos pueblos.
La verdadera amenaza para el sistema basado en el libre comercio radica en los procesos de decisiones que no son transparentes ni democráticos pero sometidos a las presiones de los intereses de los países desarrollados y de las grandes corporaciones transnacionales. Las instituciones financieras internacionales son parte de las extensiones de las redes formadas por los Estados imperialistas para mantener la supremacía política y económica sobre los Estados neocoloniales, los cuales se subordinan a sus dictados, siguen el modelo de corte neoliberal y se convierten en los actores más dinámicos a favor del proyecto hegemónico. Este proyecto concibe “la trasgresión de las fronteras, el derrumbamiento de las barreras, la democratización radical de todos los aspectos de la vida social, económica y política” (Sokal y Bricmont, 1999)
Crisis de gobernabilidad
La crisis de gobernabilidad democrática se caracteriza por la disfuncionalidad de las instituciones para solucionar democráticamente los conflictos y que ponen en evidencia las tensiones existentes entre los requisitos de la democracia y los de la gobernabilidad. Es sintomático que la gobernabilidad democrática se construya sobre una estructura de instituciones débiles que no pueden canalizar las demandas de los nuevos movimiento sociales ni concretan acuerdos conforme a un proyecto de desarrollo.
La dinámica de la nueva composición de la distribución poblacional más orientada a los centros urbanos que a los rurales y el impacto de las políticas económicas neoliberales han dado como resultado el empobrecimiento paulatino de amplios sectores de población urbana que carecen de lo necesario para lograr un nivel de vida digno y que solo viven en niveles de subsistencia.
Cualquier análisis del sistema global tiene que considerar el desarrollo del Estado democrático, por lo tanto, no solo por las instituciones democráticas existentes, sino también por un conjunto de valores y prácticas sociales más amplias. Las Instituciones Financieras Internacionales de Bretton Woods se caracterizan por su profundo déficit democrático: Estudios y decisiones secretas, concentración del poder en manos de los países más ricos, desigualdades de género en las instancias de decisión. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Otros analistas critican que la democracia haya triunfado en los Estados-nación que han dejado de tomar decisiones en asuntos que son importantes para ellos.
Así, los valores de libre mercado y democracia son los valores americanos propagados por el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la información como una estrategia del imperio invisible americano para establecer un orden estable internacional, su dominio y hegemonía en los mercados mundiales. De acuerdo a Chomsky (2001), las consecuencias esperadas de la victoria de los “Valores Americanos” en la Organización Mundial del Comercio son una nueva herramienta de intervención de largo alcance en los asuntos internos de otros países, la toma de posesión de un sector crucial de las economías foráneas por las corporaciones que tienen su base en los Estados Unidos, los beneficios para los sectores de los negocios y para la riqueza, el traslado de los costos a la población general y una nueva y potencialmente poderosa arma contra las amenazas a la democracia.
La democracia estadounidense es una democracia de baja intensidad cuyo funcionamiento se basa en la total separación entre el manejo de la vida política, mediante la práctica de la democracia electoral, y el manejo de la vida económica, regida por las leyes de la acumulación de capital.
El modelo de desarrollo neoliberal con su estrategia que favorece a los capitalistas, estimula la formación y funcionamiento de una sociedad civil motivada en los valores democráticos que se contraponga a las decisiones autoritarias del Estado, reduzca sus funciones para dar más campo de acción al libre mercado. Precisamente en los tiempos en que se transita a la formación de una sociedad global centrada en la información y el conocimiento, se presenta una crisis de valores institucionales que desvincula a la ciudadanía paulatinamente de la política y se pierde la confianza en las instituciones democráticas hasta volverse indiferente a su actuación y desempeño.
La crisis permanente del Estado social y democrático de derecho y sus funciones más características, contribuyen a acelerar el proceso de descomposición social, el desenraizamiento cultural, y la caída en la anomia y la delincuencia, que sirve de justificación del dispositivo de represión y criminalización. La emergencia de la participación política de los grupos sociales excluidos que como sujetos políticos colectivos ponen en acción práctica principios democráticos de la política que contradicen y confrontan la democracia representativa institucionalizada, cuestionan el orden establecido y muestra su crisis hegemónica.
Sin embargo, no existe necesariamente una relación lineal entre la modernización económica y el establecimiento de instituciones democráticas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.
De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. El movimiento altermundista tiene sus antecedentes en los últimos 20 años en los países menos desarrollados aunque se manifiesta fuertemente desde Seattle en 1999 en los países más desarrollados como un movimiento de democratización que se contrapone a la imposición de políticas neoliberales.
La crisis de la democracia en Latinoamérica
El perfil de las burocracias latinoamericanas se aleja del modelo racional de burocracia de Weber para ajustarse a las necesidades del modelo de Estado social democrático. Después de años de dictadura militar en algunos países latinoamericanos, las instituciones creadas para el establecimiento de mecanismos del sistema democrático y de la distribución inicial de la riqueza que afecta las inversiones de capital humano y de capital físico, tiene un papel importante en la determinación de los niveles de pobreza y de mercado competitivo que han estado en conflicto con las orientaciones ideológicas prevalecientes.
El programa político de gobernabilidad democrática propuesto para los estados latinoamericanos a finales de los noventa, se orienta a alcanzar la estabilidad de las instituciones políticas y sociales a través del fortalecimiento de las organizaciones intermedias entre el estado y la sociedad civil, tales como los partidos políticos, con capacidad para eliminar las barreras existentes entre la sociedad civil y el Estado.
Las instituciones de las poliarquías latinoamericanas afectaban la calidad de las democracias y se trataba de demostrar “la probabilidad de resistencia (a un retorno autoritario) …explorar sus patrones de cambio (de la poliarquía realmente establecida) y para aclarar las variadas dimensiones en que se pueden discutir e investigar las cuestiones de la calidad y desempeño» (O’Donnell, 1997: 77).
Uno de los elementos más impresionantes de la escena política contemporánea es la alta responsabilidad de los gobiernos a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población a pesar de los mecanismos formales de la política democrática que se establece en la región latinoamericana. Sin embargo, en los Estados latinoamericanos es muy difícil determinar que los procesos de democratización sean un efecto de la globalización.
A pesar de la fuerte tendencia de urbanización, en América Latina continúa habiendo zonas rurales importantes a las que afectan los procesos de globalización económica y cuya producción es una de las más rentables para el capital extranjero, más sin embargo los campesinos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas en un mercado desigual, la marginación, pobreza, analfabetismo, enfermedades, etc., alcanzan índices escandalosos. Esta estrategia de la globalización está dando por resultado una profundización de los niveles de pobreza mundial.
Bajo un esquema noinstitucionalista, la democracia latinoamericana es considerada más como un instrumento de la tecnología política que disuelve el diálogo social para convertirlo en política de un nuevo orden público. Por otro lado, se presenta una tendencia de descontento creciente a estos regímenes entre las clases populares que han recibido pocos de los beneficios y entre los críticos de los regímenes de la derecha y sus aliados en las fuerzas armadas quienes temen que incluso la democracia limitada que tiene lugar en Latinoamérica ha ido más allá.
Una democracia con estas limitaciones crea inestabilidad y limita la calidad de las democracias, como es el caso de los países latinoamericanos. La soberanía que debe residir en el pueblo ahora recae solo en los legisladores quienes una vez elegidos no mantienen vínculos de comunicación con sus electores. El Estado ya no es concebido como el conjunto de mecanismos de poder y dominación de una sociedad. La acción política se convierte una tecnología para el control político y social a través de las instituciones. Este mecanismo de sustitución de la democracia formal explica la distribución desigual de la riqueza en América Latina.
Latinoamérica está sometida aun proceso de neocolonización por un nuevo imperialismo y que cuenta con el apoyo de las elites económico políticas que, al decir de Galeano (2002 p.341-342), no hacen “más prósperas a sus colonia aunque enriquezca a sus polos de desarrollo; no alivia las tensiones sociales regionales, sino que las agudiza; extiende aún más la pobreza y concentra aún más la riqueza: paga salarios veinte veces menores que en Detroit y cobra precios tres veces mayores que en Nueva York; se hace dueño del mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo; se apropia del progreso, decide su rumbo y le fija fronteras; dispone del crédito nacional y orienta a su antojo el comercio exterior; no sólo desnacionaliza la industria, sino también las ganancias que la industria produce; impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del excedente económico hacia fuera; no aporta capitales al desarrollo sino que los sustrae”.
La mayoría de los partidos y movimientos progresistas en Latinoamérica reconocen que están seriamente lesionados por sus fracasos para ofrecer una alternativa efectiva al opresor proyecto neoliberal y como resultado establecen un diálogo internacional dirigido a desarrollar una nueva identidad y una estrategia para la nueva era. Además, este nuevo orden político democrático es caracterizado como contingente y coyuntural en Latinoamérica, se fundamenta en el consenso social a partir del desarrollo histórico-cultural de la configuración del sistema de partidos.
En los países de Latinoamérica y el Caribe esta crisis está marcada por la falta de un proyecto alternativo de desarrollo al neoliberal de las instituciones financieras internacionales y porque el desarrollo democrático está marcado por una creciente falta de gobernabilidad y pérdida de la confianza en sus instituciones. El debate gira en torno a si existe una relación de causalidad entre el régimen y la democracia y si las características y factores del diseño institucional del régimen parlamentario funcionan mejor que las democracias presidencialistas, las cuales se concentran en su mayor parte en Latinoamérica donde las diferencias socioeconómicas y políticas son muy marcadas.
En América Latina, la gobernabilidad democrática es una construcción que Prats (2001) delimita como la que trata de que la transición y consolidación democrática sean gobernables y mejoren el desempeño económico, social y político a tal grado que se evite la regresión al autoritarismo. La gobernabilidad en América Latina trata de que la “transición a la democracia y la democracia misma sean gobernables”, evite la “regresión al autoritarismo” y consolide el sistema democrático (Prats, 2001). Así la gobernabilidad democrática es una construcción para los procesos de la democracia latinoamericana que experimentan dificultades para su consolidación y serias amenazas de “regresión neo-autoritarias”. En México se acepta esta construcción después del 2000 en que se convierte en una poliarquía.
Los elementos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para la promoción de la gobernabilidad y la democracia en Latinoamérica comprenden la consolidación de la gobernabilidad democrática más allá de las elecciones, el fortalecimiento de las instituciones de la gobernabilidad democrática, promoción del Estado de Derecho mediante la separación de poderes, el apoyo a la sociedad civil con atención particularizada a las organizaciones no gubernamentales, grupos de educación cívica, centro de estudio y desarrollo de políticas, medios de comunicación independientes y sindicatos (Santiso, 2002).
La gobernabilidad democrática en América Latina requiere la construcción de una cultura cívica sobre la base de un proyecto de ciudadanía participativa y de integración de la comunidad nacional que promueva el desarrollo humano. Una economía moderna en América Latina sólo es viable si se forma lo que Dieterich (2002) denomina el Bloque Regional de Poder, cuya diferencia cualitativa a los demás bloques de poder es que debe “integrar desde su inicio elementos claves de la Democracia Participativa o sea, del Socialismo del Siglo XXI”, con una “política mercantilista.
El desencanto de la democracia
El análisis de la interacción de las estructuras e instituciones económicas y políticas – análisis estructural e institucional- constituye una importante línea de investigación para el desarrollo de los procesos de transición democrática de las sociedades. El marxismo es un acercamiento dialéctico al desarrollo de la humanidad y un enfoque desde el materialismo histórico para señalar la lucha de clases que evoluciona del desarrollo capitalista a una sociedad socialista integrada por un sistema de producción, distribución y consumo formado por individuos iguales en un Estado democrático.
El estudio de la relación entre democracia y desarrollo económico ha sido uno de los aspectos más debatidos en la segunda mitad del siglo pasado. Para muchos analistas la democracia es la verdadera condición del desarrollo. El desarrollo democrático supone que la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo económico y social.
Ni la teoría de las relaciones internacionales, ni tampoco la teoría de la democracia alcanza a establecer un marco de referencia que sustente la conceptualización como la práctica del desarrollo democrático de los pueblos y sus relaciones con el capitalismo moderno o neocapitalismo, bajo un contexto global, a pesar de su potencial latente de autoritarismo.
Las conclusiones de los analistas sobre la relación entre desarrollo económico y democracia son divergentes (Altman, 2001). Por un lado quienes realizaron estudios cuantitativos transversales-nacionales que tendían a coincidir con la ecuación optimista de Lipset (1979) que establecía que a mayor desarrollo económico de los pueblos, más oportunidades para la democracia, y por otro quienes realizaron estudios histórico-comparativos.
Lipset (1979) ha dicho que cuando mejor le va a un país en términos económicos, mayores son las oportunidades de mantener gobiernos democráticos. Diamond (1992) reformula la ecuación optimista estableciendo que cuando mejor le va a la gente de un país, en promedio, mayores son las oportunidades de que favorezcan, encuentren y mantengan un sistema democrático.
La democracia económica o democracia del libre mercado
La relación entre el mercado y la democracia, que denominamos la democracia económica, se acrecienta a medida que avanzan los procesos de globalización capitalista y que por lo tanto, alientan un mercado y una democracia global que presenta problemas si se le conciben de la misma forma que al nivel de mercado y democracia en el Estado nacional. Convendría llamar a este tipo de democracia, la democracia económica, porque acepta que la democracia es uno de los requerimientos absolutos del desarrollo, es decir, se acepta el supuesto de que la democracia se logran solamente cuando el desarrollo soluciona los problemas materiales de la sociedad.
La democracia económica busca una mejor distribución de la riqueza para lograr la igualdad económica de tal forma que se persigue el bienestar social. Así, el concepto tradicional de democracia se ajusta a las condiciones de desarrollo del sistema capitalista. Este desarrollo democrático bajo un sistema capitalista presupone que la democracia es verdaderamente la condición del desarrollo. No existe una democracia sin mercado, aunque si existen mercados sin democracias.
La ideología de la democracia del libre mercado constituye el cuerpo teórico y la práctica de la política de desarrollo internacional, pensada como problema de gobernabilidad para establecer las reglas de juego a los agentes económicos. Los teóricos de la democracia del mercado defienden que es el mejor sistema de ordenamiento de instituciones económicas y sociales para alcanzar mayores niveles de libertades y bienestar.
Las formas de gobierno promovidos por el mercado y la democracia serían el resultado de las opciones políticas racionales. Desde la perspectiva de la elección racional, el tema del desarrollo visto por la economía política trata de la forma en que los actores en los mercados realizan conductas estratégicas de elección y razonamiento para maximizar sus propios intereses que persiguen en función de incentivos, así como de los problemas de agregación mediante la teoría de la acción colectiva y de la acción democrática.
El funcionamiento de la democracia depende en buena medida en la construcción del capital social. Las relaciones de confianza interpersonal, cooperación y compromiso cívico aprendidas en asociaciones crean un capital social que influye en el desarrollo económico y el desempeño democrático de las instituciones. A pesar de esta aserción, esta ideología hegemónica del libre mercado es la antítesis de los principios de la democracia política, en los mismos términos en que lo explica Shorris (1994): “La democracia política es una relación entre los seres humanos que se controlan a sí mismos”.
Sin embargo, se dan grandes disfuncionalidades entre las lógicas del mercado y la democracia, y más concretamente entre la lógica de las finanzas y la lógica democrática. La democracia del mercado es una competencia en la cual “las gentes tratan de controlarse unos a otros…esta es una impropiedad, por el control de un ser humano por otro, sin importar que tan sutil sean los medios, no es democracia”
Los Estados nacionales presentan diferencias profundas en sus niveles de desarrollo económico y social, en niveles de riqueza y sus valores, etc., como para que tengan las mismas consideraciones con respecto al sistema democrático. Pero el desarrollo no es democracia y persiste la pregunta: ¿Por qué no hay ninguna democracia seria en el mundo árabe? Además, el logro de crecimiento económico no es garantía de un desarrollo democrático. La democracia no es un requisito ineludible del desarrollo considerado como el crecimiento del PIB pre cápita.
Prats (2001) concluye que el desarrollo entendido como “simple crecimiento del PIB per capita, la democracia no es una exigencia ineludible del desarrollo” pero si la meta es el desarrollo humano, “la democracia es una exigencia irrenunciable de toda estrategia de desarrollo independientemente del nivel y de las condiciones de partida.” Consecuente con esta línea de análisis, no existe un determinado nivel de desarrollo económico que sea determinante de la democracia (Przeworski y Limongi (1997).
La supuesta teoría de la convergencia de la democracia y los mercados porque ambos se engendran recíprocamente, es falsa en la realidad, un dogma que no es demostrable en política y en los diversos modos de gobierno. La nula o poca convergencia entre el mercado y la democracia permite concluir que el desarrollo económico por medio de los mercados difícilmente es compatible con grados avanzados de democracia
En lugar de la convergencia entre la democracia y el mercado, lo que resulta es una supeditación de la democracia al mercado, lo que debilita la legitimidad de los mecanismos democráticos, los cuales son reemplazados por consensos de grupos con intereses específicos, sin consideración de que los limites de la legalidad no son los mismos de lo legítimo. Así, la falta de convergencia entre democracia y mercado hace que la democracia se subordine al mercado. Es más realista el enfoque del conflicto entre la democracia y el mercado.
Si se acepta el enfoque del conflicto más que el de la convergencia entre el mercado y la democracia, es posible tener un acercamiento a la realidad de los hechos. No obstante, la teoría de Rustow (1970), sostiene que ningún nivel de desarrollo económico es prerrequisito para el establecimiento de instituciones democráticas sino más bien el sentimiento y compromiso de unidad nacional entre los diferentes estamentos sociales pero más significativamente, la disposición entre las elites para pactar acuerdos de transición.
Por lo tanto, existe una relación de influencia recíproca directa entre el Estado de derecho y los niveles de desarrollo económico, social y político, aunque existen algunos análisis que tratan de explicar algunos impedimentos del desarrollo jurídico en un Estado de Derecho, el cual debe crear las condiciones para el ejercicio de los derechos civiles y político democráticos.
Sin embargo, las fuerzas políticas progresistas pueden cambiar el desarrollo de los acontecimientos en dirección de una mayor democracia política, mejorar los estándares de vida y justicia social si pueden formular una estrategia efectiva que les permita tener éxito para movilizar a la mayoría de la población en esta dirección. El desarrollo social requiere de un Estado de Derecho con instituciones más democráticas para alcanzar los fines con un mejor desempeño. Aceptar el enfoque del conflicto más que la convergencia entre la democracia y el mercado es más cercano a aceptar la realidad.
Los sistemas democráticos amplían las oportunidades para el desarrollo humano mediante la aplicación de políticas públicas, principalmente las políticas económicas orientadas a la expansión de las libertades y la promoción de oportunidades para ejercitar las capacidades. Pero el desarrollo humano en la perspectiva de Sen (2000), no es la simple sumatoria de las libertades individuales, sino socialmente interrelacionadas. Es decir, libertades individuales que son contextualizadas en una sociedad y por lo tanto se consideran libertades colectivas que requieren de un sistema democrático para su desarrollo, y por lo tanto la transformación de los desempeños democráticos de aparentes y formales a reales.
Formación de la cultura política democrática
Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. El estudio de la cultura política se fundamenta en encuestas de opinión pública. Este programa de gobernabilidad busca la promoción de la política democrática orientada a la formación de una opinión pública mediante una regeneración de la vida ciudadana capaz de encausar los intereses y derechos de la sociedad civil que el mismo Estado reconoce.
Inglehart (1990) encontró evidencia entre de congruencia entre actitudes políticas y estabilidad democrática. La tesis de la congruencia cultural apoya la evidencia de la relación que existe entre las creencias de los ciudadanos y la emergencia de la democracia. Sin embargo, Fisk (2002) cita un reciente estudio realizado por Pippa Norris, de Harvard, y Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan, que “demostró de manera convincente que la grotescamente sobrevalorada tesis de Samuel Hungtington (1993) sobre «el choque entre civilizaciones» es una trasnochada sarta de mentiras. Los musulmanes, descubrió este estudio, se muestran igualmente afectos a la democracia que los occidentales -sin hacer distinción hacia los cristianos-, y en algunos casos eran más entusiastas hacia la democracia que los estadunidenses y otros grupos.
Una conceptualización de lo que es cultura política, de los elementos y sus interrelaciones es necesaria para el análisis institucional en cualquier sistema político, de tal forma que existe congruencia entre estas variables en muchas naciones que están en proceso de democratización. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.
Esta congruencia entre la cultura política y el sistema político adquiere importancia en la nueva ola democratizadora, la cual es una oportunidad para analizar y evaluar aspectos como la formación de la identidad, la formación de culturas políticas y su conexión con las normas y conductas políticas. La ola democratizadora de las últimas décadas requiere la precisión conceptual de gobernabilidad entendida como capacidad de coordinación y acción del gobierno para dirigir una sociedad como colectivo, es decir, la acción misma de gobernar mediante las decisiones de los representantes políticos y gobernantes.
Los requisitos culturales de la democracia son analizados desde tres perspectivas culturalistas: la teoría de la cultura cívica, la teoría de la cultura de la autoridad y una tipología de culturas basadas en estilos de vida (Dalton, 2002).
Existen varias culturas democráticas que pueden ser delimitadas a partir de los elementos de la cultura política.
En los tiempos de la Guerra Fría el mundo era bipolar dividido en naciones democráticas con Estados Unidos al frente y en naciones comunistas alineadas en torno al poder de Rusia. Una nueva realidad político-social después del colapso del bloque socialista soviético y el surgimiento de los movimientos separatistas en todo el mundo, puede ser el resultado de una hola creciente por la democracia. Desde el fin de la “Guerra Fría”, el evangelio del libre mercado es llevado a todos los rincones del globo, en el nombre de los poderes hegemónicos, Estados Unidos y otros países industrialmente avanzados, a pesar de que “la cultura de la política económica internacional en la democracia más poderosa del mundo no es democrática”, como afirma Stiglitz (2003).
Los movimientos identitarios antiglobalizadores se identifican como movimientos de resistencia, repliegue y reconstrucción de las identidades culturales comunitarias que cuestionan los valores económicos centrados en los mercados y en las formas de representación democrática promovidos por los procesos globalizadores. La construcción colectiva de políticas culturales todavía es una tarea pendiente en la mundialización que se renueva en los procesos de democratización de la sociedad y que necesita concretarse en un proyecto político cultural.
Discusión
La construcción de una sociedad democrática implica una sociedad gobernada conscientemente por los hombres, de tal forma que una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas, bajo nuevas formas democráticas de regulación complementaria del mercado orientado a la producción de cierto tipos de bienes que no sean los sociales o públicos que son responsabilidad de las políticas estatales para la atención de las necesidades sociales sin que se induzca la acumulación de capitales privados.
Los analistas argumentan que los Estados nacionales con gobiernos democráticos y con economías abiertas de mercado favorecen las libertades y la resolución de conflictos en forma pacífica para lograr un mejor desarrollo humano. El desarrollo humano se concreta en sistemas de gobernabilidad que no tienen relación necesariamente con las formas democráticas de gobierno. Igualmente, se requiere vincular la desigualdad y pobreza con las formas democráticas. Así las nuevas formas democráticas se expresan fuera del dominio del Estado y se manifiestan en forma más espontánea en la sociedad que ejercita la política como orden.
Esto permite repensar la democracia como formas de expresión de la acción colectiva orientada a satisfacer las demandas de igualdad y libertad. Las reglas institucionales deben fomentar la cooperación en los procesos de interacción que facilitan los intercambios de ideas entre los diferentes actores políticos y sociales, allanando el camino hacia la gobernabilidad democrática. Repensar el sistema democrático desde una perspectiva de la creación de un sistema de organización complementario de socialismo y democracia libertaria que reconozca a los individuos como los sujetos activos de la política, en ejercicio pleno de su libertad y de su igualdad. Sin igualdad la democracia languidece. Estos constituyen los retos principales que enfrenta el mundo en el siglo XXI, y el mayor de los problemas a que se enfrenta el mundo al inicio de este milenio.
Por otro lado, la teorización holísta de la economía política internacional es una forma contestataria de la creciente globalización neoliberal y a la correlativa representación democrática. El abordaje de la problemática de las relaciones entre la globalización y la gobernabilidad permitirá evaluar los modelos económico-políticos, las realizaciones del libre mercado y la democratización de la sociedad.
El pensamiento crítico da soporte a los nuevos movimientos sociales organizados en redes que reorientan sus estrategias para el logro de una democracia justa e independiente, la reestructuración de las categorías sociales y la redefinición de las luchas por la socialdemocracia en tiempos en que cobra fuerza el imperio financiero mundial que pregona un neoliberalismo fundamentalista y neocolonialista que encubre el mercantilismo de las megaempresas y el imperialismo colectivo.
El pensamiento crítico tiene como reto plantear esquemas teórico-metodológicos y prácticos que sirva de fundamento para el diseño de alternativas democráticas que den prioridad a la lucha por la opinión pública y para la acción colectiva de los nuevos movimiento sociales. De acuerdo a Weaver y Rockman (1993)“…las respuestas que los países recientemente democratizados tengan ante los retos y desafíos que les plantea el desarrollo económico y la integración política y social de sus pueblos, dependerán en medida importante de la opción de diseño institucional que adopten”.
El nuevo modelo de gestión pública requiere que los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas están estrechamente vinculados con las capacidades del Estado y sus contribuciones al logro de la gobernabilidad democrática. La implantación de un sistema más eficiente de administración pública gerencial que propicie una rendición de cuentas, supone la existencia de un sistema democrático con reglas de ley bien establecidas. La rendición de cuentas es hacia arriba, a los miembros de la organización, hacia abajo en un sistema de democracia participativa y a los grupos de interés y consumidores.
La creciente revalorización de lo local redefinen el rol que las instituciones juegan en los gobiernos democráticos locales para dar respuesta al incremento de las demandas sociales. La falta de políticos intermediarios es parte del déficit democrático de las instituciones locales, nacionales e internacionales. Las instituciones locales tienen el reto de intervenir con sus funciones en las actividades económicas. Es importante que las autoridades actúen a través del espacio público de las estructuras político institucionales del gobierno local democrático de tal forma que se conviertan en fuerzas multiplicadoras de las expectativas y oportunidades de desarrollo equilibrado por las relaciones entre sociedad, Estado y mercado.
El gobierno local debe movilizar a la sociedad civil como una nueva forma de interrelacionar al Estado con la sociedad promoviendo mediante procesos democráticos la descentralización de los servicios, con fundamento en el principio de cercanía que enuncia que las decisiones sean tomadas lo más cercano posible a la población involucrada.
La aplicación estratégica en al ámbito de la administración pública de técnicas de gestión de calidad para mejorar su propia actuación y para lograr un uso más eficiente de los recursos requiere del diseño de estructuras institucionales que acomoden las demandas de una ciudadanía más participativa y una sociedad más democrática en ambientes más inestables y turbulentos de los fenómenos de globalización económica.
El pensamiento crítico tiene que plantearse en teoría y en experiencia las debilidades del capitalismo y el diseño de un nuevo orden mundial alternativo en un análisis desde lo local hasta lo global facilitado por una adecuada política, nuevas prácticas y estrategias de los movimientos sociales antisistémicos orientados al diseño de una alternativa democrática y soberana.
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