Autor:María Solanas
Consultora en relaciones internacionales. Colaboradora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT)
El gobierno colombiano y representantes de las FARC están manteniendo conversaciones para poner fin al confllicto armado. Es un proceso difícil y complicado, pero a la vez esperanzador.
El pasado 19 de noviembre, después de varios meses de negociaciones secretas entre el gobierno colombiano y las FARC, comenzaron en La Habana las conversaciones formales para poner fin a un conflicto que dura ya casi 50 años, y que ha producido tanto sufrimiento al pueblo colombiano. Por primera vez, existen posibilidades reales de que las conversaciones culminen con éxito, es decir, que se ponga fin al conflicto armado, y pueda consolidarse la paz, que no es sólo el fin de la violencia, sino apenas el principio sobre el que construirla.
Se trata de la tercera negociación (tras los procesos fallidos durante las presidencias de Belisario Betancur, en 1984; y Andrés Pastrana, entre diciembre de 1999 y 2002, las llamadas “conversaciones de paz del Cagúan”) entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Noruega, y Cuba, además de Chile (a elección del gobierno colombiano) y Venezuela (elegido por las FARC) son los países garantes de las negociaciones. Las delegaciones están conformadas por el ex Alto Comisionado para la Paz y ahora Ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, el Alto Consejero de Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo, el consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder, el funcionario presidencial Jaime Avendaño, el ex-vicepresidente Humberto de la Calle, y el ex Director del periódico El Tiempo, Enrique Santos (hermano del Presidente colombiano), por parte del gobierno; y por parte de las FARC por el comandante José María Córdoba Mauricio Jaramillo “El Médico”, el “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda, el portavoz internacional Marcos Calarcá y Andrés París (ideólogo de la guerrilla que también participó en las negociaciones de 2002).
Las FARC han decretado, hasta el 20 de enero de 2013, un alto el fuego unilateral. El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha señalado que el Estado no se sumará a un alto el fuego hasta “tener un acuerdo definitivo que permita terminar con el conflicto”, ateniéndose así a la promesa reiterada públicamente de continuar las operaciones militares durante el diálogo.
El tercer proceso de paz, ¿el definitivo?
Una suma de factores hace a este proceso diferente, permitiendo un moderado optimismo sobre su resultado. En primer lugar, se ha aprendido de los errores del pasado, lo que ya constituye un avance en sí mismo, por la acumulación de experiencias –fallidas hasta ahora- sobre el proceso.
En segundo lugar, las FARC llegan a esta negociación más débiles, diezmadas por la actuación del ejército colombiano durante los últimos años, tras perder a buena parte de sus líderes históricos (cabe recordar que la invulnerabilidad de su Secretariado constituía uno de sus elementos de fortaleza, y durante más de cuarenta años ninguno de sus siete miembros fue detenido), así como parte de su control territorial. Frente a los casi 20.000 efectivos armados con que contaban hace más de una década, hoy éstos se cifran entre 8.000 y 10.000 (más otros 9.000, que se dedicarían a labores logísticas y de inteligencia). Según un informe de Human Rigths Watch, aproximadamente entre el 20 y el 30% son menores de 18 años, muchos reclutados forzosamente, una de las caras más amargas del conflicto armado interno.
El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, negociado en secreto durante 6 meses y suscrito a finales de agosto en La Habana por el gobierno colombiano y las FARC, representa una base sólida sobre la que trabajar. Establece 6 puntos, incluidos los asuntos relativos a la política agraria, la participación política, la resolución del problema de las drogas, el abandono de las armas, y la reparación a las víctimas.
En el primer punto, relativo a la política de desarrollo agrario integral, se incluyen temas como el acceso y uso de la tierra, y el desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza). En el de participación política se abre la puerta a garantizar el ejercicio de los derechos políticos para los nuevos movimientos que surjan de la firma del acuerdo final. Se contempla el abandono de las armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, así como el combate contra las organizaciones criminales. El tema de la reparación a las víctimas sería el último asunto a debatir, y se discutirá sobre las penas a los acusados de delitos de lesa humanidad, y la debida reparación a la población golpeada por el conflicto armado interno. Por último, se establecen mecanismos de implementación, verificación y refrendación del acuerdo final que se alcance.
La voluntad y el planteamiento del Presidente Santos, que tomó posesión en agosto de 2010, han generado un clima propicio para la negociación (frente a la política de confrontación del anterior Presidente, Álvaro Uribe, que además se ha mostrado muy crítico con este proceso, al que ha expresado su rechazo). El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno por parte del Presidente Santos, junto con la promulgación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en junio de 2011, que aborda los derechos de las víctimas a una reparación integral, han puesto las bases de ese nuevo clima, impulsando un espacio para el diálogo encaminado al fin de la violencia en el país.
Si durante el gobierno Pastrana una de las prioridades fue desarrollar una “diplomacia por la paz” consistente en una red de apoyos a favor del proceso de paz; y el Presidente Uribe desplegó una intensa actividad diplomática para lograr el respaldo internacional a su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y a su política de “seguridad democrática”, el Presidente Santos ha recibido un apoyo amplio al proceso, tanto por parte de la sociedad (“Colombianos y Colombianas por la Paz”, entre otras organizaciones no gubernamentales), los partidos políticos colombianos (el partido del gobierno, pero también el Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde), los anteriores Presidentes (a excepción de Álvaro Uribe), como por parte de la región latinoamericana y la comunidad internacional (UNASUR, Brasil, Ecuador, Argentina; EEUU –que parece que estaba al corriente de las negociaciones secretas-; la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, España; y la OEA y Naciones Unidas –que serán veedoras del proceso-).
Por último, como factor que ha contribuido al inicio de las negociaciones y puede coadyuvar a que éstas lleguen a buen puerto, existe en el país fatiga del conflicto armado, y una sociedad colombiana que ha reclamado de manera cada vez más articulada e intensa el fin de la violencia en el país. Las manifestaciones de rechazo a la violencia y a favor de la paz han canalizado, en los últimos años, el hartazgo de la sociedad colombiana y su apuesta por superar un conflicto que dura 48 años.
El fin de la violencia, sólo el principio para lograr la paz
Hay muchas cuestiones a resolver, y el fin de la violencia apenas es el principio. Sólo mediante la consolidación del Estado de Derecho en todo el territorio colombiano y el fortalecimiento de las instituciones democráticas podrá lograrse la paz, que no es sólo la ausencia de violencia.
El Informe “What if the FARC demobilizes?” de Enzo Nussio y Kimberly Howe plantea algunas de las preguntas clave, ofreciendo respuestas alternativas a la luz de las dificultades y de la experiencia del proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC: ¿qué ocurrirá con las armas? ¿se reintegrarán los miembros de las FARC al ámbito laboral?¿participarán en política? ¿cuál será su relación con el narcotráfico? ¿se reintegrarán en bandas criminales –como ha ocurrido con los paramilitares desmovilizados-?. Grandes interrogantes, pues se trata de un proceso -el desarme, la desmovilización y la reintegración- extraordinariamente complejo. Pero no imposible. Como elemento más positivo en el marco de las innumerables dificultades, instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración pueden contribuir a generar confianza institucional, haciendo a su vez un aporte esencial a la consolidación de la paz, que requiere de instituciones fuertes, confiables y eficaces.
Impactos en el narcotráfico
¿Cómo impactará un acuerdo de paz en el narcotráfico?
El narcotráfico ha contribuido a mantener el conflicto interno colombiano (actuando como verdadero “combustible”), como principal fuente de financiación de los grupos paramilitares y de las FARC (frente al ELN, más reacio a su utilización). El dinero del narcotráfico ha penetrado también el aparato administrativo y judicial del Estado, y amplios sectores de la sociedad colombiana se han involucrado en el blanqueo de dinero. Diversos informes oficiales del gobierno colombiano cifran entre un 30% (informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda de Colombia) y un 78% los ingresos por el narcotráfico por parte de las FARC, en torno a unos 1.000 millones de dólares al año sólo por venta de droga.
Podemos afirmar que el logro de la paz amenaza a un más que rentable negocio del narco, constituyendo –no se puede perder de vista- un poderoso efecto disuasorio para poner fin al conflicto.
Los beneficios inmediatos de la paz
De lograrse un acuerdo, es fácil imaginar, y es posible cuantificar, en qué medida podría transformarse el país, y qué representará el fin de la violencia en términos sociales, políticos –muy inciertos, sin duda- y económicos para la sociedad colombiana.
En primer término, los efectos sobre la vida de muchas personas, en particular niños y niñas. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado infinidad de datos sobre los ataques a civiles, los desplazamientos internos forzados de las zonas controladas por las FARC, la violencia ejercida en la población, la extorsión, los secuestros, o las muertes de civiles por los enfrentamientos entre el ejército y las FARC. Amnistía Internacional calcula que, en los últimos 25 años, entre 3 y 5 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno en Colombia. La Fiscalía General de la Nación investiga más de 27.000 casos de desaparición forzada cometidos en el curso de las hostilidades, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior. Los homicidios y las torturas (incluida violencia sexual), junto con el secuestro, han afectado a miles de personas. Entre los grupos más vulnerables, Amnistía señala los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, y quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético. Como la organización ha documentado, a pesar de que todos los paramilitares se desmovilizaron en un proceso iniciado en 2003, estos grupos siguen actuando en bandas criminales. Asimismo, las FARC cometen abusos graves contra los derechos humanos y violaciones de derecho internacional humanitario, como homicidios, toma de rehenes y reclutamiento forzado de menores.
Como también señala UNICEF, la violencia ejercida sobre la población golpea de manera particular a los niños y a las niñas, que viven en un entorno de gran vulnerabilidad, corren constantemente peligro de ser reclutados por las agrupaciones armadas y son víctimas de ataques indiscriminados, agresiones sexuales y desplazamiento, además de correr peligro de confinamiento y de estar amenazados por las minas terrestres antipersonal y la munición sin detonar. Las escuelas siguen siendo objeto de ocupaciones y ataques, y en esas circunstancias, las niñas constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población.
A la vista de estos dramáticos datos, es evidente el impacto que supondría para millones de personas en el país, en particular niños y niñas, alcanzar el fin de la violencia en Colombia.
En términos económicos, la paz podría traducirse en mayor desarrollo a través de políticas sociales, tras liberarse importantes partidas ahora destinadas a los enfrentamientos armados.
Según un Informe reciente realizado por el Observatorio Conflicto y Ciudad de la Facultad de Comunicación del Politécnico Grancolombiano, encargado por el Partido Liberal Colombiano, el país ha dedicado a combatir el conflicto armado interno (incluidos gastos de defensa; desmovilización de los paramilitares de las AUC, de unos 9.000 miembros de las FARC y de unos 1.500 del ELN; atención a desplazados; reparación de las víctimas y apoyo a niños víctimas del conflicto, así como apoyo a la industria petrolera) un total de 206 billones de pesos en los últimos 10 años, unos 20 billones anuales. El informe calcula que con este dinero se podría, por ejemplo, invertir en educación durante 11 años; sufragar 5,3 millones de viviendas de interés prioritario; o hacer una inversión de más de 40 sistemas de Metro para una ciudad como Bogotá. El Presupuesto General de la Nación para 2013 se cifra en torno a unos 185 billones de pesos, y en unos 26 millones el rubro de defensa, lo que representa alrededor del 14% del presupuesto total.
Colombia se ha situado como la cuarta economía latinoamericana, por detrás de Brasil, México y Argentina, con un PIB en 2011 de 328.400 millones de dólares USA, impulsado por un crecimiento del 5,9%. Sus potencialidades son enormes. Es una economía abierta que mira al Pacífico (es miembro, con México, Chile y Perú, de la Alianza del Pacífico). El país andino es, junto con México, uno de los países latinoamericanos más pujante en términos culturales, y donde la literatura ha dado algunos de los mejores autores universales. En paz, Colombia sería, sin duda, uno de los países de América Latina con más potencial de desarrollo y de progreso.
Los primeros avances
El 29 de noviembre se daba por finalizado el primer ciclo de negociaciones, con un balance positivo por parte de los negociadores y avances sobre los mecanismos para que la sociedad civil participe y haga aportaciones al proceso. Los delegados volverán a la mesa de negociación el 5 de diciembre, tras haber acordado un foro ciudadano sobre política agraria –primer punto de la agenda- que tendrá lugar en Bogotá, y la puesta en marcha de una web para recabar aportaciones sociales al proceso de paz.
El Presidente Santos ha reiterado la voluntad del gobierno de culminar el proceso “en meses, y no en años”. La previsión de plazo establece noviembre de 2013 como fecha límite para finalizar las negociaciones y alcanzar un acuerdo.
El deseo de paz del pueblo colombiano, tras casi medio siglo de sufrimiento, es inmenso. La responsabilidad con la ciudadanía y el futuro del país ha llevado al gobierno colombiano a iniciar este proceso, que las FARC han aceptado recorrer. Confiemos en que los negociadores sean capaces, esta vez sí, de traducir este justo anhelo en una realidad. Colombia lo merece.