Problemas enquistados

Problemas enquistados

Manuel Calbet
Economista

Los partidos políticos tienen pocos incentivos para emprender acciones con resultados a largo plazo

España tiene un sistema democrático desde hace más de cuarenta años. Con todos sus fallos y carencias, bendita sea la democracia, con sus libertades políticas, el derecho de expresar las ideas, el reconocimiento de la diversidad, la desaparición de una policía dedicada a perseguir delincuentes y otras muchas ventajas. Cierto que hay personas o grupos que, amparándose en estas libertades promueven la abolición de libertades, pero quizás sea el peaje a pagar por una sociedad libre. Los partidos políticos, obviamente, son una parte esencial de la democracia.

En España los periodos electorales son de cuatro años, pero como hay elecciones europeas, nacionales, autonómicas y municipales, los sufragios se suceden con relativa frecuencia. La ocupación del poder se convierte en el interés principal de los partidos, y se puede considerar un objetivo lógico. Pero a continuación se puede plantear qué están dispuestos a hacer para conseguirlo, y en qué manera este propósito afecta a las políticas que desarrollan una vez instalados en el gobierno. Hay importantes diferencias entre las políticas que buscan el voto y las que se orientan al bien común. Si se considera necesario el voto de un colectivo es tentador anunciar un incremento en las partidas presupuestarias que le favorezcan. Cuando se toma una medida así (“vamos a incrementar un 50% el presupuesto destinado a…”) deberían estar obligados a explicar el coste de oportunidad, es decir, qué se deja de hacer, o qué incremento de déficit presupuestario supone. Lo expresan de una manera que parece que el dinero sale del bolsillo del político. Keynes acertó al recomendar la inversión pública productiva en tiempos de crisis, aunque supusiera déficit, pero el incremento permanente y creciente del déficit en cualquier circunstancia no hace más que agravar y posponer un problema.

Otra circunstancia negativa de las políticas orientadas al voto es la falta de incentivos para emprender acciones que necesitan un largo plazo de maduración. En España, como en tantos otros países, el acceso a la vivienda es un problema cada vez más grave. La forma más eficaz de acometerlo desde la Administración es la construcción de vivienda pública. En las últimas décadas no se ha hecho prácticamente nada en ese sentido, y hemos llegado a una situación en que el parque de vivienda pública en alquiler es ridículo. Es más, las Administraciones han impulsado la recalificación y especulación de los terrenos como medio de financiación del presupuesto público. ¿Las inversiones públicas se han de financiar con plusvalías urbanísticas? En Barcelona se tiene que acabar de construir la estación de tren de La Sagrera, que acumula un retraso de unos veinte años. El proyecto se detuvo con la crisis del 2008 al romperse el cántaro de la lechera: se tenía que financiar con la construcción y venta de viviendas construidas sobre los terrenos expropiados. Es decir, la Administración se une a la especulación inmobiliaria añadiendo al coste propio de la vivienda (terrenos expropiados más construcción) las obras de la estación.

A esta falta de interés en la promoción de vivienda pública se le añade la vergonzosa resolución de la crisis bancaria. El Estado socorrió a las entidades bancarias con enormes sumas de dinero y a cambio… las viviendas con hipotecas fallidas, que los bancos se negaron a negociar con las familias golpeadas por la crisis, y las promociones fallidas de empresas que desaparecieron como el humo, fueron a parar a fondos buitres a precio de saldo. Se cometió una gran injusticia contra la sociedad, se perdió una oportunidad de oro para formar un parque de vivienda pública, y se amplió la brecha de la desigualdad.

En la actualidad, las políticas públicas en vivienda se reducen a la limitación de los precios de alquiler, de dudoso resultado, y en todo caso insuficientes para solucionar el problema de la dificultad de acceder a una vivienda.

En España abundan los problemas sociales. Por su importancia y por su enquistamiento progresivo destacamos tres:

  • Vivienda
  • Bajos salarios y condiciones deplorables particularmente en hostelería, residencias de mayores y riders
  • Incremento progresivo de la desigualdad y de los índices de pobreza

Las soluciones son complejas y los resultados a largo plazo. Quizás por ello no atraen a los políticos, porque no dan votos en las inmediatas elecciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *