Medellín: “Volver al pasado con ojos de futuro”
Los nuevos desafíos de la gobernanza democrática territorial
Saúl Pineda Hoyos
Director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA (antes Escuela de Ingeniería de Antioquia)
Rubén Fernández Andrade
Subdirector del Centro de Fe y Culturas
La Gobernanza Democrática Territorial (GDT) constituye un enfoque conceptual en torno a las formas de “organización” de los agentes locales y regionales, que se expresa en un modelo o modo de gobierno. Este enfoque emerge desde la década de los años noventa como una opción ó una alternativa frente a otros modelos de gobierno (el modelo burocrático y el modelo gerencial). La diferencia entre este concepto y otros afines – como la gobernabilidad, la gobernabilidad democrática y el buen gobierno – no es de grado sino de naturaleza. Así se deriva del análisis comparado que con frecuencia se hace de estos conceptos.
Este análisis, que se aborda en el marco de las actuaciones de la Red América – África – Europa de Regiones y Ciudades (AERYC), adopta la definición que este movimiento ofrece a la gobernanza democrática territorial como “un nuevo arte de gobernar, que tiene en la gestión de las interdependencias entre diferentes actores su principal instrumento de gobierno” (Pascual y Gódas, 2010), con el propósito central de coordinar la acción colectiva hacia las metas del desarrollo sostenible. Casi quince años después de propuesta esta definición, creemos que en la actualidad adquiere inusitada vigencia.
Las aproximaciones que hemos hecho en el pasado reciente para identificar las variables explicativas de la Gobernanza Democrática Territorial (GDT) señalan, al menos, cuatro atributos centrales: la fortaleza de las instituciones, la calidad de la democracia, el desarrollo del capital relacional y el estado del buen gobierno (Pineda, 2015).
Entendemos las instituciones como reglas de juego en uso (vigentes, aceptadas y practicadas) que, en consecuencia, definen acuerdos sostenibles entre los actores sociales, y resultan decisivas en la construcción de confianza y pautas de cooperación (Omstrom, 1990). De manera complementaria, concebimos el capital relacional (Camagni, 2008) como el desarrollo de competencias colectivas – construidas por los agentes en el territorio, que les permite a las instituciones locales generar destrezas y habilidades de acción conjunta y de trabajo cooperativo. Nuestro enfoque concibe la existencia de un «gobierno relacional» como fuerte catalizador de la gobernanza democrática territorial.
En este aporte, además, nos aproximamos al concepto de “calidad de la democracia”, en el sentido en que lo concibe Velasco (2006), como la capacidad de acción colectiva a través del ejercicio de la deliberación que requiere, por lo tanto, de la existencia de actores racionales, que se informan, reflexionan en común y toman decisiones; que apuesta por la activa participación de los ciudadanos en los procesos de configuración de la opinión y la voluntad colectiva; y que se asienta en una vigorosa cultura cívica, de control ciudadano y de rendición de cuentas.
Finalmente, concebimos el “buen gobierno” como aquel que se orienta hacia la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, en tanto factor importante de la gobernanza democrática territorial, asociado con estrategias creativas en la construcción de las políticas públicas y a formas innovadoras en la provisión de los bienes públicos locales. Según el Banco Mundial (1994) y el PNUD (1995) para garantizar el “buen gobierno” son esenciales un óptimo funcionamiento del imperio de la Ley (que el sistema judicial no sea solo eficiente sino también justo), la rendición de cuentas (debe haber transparencia en el actuar del gobierno), una administración pública profesional y eficiente, una sociedad civil fuerte y las garantías a la libre asociación y expresión.
El largo proceso de construcción de un proyecto colectivo
Bajo la perspectiva conceptual descrita, hemos creído conveniente rescatar las dinámicas generadas por el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – PEMAM (1995 – 1998), para volver a poner este proceso sobre la mesa de la agenda pública, como una buena práctica de construcción de escenarios de desarrollo sostenible para Medellín y su región de influencia, a través del ejercicio de la inteligencia y la acción colectivas. En consecuencia, queremos hacer en estas consideraciones una síntesis de las fuerzas de cambio que vivía Medellín en la década de los noventa, así como las luces que pueden ofrecer hoy para encontrar salidas a la grave crisis de la ciudad en la actual transición.
Nuestro interés, a lo largo de estas reflexiones, es poner en valor la vigencia que cobra en la actualidad rescatar las enseñanzas del Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana formulado en los años noventa, en un momento de fuerte crisis política e institucional como el que ha vivido recientemente la ciudad de Medellín, con el fin de avanzar hacia un nuevo horizonte de acuerdos sobre la conducción de los asuntos del bien común con una perspectiva regional y nacional.
A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa Medellín y el Valle de Aburrá se enfrentaban a la crisis urbana de mayores proporciones en su historia. A los altos índices de desempleo, se sumaban índices de pobreza e inequidad –entre los más altos de las 13 áreas metropolitanas del país– que ponían a la ciudad en una preocupante situación de crisis social generalizada.
Este panorama se veía aún más agravado por la impotencia de las autoridades, así como de las instituciones regionales, para enfrentar el choque entre actores armados que se disputaban el control del territorio y amenazaban la gobernabilidad de la región y del país en su conjunto, al tiempo que los agentes del narcotráfico atizaban el conflicto urbano en su beneficio.
En el contexto de estas complejas realidades, atravesadas por una fuerte polarización de los agentes políticos, económicos y sociales – que en ese tiempo era superior a la que hoy se vive en la ciudad – el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá logró constituir una plataforma institucional caracterizada por el pluralismo y la diversidad de los agentes territoriales, con representación del sector público, la academia, las ONG, las organizaciones comunitarias y el sector privado. Esta plataforma institucional habría de ser decisiva en la construcción de confianza y en la continuidad de las deliberaciones, aún en medio de los arduos debates ocurridos en el proceso, para dotar de certeza el avance de los trabajos que se ocupaban de diseñar una agenda de desarrollo más allá de le gestión temporal del gobierno de turno.
El Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Alcaldía de Medellín – PNUD, 1997) logró la convergencia de múltiples actores institucionales quienes, a pesar de sus visibles diferencias sobre el futuro de la ciudad, lograron ponerse de acuerdo en torno a la dirección más adecuada para orientar las decisiones que debían adoptarse con una perspectiva de largo plazo para articular las estrategias competitivas de largo plazo con las estrategias de inclusión social y convivencia ciudadana.
En efecto, en una publicación patrocinada por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) y la Diputación de Barcelona, Josep María Pascual (1999), con base en un ejercicio comparado con otros planes estratégicos que él asesoró en este espacio regional, destaca el ejercicio de construcción de escenarios y la elección de una opción de futuro para la ciudad de Medellín, como una buena práctica entre los planes estratégicos de Iberoamérica.
El esfuerzo de construcción de escenarios de futuro por parte de los miembros de la Junta Técnica del Plan Estratégico – con la presencia de funcionarios públicos, academia, empresarios y organizaciones de la sociedad civil – concluyó con la elección del escenario deseado para la ciudad metropolitana en el horizonte del año 2015, así como las líneas estratégicas y los proyectos vertebradores de su futuro. Este ejercicio fue finalmente acogido en su integridad por el Consejo Rector en agosto de 1997 en sus líneas maestras.
Desde la perspectiva que ofrecen los 25 años transcurridos después de la conclusión de los trabajos centrales del Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, no nos queda ninguna duda de que la construcción de escenarios de futuro y la elección del objetivo de ciudad de largo plazo, entre muy diversos actores, representó una oportunidad excepcional para pensar la región como parte activa en la solución de los grandes problemas nacionales.
Existe consenso en que una de las grandes fortalezas del Plan Estratégico radicó en su capacidad para obtener el compromiso de la ciudadanía organizada, es decir, de las instituciones públicas, de las organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, con un horizonte de desarrollo de largo plazo, que se adelantó cerca de quince años a los preceptos de Río+20 (ONU, 2012) en torno al enfoque territorial de las dimensiones del desarrollo sostenible (equidad social, crecimiento económico y protección ambiental)[1].
Uno de los aspectos que más se destaca en esta perspectiva es la vigencia presente de algunos de los atributos de la ciudad deseada, que acordamos después de múltiples sesiones y que pueden ser advertidos en la visión compartida por los actores del territorio.
El primer atributo en el cual coincidimos fue aquel en el que nos propusimos hacer de Medellín y el Área Metropolitana una ciudad integrada e integradora de la región localizada en la mejor esquina de América.
En este primer atributo coincidían dos dimensiones. La primera correspondía a la de una urbe que se proyectaba a partir de la superación de la fragmentación social y espacial, con base en la oferta de espacios públicos y un sistema de transporte y de servicios colectivos que debía incorporar a un grupo creciente de ciudadanos a una mayor calidad de vida.
La segunda dimensión apuntaba a un “nuevo horizonte de concertación” que trascendía el ámbito metropolitano y que desde entonces promovió el debate y la elaboración paulatina de criterios de intervención para promover la construcción de “una gran región urbana estrechamente ligada en sus problemas y soluciones con todo el departamento de Antioquia”. Este segundo atributo incorporaba la imagen deseada de una ciudad – región competitiva sobre la base de sectores y encadenamientos productivos con gran capacidad de inserción en mercados internacionales y de atracción de inversión.
El tercer atributo, tal vez en el que mayor consenso logramos, fue el de convertir a Medellín en una ciudad educadora, cohesionada en lo social, responsable de su medio natural y activa culturalmente.
Esta caracterización apostaba por la educación como un medio potente en el propósito de dar paso a una ciudadanía activa en la conducción de los asuntos de interés colectivo, con gran sensibilidad en su interacción con el entorno natural y, al mismo tiempo, dotada de las destrezas y competencias básicas para acceder a un mercado laboral cada vez más exigente, como resultado de los procesos de reconversión productiva. Programas como Medellín, Ciudad Educadora y un énfasis explícito de los gobiernos subsiguientes en temas como la calidad de la educación básica, las infraestructuras educativas y culturales, fueron acciones colectivas que se desprendieron de este acuerdo y que contó además con la configuración de varias alianzas público-privado-comunitarias, que les dieron continuidad y profundidad.
Pero, sin duda, el atributo más revelador, en el que se concentraba la apuesta colectiva de mayor trascendencia, era el de posicionar a Medellín como una ciudad que repensaba su futuro, con proyección internacional como ejemplo de una metrópoli que supera sus dificultades a través del diálogo y la cooperación.
Este último atributo presentaba un alto carácter diferenciador de la estrategia urbana, porque se ocupaba de señalar la meta superior de todo este esfuerzo colectivo: el reconocimiento internacional como una ciudad que después de haber liderado el conflicto urbano más profundo del país –y por momentos, del mundo– empezaba a construir un nuevo estilo de gobernanza sustentado en la gestión de las relaciones entre diversos actores: públicos, económicos, sociales, académicos y territoriales.
Finalmente, desde la óptica de los 40 proyectos transformacionales (Alcaldía de Medellín – PNUD, 1998), resultó visible el hecho de que el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana contribuyó a dirigir el futuro de la ciudad y del Valle de Aburrá
El balance en la ejecución de los proyectos priorizados por los diferentes actores del Plan Estratégico presenta en los últimos 25 años logros notables. Hoy resulta visible que los eventos urbanos de la agenda global, en distintas partes del mundo, reconocen una y otra vez a Medellín como un caso de buena práctica en la superación de la fragmentación y exclusión urbanas, a partir de las estrategias que se han puesto en marcha en las últimas dos décadas.
En la actualidad, además, los índices de homicidios por número de habitantes de Medellín resultan incluso menores que el promedio de las ciudades de América Latina, una situación muy diferente a la presentada hacia finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando “lideraba” las estadísticas comparadas del conflicto urbano, no solo en la región sino en el mundo. Y a ello hay que agregar el reconocimiento obtenido por Medellín en la red global de ciudades en torno a su capacidad de innovación, tanto en las políticas sociales como en sus estrategias empresariales.
No hay duda, sin embargo, que la estrategia de largo plazo sigue presentando desafíos de magnitud que es necesario retomar en la actualidad con un nuevo horizonte para la gobernanza democrática y la gestión de las interdependencias en la ciudad y en la región.
El gran proyecto colectivo, que en su momento estuvo representado por la calidad de la educación, se encuentra distante de ser una meta alcanzada. De hecho, en los indicadores comparados la ciudad apenas ocupa lugares intermedios en las mediciones de las 32 ciudades capitales del país. Por su parte, la tasa de desempleo urbano, aunque ha cedido recientemente, sigue siendo alta en relación con otras ciudades de América Latina. Al tiempo que sus índices de inequidad siguen muy de cerca a los índices de Cali y Bogotá, que se encuentran entre las ciudades de mayor desigualdad entre las urbes colombianas. Entre tanto, los temas de violencia y delincuencia organizada no solo no se redujeron del todo sino que se han complejizado incorporando componentes globales con presencia local, con controles territoriales de porciones importantes de la ciudad que se creían superados y creando sensaciones generalizadas de desprotección realmente preocupantes.
La idea de ciudad construida en el marco del PEMAM logró inspirar y por momentos guiar, algunos de los esfuerzos institucionales, públicos, privados y comunitarios más significativos de Medellín (al menos 3 planes de desarrollo posteriores declaraban explícitamente esto en su construcción). Sin embargo, no ha sido posible que emerja un ejercicio que actualice y emprenda la necesaria reconstrucción del acuerdo. Su necesaria caducidad (recuérdese que las estrategias y programas tenían como horizonte temporal el 2015), el cambio en los contextos globales y la emergencia de nuevos problemas y retos, la agudización o evolución de algunos otros en la región metropolitana (por ejemplo, hoy la ciudad es una región urbana que excede en mucho el territorio del Valle de Aburrá con que se contaba hace un par de décadas) hacen evidente la necesidad de una convocatoria con el mismo espíritu de comienzos de los 90, pero con los actores y conocimientos de hoy. Esto no ha sido posible. Veremos a continuación algo de ello.
Extractando lecciones del caso Medellín
Después de la vivencia de los años ochenta, antes mencionada, y habiendo vivido el horror del “no-futuro” a fondo, las fuerzas vivas de la ciudad se dieron a la tarea de fraguar un futuro con nuevas herramientas a lo largo de la década de los años noventa. Vinieron entonces los Foros Comunales y los Seminarios Alternativas de futuro para Medellín y el Área Metropolitana (liderado por la Consejería Presidencial para Medellín), el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana (Convocado por la alcaldía de la época), la Visión Antioquia Siglo XXI (impulsada por el sector privado), el Plan Estratégico de Antioquia, así como varios planes locales y zonales convocados por organizaciones sociales y comunitarias del territorio, más un largo etcétera.
Podemos afirmar que en la región se vivió una década en donde planear el futuro, de manera concertada y colectiva se expandió como buena práctica en muchos sectores sociales. Visto con las categorías de hoy, se desató un ánimo colectivo que empapó una buena parte del tejido social y contribuyó a fortalecer la gobernanza democrática territorial [2]
Como es apenas obvio todo este arcoíris de experiencias tuvo aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades. De la lectura transversal de ellas pueden afirmarse algunas lecciones y aprendizajes:
- Organizaciones de la sociedad civil (OSC) activas y liderando, la condición necesaria
En un taller de evaluación de 30 años de políticas públicas en Medellín, realizado por la plataforma ciudadana ¿Pa’ Dónde vamos? (2018) emerge como constatación nítida que solo aquellas políticas que contaron con OSC en todas las fases de su desarrollo, tuvieron realmente sostenibilidad, futuro e impacto. Esto es válido también para los diseños de futuros compartidos y la planeación del largo plazo y para un ejercicio real de GDT: sin OSC presentes y si el ejercicio no es genuinamente participativo y abierto a escuchar diversas voces, la convocatoria no tiene mayor alcance.
El largo plazo es el tiempo de los proyectos democráticos y no hay quizá nada tan democrático como concertar el futuro. Cuando los gobiernos lideran estas convocatorias sin una participación ciudadana definitoria, es previsible la limitación en metas y propuestas. La permanencia, el largo plazo y la madurez en los tiempos de ejecución son aportes que en su mayoría los hace la sociedad civil.
El corto plazo es el tiempo de la política y del gobierno. La agenda de un gobernante está tan determinada por el afán de realizaciones verificables, que el futuro tiende a verse como un lujo innecesario. Lo cual, por supuesto no está mal y, por el contrario, es absolutamente necesario que el gobernante se aplique con toda su energía a concretar programas, proyectos y políticas en el período que le corresponde. Pero, si hemos de hablar de proyectos concertados de futuro, de auténtica GDT, esto deberá hacerse al lado de quienes se quedan. Los gobiernos se van. Las instituciones sociales no.
Se aprendió también, por supuesto, que la voz de la comunidad no basta. Debe estar presente y ser escuchada, pero no como verdad última, sino en diálogo con otros saberes como el académico, el institucional y el técnico, portado por actores diversos.
- Pero el sector público es también un actor indispensable
Ante la aridez de convocatoria ciudadana que vivió la ciudad durante un largo período, grupos de OSC, provenientes del mundo académico, social y gremial, convocaron por su cuenta ejercicios para revisitar el presente, entenderlo en su complejidad y proyectar el futuro. Fueron ejercicios realmente ricos y fecundos en producción de conocimiento. Pero su impacto y su incidencia en la agenda pública fue bastante exiguo.
A pesar incluso de que se presentó a los alcaldes electos el conjunto de análisis y propuestas en torno a problemas estructurales de la región y que, como si fuera poco, y estos se comprometieran y elogiaran el paquete programático recibido, la verdad es que muy rápidamente quedaba claro que lo que primaba a la hora de las definiciones y los presupuestos eran las agendas ya previamente definidas antes de la elección con sus equipos de campaña.
El gobierno regional (departamental) que termina su período 2020 – 2023 es un ejemplo especial en este sentido con la Agenda Antioquia 2040. La convocatoria del esfuerzo de concertación es gubernamental, así como los recursos y la dirección del proceso que, si bien cuenta con participación ciudadana, la determinación de la dinámica es oficial. Puede afirmarse que es la convocatoria para participar y deliberar sobre temas públicos más amplia que se ha hecho en la región. Pero aún está por verse su viabilidad política y su continuidad con la llegada de los nuevos gobernantes territoriales a partir de enero de 2024.
La lección es clara: sin el sector público presente como actor que toma decisiones y compromete recursos institucionales y financieros, contando sólo con el liderazgo social, la concertación no pasa de ser un ejercicio intelectual sin aterrizaje en la realidad.
- El liderazgo político necesario es inteligente
Hemos tenido en Medellín al frente del gobierno dos tipos de actitudes que rompen con la dinámica antes expuesta.
La primera actitud es: “yo sí sé que es lo que la ciudad necesita.” Es una suerte de caudillismo autoproclamado; algunos alcaldes han declarado como innecesaria la deliberación y la concertación pues ellos tienen claridad de hacia dónde ir y lo que corresponde hacer a las demás organizaciones de la sociedad es interpretar al caudillo y seguirlo. En este contexto es frecuente escuchar frases como: “nunca antes se había hecho algo así” o “esta es la primera vez en la historia que se piensa en esto”. Por lo regular el gobernante está rodeado de un grupo de seguidores que le confirman lo que piensa. Pero a pesar de lo caricaturesca que parezca esta situación, lo real es que, no solo opera, sino que lo hace a menudo. Hoy en día, además, con esa máquina de producir realidades fantasmales que son las redes sociales, esta actitud recibe respaldo y aplauso nutrido. Para el futuro de una ciudad, es por supuesto nefasto y se paga un alto precio por estas veleidades de los egos de gobernantes inmaduros que creen que se las saben todas y que su paso por el gobierno local es solo un paso para llegar a la Presidencia de la República.
La otra actitud, aunque parezca absurdo, es: “antes de nosotros, todo fue corrupción y desgobierno”[3]. En el ABC del buen gobierno figura el sabio consejo de no partir de cero, sino, por el contrario, continuar con las cosas que van bien (¡siempre hay algo que va bien enfocado y ejecutado!) y corregir las cosas que no van tan bien (¡Todo es susceptible de mejorar y corregir!). Esto no solo es lo que más conviene a la ciudad, sino al gobierno entrante mismo. Pero, cuando para ganar elecciones la estrategia utilizada es pregonar a gritos que “todo está mal”, “todo es un desastre”, “todo se lo están robando” (recuerden a Trump, campeón de este estilo), pues es evidente que, al resultar victoriosa, esta estrategia queda presa de su estilo y el gobernante no le queda más remedio que sostenerse en esta tónica. En este contexto, lo último necesario son espacios de deliberación participativa y abierta y las redes sociales con sus memes, sus selfies y sus likes se vuelven el ágora preferida para exaltar la propia labor y para acallar a los críticos y despotricar, muchas veces con mentiras flagrantes, lo hecho por los antecesores.
Ambas actitudes son nefastas para el ejercicio democrático profundo. De hecho, cancelan la deliberación o solo convocan a seguidores y áulicos y acallan y desprestigian las voces críticas y reflexivas, sin las cuales realmente, no existe democracia. Infortunadamente, una parte importante del espectro político en el mundo ha captado que esta vía es más segura para ganar elecciones, que la apertura genuina a la deliberación pública.
Más que un ejercicio de gobierno, la construcción participativa y deliberativa de futuros deseados debería ser un estilo de gobernar. Hoy sigue siendo perentoria la concertación permanente y sin pausa, de las fuerzas vivas del territorio para dos tareas: el diseño de estrategias de defensa ante las tremendas amenazas de todo tipo que hoy, desde lo global, barren con lo local[1] y para el diseño y ejecución de proyectos con vocación de inclusión de todos los habitantes de la urbe, que aprovechen las ventajas del territorio y lean con inteligencia sus ventajas en sintonía con lo que el entorno ofrece.
Este ejercicio requiere dirigentes con visión de largo plazo, con la grandeza suficiente para saber que solo son un eslabón pasajero de una larga cadena. Tristemente, este tipo de liderazgo político hoy es bastante escaso.
Epílogo: volver al futuro
En uno de los procesos ciudadanos ya mencionados, Medellín ¿Pa´ Dónde Vamos? llegamos a un acuerdo que sirvió de faro para dirigir las acciones: “El futuro es un bien público –de naturaleza simbólica–, que debe ser construido de manera deliberativa y participativa”. La ciudad de Medellín ha tenido períodos especialmente notables fieles a esta práctica, pero también períodos en donde han primado la cerrazón y la ceguera. En democracia, estos pasos adelante y atrás, no solo son naturales sino esperables. Esto se convierte en un llamado incesante a los demócratas constructores de ciudad, a estar siempre activos enarbolando banderas de diálogo y concertación de manera incesante y febril, ya que el pasado en sus versiones más regresivas está ahí agazapado y salta a la primera fila con el menor descuido.
Tenemos la convicción de que también llegó el momento para que en la ciudad y en la región se vuelva imperativo, como alguna vez lo señaló de manera magistral Hanna Arendt (1996), “volver al pasado con ojos de futuro”.
Medellín, noviembre de 2023
Referencias
Alcaldía de Medellín y PNUD (1997). Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana 2015. El futuro de la ciudad metropolitana.
Alcaldía de Medellín y PNUD (1998). Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana 2015. La visión y los proyectos.
Arendt, H. (1996). La crisis en la educación. En “Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política”. Ediciones Península.
Camagni, R. et al. (2008). Regional competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital. En: Modeling Regional Scenarios for the enlarged Europe. Advances in Spatial Science, 33-47
Castells, M. (2020). Ruptura. La crisis de la democracia liberal. Alianza Editorial.
Fernández, R. (2018). Lecciones aprendidas sobre el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en Medellín – 1995 a 2017. En: 10. Lecciones_aprendidas_sobre_Políticas_Públicas_rubén_Fernández_2018_pdf.pdf (padondevamos.co)
ONU (2012). Río+20 Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_evento/docfinalrio20.pdf
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. New York, New York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
Pascual, J. M., & Gòdas i Perez, X. (2010). La Gobernanza democrática terrirorial . Valencia, España: Editorial Tirant Lo Blanc.
Pascual, J. M. y de Forn, M. (1999). La estrategia de las ciudades: los planes estratégicos como instrumento: métodos, técnicas y buenas prácticas. Diputación de Barcelona, Oficina Técnica de Cooperación. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=210339
Pineda, Saúl (2015). Gobernanza Democrática Territorial. Una aproximación analítica y cuantitativa. Tesis de grado. Maestría en Estudios Políticos e Internacionales. Facultad de Ciencia Política Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad del Rosario.
¿Pa’ dónde vamos? (2019). Caminos de solución. Alternativas de futuro para enfrentar problemáticas estructurales de la región central de Antioquia. Medellín.
Sandel, M. (2020). La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común? Penguin Random House.
Velasco, J. C. (2006). Deliberación y calidad de la democracia. Claves de la razón práctica (167), 36-43.
[1] Un ejemplo angustioso de eso en Medellín es el turismo internacional que ha proliferado en varias zonas de la ciudad, y ha generado un proceso llamado “gentrificación”: ha encarecido los arriendos (pagados en dólares) y el costo de la vida en los barrios, ha expulsado población que no es capaz de mantener el ritmo de gasto y ha convertido la prostitución en una actividad de primer orden.
[1] En su parágrafo 101, la declaración de Río+20 firmada en noviembre del año 2012 hace la siguiente exhortación a los países: “Subrayamos la necesidad de planificar y adoptar decisiones de forma más coherente e integrada a nivel nacional, subnacional y local, según proceda, y, con ese fin, exhortamos a los países a que refuercen las instituciones nacionales, subnacionales o locales, o los órganos y procesos pertinentes de múltiples interesados, que promueven el desarrollo sostenible, según proceda, en particular que coordinen las cuestiones de desarrollo sostenible y posibiliten la integración efectiva de las tres dimensiones del desarrollo sostenible” (ONU, 2012).
[2] Ver: Fernandez R. (2018)
[3] Estas no son frases imaginarias. Han sido expresiones lanzadas por algunos de los alcaldes y gobernadores de esta región en los últimos períodos.