El IMPLAN como mecanismo de acción climática y gobernanza
Arturo Venancio-Flores[1]
Silvia Andrea Valdez Calva[2]
María Estela Orozco Hernández[3]
Los Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN) son los establecimientos que, desde una perspectiva estratégica e integra, buscan promover una adecuada gestión urbana dentro de los municipios.
Palabras claves: Instituto Municipal de Planeación, acción climática, gobernanza.
Introducción
El nuevo escenario para las ciudades presenta un mayor desequilibrio urbano y ambiental, de acuerdo con Ruiz Campillo (2023) este aumento se expresa a través de desigualdades sociales, donde los principales responsables tienden a ser los procesos de globalización, de urbanización y las revoluciones científicas y tecnológicas.
Se establece que para 2050 el 70% de la población mundial estará viviendo en ciudades, sin embargo, Idaomar dentro del libro Las Paradojas de la Gobernanza (2020) menciona que las ciudades únicamente cubren y cubrirán el 3% de la superficie del planeta. Lo cual habla de una “evolución vertical de nuestras ciudades y una evolución estresante de Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Uso del Suelo (CUS) con todo lo que ello genera, como problemas sociales y ambientales” (Pascual Esteve, 2020, pág. 12), exhibiendo en ambos sentidos la importancia de promover una adecuada gestión urbana dentro de las ciudades.
Sobre la gestión urbana, a partir del año 1992 se aprobó la Agenda 21 dentro de las organizaciones mundiales con el objetivo de generar y emplear políticas económicas, ambientales y sociales para lograr que las ciudades transiten hacia un desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2000). En dicho documento se observa a la escala municipal como aquella sobre la cual se pueden emprender acciones sustanciales y lograr una gestión urbana adecuada para mitigar los efectos del cambio climático y las presiones sociales que esto genera en las ciudades (Ruíz Campillo, 2023).
La escala municipal, por tanto, puede apoyar con acciones enfocadas a lo ambiental para contribuir en la consolidación del proceso de desarrollo sostenible dentro de las ciudades, porque permite dar acceso en escalas pequeñas a recursos de asesoramientos técnicos y de conocimientos (Ruíz Campillo, 2023). En México, el municipio como institución se encuentra establecido dentro del articulo 115 constitucional, Rendón Huerta (2019) señala que “es un orden de gobierno y como tal, sus atribuciones son múltiples. Los municipios son la base de la organización política y administrativa de las entidades federativas y poseen personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio” (pág. 12).
Los municipios forman la administración local de un territorio y por tanto son la institución más cercana al ciudadano (Latorre Rodríguez & Díaz Beltrán, 2019). Dentro de sus atribuciones de carácter ambiental Sandoval Pierres (2019) menciona la conservación y protección al medio ambiente y la restauración del equilibrio ecológico sobre el territorio que abarca el municipio, al mismo tiempo tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la federación (Sandoval Pierres, 2019), con la finalidad de promover una adecuada gestión urbana.
Siendo los Institutos Municipales de Planeación (de aquí en adelante IMPLAN, por sus siglas) los establecimientos que desde una perspectiva estratégica e integral buscan promover una adecuada gestión urbana dentro de los municipios. Por medio de la incorporación de la participación ciudadana y de los demás actores que inciden en la ciudad, así como de la colaboración intersectorial se buscan promover soluciones y políticas públicas que impacten en el territorio local (Gómez Zarza, 2015).
Sin embargo, en el tema ambiental Sandoval Pierres (2019) exhibe una pérdida de legitimidad del argumento que impera en la política y las acciones climáticas que se promueven para mitigar los efectos del cambio climático, ocasionando un distanciamiento de los actores sociales, sobre dicho argumento para apropiarse de él y emprender acciones interrelacionadas, al observar que el discurso actual se enfoca hacia una economía de mercado donde predomina la competitividad y el consumo.
De esta manera se muestra pertinente la gobernanza como el medio para realizar las acciones de los gobiernos municipales en el territorio, ya que su principal prioridad es la gestión de las interdependencias entre los actores y los sectores de la ciudadanía más implicados, identificando la complejidad social de situaciones, intereses y demandas con presencia social (Pascual Esteve, 2020), generando un impacto a nivel multiescalar que va de lo local a lo global, y al mismo tiempo congrega a los diversos actores que integran a la sociedad, con el fin de crear estrategias encaminadas a la acción climática.
Desde esta perspectiva, el objetivo de este texto es manifestar la necesidad de fortalecer la escala municipal y en especial los IMPLANES para generar acciones medioambientales que contribuyan a mitigar el cambio climático por medio de la gobernanza. Puesto que algunos de los problemas que exhiben los municipios son la argumentación ambiental y la insuficiencia de recursos que impiden el cumplimento de las acciones climáticas que establecen las agendas internacionales para lograr una adecuada gestión urbana de las ciudades.
En primera instancia se describe el papel que juegan los municipios dentro del territorio y las posibilidades que brinda el trabajar desde estas escalas para generar cambios desde un punto de vista ambiental y que impacten en la escala global. De esta manera, el texto busca contribuir en la comprensión e importancia que tienen las redes municipales dentro del esquema de la gobernanza para mitigar los impactos medioambientales al promover conexiones entre la escala internacional y la escala local.
En la segunda parte se define la acción climática como el medio para promover estrategias que mitiguen el cambio climático dentro de los diversos municipios, observando la pertinencia de emplear a la gobernanza por ser una forma de organización que suscita las condiciones para gestionar y planificar el territorio desde la integración y participación de los diversos actores que inciden en la ciudad.
- Institutos Municipales de Planificación
Para comprender la importancia de los IMPLANES dentro de la gestión urbana es necesario definir el concepto de municipio y la finalidad o el rol que juega dentro de las ciudades. Como lo relata Rendón Huerta (2019) históricamente la trascendencia espacial y temporal se ve reflejada desde la época Romana, en este contexto el “municipium (munus, cargo o deber; capere, tomar o asumir) se creó por razones de control político, objetivos recaudatorios y de división territorial” (pág. 11), siendo esta escala la más factible de réplica bajo el principio colonizador por medio del cual el Imperio Romano logró mantener la homogeneidad y la administración de cada uno de sus territorios.
Siendo bajo este principio por el cual llegó al territorio latinoamericano, para el caso específico de México, actualmente el municipio es una institución que se encuentra decretada dentro del artículo 115 constitucional, Sandoval Pierres señala que es un tipo de gobierno con atribuciones múltiples:
Corresponde a los municipios la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.
Del mismo modo también se atiende la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Sandoval Pierres, 2019, pág. 224 y 225).
Asimismo, dentro la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2021), en su artículo 40° se describe que los Programas y Planes Municipales de Desarrollo Urbano señalarán las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, asimismo establecerán la zonificación correspondiente, considerando las normas oficiales mexicanas emitidas en materia de resiliencia, previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los atlas de riesgo, para la definición de los usos de suelo, zonas turísticas y de conservación natural (DOF, 2021, pág. 26).
En este sentido el orden municipal debe establecer distintos programas para llevar a cabo dichos mandatos; con relación a la ordenación territorial y la gestión urbana el municipio promueve la conformación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), para convertirse en un apoyo en cuestiones referentes a la toma de decisiones para la creación y diseño de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (Gómez Zarza, 2015).
El papel de los IMPLANES, por tanto, es ser el organismo a escala local que define las líneas de actuación sobre las cuales se ofrecen respuestas a las demandas sociales que acontecen en el territorio. Para ello, es de suma importancia fomentar la participación de los diversos actores sociales, privados, públicos e institucionales que integran al municipio para contribuir a políticas públicas que incidan en una adecuada gestión urbana y territorial (Fernández Rodríguez, De Manuel Jerez, Gutiérrez Barbarrusa, & Barragán Robles, 2019). Estos organismos deben crearse bajo un contexto que contemple la complejidad y la interacción constante con los demás territorios para lograr la viabilidad de las propuestas y traspasar los discursos de mejora en el territorio.
Sobre este último punto, Leal, Lugo Torres y Mina Rivas (2023), describen que los planteamientos de la Cumbre Internacional del Hábitat fomentan el argumento de la gobernanza como el proceso que puede contribuir a la creación y aplicación de acciones climáticas para mitigar los impactos ocasionados por el cambio climático en el ámbito urbano.
El IMPLAN desde la perspectiva de estos autores, ayuda a consolidar el argumento ambiental de la agenda internacional por medio de la incorporación de la gobernanza al propiciar la integración multinivel de los diferentes órdenes de gobierno y al mismo tiempo entre los actores de la sociedad civil, el sector privado y el público (Leal, Lugo Torres, & Mina Rivas, 2023). Este mecanismo le permite a los IMPLANES ejecutar los argumentos ambientalistas desde una escala local y comenzar a resolver las demandas sociales, por medio de la transversalidad que ofrece la gobernanza y que es necesaria al momento de aplicar acciones que ayuden a mitigar los impactos generados por el cambio climático en las ciudades.
Asimismo, la incorporación de la gobernanza dentro de los IMPLANES para Latinoamérica se observa pertinente ya que de acuerdo con Leal, Lugo Torres y Mina Rivas (2023) el último reporte generado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), expresan que existe una debilidad institucional y una falta de recursos económicos para tratar los temas del cambio climático en la región. Por ello se muestra esencial coordinar desde los IMPLANES, el trabajo con los diferentes actores internacionales y gobiernos locales para propiciar una mejora en las tomas de decisiones y en la implementación de programas que contribuyan en acciones climáticas que mejoren las condiciones urbanas dentro de las ciudades latinoamericanas.
2. Acción climática
Con relación al término acción, que dentro del artículo se han descrito que deben de realizar los IMPLANES para mitigar los efectos del cambio climático, en su texto Introducción al pensamiento complejo, Morin (1990) hace la reflexión sobre lo que significa la acción, la cual supone complejidad, es decir, ante cualquier evento que se presente son los elementos aleatorios, la iniciativa, la decisión, la conciencia de las derivas y de las transformaciones. Sobre esta idea, la palabra estrategia se opone a la palabra programa, ya que en los sucesos o actividades cotidianas conviene utilizar programas, porque no implican una innovación. Por ejemplo, cuando una persona está manejando un automóvil, una parte de su conducta es programada, pero si surge un imprevisto en el camino, tendrá que tomar una decisión, es decir, si debe cambiar el camino o no, por lo cual emplea múltiples fragmentos de acción programada para poder concentrarse sobre la estrategia más conveniente para afrontar la problemática.
Desde la propuesta de Morin, la palabra acción se emplea para referirse a las diversas iniciativas que deben de tomar los municipios por medio de los IMPLANES para determinar cuáles son las decisiones o acciones ambientales más convenientes para mitigar los efectos del cambio climático, para cada uno de los territorios locales entendiendo la complejidad que presenta cada una de las ciudades. Puesto que una acción por definición nos puede llevar a un cambio, que al ser promovido por medio de la gobernanza permite tener un alcance en primera instancia local y posteriormente llegar a un nivel global.
Sobre el cambio climático, la Ley General de Cambio Climático en México (DOF, 2018) establece que es uno de los problemas ambientales, económicos y sociales más graves que aquejan al siglo XXI y uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Por ello, las acciones que se lleven a cabo deben ser abordadas de manera integral y con medidas que respondan a la magnitud de los desafíos, a través de instrumentos que propicien una gobernanza local y global adecuadas, dependiendo de la escala o nivel territorial que se quiera atender.
Sin embargo, es importante definir lo ambiental, para lograr que el discurso transcienda a la acción, para Sandoval Pierres (2019) este término puede comprenderse a partir de la relación que los seres humanos han establecido con la naturaleza dentro de su proceso histórico, entendiendo que cada civilización ha partido de particularidades tanto en los ecosistemas como en lo cultural. Desde esta perspectiva, las acciones climáticas para mitigar los efectos negativos en el ambiente deben partir de un enfoque físico – biológico, pero al mismo tiempo de un enfoque social con la finalidad de reconocer las diferencias que presenta cada contexto y crear estrategias puntuales para cada territorio.
En el caso de los municipios, los IMPLANES contribuyen al establecimiento de una adecuada gestión urbana, la cual como se ha visto debe de ir acompañada de una gestión ambiental, para definir de manera precisa las acciones que originen el diseño y formulación de políticas ambientales y posteriormente la creación de una legislación ambiental, donde se definan los instrumentos de acción y las estrategias que requiere cada uno de los municipios dependiendo de sus características físicas, biológicas y sociales (Sandoval Pierres, 2019), con la finalidad de impulsar a los gobiernos locales a alcanzar un desarrollo sostenible.
Dentro de la legislación mexicana, La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2023), en su artículo 4° establece la integración entre la federación, entidades estatales, municipales y las demarcaciones territoriales para lograr un desarrollo sostenible; y establece que dicho desarrollo sólo podrá darse a través de la planeación y el ordenamiento integral de las actividades productivas.
En lo que respecta al artículo 8° de esta misma ley, se especifica que los municipios son los responsables de formular, conducir y evaluar la política ambiental al interior de su territorio. Por tanto, es obligación de los gobiernos locales, formular y aplicar estrategias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como asegurar la protección al ambiente dentro de sus zonas de jurisdicción (DOF, 2023). La legislación, en este sentido, promueve que los municipios sean los encargados de establecer los lineamientos necesarios para la generación de acciones climáticas, reconociendo al gobierno local como un nivel indispensable dentro de la mitigación al cambio climático.
Ahora bien, en el escenario global, Ocampo (2015) vislumbra que, a partir de la década de los noventa, se dio origen a lo que él denomina la era de los objetivos dentro de la agenda internacional, reflejado a través de una serie de conferencias y cumbres globales para tratar y definir las acciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático en las distintas regiones del planeta. Alcanzando su máxima expresión en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que implicaron una transformación importante en la naturaleza del financiamiento por parte de las Naciones Unidas.
Si bien se describe que el carácter de los ODS es internacional y vinculante, ya que parten de las tres esferas que componen al desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. También es cierto que los tres objetivos base sobre los que se asienta la cooperación internacional de Naciones Unidas, de acuerdo con Ocampo (2015) llevan un sesgo hacia la dimensión económica: el primero de ellos reconoce la interdependencia entre naciones; el segundo promueve el establecimiento de normas y criterios sociales para definir los requerimientos mínimos de servicios públicos que necesitan todos los ciudadanos del mundo; y el tercero se basa en la reducción de las desigualdades con énfasis en el desarrollo económico que se presentan entre las distintas regiones a nivel internacional.
De esta manera los objetivos se inclinan hacia la dimensión económica y dejan en un segundo escalón a la dimensión social y ambiental; teniendo en cuenta que las tres dimensiones en conjunto conforman el concepto de desarrollo sostenible. Leal, Lugo Torres y Mina Rivas (2023) añaden que los enfoques dominantes dentro de las relaciones internacionales excluyen los asuntos relacionados a los problemas ambientales, lo que produce un vacío en la concepción de dichos problemas y en el análisis producido.
Lo anterior, se vuelve un problema ya que las Naciones Unidas en la Declaración de París sobre la Eficiencia de la Ayuda al Desarrollo, instaló el principio de que la asignación de apoyos económicos para el desarrollo de las regiones debe de ser supervisada e incluso definida exclusivamente por las autoridades de nivel federal (Ocampo, 2015). Generando una dicotomía de argumentos, ya que a nivel federal la legislación promueve que los gobiernos locales sean los responsables de diseñar las políticas ambientales para proteger el medio ambiente; pero a nivel internacional se define que los gobiernos federales son quienes deben de tomar estas acciones; conformando así un sistema vertical donde los recursos parten de un nivel federal hasta llegar a un nivel municipal, exhibiendo inconsistencias sobre lo que se quiere lograr dentro de los gobiernos locales.
Ante esta dicotomía, se observa que las organizaciones internacionales dejan a un lado a los gobiernos locales al momento de desarrollar políticas ambientales referentes al cambio climático, al brindar apoyos con una perspectiva de orden vertical (Leal, Lugo Torres, & Mina Rivas, 2023). Si bien, la argumentación se torna hacia la importancia que tienen los gobiernos locales en las acciones climáticas, en la práctica se evidencia que la gobernanza es aún un tema sin resolver puesto que ninguna de las organizaciones internacionales especifica la participación integral de los actores en temas que confieren a la toma de decisiones. Evidenciando que la gobernanza dentro de las agendas internacionales es una tarea pendiente, por medio de la cual es posible diseñar escenarios donde se involucren a las diferentes escalas territoriales y a los diversos actores que intervienen en las ciudades y permitirles a los municipios en primer lugar definir e implementar mecanismos orientados hacia la prevención, mitigación y adaptación ante los cambios climáticos (Ruíz Campillo, 2023) y en segundo lugar poder recibir financiamiento y apoyo económico de manera directa por parte de las organizaciones internacionales para generar realmente acciones climáticas.
Sin una transformación dentro de los organismos internacionales sobre el financiamiento de los recursos, la gobernanza no podrá ser una realidad dentro de los esquemas de gobierno (Ocampo, 2015). Puesto que en la actualidad el financiamiento sigue siendo a partir de una transferencia de recursos a los gobiernos federales y son ellos quienes deciden la asignación de este a partir de los objetivos planteados, dejando en un segundo plano las propuestas de acción elaboradas por los municipios.
Sobre ello Ruiz Campillo (2023) reflexiona sobre el surgimiento de las redes municipales, ya que son en estas escalas donde se encuentran las ciudades y es mediante su incorporación por medio de redes de gobernanza que se pueden poner en marcha políticas e iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Con acciones que vayan de abajo (local) hacia arriba (global) y que reconozcan la autonomía y las responsabilidades de cada uno de los gobiernos locales que se ven afectados por los programas o políticas definidos por órdenes de escala mayor (Pascual Esteve, 2020). La gobernanza por tanto se percibe como un esquema que posibilita la comprensión de las nuevas y complejas necesidades que demandan los habitantes de las ciudades.
3. Gobernanza – Gobernanza territorial
Esta claro que el desarrollo sostenible va más allá de los organismos internacionales, es un proceso donde cada uno de los diversos actores – internacionales, gobierno federal, estatal y municipal, iniciativa privada, universidades, fundaciones y la sociedad civil – son responsables para promover un adecuado desarrollo (Ocampo, 2015). Destacando la separación que existe entre el discurso y el financiamiento otorgado; pero al mismo tiempo Ocampo (2015) identifica una segunda problemática que corresponde a una debilidad institucional para coordinar la repartición de recursos a los diferentes gobiernos locales y al mismo tiempo la implementación de acciones climáticas que tienen a homogeneizarse desde el gobierno federal y afectan a los municipios por la falta de reconocimiento de sus características físico – biológica y culturales.
Lo anterior, admite nuevas posibilidades para enfrentar los desafíos que representa el cambio climático en las ciudades, como es la gobernanza, la cual resalta como un modo de gobernación que no elimina las atribuciones gubernamentales, por el contrario, busca fortalecer las redes de coordinación entre los diferentes actores que participan en el territorio (Venancio Flores & Iracheta Cenecorta, 2015) con la finalidad de integrar los discursos con la práctica.
Pascual Esteve (2020) menciona que la gobernanza tiene como prioridad gestionar la interdependencia entre los diversos actores y los sectores de la ciudadanía más implicados dentro de las problemáticas de la gestión urbana en las ciudades, siendo estas ultimas los nodos principales en las redes económicas, sociales y culturales que constituyen la globalización.
Esta forma de gobernación, por ende, puede contribuir a las acciones climáticas, porque incluye a todos los niveles de gobierno, por medio de la adopción de acuerdos nacionales e internacionales por parte de las regiones, logrando crear estrategias que parten de la escala local y van escalando hasta llegar a la escala global (Ruíz Campillo, 2023), la gobernanza entiende que las acciones climáticas resultan en políticas y procesos que tiene un impacto ambiental en las diversas ciudades.
Aunado a ello el enfoque de la gobernanza busca vías que faciliten la coordinación entre los diversos actores y no obstaculicen la búsqueda y aplicación de soluciones, al entender que los procesos para llegar a un desarrollo sostenible son dinámicos y no tienen fin; posibilitando la realización de análisis de manera horizontal, basados en las relaciones directas que se generan entre ciudades, y también de manera vertical por medio de relaciones de interdependencia entre las ciudades y los diferentes niveles de gobierno, estableciendo una visión global que conduce a una armonización de las políticas ambientales (Leal, Lugo Torres, & Mina Rivas, 2023).
A medida que las ciudades se han vuelto más complejas y las demandas de la sociedad se han expandido, los gobiernos van perdiendo su carácter centralista y las atribuciones que la legislación le otorga (Venancio Flores & Iracheta Cenecorta, 2015), desde esta perspectiva, la toma de decisiones se va repartiendo entre los diferentes actores y niveles de gobierno, al tiempo que los problemas de las ciudades se entrelazan y adquieren un cierto nivel de complejidad (Leal, Lugo Torres, & Mina Rivas, 2023) que requiere de nuevas acciones para atender las nuevas realidades que coexisten en las ciudades de una manera compartida.
Venancio e Iracheta (2015) proponen que los municipios, la sociedad civil y la iniciativa privada pueden coordinarse desde la gobernanza con el propósito de regular su funcionamiento al interior de las ciudades, desde una perspectiva de conjunto que incluya una adecuada planificación y gestión urbana. Encontrando en los IMPLANES el medio por el cual se pueden generar alianzas entre el discurso ambiental y los esquemas de financiamiento, al definir líneas de actuación sobre las cuales se ofrecen respuestas a las demandas sociales para cada una de las ciudades.
No obstante, Leal, Lugo Torres y Mina Rivas (2023) manifiestan que uno de los principales retos a los que se enfrenta la gobernanza, es la coordinación en la toma de decisiones, así como en la implementación de acciones para homologar los objetivos que presentan los diferentes niveles de gobierno. Por tanto, el trabajo de los gobiernos municipales desde la gobernanza es constituir políticas ambientales que tengan una repercusión a nivel no solo municipal, sino estatal, federal e incluso internacional.
Finalmente, el compromiso que tienen los municipios dentro de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático actualmente y para el futuro, parte de entender la complejidad de las ciudades, de los actores (públicos, privados y sociedad civil) y de las escalas de gobierno que son parte del territorio. Encontrando en la gobernanza un esquema que admite la interrelación de estos elementos, y que encuentra soluciones que pueden presentarse a través de políticas, normas, reglas, leyes y demás, para incidir en una adecuada gestión urbana y territorial, modelando así el comportamiento de las ciudades para transitar hacia nuevos horizontes.
Conclusiones
La incorporación de la escala municipal por medio de los gobiernos locales y los IMPLANES se observa como un elemento básico para atender el tema de las acciones climáticas a nivel global, siendo la gobernanza una alternativa a la actual forma de gobernación que se presenta en el escenario mundial para lograr una correcta creación, coordinación e implementación de políticas ambientales, que determinen hacia donde se deben de encaminar las estrategias que permiten una mejor adaptación a los efectos del cambio climático en las ciudades.
El primer tópico del texto exhibió el rol que juegan los municipios en el territorio y las posibilidades que brinda el trabajar desde esta escala, al mismo tiempo se describieron las facultades que de acuerdo con la legislación tiene este nivel de gobierno, destacando su responsabilidad sobre la toma de decisiones acerca de la preservación y conservación del medio ambiente dentro de su territorio.
Sin embargo, al analizar las acciones climáticas que se proponen desde las agendas internacionales, se vislumbra una separación, entre el discurso donde se establece que los municipios son la escala sobre la cual se deben de generar los cambios ambientales; y la practica en la cual las decisiones y los financiamientos o recursos económicos se generan desde el nivel federal y de ahí bajan de manera vertical hasta llegar a los municipios.
Originando una serie de problemáticas ya que en la mayoría de los casos los objetivos federales no coinciden con los locales haciendo que los recursos destinados y las acciones climáticas propuestas no tengan un impacto o una incidencia global, al no contemplar las particularidades físico – biológicas y culturales de cada uno de los municipios. En este sentido se busca que el desarrollo sostenible muestre las ventajas que tiene el cuidado del ambiente a través de una gestión urbana adecuada desde las esferas: económica, social y ambiental, no únicamente la económica, con la finalidad de que las ciudades perciban los beneficios.
Siendo la gobernanza el medio por el cual se busca integrar el discurso con la práctica y transitar hacia un desarrollo sostenible, por ser una forma de gobernación que no elimina las atribuciones gubernamentales de las regiones o los Estados, por el contrario, fortalece las redes entre los actores y los diferentes niveles de gobierno, al permitir la realización de análisis horizontales basados en las relaciones directas, identificando la interdependencia que guarda cada uno de los niveles de gobierno, alcanzando un panorama global, donde es posible la creación de políticas ambientales que generen acciones que impacten en el ámbito local y global.
La época actual demanda propuestas desde los múltiples niveles territoriales para abordar los desafíos que emergen del cambio climático, identificando a los municipios como aquellas redes que admiten la incorporación de la gobernanza desde el nivel local hasta el global y donde es posible interconectar a los diversos actores del territorio para transitar hacia acciones climáticas que contemplen una adecuada adaptación de las ciudades a los efectos ocasionados por el cambio climático.
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[1] Profesor e Investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Toluca, México. avenanciof@uaemex.mx; https://orcid.org/0000-0002-8149-8247
[2] Estancia Posdoctoral CONAHCYT, Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad sede Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Toluca, México. svaldezc378@alumno.uaemex.mx; https://orcid.org/0000-0002-1471-5280
[3] Profesora e investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Toluca, México. meorozcoh@uaemex.mx; http://orcid.org/0000-0003-4816-7742