Una bomba de racimo es un contenedor (lanzado desde tierra, mar o aire) que, a una cierta altura, antes de llegar a tierra, descarga de decenas a centenares de submuniciones que se extienden de forma incontrolada sobre una superficie muy extensa, haciendo imposible distinguir entre objetivos militares y civiles. Se definen técnicamente como “bombas para ser utilizadas en ataques por saturación de área”, un área que puede llegar a ser de centenares de hectáreas i afectar, en muchos casos, zonas habitadas por población civil. A esto hay que añadir que muchas de ellas, entre un 5% y un 30%, no explotan al llegar a tierra y permanecen durante un largo periodo de tiempo dispersas sobre el territorio, incluso después de haber acabado el conflicto. De esta forma constituyen un peligro muy parecido al de las minas antipersonal, causando víctimas entre la población que intenta rehacer su vida después de haber sufrido una situación de guerra.
Las bombas de racimo fueron utilizadas por primera vez por Alemania y la Unión Soviética el año 1943 en la segunda guerra mundial. Desde entonces encontramos referencias de su uso en 31 guerras y conflictos armados, siendo los más recientes los que han tenido lugar en los Balcanes (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Líbano (2006), e Israel (2006). Durante estos 60 años se calcula que 100.000 personas han muerto víctimas de este tipo de municiones.
Los primeros intentos dirigidos a la prohibición de las bombas de racimo se produjeron ya en 1976, cuando un grupo de 13 países propusieron abolirlas. En 2003 se constituyó en Irlanda la CMC (Cluster Munition Coalition), una red de ONGs de la que forman parte actualmente más de 200 organizaciones y que, desde su nacimiento, ha jugado un papel decisivo en todo este proceso. En febrero de 2006 Bélgica decidió prohibir la producción, almacenaje y venta de estas bombas. Noruega, por su parte, anunció su decisión de liderar la iniciativa conocida ahora como proceso de Oslo, convocando en febrero de 2007 una conferencia en esta ciudad. Al acabar la cumbre, 46 estados (entre ellos España) acordaban llegar al año 2008 con un tratado que prohibiera las bombas de racimo, que causan un daño inaceptable a la población civil. A partir de este momento, el proceso lo pilotaba un grupo de países que, además de Noruega, incluía Austria, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Perú. Después de la conferencias de Lima (mayo 2007), Viena (diciembre 2007) y Wellington (febrero 2008), que iban dando forma al tratado a la vez que se ampliaba el número de países que lo apoyaban, se llegó a la decisiva conferencia de Dublín, celebrada entre los días 19 y 30 del pasado mes de mayo.
La conferencia de Dublín comenzó con un discurso televisado del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, animando a los gobiernos a llegar a un tratado claro de prohibición de las bombas de racimo, a las que calificó como “intrínsecamente imprecisas, particularmente indiscriminadas y poco fiables”. A continuación, los representantes gubernamentales de más de cien estados empezaron las discusiones bajo la presidencia de Mr. O’Ceallaigh, representante permanente de Irlanda en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. La labor del presidente fue decisiva desde el primer día de la conferencia para poder llegar al final con la adopción por parte de 111 países del texto definitivo, por consenso y sin necesidad de votación, tal como la presidencia había solicitado reiteradamente desde el inicio de la reunión. A pesar del buen resultado al que se llegó, las negociaciones fueron duras y complejas, y durante la primera semana parecía difícil que se consiguiera el acuerdo final.
El 28 de mayo fue un día clave: a las diez de la mañana, el presidente presentó a la asamblea el borrador del texto consolidado, fruto de un laborioso trabajo de negociación, y la sesión se suspendió, abriendo un periodo de reflexión hasta las cinco de la tarde. Al reiniciarse, 70 países intervinieron para declarar que acordaban formalmente adoptar la Convención en la sesión final del viernes 30 de mayo, considerando que cualquier enmienda al borrador podría romper el delicado equilibrio conseguido. Intervinieron también la CMC, la Cruz Roja Internacional y dos estados que asistían en calidad de observadores. No hubo ninguna delegación que hablara en contra. Especialmente significativa fue la intervención del Reino Unido, – uno de los países que, hasta aquel momento, más se habían opuesto a una total prohibición – adoptando la Convención. Esto se produjo después de un inesperado comunicado de Gordon Brown anunciando que el Reino Unido aceptaba una prohibición total, y que destruiría los stocks existentes de sus dos tipos de bombas de racimo, contradiciendo la opinión de su Ministerio de Defensa que era contrario a la mencionada prohibición. Se hacía patente que la opinión pública británica también tenía algo que ver con esta decisión.
El portavoz de la CMC, Steve Goose, de Human Rights Watch, hizo un análisis de los diferentes puntos del borrador que, como ya hemos dicho, se convirtió después en el texto definitivo. En su exposición resumió también las diversas opiniones expresadas por los más de 250 miembros de la coalición representantes de ONGs y de la sociedad civil de 61 países, que antes y después de cada sesión plenaria se reunían para compartir las diferentes opiniones sobre la forma que iba tomando el tratado.
Goose destacó, en primer lugar, que una cosa era bien cierta: los miles y miles de civiles que se salvarían en las próximas décadas como consecuencia de la adopción de este tratado de prohibición. También recalcó que la Convención no distingue entre bombas de racimo “buenas y malas”, sino que las prohíbe todas, es decir, no hay excepciones. Se ha decir sin embargo que, en el artículo 2 referente a las definiciones, se introdujo el concepto de exclusión, concretado en una serie de condiciones muy restrictivas por las cuales algunas bombas pueden no ser consideradas de racimo porque “eliminan los riesgos y efectos producidos por submuniciones que no han explotado en áreas indiscriminadas”. Según esta definición la SMART 155, una bomba alemana de fabricación reciente, no se consideraría técnicamente como bomba de racimo, un hecho que provocó recelos en algunas delegaciones. A pesar de ello, al final fue aceptado. En cualquier caso, se ha de decir que queda claro en el tratado que todas las bombas de racimo utilizadas hasta ahora en conflictos armados quedan prohibidas, y que es necesario destruir las hay en los stocks existentes.
Volviendo a la intervención de Steve Goose, expresó la satisfacción de la CMC por el hecho de que el tratado no contemple retrasos en su aplicación, es decir, que no habrá un periodo de transición. También aplaudió el artículo 5º referente a la asistencia a las víctimas, en el cual se mejoran mucho las condiciones recogidas en el tratado de prohibición de las minas por lo que respecta a este punto. Igualmente destacable es el apartado que hace referencia a las medidas de transparencia en la obligación que compromete a cada país a detallar sus stocks, sus programas de reconversión de instalaciones y el proceso de destrucción de sus arsenales. El punto más conflictivo del acuerdo es el artículo 21 sobre la “interoperatividad”, es decir, la relación con estados que no formen parte de esta convención en maniobras y operaciones militares conjuntas. “La única mancha en el tejido de este tratado”, tal como lo definió el portavoz de la CMC en su intervención, dado que no queda claro que los stocks que haya en territorio de otros estados no miembros y la cooperación intencionada en actividades no permitidas en este tratado quede prohibida en cualquier circunstancia. Es un punto que deberá seguirse con especial atención en el futuro, más aún después de haber constado el interés de muchos países aliados de Estados Unidos de dejar abierto este tipo de colaboración.
Entre los estados no miembros o no firmantes destacan principalmente Estados Unidos, Rusia, China, India y Pakistán. En cualquier caso, el hecho de que el tratado tenga el amplio soporte de 111 países, entre los cuales está el tercer productor mundial -Reino Unido-, hará que queden estigmatizados los futuros productores o usuarios de las bombas de racimo, un efecto parecido al que se produjo después de la firma del tratado de prohibición de minas antipersonas. Por otro lado, no deja de ser significativo y paradójico que Rusia, un país que no ha renunciado a su uso, condene a Israel por el uso de este tipo de bombas en el Líbano, el año 2006.
Después de la aprobación formal de este tratado el día 30 de mayo en Dublín, el próximo paso será la firma oficial en Oslo, en la conferencia que tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre. El texto aprobado fija un mínimo de 30 ratificaciones para que el tratado entre plenamente en vigor al cabo de seis meses.
La representación oficial española que avaló el proceso desde la conferencia de Oslo en febrero de 2007 fue liderada por personal diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), con el soporte técnico del Ministerio de Defensa. Su discurso formal fue siempre el de salvaguardar la vida de las posibles víctimas, si bien también defendió, a través de una enmienda, que la bomba MAT-120, fabricada por Instalaza, también entrara en el capítulo de exclusiones y no fuera definida como bomba de racimo. Finalmente, sin embargo, al no cumplir todos los criterios definidos en el artículo 2, quedará prohibida. A pesar de ello, el MAE se congratulaba en una nota oficial por el importante acuerdo conseguido en Dublín. Ahora sería una buena ocasión para que el Gobierno español mostrara su coherencia y procediera sin demora a la destrucción de sus stocks, y fuera uno de los 30 primeros países en ratificar el tratado.
La representación de la sociedad civil española, constituida por la CMC Barcelona (Justícia i Pau, Fundació per la Pau, Moviment per la Pau y Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) y Greenpeace, que está participando activamente en todo el proceso, estuvo presente durante toda la conferencia de Dublín. Tuvo numerosos contactos con la delegación oficial española, incluida una visita a la Embajada de España en Dublín, en la que pidió el soporte total al tratado de prohibición. Sobre el papel de la sociedad civil en es proceso se han de destacar las palabras del Presidente de la Conferencia reconociendo el indispensable y definitivo papel que la CMC ha tenido, y todavía ha de tener, cumplimiento de este tratado.
Finalmente se han de destacar unas declaraciones que el Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Mr. Martin, realizó a la prensa de su país al final de la Conferencia: “El principal efecto que tendrá este tratado será invisible, es decir, las víctimas que no veremos, debido a la prohibición de las bombas de racimo”. Ha valido la pena y esto anima a continuar luchando, como hemos dicho al principio, para ir alcanzando niveles más altos de seguridad humana, la verdadera seguridad, en todo el mundo.