Autora: Andrea Costafreda
Investigadora Asociada CIDOB
El Evento Especial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se ha desarrollado en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tenido un balance pobre en resultados y puede considerarse como una oportunidad perdida.
El 2014 va a ser un año decisivo para la comunidad internacional del desarrollo, puesto que habrá que realizar un doble esfuerzo: por un lado, intentar acelerar y medir resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por el otro, intensificar la negociación intergubernamental para configurar la nueva agenda de desarrollo. Durante el Evento Especial sobre los ODM (MDGs Special Event) que tuvo lugar en el marco de la 68ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los jefes de Estado y de Gobierno estaban llamados a adoptar un outcome document que diera cuenta de los progresos en la consecución de los ODM y que ayudara a definir las directrices y la hoja de ruta para avanzar en la definición de la agenda post 2015. Tras una semana intensiva de reuniones en Nueva York, el balance es más bien pobre en resultados y podría afirmarse que en lo referido al futuro de la agenda internacional del desarrollo, todo está, todavía, por decidir.
Quizá lo más destacable del documento sea advertir las importantes lagunas que persisten en el logro de los ODM a cada vez menos meses de la fecha límite prevista para su consecución, y el hecho de exhortar a los Estados a cumplir con los compromisos de financiación del desarrollo en un momento en que, según los últimos datos de los que se dispone (2011), el AOD de los países de la OCDE experimenta un descenso que no se producía desde 1997. Pero en lo referido a las directrices para la nueva agenda, se trata de un documento de bajo perfil, que intenta complacer a las distintas sensibilidades, y que no resuelve gran parte de los interrogantes (a veces dilemas) que sobrevuelan la futura agenda de desarrollo. En definitiva, el Evento Especial sobre los ODM ha resultado ser una oportunidad perdida para iniciar el proceso de priorización política.
En efecto, el outcome document adolece de las debilidades típicas de la lógica sumativa propia de los documentos que preceden a la negociación política. A diferencia de lo que hace el informe del High Level Panel para el post-2015, el documento no avanza ninguna propuesta y trata de mantener un calculado equilibrio entre las opciones continuistas partidarias de que la nueva agenda se mantenga en una suerte de ODM plus, y las opciones maximalistas, cuando no rupturistas, que apuestan por una nueva agenda de desarrollo.
Uno de los principales dilemas no resueltos es la tensión que existe entre la agenda ambiental y la agenda de la pobreza. Esto se hizo evidente en Río+20 donde se escenificaron las posiciones en conflicto entre actores como la UE pujando por la economía verde frente a países del G-77 cuestionando si esta apuesta es compatible con un crecimiento pro-pobres. El ejercicio de pragmatismo del outcome document se queda en una voluntad vaga que aboga por la adopción de un único marco de objetivos que busque los equilibrios entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Pero lo cierto es que no va a resultar fácil hacer converger dos agendas no siempre coincidentes: la heredada de los ODM y la de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible- que deberá presentar el Open Working Group sobre los ODS que surge de Río+20.
El mismo ejercicio de pragmatismo obligará a hacer acrobacias para poder añadir a la agenda ODMplus, en la más pura lógica del Christmas Tree (ir añadiendo bolas al árbol de Navidad), aquellos elementos que han formado parte del debate y que emergen del proceso hiper-participativo de consultas nacionales, regionales y virtuales que han tenido lugar durante el 2013 y que apuntan tanto los grandes temas ausentes en los ODM, como otros temas emergentes. El outcome document recoge algunos de ellos: gobernanza democrática y derechos humanos, paz y seguridad, igualdad de género. Pero ignora otros temas importantes sobre los que distintos actores –académicos, de la sociedad civil, de los países socios, etc.- han insistido a lo largo del proceso de consultas. Uno de los que mayores consensos ha cosechado es la relevancia de atender a las desigualdades como eje fundamental de la futura agenda de desarrollo.
Cómo han constatado numerosos trabajos, el mapa de la pobreza ha cambiado sustancialmente respecto al del 2000, cuando la población en situación de pobreza se concentraba en su mayoría en los países menos avanzados, concentrándose ahora, mayoritariamente, en países de renta media (muchos de ellos economías emergentes) y en Estados Frágiles. Lo que plantea, en los términos utilizados por Andy Sumner, investigador del Center for Global Development, un doble dilema: ¿Cómo articular una agenda de desarrollo con países que ya no dependen de la AOD, en el caso de los de renta media, o que no son capaces de administrarla, en el caso de los Estados Frágiles? Las respuestas son coincidentes, aunque el outcome document no recoja ninguna de ellas: incentivar y promover, por un lado, políticas redistributivas en el ámbito nacional; y, por otro, apostar por un partenariado global entre donantes tradicionales y países socios en el que ambas partes se corresponsabilizan en la provisión de bienes públicos globales y en el impulso de políticas coherentes que vayan más allá de la gestión de los flujos de AOD.
Pero quizá la ausencia más importante del documento sea no referirse a la necesidad de renovar la arquitectura sobre la que deberá asentarse la nueva agenda del desarrollo. Diversos factores de cambio convergen y apuntan en esta dirección: la emergencia de nuevos poderes regionales y globales que requieren un redimensionamiento de los espacios de toma de decisiones, el papel creciente de los gobiernos locales y regionales en los procesos de desarrollo, el peso creciente de las fundaciones filantrópicas y la sociedad civil, y el indiscutible, aunque polémico, papel del sector privado en la promoción del crecimiento. La emergencia de nuevos actores y nuevos instrumentos de desarrollo obligará, necesariamente, a transitar de una agenda de coordinación de flujos de AOD entre donantes hacia una agenda de desarrollo global basada en un multilateralismo inclusivo. Esta constatación, que ya forma parte del discurso colectivo -con actores como la UE y la OCDE alimentándolo-, no aparece en ninguno de los párrafos del documento final.
Cabrá esperar, entonces, hasta la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, momento en que se inicia formalmente la negociación política intergubernamental para la adopción de la nueva agenda, para conocer si se es capaz de realizar el irrenunciable ejercicio de priorización política.
Este artículo ha sido publicado en la página web del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y se reproduce aquí con autorización de la autora.