María Solanas
Consultora en relaciones internacionales. Colaboradora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT)
Análisis del triunfo de Rafael Correa en las elecciones ecuatorianas y de las perspectivas del nuevo mandato presidencial.
El pasado 17 de febrero Ecuador celebró elecciones presidenciales y para la Asamblea Legislativa. Había pocas dudas, según todos los análisis y los datos que arrojaban las encuestas, de que Rafael Correa, elegido Presidente en noviembre de 2006 (y reelegido en 2009), lograra de nuevo el apoyo mayoritario. Su popularidad se situaba en torno al 80%. La elección, con cinco candidatos que se presentaban por primera vez, parecía decantada.
Escrutado el 100% de los votos, Rafael Correa ha obtenido el 57,17% de los votos, a gran distancia –más de 34 puntos- del candidato de centro-derecha Guillermo Lasso, con el 22,68%. El movimiento oficialista, Alianza País, ha logrado el 52,31% de los votos y un total de 91 escaños de una Asamblea de 137 miembros.
Las elecciones confieren a Rafael Correa, además de una victoria contundente, una mayoría amplia –en torno a dos tercios- también en el poder legislativo, uno de los objetivos clave de su campaña electoral, que le permitirá no sólo legislar sin cortapisa alguna (un auténtico “rodillo legislativo”), sino también reformar la Constitución, aprobada en 2008.
A pesar de los graves problemas que persisten en el país, como la inseguridad –considerado el principal problema por la ciudadanía-, o la corrupción, el Presidente Correa ha logrado un triunfo histórico, superando los resultados obtenidos en anteriores procesos electorales. Hay factores que explican este resultado electoral.
Crisis institucional y de gobernabilidad. La victoria inesperada de Rafael Correa en noviembre de 2006
Rafael Correa llegó a la presidencia de la República en un momento en el que la brecha entre la sociedad civil y los partidos políticos, la desconfianza y el desprestigio de las instituciones, y el hartazgo de la población frente a un Estado incapaz de dar respuestas a los problemas del país no hacían más que profundizarse. Un modelo político, social y económico agotados, amplios sectores de la población en situación de exclusión social y de pobreza o pobreza extrema, y una democracia débil componían el escenario en el que Rafael Correa, en una campaña electoral ascendente, recibió el apoyo mayoritario de los electores ecuatorianos en noviembre de 2006.
Con un mensaje populista de rechazo a la élite política tradicional, de cambio del modelo político e institucional, y de inclusión social y económica, Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales en Ecuador de forma inesperada, tras una campaña en la que los pronósticos iniciales apuntaban a una disputa en segunda vuelta entre el candidato del centro-izquierda León Roldós y el populista de derechas Álvaro Noboa, el empresario bananero más rico del país.
Ser un político sin partido le supuso a Correa una excelente baza electoral. Recogió, junto con un voto ávido de cambio, el voto de rechazo hacia la clase política tradicional, corrupta e inoperante. Correa se identificó (particularmente frente a Noboa) como el “candidato del pueblo” frente al candidato de las élites. Ser un outsider fue su gran carta de presentación.
Desde principios de los años 80 (momento en el que Ecuador recuperó el orden constitucional tras nueve años de dictaduras militares) la aplicación de políticas de ajuste estructural no hizo más que acentuar las desigualdades en el país. A lo largo de los años 90, la situación se vio agravada por diversos factores como la guerra con el Perú (que generó un ingente gasto para sufragarla); los escándalos de corrupción y la mala administración de los sucesivos gobiernos; el fenómeno del Niño (1998), que produjo las peores inundaciones de la región de la costa y enormes pérdidas económicas; y, finalmente, la caída del precio del petróleo y el impacto de la crisis financiera internacional (1999).
El duro plan de ajuste económico adoptado entonces para enfrentar la crisis afectó fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos, y llevó al deterioro económico y social más grave del país en los últimos 50 años, con masivas protestas populares, huelgas generales, y un clamor generalizado por un cambio de rumbo en la política económica. En apenas una década se sucedieron, sin completar su mandato de cuatro años, un total de 8 Presidentes. Ecuador se sumió en una profunda crisis de gobernabilidad.
Es en este escenario en el que Rafael Correa obtuvo su primera victoria electoral.
Agenda de inclusión social, debilitamiento democrático
Entre los principales factores que explican el nuevo y amplio triunfo electoral de Rafael Correa destaca la notable disminución de la brecha de desigualdad social que se ha venido produciendo en el país en los últimos ocho años. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente de un 40% en 2001 a un 16,5% en 2010. Aunque en las zonas rurales (donde vive un 38% de la población), todavía el 40% vive en condiciones de pobreza.
El desempleo se ha reducido al nivel más bajo de la historia del país, y se cifra en torno al 5%. El alto precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, ha permitido mantener una fuerte inversión social y en infraestructuras.
Esta agenda social ha sido una constante del gobierno de Rafael Correa. En los primeros cien días de su primer gobierno, Correa dobló las ayudas a las familias más pobres y aumentó los subsidios en materia de vivienda, electricidad, y gas, entre otros. El Bono de Desarrollo Humano, que reciben casi 2 millones de personas, se ha incrementado en los últimos meses de 35 a 50 dólares USA. El salario básico se ha incrementando recientemente, pasando de 292 a 318 dólares USA; así como el Bono vivienda, que se aumentó de 5000 a 6000 dólares para adquirir una vivienda de hasta 15000 dólares.
La agenda social impulsada por el Presidente Correa, lejos de traer mejoras a la maltrecha democracia ecuatoriana (aunque las encuestas señalan mayores niveles de satisfacción con la democracia), ha venido acompañada de un debilitamiento, desde dentro, de la institucionalidad democrática.
Los espacios de pluralidad política se han venido achicando en el país a lo largo de estos ocho años. La concentración de poder en el Presidente –la deriva hiperpresidencialista, y el debilitamiento del papel de poder legislativo y judicial-; las amplias mayorías del oficialista Alianza País tanto en la Asamblea Constituyente que elaboró la nueva Constitución de 2008, como en la Asamblea Legislativa anterior y en la del próximo mandato; la falta de diálogo y el hostigamiento a la oposición; los continuos ataques a los medios de comunicación críticos con el gobierno; y una relación de enfrentamiento con las ONGS caracterizan este achicamiento.
La polarización social, alentada y alimentada por el gobierno, es aguda. Aunque el Presidente Correa disfruta de una popularidad elevada, que ha llegado a alcanzar el 80%, ha ido perdiendo, progresivamente, apoyos de importantes sectores sociales que le respaldaron en sus inicios: los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los académicos e intelectuales críticos con la antigua clase política. El Referéndum de mayo de 2011 (con el que se introdujeron controles al poder judicial y a los medios de comunicación) que Correa ganó por un estrecho margen, visibilizó está pérdida de apoyos a su proyecto político de “Revolución Ciudadana”, y volvió a demostrar su falta de voluntad de aglutinar a la sociedad ecuatoriana en torno a un proyecto compartido. El “anticorreísmo” ha ido creciendo en los últimos años.
Las elecciones de 2013, más poder para el Presidente Correa
En las recientes elecciones presidenciales y legislativas, el principal eje de su campaña electoral y elemento movilizador del electorado ha sido, de nuevo y como fuera en noviembre de 2006, el rechazo a la clase política, la “partidocracia”, a pesar de que, fruto de la profunda crisis política y de gobernabilidad de los últimos años, los partidos y actores políticos tradicionales no contaban ya con presencia social destacada.
Rafael Correa ha ganado en 23 de las 24 provincias ecuatorianas, y sus apoyos están muy distribuidos entre los diversos sectores sociales y económicos, y entre los grupos de edad. La existente corriente de “anticorreísmo” no se ha traducido en términos electorales, en particular por la dispersión y la ausencia de propuestas creíbles por parte de la oposición, que no ha constituido alternativa real a la “Revolución Ciudadana” que encarnan Rafael Correa y Alianza País.
El triunfo en primera vuelta y la amplísima mayoría en al Asamblea Legislativa auguran continuidad en el modelo asentado de ejercicio del poder -el hiperpresidencialismo- y consolida, aún más, la falta de contrapesos tanto en el poder legislativo como en el judicial, fuertemente dependiente del gobierno.
Los partidos tradicionales (Partido Roldosista, PRIAN) prácticamente han desaparecido, mientras los nuevos partidos y líderes políticos han logrado un resultado muy modesto. Esta elección parece haber finiquitado el viejo sistema de partidos (Álvaro Noboa ha logrado un 3,72% de los votos, Nelson Zavala, del Partido Roldosista, el 1,23%) pero no parece haber alumbrado, aunque sea de manera incipiente, un nuevo conjunto de fuerzas políticas que pudieran constituir una alternativa creíble a Rafael Correa.
El movimiento CREO (Creando Oportunidades) del ex banquero Guillermo Lasso se ha convertido en la segunda fuerza en la Asamblea, con apenas 12 escaños (frente a los 91 de Alianza País) de un total de 137.
Es difícil saber si Guillermo Lasso, con un 23% de apoyo y una pequeña representación en la Asamblea, puede construir una alternativa política a lo largo de los próximos cuatro años en los que Rafael Correa profundizará, como ha anunciado, la Revolución Ciudadana. Es de esperar que el Presidente, avalado por un apoyo tan amplio, intensifique el discurso anti partidos, los ataques a la oposición, a los medios de comunicación, y a todos aquellos sectores que se han opuesto a sus medidas, una fórmula que le ha proporcionado réditos políticos y electorales.
Perspectivas para el nuevo periodo 2013-2017
El próximo 24 de mayo Rafael Correa asumirá su nuevo –y según ha asegurado públicamente- último mandato al frente de la Jefatura del Estado ecuatoriano. Su afirmación rotunda de que, aunque la fuerza mayoritaria en la Asamblea, Alianza País, tomara la decisión de cambiar el sistema constitucional de relección- que actualmente sólo permite un segundo mandato- él no volverá a presentarse, parece despejar la posibilidad de un nuevo periodo, más allá de 2017.
En el ámbito de la política interna, la amplia mayoría obtenida en la Asamblea Nacional le permitirá aprobar leyes como la reforma del Código penal, y la ley de aguas (trabada en la anterior legislatura por la oposición de los grupos indígenas). Correa ha anunciado que desbloqueará una ley sobre propiedad de la tierra, y hará “reformas puntuales” a la Constitución, justificándolas en la existencia de “inconsistencias” en varios temas como la división de competencias en salud y educación entre municipios y gobierno central, así como en la figura de la «acción de protección» por la cual un juez puede detener una medida gubernamental por existencia de una demanda ciudadana.
En el ámbito de la política exterior, Rafael Correa ha señalado la integración regional como “la prioridad de las prioridades” del nuevo periodo presidencial, integración concebida como una “necesidad de supervivencia” frente al modelo económico actual, y la mejor manera de fortalecer la soberanía de los países de la región frente a instancias internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Asimismo, el Presidente ecuatoriano ha ratificado el interés de ingresar en el Mercosur, aunque ha señalado que el análisis de la membresía plena en esa entidad aun está en proceso de estudio.
La agenda de desarrollo y de inclusión social, sustentada fundamentalmente en subsidios y programas de ayuda, ha logrado avances notables en términos de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza, disminuyendo la brecha social en el país. Sin embargo, aunque se ha avanzado en una reforma fiscal que ha permitido aumentar la recaudación impositiva (según datos de la CEPAL, Ecuador, con un 19,7%, se sitúa en el cuarto lugar de la región en presión fiscal, por detrás de Uruguay, Brasil y Argentina), las inversiones sociales han venido sufragadas, fundamentalmente, por los altos precios del petróleo, junto con la deuda externa (en manos principalmente de China).
Junto a una agenda de redistribución y de reducción de la exclusión social, el achicamiento de la pluralidad democrática, y por tanto el debilitamiento de la democracia, se han profundizado en el país a lo largo de estos ocho años. A ello hay que sumar los problemas de la inseguridad y la violencia, auténticas amenazas para la estabilidad democrática y la gobernabilidad, percibidos como uno de los principales problemas por la sociedad ecuatoriana.
La combinación agenda social/mala calidad democrática está presente en otros países de la región, como Venezuela, pero también hay ejemplos, como Brasil, en los que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las agendas de inclusión social son la base de una ecuación de éxito. En Brasil, Chile, Uruguay, o Costa Rica, la oposición política, encarnada fundamentalmente en los partidos políticos, constituye, además de canales de representación política de la ciudadanía, un contrapeso esencial que contribuye al diálogo, a la construcción de consensos, y por tanto al fortalecimiento democrático.
El nuevo mandato de Rafael Correa, tras un convulso periodo de inestabilidad política y social en la historia reciente de Ecuador, podría, de continuar la deriva de concentración del poder en manos del Presidente y la polarización que tensiona fuertemente a la sociedad ecuatoriana, concluir con un nuevo periodo de crisis en el país andino.
La aún frágil e incipiente oposición política tendrá que construir, en el escaso espacio que deja una mayoría tan amplia, una alternativa que, necesariamente, habrá de tener como eje principal la inclusión social y la redistribución que permitan seguir avanzando en la senda de la reducción de la desigualdad social. Habrá que ver si el candidato de derechas Guillermo Lasso, que ha logrado el mayor porcentaje de apoyo de toda la oposición y representa la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa, es capaz de aglutinar a otros sectores de la oposición para construir, a lo largo de los próximos cuatro años, esa alternativa política en Ecuador.