Cambios sociales y políticos en América Latina

 

Autor: Ricardo Núñez M.

El autor, destacado dirigente socialista chileno, analiza las transformaciones socio-políticas acaedidas en Latinoamérica en los últimos años y las perspectivas de futuro.

Las últimas décadas están marcadas por cambios trascendentales en la vida económica, social y cultural de América Latina y el Caribe. Todos sus países, en distintas dimensiones e intensidades, viven los efectos de procesos que por su dinamismo se encuentran en permanente cambio y transformación.

Es altamente probable que sobre dichos cambios – producto del enorme influjo de la “idea única” para concebir el desarrollo y de los efectos de la revolución científica y tecnológica que comanda sólo un puñado de países – sea difícil concluir en “leyes” que expliquen la totalidad y el devenir de los procesos en curso .Algunos de ellos son inéditos, otros herencia del pasado y muchos vislumbran futuros cuyos efectos son aún impredecibles.

Desde luego que la pobreza sigue constituyendo un tema de enorme relevancia. Ella ha acompañado a esta parte del mundo desde que las naciones se independizaron de la dominación del imperio español. La diferencia con ese momento histórico y con todos los ciclos posteriores del capitalismo dependiente, concepto acuñado en los sesenta, radica en lo siguiente. Por un lado, existe un cambio cualitativo en los diversos nudos en los que ella se manifiesta según los niveles de desarrollo de los países en cuestión y por otro que aumenta en zonas donde el estado manifiesta su máxima debilidad, a pesar de las medidas implementadas para mitigarla.

Uno y otro fenómeno tienen su explicación fundamental en la irrestricta aplicación de ideario neoliberal que con matices ha estado presente en el escenario económico y social del continente. La estrategia de consolidar un equilibrio macroeconómico a cualquier costo, de liberalizar el comercio con su consiguiente efecto en las pequeñas y medianas empresas imposibilitadas de competir en los mercados globalizados y la privatización de empresas del Estado con la consecuente reducción del aparato público, ha tenido efectos negativos indesmentibles.

El Informe de Latinobarómetro del año 2010 señala lo siguiente: “Sin embargo, en el 2009 la CEPAL estima que la tasa de pobreza en la región aumentó a un 34,1% desde un 33% registrado en el 2008 y que la tasa de indigencia subió a 13,7%, frente a un 12,9% en 2008.” El mismo informe establece, que estas cifras si se comparan “con una tasa de pobreza de 44% y una tasa de indigencia de 19,4% en el 2002” que “a pesar de la magnitud de la crisis internacional, el impacto en los indicadores de pobreza en la región, en términos agregados, (ha sido) menor que en crisis anteriores”.[1]

En otros términos, hacia 1990 había 200 millones de personas que vivían bajo la línea de pobreza en América Latina. Al 2002, cuando las democracias estaban completamente asentadas, esta cifra había aumentado a 221 millones de personas; es decir, un 44% de la población total latinoamericana. Si actualizamos estos datos, según el informe más reciente del mismo organismo, a 2008 existían 180 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza; es decir, un 33% de la población de la región.[2]

Estos datos son elocuentes. Muestran que el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre fijado en los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas para el año 2015, constituirá una meta extremadamente difícil de cumplir en muchos países del continente. No debe olvidarse que tales objetivos se fijaron para la zona latinoamericana bajo el supuesto que el crecimiento del PIB sería de un 6% promedio a fines de presente quinquenio.

Cuando se afirma que la pobreza se encuentra radicada en una proporción mayor en las grandes ciudades, donde la urbanización se encuentra consolidada, no es algo nuevo. Lo singular es que ella se instaló en los nuevos asentamientos, en ciudades periféricas, nacidas al amparo del incontenible proceso de migraciones que vive la región. Es una pobreza más disimulada, menos evidente que la vivida en el continente en la época del desarrollo del capitalismo “hacia adentro”. Es más hipócrita y sobre ella los gobiernos pueden operar sea con políticas asistencialistas de carácter populista, sea con la compra de conciencia de los líderes que surgen en las “barriadas” donde se radica. Son espacios donde se manifiesta la pobreza material con toda su secuela de desnutrición, abandono y prostitución infantil así como el despliegue sin control de la delincuencia amparada en el tráfico de drogas.

Este fenómeno se manifiesta de distintas manera según el nivel de desarrollo del país o de la región que se trate. El norte de México – sometido a la lógica que impone la cercanía con los Estados Unidos y las bandas de narcotraficantes que sostienen una verdadera guerra entre ellas y contra el Estado - es muy diferente a los sectores urbanos del entorno del Gran Buenos Aires donde se evidencia con mayor crudeza el aumento de la pobreza de sectores medios argentinos, luego del crisis del 2001, y la fuerte migración provenientes de países cercanos que tienden a radicarse preferencialmente en la capital bonaerense. [3]

Los cambios políticos recientes, orientados fundamentalmente por fuerzas de izquierda y de centro- izquierda que gobiernan la mayoría de los países del área, – donde el Estado se ha constituido en un actor socioeconómico más relevante que aquel establecido bajo las normas del consenso de Washington– han tendido, con medidas y ritmos diferentes, a disminuir y/o a paliar la existencia de la pobreza en sus distintas manifestaciones. Medidas inclusivas como el aumento de las matrículas de educación básica, la política de Hambre Cero implementada con éxito en Brasil, iniciativas en salud pública llevadas a cabo en Venezuela, o el programa “Chile solidario” de la Presidenta Bachelet en Chile, son indicativas de una tendencia a revertir este proceso.

El tema de la “seguridad ciudadana” se ha constituido en uno de los más relevantes en toda la región. Aparece por doquier sea levantado con finalidades políticas coyunturales, sea porque organismos de alta credibilidad lo señalan, el problema tiende a establecerse en la agenda pública de manera persistente. La delincuencia entendida como una de las manifestaciones más expresivas de este fenómeno, medido según “percepción” ha variado negativamente en toda el área. Según Latinobarómetro “Desde el año 2004 aumenta sin interrupción la percepción de la delincuencia como problema principal de la región, pasando de un 9% a un 27% en el 2010, el punto más alto que ha tenido desde que empezáramos a medir.”[4]

Es más, según este mismo informe, el número de países donde la percepción de la delincuencia se ha constituido en el más importante para la opinión pública aumento de 7 en el año 2009 a 10 en el año 2010, disminuyendo paralelamente el número de países donde el principal problema es el desempleo. En efecto, mientras 6 de ellos sostenían que ese era su principal problema el año 2009 al año siguiente sólo 3 países lo mantenían en primera línea de sus problemas. En Brasil, la mayor inquietud social sigue siendo para la población la salud. En otros tres son genéricamente “los problemas económicos”.[5]

Asociado con el tema de la delincuencia, en los últimos años un número considerable de países del continente han visto instalado el problema del narcotráfico y de la violencia asociada a la misma. A pesar de los convenios internacionales que buscan frenar el tráfico de estupefacientes y de las medidas policiales llevadas a cabo, todo indica, que la tendencia al aumento del consumo interno – observado especialmente en los Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos – seguirá constituyendo un factor asociado íntimamente a la violencia delictiva. El fracaso de ciertas políticas de lucha frontal contra este flagelo ha llevado a importantes personalidades – como César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, entre otros – a plantear la necesidad de legalizar la venta y el consumo de drogas blandas como la marihuana. Sin embargo, tal iniciativa no es compartida ni por organismos internacionales ni por gobierno regional alguno del continente. Distinta es la situación que se plantea respecto al cultivo de la hoja de coca. De ella viven un número considerable de campesinos colombianos, peruanos y bolivianos, a los cuales se pretende modificar su cultura agrícola emprendiendo cultivos alternativos. Esta alternativa no ha sido todo lo exitosa que se esperaba entre los actores hacia los que se orientado, salvo entre pequeñas comunidades con escasa incidencia en la producción total.

Lucía Dammert agrega otro ingrediente asociado al tema señalando que “ todo esto, en un contexto marcado por instituciones aun débiles, que muchas veces se ven infiltradas por el poder corruptor de los carteles vinculados con el tráfico de drogas antes la incapacidad de enfrentar su poderío tecnológico y económico e incluso su capacidad de fuego”[6] Sólo el año 2008 al inicio de la guerra iniciada contra los carteles mexicanos por el Presidente Calderón se estima que produjeron alrededor de 5 mil narcoejecuciones y que a la fecha se calcula ha llegado a la escalofriante cifra de 35 mil.

El desempleo sigue constituyendo un factor de malestar social en los países del área. Su intensidad depende de las políticas que cada país implemente en el ámbito económico-social para enfrentar los vaivenes del mundo financiero internacional. Según los datos de la CEPAL, a pesar que el PIB regional ha aumentando de manera significativa en los últimos años, es evidente que no necesariamente ello ha implicado la disminución del desempleo tanto en el sector público como privado. Las cifras indican que en los sectores informales estas tienden a mantenerse e incluso aumentar. Sólo en el sector terciario se muestra un mayor dinamismo en la absorción de mano de obra, aun cuando éste no logra debilitar dos rasgos preocupantes Por un lado, el desempleo es crecientemente femenino y, por otro, tiende a afectar significativamente a los sectores más jóvenes de la población, tanto a los que buscan empleo por primera vez como aquellos que lo han hecho con anterioridad.

El desempleo sin embargo requiere ser analizado cuidadosamente. Según cifras de CEPAL mientras el desempleo tuvo una disminución significativa durante el quinquenio virtuoso (2003-2007) – periodo de estabilidad económica que no se había observado durante mucho tiempo- el aumento de la misma no tuvo el mismo impacto que tuviera durante la llamada crisis asiática. En efecto, el desempleo tuvo un incremento promedio del 7.5% el año 2008 al 8.3% a fines del año 2009, luego de la crisis generada a partir de finales del 2007 con la caída del grupo Lehman Brother de fuerte impacto en toda la economía mundial especialmente la de los países más desarrollados. Para el año 2010 el promedio de desempleo tendió a bajar aunque no significativamente. Por cierto que, como todo promedio, este puede ser engañoso si se observa la realidad de cada país.

A propósito del modo como este incide el campo laboral, el estudio realizado por CEPAL en conjunto con Latinobarómetro titulado “América Latina frente al espejo” abre interesantes perspectivas de análisis. Su metodología permite conocer con grado mayor de certeza la percepción, los sentimientos, los miedos o temores que de sus problemas tienen las poblaciones del continente. Para ello, el mencionado estudio cruza variables objetivas de carácter económico social y percepciones subjetivas. En relación al tema del desempleo que nos preocupa plantea que las percepciones de la economía varían de modo significativo, según el tipo ocupacional que se trate. Por ello los “altos ejecutivos y los profesionales independientes, así como los ejecutivos de mando medio, suelen manifestar un mayor optimismo económico y muy poco malestar. Esto último significa que son menos sensibles a la inflación y al desempleo. Por otro lado, los agricultores y los pescadores así como los trabajadores por cuenta propia y los empleados en el sector informal son menos optimistas y expresan un mayor grado de malestar. Es factible que la inflación y el desempleo tengan un mayor impacto en estos estratos, según estos indicadores subjetivos”.[7]

Un dato interesante ha sido la evolución del crecimiento económico de la región. Hasta el año 2008 con el 4,9% se completaron cinco años consecutivos de crecimiento positivo. Sin embargo, no todos crecieron por igual. América del Sur creció a razón de una tasa del 5,5%; Centroamérica un 4.1%; el Caribe 2.3% y México creció un 1.3%. Sólo el año 2009 esta tendencia se revirtió debido a la crisis económica mundial. Ese año la región creció un 1.9%.del PIB y debido a las medidas contra-cíclicas la tendencia el año 2010 permitió un crecimiento cercano al 5,2% Para el presente año, debido a la incertidumbre económica internacional, CEPAL provee un crecimiento cercano al 4.1%.

Estas cifras ponen a la región con un grado alto de dinamismo económico, solo superado por Asia. Ello explica la razón por la que a pesar de la crisis financiera mundial que se arrastra por varios años y la incertidumbre que se observa en los mercados globalizados, la región recibió el año 2008 la cantidad de 128.301 millones de dólares de inversión extranjera directa superando en un 13% la cifra record observada en el 2007. El comportamiento de la IED no fue homogéneo en la región. Mientras en América del Sur esta aumentó en un 24%, debido a la inversión en recursos naturales (petróleo, minería etc) -cuyos mercados se encuentran bajo una fuerte demanda por parte China- en la cuenca de México y el Caribe esta sufrió una disminución del 5%

Tras todas estas cifras, algunas de ellas alentadoras, (si se les mira con cierta benevolencia y sin voluntad transformadora), no ocultan el hecho que América Latina y el Caribe sigue siendo la región del mundo más desigual del planeta. Es la región que tiene la peor distribución de la riqueza comparada con otras regiones del mundo (Comparación del Índice GINI). En el documento de CEPAL ya citado se lee: “Defender hoy el valor de la igualdad es recrearlo a la luz del aprendizaje histórico y de las actuales condiciones de ser en el mundo, vale decir, de vivir la globalización en todos sus ámbitos. El valor de la igualdad junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad”.[8]

Los esfuerzos realizados por diversos gobiernos para disminuir las desigualdades han tenido resultados diversos. Condicionados por la crisis financiera mundial, especialmente agudizada por la burbuja inmobiliaria que cuyos efectos aún vive la economía norteamericana, por la grave situación por la que atraviesan algunas economías europeas como Grecia, Irlanda y España, las contracciones en el gasto social, en definitiva, por la crisis del modelo de desarrollo implementado hasta ahora, no resulta fácil esperar logros espectaculares de las políticas implementadas. El diferencial de ingresos entre las personas de mayor calificación con aquellos que no la tienen, se expande de manera creciente, la acentuación de las tendencias a la concentración de la riqueza y la escasa movilidad social de algunas formaciones económica-sociales, ponen obstáculos que se acentúan cuando se observan débiles voluntades políticas para enfrentarlas.

Las desigualdades no sólo se evidencian en términos de los ingresos percibidos por los grupos familiares o por los escasos resultados de las políticas de ingresos mínimos que se han implementados en las últimas décadas en diversos países de la región, sino que ella abarca otras dimensiones, que estudios como los mencionados, han logrado distinguir rigurosamente. Desde luego la desigualdad territorial, la falta de políticas descentralizadoras de los aparatos públicos, la desigual distribución de la productividad de los factores, el acceso desigual a las nuevas tecnologías, a la energía – bien crecientemente escaso – agravan aún más el panorama de la desigualdades que afligen en grados diversos a todo el continente.

Dentro de las manifestaciones preocupante que se observan en la sociedad latinoamericana, resabio propio de un neoliberalismo extendido y aceptado por gran parte de los países de América Latina y el Caribe, es el aumento de mecanismos marcados por el individualismo para enfrentar los problemas que afectan a vastos sectores de su población. Con escasas excepciones, como lo son Brasil, Argentina y Uruguay, las formulas comunitarias de lucha reivindicativa no cuentan con sindicatos fortalecidos en el área del trabajo, con organizaciones estudiantiles capaces de romper las inequidades que se observan en el sistema educativo en todos sus niveles, ni con organizaciones campesinas capaces de enfrentar el deterioro de las relaciones de intercambio de sus productos orientados sea a los mercados internos o a los externos. Con las excepciones anotadas se trata de sectores que han sido afectados por los cambios en la actividad productiva, por las reorientaciones impuestas por “la mano invisible del mercado”, por una cultura de extremado individualismo, por el deterioro de la educación pública en donde la capacidad asociativa y las movilizaciones sociales empiezan a expresarse por caminos distintos a los conocidos tradicionalmente.

En este dinámico proceso de trasformación de las estructuras sociales, la aparición de “nuevas clases medias” constituye uno de los fenómenos sociales más relevantes. No se trata de un cambio estructural donde estas asumen un rol conductor y determinantes del modo en que se desenvuelve la sociedad política, sino más bien de una rol de creciente influencia en varios hechos que han estado presentes en la vida política del continente. Desde luego es obvio constatar que a pesar de las dificultades para cuantificarlas, bajo el influjo del crecimiento económico de la región ellas se han incrementado notoriamente. Tienden a transformarse en actores políticos determinantes en procesos y hechos diversos, como los ocurridos en Argentina, Ecuador, en Venezuela al principio del gobierno de Chávez y muy recientemente en el triunfo electoral de Ollanta Humala en el Perú que habría recibido un fuerte apoyo de las “capas medias de provincia” según los primeros análisis. En Brasil, entre el 2004 y el 2007 “a consecuencia de la expansión económica y de la políticas públicas, la clase C paso de un 39.85% al 47.6%”, fuertemente inclinadas al apoyo político del PT de Lula.[9]

El rol estabilizador de los sistemas políticos que jugaran en el pasado debido a un cierto compromiso histórico con la democracia, quedó en entredicho a propósito del papel que jugaron durante las dictaduras militares del cono sur de América Latina. Sin embargo en el proceso de reencuentro democrático vivido por la mayoría de los países de la región es claro que ellas, y muy especialmente las llamadas “clases medias bajas” – provenientes de las política redistributivas y de las ampliación de las coberturas educacionales - han logrado variar su papel de clase oscilante y dependiente a clases con mayor conciencia de su poder político e influencia.

Por cierto ellas están lejos de ser homogéneas. Mientras estas nuevas clases medias se encuentran básicamente en los sectores dinámicos de la economía, los sectores medios tradicionales, están ligados a las actividades menos favorecidas por el modelos exportador. Es lo observado en países del Caribe, Centroamérica y especialmente México, país donde el TLC han generado una fuerte contracción de sus economía agraria debido los subsidios que EEUU destina para proteger sus productores agrícolas en perjuicio directo de los pequeños productores que no poseen las ayudas necesarias que les permita llegar a otros mercados.

Desde el punto de vista político, lo que sigue distinguiendo a las llamadas clases medias de las clases populares es la tendencia a poseer “proyectos de futuro” que trascienden la mera supervivencia y el consumo inmediato.[10] Su aspiraciones de “ascenso social” son un rasgo determinante de sus conductas. Se hayan lejos de los modos de vida de las oligarquías, pero como en toda sociedad de consumo, ellas tienden a imitar sus patrones y a incorporarse masivamente a un mercado dominado por los sectores de más altos ingresos. El efecto inmediato de este fenómeno es el alto endeudamiento privado que se observa entre estos sectores sociales. En países de crecimiento acelerado como Colombia, Perú, Uruguay, Chile, éste fenómeno adquiere dimensiones preocupantes.

Tal como lo señalara al inicio, América Latina y el Caribe vive un contradictorio ciclo de su historia social y económica.. El aumento del PIB no oculta ni la pobreza en sus distintas manifestaciones ni el desempleo estructural que afecta a las grandes masas de trabajadores ni los desiguales accesos a los derechos sociales. Se trata de un continente en expansión en rubros importantes relacionados con el desarrollo, que aspira legítimamente dado su potencial en riquezas naturales y al mejoramiento de las capacidades y formación técnico-profesional de amplias capas de trabajadores – lo que los economistas neoliberales denominan” capital humano”,- a asumir tareas y responsabilidades importantes a nivel mundial. En esa perspectiva resulta obvio que esta parte del mundo se sienta representado en las más altas instancias de los organismos políticos y financieros del mundo. Esta pretensión justa no es escucha aun por los las grandes potencias que viven atrincherados en los efectos de la segunda Guerra Mundial y la “Guerra Fría”.- El Consejo de Seguridad de la ONU no logrará la efectividad y legitimidad que sus resoluciones requieren mientras no incorpore como miembro permanente a algún país latinoamericano o del Caribe. Brasil, México o Argentina, por nombrar algunos de los países “grandes,” tienen el respaldo necesario para hablar a nombre este continente en esa instancia superior. Para que ocurra depende que ese “club” de potencias con derecho al sagrado veto, se dispongan seriamente, especialmente Estados Unidos, a modificar y actualizar tanto sus funciones y atribuciones así como su composición a fin que definitivamente refleje sin exclusión ni discriminación de ninguna naturaleza, los intereses de toda la humanidad.

Lo mismo se puede decir en relación a los organismos financieros como el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional (FMI) En medio del escándalo protagonizado por su ex Presidente, se tiende a imponer la política en este último organismo según la cual éste sólo puede ser encabezado por un europeo, cuestión absolutamente absurda en los momento en que existen un clamor universal de críticas al fracasado papel que ambos organismos han jugado a propósito de la crisis que se observa en el mundo financiero.

Este nuevo ciclo caracterizado en lo esencial por la desaparición de las dictaduras militares, la restauración de regímenes democráticos, por un cierto consenso por otorgarle gobernabilidad a los sistemas políticos, y una demanda creciente de mayor participación en los asuntos que conciernen a los todos los ciudadanos, constituyen en los hechos un estadio que exige mirarlo con nuevos primas y conceptos en los que la política tiene un responsabilidad principal.

Por cierto lo anterior tiene sus efectos concretos en la vida política del continente. Desde hace varias décadas ella se ha inclinado a la izquierda en prácticamente todos sus rincones. Chile, Panamá, Colombia y el precario gobierno de México, entre otros, son una excepción en un cuadro donde las derechas con sus distintos matices no están en condiciones de resolver las contradicciones del modelo de acumulación. En países como Argentina y Chile, esos sectores aun poseen lazos indisolubles con las experiencias dictatoriales de la cual formaron parte. Las izquierdas políticas, con matices y diferencias propias del modo como ellas se han constituido en las diversas formaciones económico-sociales, son las llamadas a resolver los diversos caminos que permiten generar condiciones destinadas a superar las dificultades propias de un desarrollo centrado en el estado mínimo y el mercado entendido como único asignador de recursos.

El desafío que poseen estas fuerzas, por tanto, es trascendental. Ellas están llamadas a hacer de este ciclo histórico un momento de superación y trasformación. Las condiciones del desarrollo democrático con todas sus imperfecciones y carencias, es una gran oportunidad que puede frustrarse como ha ocurrido en otros momentos de la vida política continental. Los militares, permanentes agentes de las fuerzas conservadoras en la mayoría de los países de América Latina se encuentran en sus espacios institucionales en casi todo ellos. En otros, como Venezuela, Nicaragua y recientemente en Perú con la elección de un ex oficial del ejército de ese país, se comprometen con experiencias progresistas.

Por ello son preocupantes las divisiones y desencuentros existentes entre las fuerzas de izquierdas. México y Chile dan cuenta de este hecho de manera más evidente. Las organizaciones políticas regionales en los que participan desde partidos de la izquierda tradicional hasta aquellos surgidos al calor de procesos sociales y políticos recientes, no logran aún concordar caminos – sino únicos a lo menos similares – para enfrentar el deterioro de un modelo de desarrollo que ha hecho crisis. Crisis que asume el carácter de global a partir de la situación que sufren varias economías europeas y Estados Unidos, entre otros, y que salvo cambios que no se avizoran, tenderá a afectar indefectiblemente a los países del subcontinente. Independientemente que existan economías que están en mejores condiciones que otras, como Brasil, Uruguay o Colombia, para enfrentar los desajustes del sistema monetario internacional o la crisis del mundo financiero, los datos indican que el conjunto de América Latina y el Caribe puede verse seriamente afectado por una situación que sabemos cómo empezó (el caso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos es elocuente) pero que no sabemos cómo terminará.

Los órganos de integración de América Latina y el Caribe no avanzan con la rapidez necesaria para evitar la fragmentación y hacer frente al preocupante panorama económico mundial. El ALBA y MERCOSUR son iniciativas extraordinariamente prometedoras. Han sido una respuesta contundente a las pretensiones del ALCA. Poseen potencialmente la capacidad de levantar alternativas viables y sustentables a aquellos aspectos negativos de la globalización sin reglas legitimadas por toda la comunidad mundial. Lamentablemente las contradicciones observadas particularmente en el MERCOSUR, el diferencial de desarrollo entre sus países miembros y la tendencia de Brasil de privilegiar el BRIC son dificultades que le hacen perder el empuje que le dio vida. El agudo diferendo vivido entre Argentina y Uruguay debido a la decisión de éste último de autorizar la construcción de una empresa de celulosa altamente contaminante a las orillas del Rio de la Plata es una lamentable señal de las dificultades que tiene este esfuerzo integrador. La reciente reunión entre autoridades económicas de Brasil y Argentina para resolver el tema de aranceles que afectan a productos industriales concluyó sin resultado alguno.

Todo indica que ante la fuerte demanda de establecer modelos de desarrollo que provean estabilidad, empleo seguro y de calidad y mayor seguridad, requiere de compromisos políticos mayores a los observados hasta ahora. Es condición básica para conferirle nuevamente al esfuerzo integrador un salto cualitativo de magnitud. En tal sentido la decisión de establecer UNASUR como ente político que vele por el desarrollo democrático de los países de área, es un paso positivo.

Por otro lado, los partidos de izquierda y centro-izquierda en el gobierno se ven enfrentados a situaciones novedosas o inéditas. La lucha por un crecimiento económico que implique equidad, integración, inclusión y mayor participación social, exigen un esfuerzo adicional de todas estas fuerzas. En todo caso, “la estabilidad macroeconómica y monetaria, parece haberse incorporado al sentido común y a las políticas de los gobiernos latinoamericanos, aún en los que más criticaron el neoliberalismo de los 90” según el politólogo chileno Paulo Hidalgo.

La capacidad de interpretar adecuadamente las demandas sociales de vastos sectores a los cuales el modelo de desarrollo tiende a marginar, requiere innovar ciertas prácticas políticas que ante los cambios operados en la sociedad se perciben como obsoletas. La tendencia observada en las nuevas generaciones de privilegiar movimientos sociales u organizaciones nacidas en el seno de la sociedad civil es un reto para el sistema de partidos políticos. La experiencia está indicando que dichas organizaciones tienden a interpretar de mejor manera sus demandas más inmediatas. El uso de medios tecnológicos destinados a construir extensas redes sociales – a partir del uso masivo de facebook, twitter, etc. – están logrando una convocatoria ciudadana que los partidos políticos tradicionales no son capaces aun de asimilar.

Instituciones democráticas como los partidos políticos, el Congreso y el poder judicial cuentan con un bajo prestigio. Por ejemplo, en 1996 los partidos contaban con un 20% de confianza; en 2001 con un 19% y en 2010 con un 23%. Por su parte, el Congreso, en los mismos años, computaba un 27% de confianza, luego un 24% y un alza relativa en 2010 con un 34%. Y el poder judicial en 1996 aparecía con un 33% de confianza, para 2001 con un 27% y en 2010 con un 32%. Finalmente, cuando se considera la afirmación, “las decisiones del gobierno buscaban privilegiar a algunos pocos”, a 2002 un 78% de latinoamericanos así lo creía, modificándose esta tendencia a un 60% en 2010. [11]

Este fenómeno obliga a estas fuerzas políticas asumir con mayor compromiso los nuevos temas que surgen en sociedades en desarrollo como las latinoamericanas. Desde luego, la lucha por terminar con el capitalismo depredador del medio ambiente y por enfrentar el cambio climático y sus alarmantes consecuencias, son algunos de ellos Igualmente, la lucha de los pueblos Aymaras por detener la instalación de faenas mineras en la zona de Puno, Perú; o la de millares de chilenos, especialmente jóvenes, por impedir la destrucción de la Patagonia .chilena por parte de poderosas empresas generadoras de energía; o la de los pueblos aborígenes del Brasil para detener la destrucción de las riquezas forestales de la Amazonía, son expresión de los nuevas demandas que obligan a cambiar el modo de hacer y entender la política en los inicios del presente siglo.

 

Ricardo Núñez M.

Profesor de la Universidad de Chile

Ex-Senador de la República de Chile

Presidente del Instituto Igualdad

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[1] Informe 2010 de Latinobarómetro Páginas 5-6.- Ver también “La hora de la Igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” CEPAL, Brasilia 30 de mayo-1de junio del 2010 Páginas 19-20

[2] CEPAL ; 2009, 9

[3] Ver Alberto Minujin y Gabriel Kessler: “La nueva pobreza en Argentina” Planeta Bs As 1995

[4] Informe Latinobarómetro 2010 Página 12

[5] Op. Cit.. Pág. 16

[6] L. Dammert “Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja” Nueva Sociedad N° 222 Pág. 112

[7] “América Latina frente al espejo” Página 74

[8] “La hora de la Igualdad…” Página 42

[9] M.H. Tavares de Almeida y E. Núñez de Oliveira “ Nueva capas madias y políticas en Brasil

[10] Ludolfo Paramio “Economía y política de las clases medias en América Latina” Revista. Nueva Sociedad N° 229

[11] Latinobarómetro: 2010

 

 

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