Autor: Jesús López-Medel
Relato de las circunstancias de las elecciones presidenciales nicaragüenses celebradas en noviembre de 2011, así como un breve repaso de la historia política del país desde la caída del gobierno del dictador Somoza.
El 10 de enero tomaba posesión Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua. Había sido reelegido por cinco años más en los comicios celebrados el 6 de noviembre. Más que unas elecciones entre diversos candidatos, el proceso se había convertido en un plebiscito sobre el personaje.
Ortega ya ocupó un lugar muy preeminente en el que fue la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió las funciones de gobierno revolucionario tras la entrada de Frente Sandinista de Liberación Nacional en Managua el 19 de julio de 1979. Concluía entonces una larga dictadura de la dinastía somocista en cuya implantación y sostenimiento el intervencionismo norteamericano fue muy evidente. La lucha contra la oligarquía y el sistema corrupto y represivo, llevó a que bajo la bandera del Frente concurrieran muy diversas sensibilidades, desde la izquierda marxista radical a grupos liberales democráticos. La forma de ejercer el poder en esa primera etapa por los hermanos Ortega, Daniel al frente del poder civil y Humberto del militar, haría que este último sector se fuera alejando de un ejercicio muy personal de poder y que cada vez iba convirtiendo en historia muy pretérita los principios y valores de lo que se consideró una revolución. Fue significativo el mensaje enviado por el icono de la izquierda europea Olof Palme tras su visita a Nicaragua en 1983 en el después de estar tres días en el país centroamericano les trasmitiría a los Muchachos del Frente: “Cuídense, se están alejando del pueblo”.
El 4 de noviembre de 1984 se celebrarían elecciones que ganaría el FSLN con un 63% de los votos. Casi al tiempo, Ronald Reagan sería reelegido y seguiría impulsando no solo los movimientos contrarrevolucionarios paramilitares sino también todo tipo de boicot a aquel pequeño país ahogado entre la pobreza y la ruina. Solo se salvaba una mística que cada vez iba sembrando de más decepciones. Con gran realismo y emoción, quien fue desde el 10 de enero su Vicepresidente, relata brillantemente esa etapa (y la previa) en su libro “Adiós muchachos”.
Esa forma de ejercer el poder llevaría a Daniel Ortega a la derrota frente a otra opositora antaño del somocismo, Violeta Chamorro, y cuyo marido, director de La Prensa, era un mártir asesinado por la dictadura. En ese tiempo, otros insignes miembros del FSLN fueron abandonando el proyecto personalísimo de Ortega y empezaron a expresar sus divergencias respecto este. Pero Ortega, se mantuvo inamovible al frente de este movimiento político y a pesar de las diversas derrotas electorales en las cuales el candidato era él, no soltaría en ningún momento las riendas del control de lo que fueron en tiempos pasados las fuerzas revolucionarias. En 1996 y en 2001 volvería a ser derrotado en las urnas por Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, respectivamente, ambos del Partido Liberal Constitucionalista.
Su persistencia lograría su fruto con ocasión de las elecciones de 2006. Dieciséis años después de abandonar el poder, tras sucesivos fracasos, postulándose como candidato por quinta vez consecutiva, volvería a asumir el mando del país. Entonces quiso aparecer con un perfil muy moderado y con piel de cordero, buscando apoyos en sectores alejados de ideas izquierdistas. Entre estos elementos encontraría especial apoyo y bendiciones del Cardenal Obando, figura relevante en el país y cuyo derechismo parecía ser incompatible con el, en otro tiempo, revolucionario dirigente. Es muy expresiva la introducción -“La sombra del caudillo”- que a su nueva edición de 2007 daría Sergio Ramírez al libro citado, cuando apenas llevaba unos meses Ortega en su regreso a la Presidencia.
En efecto, poco después de ser elegido volvería a mostrar su verdadero rostro totalizador de todo proyecto no controlado por él y su reducidísimo grupo en el cual, su esposa, como otras primeras damas del continente, ha jugado un papel fundamental.
Iniciativa de ella fueron, entre otras cosas, la creación de los Consejos de Poder Ciudadano, organizaciones para la movilización y control político de los barrios. Al tiempo, ensanchó sus bases de apoyo incluyendo no solo a sectores humildes sino también especialmente a jóvenes cuya imagen sobre la revolución frente a Somoza se había quedado como una foto fija a modo de icono y no conocieron el desencanto de su época de gobierno. A sus buenas relaciones con la Iglesia Católica, a la que complacía con criterios sumamente reaccionarios en temas como el aborto, supo extender con gran astucia sus buenas relaciones con sectores de empresarios.
Durante su gobierno, tras su regreso, había aprendido a que el poder hay que ejercerlo de tal manera que no se le pudiese escapar. Ni ante obstáculos legales repararía. A pesar de que la Constitución era clara en orden a no permitir una reelección, tal y como sucede en otros países de latinoamericanos, no tuvo reparo en presionar sin límite a un Tribunal Constitucional a dictar una sentencia más que discutible que le permitiera concurrir de nuevo a las elecciones pese a la claridad del artículo 147 de la Constitución. Para ello, conseguiría el apoyo de los magistrados promovidos por el otrora presidente Arnoldo Alemán, con el cual lograría un acuerdo en el que además de lo expuesto, éste concurriría a los comicios de noviembre de 2010 rompiendo la unidad de las fuerzas opositoras a Ortega y facilitando, así, su reelección. A cambio de estos favores, Alemán se vería beneficiado por un tratamiento más que benevolente en diversos procesos judiciales en los que estaba inmerso por delitos de corrupción.
Las elecciones del 6 de noviembre se celebrarían bajo el control y movilización de los sectores y grupos sociales de Ortega y los resultados le darían un respaldo aún mayor que los que anunciaban las encuestas. No solo no sería necesaria una segunda vuelta sino que la obtención de un 62% de votos, revalidaría el caudillismo de Ortega.
Una vez más, un elemento influyente en unas elecciones venía desde fuera. El gran apoyo económico de Chávez fue más que relevante. Durante los años anteriores, la Nicaragua de Ortega vino recibiendo 500 millones anuales (un 7% del PIB) que permitió desarrollar diversos programas sociales que fueron muy importantes para desarrollar una línea sumamente populista aunque no supusieran un descenso del nivel de pobreza del país.
Sería después de la toma de posesión cuando, este 23 de enero la Organización de Estados Americanos haría público su informe final de la Misión de Observación Electoral que en ese caso sustituiría su nombre por la de “Acompañamiento”, por exigencia de las autoridades nicaragüenses nada animosas a recibir observadores o veedores.
Junto a esta organización, también concurrió una misión de la Unión Europea que se manifestó, desde su llegada, crítica con algunas de las deficiencias que estaban sucediendo en la campaña electoral haciendo una valoración negativa de diversos aspectos y acontecimientos.
Más moderada fue la misión de la OEA en sus primeros pronunciamientos si bien la rotundidez de los hechos haría que en ese informe final fuese ciertamente crítico aunque con un sentido constructivo haciendo una serie de propuestas para mejorar en el futuro el sistema electoral nicaragüense, desde la idea de que uno de los propósitos de la Misión es la cooperación.
Muy diversas fueron las fallas denunciadas en el informe de la OEA.
Así, en primer lugar la negativa a que organizaciones no gubernamentales pudiesen realizar tareas de Observación Electoral. Era el caso de Hagamos Democracia e IPADE que no resultarían autorizadas para ello y las gestiones de la OEA para ello no resultarían exitosas.
En segundo lugar, el hecho de que no se hubiesen resuelto todavía recursos de amparo presentados por tres sectores del Partido Liberal Constitucionalista, generando una inseguridad jurídica en la toma de posesión de diputados cuya elección estaba recurrida y cuya demora en la resolución de esos conflictos no contribuye a reforzar la confianza en las instituciones electorales.
Una tercera deficiencia observada era relativa al proceso confuso de acreditación de fiscales, cuyas actuaciones partidarias fueron bastante evidentes, sugiriéndose que se promueva una reforma del mecanismo para la acreditación de fiscales mediante una fórmula que cautele una mayor autonomía de los partidos políticos para la acreditación de los mismos.
Otro aspecto relacionado con el anterior es la crítica al sistema de composición de las Juntas Receptoras de Votos. Esta deficiencia del propio sistema electoral supone una vinculación extremada de los miembros de estas Juntas con partidos políticos lo cual no es garantía de imparcialidad sino más bien al contrario. Pero es que, además de ese carácter partidario, también la composición responde a criterios políticos antiguos pues solo se garantiza la presencia, además de la presidencia, en manos del partido ganador en los anteriores comicios, de dos miembros designados por los dos partidos que obtuvieron más escaños. Por ello, además de la politización y el hecho de tener mayoría el partido victorioso en las anteriores elecciones, puede ocurrir que desde entonces la realidad hubiese cambiado, haciendo que el que quedó en segundo lugar hubiese perdido gran parte de su pujanza pero que, no obstante mantiene un representante en la JRV, en detrimento de otros partidos más emergentes, tal y como en este caso sucedió. Se detectó la existencia de una guía de trabajo para los miembros de las JRV que únicamente había sido distribuida para los miembros del partido en el gobierno. En este sentido acertadamente por la OEA se sugiere una reforma de la composición de estas Juntas procurando que estén compuestas por ciudadanos sin consideración a su pertenencia partidaria.
Un quinto aspecto que originó muy numerosas denuncias de los ciudadanos fue el relativo a la actuación seguida sobre entregas de cédulas habilitantes para ejercer el sufragio activo. Todos los partidos opositores calificaron el proceso de cedulación como sesgado, lento y con falta de transparencia. Se priorizaba a simpatizantes políticos específicos no existiendo claridad en la información relativa al estado del trámite. Se llega a afirmar en el informe de la OEA que “La entrega de cédulas es una política discrecional que puede alcanzar la arbitrariedad”. Miles de ciudadanos que habían solicitado sus cédulas con meses de antelación no las obtuvieron mientras que otros las conseguirían en breve tiempo. Ello generó incidentes violentos en diversas municipalidades con ataques a los Centros Electorales Municipales dirigidos por miembros del FSLN.
A lo expuesto, debe unirse lo que la OEA considera incumplimientos de los acuerdos a los que había llegado con las autoridades, surgiendo problemas al denegarse la presencia de un número muy significativo de “acompañantes” en la constitución de las mesas y también, aunque menor, en el momento del recuento. Asimismo, solo se facilitó un acceso puntual al Centro de Computo Nacional cuyo sistema informático es calificado como “obsoleto tecnológicamente”.
Estos son apenas algunos elementos que se produjeron en la jornada electoral y aunque algunos tienen su origen de deficiencias del sistema electoral que data de 1996, ponen de relieve importantes defectos en lo que debe aspirarse a ser considerado como un sistema democrático. Si a estas fallas donde se revela el carácter claramente ventajista se suma el contexto y ambiente político general lleno de controles y totalizador de proyectos e iniciativas sociales, puede concluirse constatando, con tristeza, que la democracia sigue retrocediendo en Nicaragua.
Lo que hace veinte años fue un sueño de construir un país más libre, más justo, más próspero queda muy atrás. Dos países fueron hace veinte años importantes en el apoyo al cambio social que representaba, entonces, el FSLN fueron Costa Rica, base de operaciones de los dirigentes revolucionarios en el exilio, y España como país solidario y vocero en Europa del cambio en Nicaragua. Pues bien, en la toma de posesión el 10 de enero de Daniel Ortega, no asistió Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, país con mayor raigambre democrática en Centroamérica aunque el conflicto entre ambos países sobre el río San Juan influyese. En el caso de España, la presencia en Managua del Príncipe heredero fue recibida con un desplante al no ser saludado por Daniel Ortega contrastando con los efusivos abrazos que dispensaba a los dirigentes bolivarianos.
Esta es la reciente historia en un país bello, que muchos llevamos en el corazón tanto por las tragedias naturales que ha padecido como por el recuerdo de aquella utopía de la cual nada queda.