La Guerra contra las Drogas: un Catálogo de Fracasos

Luis Esteban G. Manrique
En México y Guatemala el narcotráfico es solo una de las muchas actividades a las que se dedican bandas como la de Los Zetas o el cartel de Sinaloa. Sus negocios están hoy tan diversificados que abarcan desde el secuestro a la extorsión, el robo de bancos, automóviles y petróleo y gasolina de refinerías; y el tráfico de armas y personas.
De hecho, el nombre de “cartel del narcotráfico” ya no es suficiente para denominar a Los Zetas: se han convertido en un “complejo paramilitar criminal”, un verdadero poder paralelo. Y ello a pesar de que el gobierno de Felipe Calderón ha duplicado el presupuesto de seguridad pública, hasta los 10.400 millones de dólares anuales. En 2006, en el primer año de su gobierno, la tasa de homicidios del país era de 8 por 100.000 habitantes. El año pasado fueron 22, frente a los 5 de EE UU y los 2 de la Unión Europea.
Algo similar sucede en Afganistán. Según la ONU, los campesinos afganos obtuvieron 1.400 millones de dólares de sus cultivos de opio el año pasado (9% del PIB), un 133% más que en 2010. Un 80% de la producción mundial de heroína proviene de Afganistán. La mayor parte de ese dinero termina en manos de los talibanes.
Las drogas ilegales son hoy, en términos reales, unos 80-90% más baratas que hace 30 años y cuestan la mitad que en los años noventa. Paralelamente, la producción y el consumo han aumentado. Todo ello ilustra el fracaso de la “guerra contra las drogas” lanzada por Richard Nixon hace ya 40 años. Aunque la superpotencia ha invertido en ese esfuerzo casi un billón de dólares de los contribuyentes norteamericanos desde entonces, la ONU estima que entre 1998 y 2008, el número de consumidores de opiáceos aumentó un 34,5%, los de cocaína un 27% y los de cannabis un 8,5%.
Yury Fedotov, director de la agencia de la ONU contra la Droga y el Crimen [1] (UNDOC), señala que el crimen organizado está entre las 20 mayores economías del mundo, con el 3,6% del PIB global. Una gran parte de sus ingresos proviene del narcotráfico. Según un estudio de la UNDOC, un kilo de cocaína pura se vende en los puertos colombianos por unos 2.140 dólares, pero se dispara hasta los 34.700 dólares en la frontera de México con EE UU y hasta los 120.000 en las calles de Nueva York.
Los carteles mexicanos implicados en la distribución de la droga obtiene un 6.000% de beneficios de ese tráfico. En todo el mundo la cocaína mueve unos 85.000 millones de dólares anuales, seis veces los beneficios anteriores a impuestos de Coca-Cola.
Un reciente informe del Congreso de EE UU estima que las drogas ilegales mueven unos 60.000 millones de dólares anuales en su mercado y que el 8,9% de la población adulta las consume, unos 22,6 millones de personas. Un 16% de los estadounidenses ha probado la cocaína, el doble que en Alemania, México, Francia o Colombia. Pese a que el país gasta 40.000 millones de dólares anuales en la lucha contra las drogas, la marihuana es hoy la mayor cosecha de California, valorada en 14.000 millones de dólares.
Tampoco se ha avanzado en los terrenos de la erradicación y la interdicción. Según las Naciones Unidas, Colombia sigue siendo el primer país en cultivos de coca, con al menos 62.000 hectáreas. Aunque la producción de cocaína se redujo en Colombia de 700 a 270 toneladas entre 2001 y 2010, aumentó en Bolivia y el Perú casi en la misma proporción que cayó en su vecino del norte.
En su libro Drugs and drugs policy, Mark Kleiman, Jonathan Caulkins y Angela Hawken calculan que los costes de producción de la cocaína y la heroína en los países productores es un 1% de su precio de venta en cualquier calle de EE UU, donde una onza de cocaína vale alrededor de 3.000 dólares, casi el doble que una onza de oro. Si se pudiera vender legalmente, un kilo de cocaína colombiana de máxima pureza no superaría los 20.000 dólares en ese país.
La criminalización del mercado, al multiplicar exponencialmente el valor de las sustancias prohibidas, genera los beneficios que permiten a los traficantes corromper e intimidar a las autoridades de países enteros y armar los escuadrones de la muerte y los ejércitos privados de bandas como las de Los Zetas.
En México en 2010, en 14 de los 31 Estados del país la posibilidad de que un crimen provoque un proceso judicial y una condena es de menos del 1%, lo que ha generado un círculo vicioso: a medida que la delincuencia aumenta, disminuye la posibilidad de su castigo, lo que, a su vez, aumenta la criminalidad. En Guatemala el presupuesto de seguridad pública es de 420 millones de dólares anuales y el de defensa de 160 millones, mientras que el valor de las drogas que atraviesan el país cada año supera los 50.000 millones de dólares, una cifra similar al PIB.
En solo tres años, las bandas mexicanas de Los Zetas y del cartel de Sinaloa han llegado a controlar el 40% del territorio guatemalteco. El Banco Mundial estima que el crimen y la violencia costaron el año pasado un 8% de su PIB a los países centroamericanos. El problema es cada vez mayor en la región, con niveles de consumo ya cercanos a los europeos, aunque aún son la mitad de los de EE UU.
Pero el problema no es solo de América Latina. En EE UU casi medio millón de personas está en prisión por delitos relacionados con drogas, 10 veces más que en 1980. La población carcelaria del país pasó de 300.000 reclusos en 1980 a los 2,3 millones actuales. La mitad de los presos en cárceles federales están acusados de delitos de narcotráfico.
EE UU tiene 760 presos por 100.000 habitantes, frente a los l63 de Japón, 90 de Alemania, 96 de Francia, 97 de Corea del Sur, 153 de Reino Unido, 208 de México y 242 de Brasil. Con el 5% de la población mundial, ese país tiene el 25% de la población carcelaria. Aunque los afroamericanos son solo el 14% de los consumidores, representan el 37% de las detenciones por drogas y el 56% de los presos.
Una guerra perdida
En los últimos 30 años, Washington ha demostrado que no quiere o no puede frenar su demanda de drogas y el flujo de dinero y armas a las bandas. La administración de Barack Obama ha recortado un 16% las ayudas para la lucha contra el narcotráfico en América Latina en el presupuesto del próximo año fiscal y en un 60% la dirigida a Guatemala.
En 2011 EE UU entregó 180 millones de dólares a México en ayudas militares y asistencia policial, pero solo 16 millones a Guatemala y seis millones a Honduras y El Salvador. En esos tres últimos países actúan 900 maras (bandas juveniles) que tienen más de 70.000 miembros involucrados en el narcotráfico. El anterior presidente de Guatemala, Álvaro Colom, tuvo que despedir a dos jefes de la policía nacional por sospechas de su vinculación con el narcotráfico. Con solo el 8,5% de la población mundial, América Latina y el Caribe son responsables del 27% de los asesinatos que se cometen en el mundo.
La paciencia de los gobiernos de la región con “la guerra contra las drogas” ha llegado a su límite, como lo demostró la decisión de los siete países centroamericanos más México, Colombia y República Dominicana de respaldar la petición del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, de plantear en la última Cumbre de las Américas en Cartagena discutir las “opciones de mercado” (un eufemismo para la legalización) como posibles soluciones al problema.
Según Pérez Molina, los fracasos obedecen a que la “guerra” parte de una premisa falsa: que los mercados globales de la drogas pueden ser erradicados. El problema debería ser tratado, dice, como un problema de salud pública, no de seguridad.
Las soluciones penales tampoco han llevado a ninguna parte. En EE UU una transacción con drogas ilegales por valor de 200 dólares puede conllevar una pena de tres años de cárcel, lo que cuesta a los contribuyentes unos 100.000 dólares en los costes judiciales y de reclusión de los condenados. En 2011, California gastó 9.100 millones de dólares en prisiones frente los 5.700 que gastó en universidades públicas: un estudiante universitario le cuesta a ese Estado unos 8.667 dólares anuales, frente a los 45.000 que gasta en un preso.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha asegurado que su país no puede ni va a tomar ninguna acción unilateral, pero que cree que la región tiene “la autoridad moral” para abrir la discusión, como hizo en Cartagena: “Llevamos ya 100 años de lucha contra la droga y tenemos que indagar alternativas más eficaces y menos costosas si las hay, entre lo que podríamos llamar el modelo asiático, cárcel y hasta pena de muerte para los consumidores, hasta el otro extremo, que sería la legalización de la cadena de producción y distribución”.
Entre las fórmulas intermedias, Santos menciona una despenalización del consumo, e incluso legalizar el tráfico, aunque reconoce que mientras no se llegue a un consenso global, no hay alternativa al combate contra el narcotráfico en todos sus eslabones”. Los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; de México, Ernesto Zedillo; de Colombia, César Gaviria; el ex secretario de Estado de EE UU, George Shultz, el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker; el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, y los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes ya se han pronunciado abiertamente por la primera opción.
Quizás ese desenlace no esté tan lejos como parece. En 2010, un 46% de los californianos votó a favor de la legalización de la marihuana. Hoy las encuestas revelan que el apoyo ha subido hasta superar el 50% en el conjunto del país. Legalizar la marihuana podría quitar un 25% de sus ganancias a los carteles, unos 10.000 millones de dólares.
Pérez Molina ha advertido que si no se logra un consenso, su gobierno estaría dispuesto a legalizar unilateralmente las drogas. Todas las otras opciones están cerradas por ahora: no se espera que ante su déficit fiscal EE UU vaya aumentar los fondos para la guerra y tampoco nada parece indicar que la demanda vaya a caer en un futuro previsible. Peter Hakim, presidente emérito de Inter-American Dialogue, es contundente: “Si Washington decide que no está dispuesto a considerar nuevos enfoques, entonces los latinoamericanos deben continuar por su cuenta. Al fin y al cabo, son sus intereses –y sus vidas– los que están en juego”.
Publicado en Infolatam el 3/05/2012
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