Autor: José Villamil
Se hace un análisis de la segunda vuelta que definirá el Presidente de Colombia para el periodo 2010-2014, tomando como referentes la perspectiva del mercado electoral, la gobernanza y la participación de una inusual alternativa política de centro.
En un hecho sin precedentes en el historial republicano de Colombia, los ciudadanos del país cafetero están mostrando una tendencia hacia una opción política de centro, que confluye en los segmentos partidario, adepto y maleable; la cual pretende fortalecerse con una estrategia que tiene de comodín al fragmento abstencionista, el mas importante y numeroso del mercado electoral colombiano.
El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, candidato del Partido Verde, ha obtenido el pase a la fase definitoria para elegir Presidente de la Republica de Colombia, tras obtener la segunda mayor votación en la primera vuelta presidencial, lo cual le permitirá enfrentarse al oficialista Juan Manuel Santos, en los comicios del 20 de junio.
El régimen constitucional y electoral colombiano prevé la elección de Presidente de la Republica en dos momentos. Una primera vuelta establecida con el soporte del sistema electoral de mayoría absoluta donde para obtener la presidencia se requiere que uno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos. Si ello no ocurre, como efectivamente aconteció, pasan a una segunda vuelta, en donde acceden solamente los dos candidatos más votados aplicándose el sistema de mayoría simple.
La estrategia electoral diseñada en principio por el candidato de los Verdes ha causado sensación, por la novedosa táctica de trabajo en Internet y en las redes sociales, significándole a Mockus la sumatoria de al menos 700 mil seguidores en una de sus paginas, lo cual representa el séptimo portal político de Facebook con mas afiliados en el mundo y el de mayor crecimiento semanal. Las redes sociales como un instrumento de la sociedad civil colombiana en el siglo XXI, le han permitido a la ciudadanía expresar su posición política y mostrar la otra cara de Colombia por canales diferentes a los habituales.
El fenómeno de Mockus no solo causa sensación en Colombia. Los científicos sociales más importantes del mundo encabezados por Jurgen Habermas y Jon Elster, firmaron una carta apoyando su candidatura, reconociéndole de paso sus logros de operacionalización de fundamentos teóricos a un caso práctico, recordando su gestión como Alcalde de Bogotá y los cambios que logró conseguir en esa urbe. A ello, se ha sumado la candidata a la presidencia del también partido verde brasileño, Marina Silva, que se atrevió a invitar a Mockus a la creación de un movimiento alternativo para contrarrestar los movimientos populistas de segunda generación que pululan en la región, iniciativa que tendría como eje principal la sustentabilidad, el respeto a la democracia y a los derechos humanos, y una visión moderna de la sociedad.
El próximo presidente de Colombia le tocará enfrentar la tasa de desempleo mas galopante de la región, inseguridad y criminalidad desbordada en las ciudades, el creciente panorama de desplazamiento interno y de refugiados urbanos que le coloca como el segundo mas alto del mundo; la mitad de la población en estado de pobreza y el 17 % en indigencia y un creciente déficit de niveles de gobernanza y gobernabilidad de la sociedad en su conjunto por la polarización progresiva entre sus principales actores estratégicos.
1. El Mercado Electoral Colombiano.
Para desarrollar esta visión de marketing es menesteroso explicar que el mercado electoral colombiano está dividido en cuatro segmentos: el partidario, el adepto, el maleable y el abstencionista.
El segmento partidario o simpatizante está integrado por aquellos ciudadanos a los cuales las ideas de determinado candidato se acomodan a sus necesidades y aspiraciones. Es decir que las propuestas planteadas por el aspirante son las adecuadas para dicho grupo y en esa medida es más permeable a los programas del candidato. Por ejemplo para un partido o candidato de izquierda como el Polo Democrático Alternativo la clase obrera puede ser su segmento fiel. El partido de la U, representado en la contienda electoral por el exministro Juan Manuel Santos, encuentra su segmento partidario en los ciudadanos que se sienten atraídos por los pensamientos de tendencia Uribista, posición política devenida en los dos periodos consecutivos de gobierno del Presidente Álvaro Uribe. El candidato del partido verde, agrupación política de centro, trata de aglutinar en su segmento fiel a los estudiantes, clases medias y altas, y en general ciudadanos políticamente informados que se mueven en el ecosistema mediático con pronunciada facilidad en el Internet y las redes sociales.
El segmento adepto es aquel grupo constituido por aquellos ciudadanos que siguen a un liderazgo barrial, empresarial, familiar y de opinión, siendo susceptibles de recibir una influencia proveniente de la cercanía con su hábitat, del entorno familiar, de un grupo de interés al que pertenecen y en general de agentes encargados de reclutar potenciales votantes a favor de un candidato o partido político.
El segmento maleable es el integrado por personas que cambian de parecer de un momento a otro en relación con las expectativas electorales. Este trozo electoral es el epicentro de la volatilidad electoral. Sus integrantes llevan el lastre de la escasa información política y en esa medida pueden ser influenciables rápidamente por el clientelismo electoral.
En estos tres primeros segmentos del mercado electoral tradicionalmente despliegan toda su infraestructura y organización los políticos tradicionales.
Ahora bien, el escaso anclaje del voto unido a la desafección y la volatilidad electoral constituyen el cuello de botella de la credibilidad del sistema político colombiano. En efecto, este es uno de los temas sustanciales de ineludible debate en torno a la proyección de la reforma política en que se enmarcó Colombia desde el 2003, la cual constituye un proceso de largo aliento en la medida en que tanto el Estado como los mismos partidos políticos han atravesado por bajísimos niveles de confiabilidad publica y en virtud de ello la simple reestructuración política no es en si misma la solución a la problemática, sino que también requiere de amalgamarse con cultura ciudadana. Ello pone de manifiesto, que ante los deficitarios niveles de gobernanza y gobernabilidad que tradicionalmente ha acusado la sociedad colombiana no solamente se requiere reformar el gobierno y sus instituciones sino también reinventar la ciudadanía.
Las actitudes clientelistas asumidas y congeniadas por los partidos políticos y sus dirigentes, debilitaron con el tiempo su imagen institucional frente a la ciudadanía y de paso perdieron cualquier tipo de credibilidad. . Esta manera de llevar los asuntos políticos de parte de las agrupaciones políticas del país, basada en intercambios clientelares refuerzan la desafección, volatilidad e inestabilidad del electorado y su pobre anclaje como elementos que se complementan, unido a ello, el desprestigio de la actividad política y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y control del elector, alineándose como peligros claros para la estabilidad política.
En los últimos treinta años los políticos regionales, que precisamente son los que ocupan las curules del Senado y la Cámara de Representantes, confundieron su accionar y cayeron en los Business Parties, configurando una serie de agrupaciones políticas que con el tiempo se convirtieron en empresas familiares que transgreden el interés general en beneficio del particular. La expresión mas palpable de ello es la compra de votos, inversiones descomunales en las campañas políticas, trafico de influencias y cualquier tipo de procedimientos licenciosos para obtener una curul; desavenencias que están a la luz del día como el modus operandi de sus organizaciones y como la expresión mas clara de su resquebrajamiento y del alto nivel de abstencionismo del mercado electoral colombiano.
Colombia ha sido tradicionalmente un país abstencionista. Los colombianos tienen un largo historial de desafección y alejamiento de los procesos electorales, como una expresión del descontento por parte de los ciudadanos hacia el sistema político. Prueba de ello, es que aun, en los dos comicios precedentes, en los cuales se eligió al Presidente Uribe por mayoría absoluta en primera vuelta para dos periodos consecutivos de gobierno, los niveles de participación siguieron siendo paupérrimos y el abstencionismo supero con creces el 50%.
La primera vuelta presidencial que ocurrió el pasado 30 de mayo, no fue la excepción a esa tendencia. En efecto, el abstencionismo siguió teniendo su usual comportamiento, mostrando que el proceso electoral colombiano sigue teniendo como protagonistas a los segmentos partidario, adepto y maleable, y la franja abstencionista como espectadora usual y desprevenida de la participación electoral. Por tanto, el segmento abstencionista, se constituye en Colombia en el segmento más importante del mercado electoral, teniendo en cuenta el poder que configura esta franja en la contienda electoral.
El candidato del Partido verde en la segunda vuelta se verá obligado a diseñar una estrategia electoral que le permita sustraer una importante franja de votantes provenientes de los segmentos partidario, adepto y maleable de los demás partidos políticos, y de forma mas notoria en el despertar del abstencionismo, la franja mas importante del mercado electoral colombiano.
Los resultados de la primera vuelta presidencial que otorgaron el paso al profesor Mockus hacia los comicios del 20 de junio, están mostrando que hay una franja importante de Colombianos que ha hecho desconexión de temas antaño prioritarios de solución, como la guerrilla y las relaciones exteriores con Venezuela, las cuales marcaron las prioridades electorales en las elecciones presidenciales de 2002 y 2006, dando paso a otros temas como el desempleo, la inseguridad urbana y la lucha contra la corrupción, los cuales entraron en la agenda electoral.
En ese orden de ideas, los medios de comunicación han registrado acontecimientos como la ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.000 jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, conocidas como “falsos positivos”; las escuchas ilegales de los organismos de seguridad estatal en contra de actores de la oposición, magistrados y periodistas; los escándalos e investigaciones judiciales hacia altos funcionarios del Estado por brindar sobornos para obtener la reelección del Presidente.
De igual manera el resquebrajamiento y fragmentación de los partidos políticos, la inoperancia del sistema electoral, los escándalos de corrupción del Congreso de la República, los procedimientos licenciosos utilizados para obtener una curul y los vicios de la organización electoral que muestran al sistema político agotado y requiriendo una reivindicación urgente.
2. La Gobernanza de Colombia.
La Gobernanza es la gobernación de las situaciones sociales que provienen de las relaciones entre actores estratégicos públicos, privados, de la sociedad civil y la comunidad en general; las cuales derivan un conjunto de actividades que generan niveles de institucionalización dirigidos a la satisfacción de los intereses generales y la gobernabilidad de la sociedad. Este tipo de actividad se pone de manifiesto en las situaciones mas complejas que se dan a nivel estatal y supraestatal hasta las mas cercanas al ciudadano ocurridas en el plano municipal, con el objeto de buscar el gobierno de dichas realidades moldeadas por la complejidad., en la cual resulta de vital importancia hacerle sentir a los actores implicados que además de sus intereses, expectativas valores y creencias existe un interés general y un bien común por reconocer y salvaguardar.
En el inicio del milenio, la dinámica política colombiana se ha caracterizado por un peligroso divorcio entre diversos sectores estratégicos de la sociedad, marcando unos deficitarios niveles de gobernanza y gobernabilidad. En los dos periodos consecutivos del gobierno del Presidente Uribe, las redes de relaciones entre los principales actores estratégicos de la sociedad colombiana han venido agrietándose de manera considerable, evidenciándose en los constantes enfrentamientos que involucran al ejecutivo colombiano, la rama judicial, la sociedad civil, opositores al gobierno, medios de comunicación independientes, lo cual denota bajos niveles de institucionalidad que derivan en una fuerte polarización.
El gobierno colombiano ha asumido la posición reiterada de controvertir las investigaciones y decisiones judiciales que han colocado tras las rejas a legisladores por nexos con grupos paramilitares; los procesos judiciales que se siguen a funcionarios del gobierno acusados en un penoso escándalo de escuchas ilegales a magistrados, periodistas y opositores al gobierno; la judicialización de ministros por la supuesta entrega de sobornos a legisladores para modificar la constitución y beneficiar la reelección de Uribe; la condena a treinta años de cárcel para un general del ejercito colombiano acusado de la desaparición de personas en el caso del Palacio de Justicia. Esta dificultosa coyuntura pone en la palestra los linderos de actuación e independencia de las ramas del poder publico en un régimen presidencial imperante, alimentado por caracterizaciones populistas sobrevenidas, las cuales destrozan la institucionalidad.
Colombia es un país caracterizado desde la segunda mitad del siglo XX por un conflicto interno derivado de la debilidad institucional y del deficitario manejo de una matriz de intereses y de respuesta gubernamental a las necesidades ciudadanas, evidenciada en una dinámica excluyente incapaz de aglutinar nuevos actores, propiciando de paso la autonomización de las acciones sociales con agentes reivindicatorios de hecho como la guerrilla, paramilitares y el narcotráfico.
La promesa de Álvaro Uribe de ganar la guerra colombiana lo llevó a la presidencia de manera consecutiva en dos periodos, con votaciones arrolladoras, en un escenario de recuperación económica regional de la que Colombia no fue la excepción. Su gobierno, tercero en el mundo en asistencia militar estadounidense, mantiene a las guerrillas izquierdistas a raya de los centros urbanos, disminuido el secuestro y despejadas las principales carreteras, lo que aumento la percepción de seguridad y atrajo inversión. Logró la polémica desmovilización de un grueso sector del paramilitarismo ultraderechista, comandado por capos del narcotráfico y responsable según la ONU, de 80 por ciento de los crímenes.
Según el informe anual difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el país de America Latina que mas dinero destina a gasto militar con respecto a su PIB, es Colombia, con el 3,7 por ciento. No obstante, la guerra sigue; la pobreza alcanza casi la mitad de la población y un 18% de ella se encuentra en estado de indigencia, según el informe de la estatal DNP.
Los campesinos huyen a las grandes ciudades y configuran el segundo mayor desplazamiento forzado del mundo, después de Sudan. Según el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), el desplazamiento interno de Colombia alcanza la cifra de 3,3 millones de personas, la cual constituye el 7,3 % de su población, guarismo que aumenta cada año porque la gran mayoría de desplazados no regresa a sus hogares naturales. El negocio de la cocaína es el combustible del enfrentamiento y sus principales victimas, la población civil y los derechos humanos (BBC 2010; IPS, 2008).
Como corolario de ello, ya es un hecho común encontrar en el registro periodístico, la alarmante inseguridad y escalada criminal que campea en los principales centros urbanos de Colombia; la cual tiene como protagonistas a narcotraficantes que se disputan el control del territorio urbano, bandas emergentes de paramilitares, organizaciones criminales destinadas a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias y pandillas juveniles que azotan las barriadas desprovistas de las mínimas condiciones de asistencialidad estatal. En esa proyección, la dinámica urbana terminó acogiendo diversas manifestaciones delincuenciales reforzadas con el conflicto proveniente de la autonomización de las acciones sociales (narcotráfico, paramilitares y guerrilla) que antes tuvieron su protagonismo marcado en el ámbito eminentemente rural, mostrando un escenario de descomposición social creciente.
El éxito de la famosa política de seguridad democrática, como elemento central de la agenda de gobierno del Presidente Uribe en sus dos periodos consecutivos de mandato, la cual mantiene a raya a los grupos guerrilleros replegados a las selvas colombianas, termino por descuidar un viejo problema de seguridad en las ciudades, el cual venia creciendo silenciosamente a la par de la difusión mediática exclusiva de los logros en contra del conflicto hegemónico, convirtiéndose en un distractor de una realidad ineludible de descomposición social en las ciudades como corolario de la miseria y de la pobreza que las afecta. Significa que mientras la vieja confrontación paraestatal de autonomización de las acciones sociales entre el gobierno colombiano, guerrilla y paramilitares escenificado en el terreno eminentemente rural se muestra en un momento sosegado, se abre un nuevo conflicto contextualizado en el ámbito urbano de corte y origen socio-económico con actores de diferentes niveles que se disputan el poder territorial en sus entornos particulares de actuación.
Es un escenario de análisis complejo en donde la violencia de esta nueva época en las ciudades colombianas se ha enclavado de la mano del narcotráfico, los grupos emergentes de paramilitares, bandas delincuenciales comunes y las pandillas juveniles que pululan; acompañados de un escenario plagado de difíciles condiciones económicas de sus habitantes y crecimiento desproporcionado de las ciudades alimentado por el desplazamiento forzado hacia los principales conglomerados urbanos.
La radio privada Caracol, referencia que el Instituto de Medicina Legal, reveló en su último informe un incremento del 16% en los homicidios en el territorio colombiano entre 2008 y 2009. En este balance se señala que el arma de fuego es el principal mecanismo causal de muertes violentas y que los hechos de venganza y ajuste de cuentas son la principal motivación que genera más muertes en el país. La tasa en Colombia se registra en 39 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra importante, puesto que la tasa mundial se encuentra en 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. El informe también destaca que en Colombia se encuentran 18.000 personas desaparecidas. Según el Índice Global de la Paz (IGP), Colombia es el país más violento de Latinoamérica.