Además, la iniciativa privada que el artículo 308 dice reconocer, respetar y proteger, garantizando la libertad de empresa, queda negada rotundamente en el artículo 316.9 que establece que el Estado formulará periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución “es obligatoria para todas las formas de organización económica”. Es decir, el plan de desarrollo del Estado puede fijar objetivos, metas, tiempos y un largo etcétera para las empresas privadas. Se trata de una técnica de planificación vinculante y no meramente indicativa para el sector privado. Consiguientemente es un artículo éste que niega la libertad de empresa tras haberla afirmado poco antes el mismo texto constitucional en su artículo 308.
Lo que reconoce la CPE es un sector privado que en absoluto actúa dentro de la libertad económica característica de una economía de mercado, cuyo principio es la igualdad en la competencia interempresarial, independientemente de la naturaleza pública, estatal, comunitaria o cooperativa-social de las empresas. La CPE reconoce sólo una libertad empresarial privada en el marco de la planificación y bajo la dirección del Estado. Quizás garantice la propiedad privada de la empresa pero en absoluto su libertad. Por eso no se garantiza la competencia empresarial ni se menciona la economía de mercado. Los principios de una economía social de mercado han quedado fuera de la regulación constitucional. Sólo caben privados que, sin libertad ni autonomía empresarial, acepten “negociar” su situación individual con el Estado: el viejo y corrupto capitalismo de camarilla boliviano no se va a sustituir por una verdadera economía social de mercado sino que se han sentado las bases constitucionales para el surgimiento de las burguesías “bolivarianas” incompetentes y corruptas características de todos los nacional-populismos.
Estas regulaciones constitucionales equivalen a llenar de arena lo que habría de constituir el verdadero motor del desarrollo productivo de Bolivia: un sector privado vibrante capaz de mejorar su productividad y competitividad, integrando cada vez mejor el mercado nacional gracias al esfuerzo propio y de los poderes públicos, conectándose progresivamente con mercados internacionales, dotado de libertad y autonomía empresarial en el marco de la legislación garantizadora de la competencia y la función social de las empresas privadas, cooperadoras con los poderes públicos en la formulación de estrategias municipales, departamentales o nacionales de desarrollo, etc. Pero con el marco puesto a la economía por esta Constitución, Bolivia ni va a ser un mercado interno propiamente dicho, ni va a poder encadenarse ventajosamente con los mercados globales.
Bolivia con esta Constitución se instala en un modelo de desarrollo económico fundamentalmente estatalista. Si el Estado no funciona bien en su vertiente planificadora-reguladora-promotora ni en su vertiente productora, la economía boliviana va a resentirse sin duda. Bolivia no podía resignarse desde luego a mantener el capitalismo de camarilla que caracterizó al orden económico de la democratización neoliberal. Las opciones abiertas a los constituyentes eran avanzar hacia una verdadera economía social de mercado (expresión que con impostura utilizaron los políticos del régimen anterior para ocultar la realidad de una economía de compinches) o hacia una economía estatizada, un verdadero capitalismo de estado, acompañado de sectores comunitarios, social-cooperativos y privados subordinados. Se ha elegido la segunda opción por más que se quiera edulcorar con retórica social y comunitarista.
Las consecuencias pueden ser muy costosas en términos de desarrollo económico y de desarrollo democrático. A diferencia de China, por ejemplo, el Estado no va a aplicarse a crear lo que allí se llama una “economía socialista de mercado”, sino que a imitación de Venezuela o Cuba va a crearse un capitalismo de Estado, y un Estado que podrá intervenir discrecionalmente en todos los sectores no estatales de la economía nacional. Para dar fundamento a este modelo económico, el Presidente Morales alecciona constantemente al pueblo contra “el” capitalismo como si se tratara de un modelo económico uniforme. En el lenguaje presidencial todo capitalismo es perverso (el del Norte de Europa, el renano, el angloamericano, el japonés, el chino, el ruso, el chileno, el brasileño, el sudafricano, el hondureño, etc.). En los marcos cognitivos presidenciales todo capitalismo es neoliberalismo y la crisis –innegable- del neoliberalismo se ha de resolver volviendo al estatismo nacional-populista.
Las consecuencias probables de este diseño constitucional de la economía no son difíciles de prever: las iniciativas privadas más atrayentes van a seguir estando en los negociados con el gobierno, en el contrabando y en los tráficos ilegales y criminales, con su segregado de grave deterioro de la corrupción y de la seguridad ciudadana; la reforma agraria no generará una agricultura moderna de base empresarial sino comunidades de productores altamente politizadas y dependientes del Estado; los planes y regulaciones del Estado no se orientarán a generar un campo de juego de reglas limpias para que cooperen y compitan los diversos agentes económicos, sino que se orientaran a favorecer a los agentes y sectores de la coalición que dé su apoyo al gobierno; los empresarios privados se moverán entre su desprecio por el sistema y la conveniencia de hacer “negociados” con él; las empresas estatales se gerenciarán políticamente y se instalarán en una corrupción sistémica; sólo el sector privado estará sujeto a impuestos, pero el servicio de impuestos no escapará a la corrupción ni a la instrumentalización política; el Gobierno utilizará los impuestos discrecionalmente, como acaba de hacer por ejemplo eximiendo de impuestos por Decreto a la empresa estatal de transporte aéreo; los gastos del Estado se financiarán casi exclusivamente con las rentas de la explotación de recursos naturales y de la cooperación internacional, que seguirá por años en Bolivia ya que el país permanecerá en la pobreza y la desigualdad; como la fiscalidad no dependerá de los impuestos de los productores y comerciantes sino de los recursos naturales y de la cooperación, el gobierno no estará de verdad interesado en que se desarrolle una amplia clase media productora y pagadora de impuestos, pero con libertad y autonomía de pensamiento y demandante de seguridad jurídica verdadera; el gobierno se apropiará de la renta de los recursos naturales propiedad del pueblo y los distribuirá con la misma discrecionalidad que hace el gobierno venezolano, vibrante vanguardia de esa creación intelectual arrasadora conocida como “socialismo del siglo XXI”; no existirá seguridad jurídica ni para los inversores nacionales ni para los internacionales…
Como demuestra la historia de todos los países altamente dependientes de los recursos naturales, independientemente de que éstos hayan estado bajo control transnacional o estatal, los correspondientes Estados no han sido capaces de desarrollarse cuando carecían de previas capacidades institucionales. Por eso se habla de la maldición de los recursos naturales. Por eso también los dos únicos países que forman hoy la excepción a la regla son Noruega y Chile. Pero la Constitución boliviana no ha tomado el camino de estos países ni se ha orientado por la literatura hoy más acreditada sobre cómo escapar a la maldición de los recursos naturales. Ha elegido zambullirse de pleno en ella. Así son de dolorosos los procesos de aprendizaje de los pueblos.
Al terminar este artículo un joven comentarista me dijo “es usted pesimista Don Joan”. Ojalá, ojalá, me equivoque y lo sea, le contesté; pero a mi mente vino aquello de que “un pesimista sólo es un optimista bien informado”.