Reconstrucción post-conflicto en el Congo

Reconstrucción post-conflicto en el Congo

Reconstrucción post-conflicto y justicia transicional en la práctica. Caso de la República Democrática del Congo

Nestor Calbet

En este artículo pretendo dar una visión del conflicto que está asolando la República Democrática del Congo des de hace más de una década, analizando los actores implicados y las causas que motivaron el conflicto y las que hacen que todavía hoy siga la violencia en algunos territorios de este país, también analizaré los pasos más importantes que se han realizado para el establecimiento y mantenimiento de la Paz des de diferentes órganos tanto internacionales como nacionales, centrándome sobre todo, pero no en exclusiva, en la ejecución de la Misión de Naciones Unidas MONUC hasta 2010, y posteriormente la MONUSCO, y el papel que juega la Corte Penal Internacional para impartir justicia en este país.
También reflejaré el debate existente en torno a las carencias de los planes para el establecimiento de la Paz, y que giran, principalmente, en torno a la reforma del sector de la seguridad y de la justicia nacional para hacer frente a los crímenes cometidos por todos los actores implicados.
Principales actores y resumen del conflicto
La Guerra en la República Democrática del Congo (RDC en adelante) fue una guerra muy cruel, y especialmente dura para la población civil, y en donde participaron múltiples actores luchando por una gran variedad de intereses, pero donde el control de los recursos naturales jugaba un papel principal[1]. En ella estuvieron involucradas fuerzas armadas de distintos países, y grupos armados rebeldes, algunos de ellos con soporte de otros estados, o financiadas por multinacionales. Los efectos de esa guerra son todavía hoy bien patentes, y en algunas regiones de la RDC quedan en activo grupos armados, con lo que no se puede dar por concluido el conflicto interno.
El gobierno de Kinshasa, presidido por Laurent Kabila consiguió el poder en 1997 gracias al soporte de grupos armados sostenidos por los gobiernos vecinos de Ruanda y Uganda. Fueron estos mismos grupos armados que en 1998 viendo que se les daba la espalda des del nuevo gobierno de Kinshasa en su lucha particular con el gobierno de Ruanda y de Uganda, provenientes de conflictos ya anteriores entre Hutus y Tutsis, se hicieron fuertes en algunas provincias del este del país, desencadenando una serie de enfrentamientos que llevaría a la guerra abierta, la segunda Guerra del Congo, o también llamada Guerra Mundial Africana.
Ruanda y Uganda, que luchaban contra esos grupos armados, invadieron territorios Congoleses para hacerles frente, la reacción del gobierno de Laurent Kabila de la RDC fue hacer un llamamiento a sus aliados, al que respondieron en un primer instante Zimbabue, Angola y Namibia; posteriormente se implicarían también Burundi, Chad y Sudán.
En esta guerra que duraría cinco años, aunque los enfrentamientos y  algunos grupos armados están todavía activos, hubo más de tres millones de muertos, la mayoría civiles, y hay quien apunta que a consecuencia de la guerra, por causas indirectas, murieron más de cinco millones de personas, y dejó hasta 700.000 desplazados internos y 300.000 refugiados en 1999, una cifra que aumentó en gran medida en los años posteriores[2].
Los grupos armados rebeldes, fueron muy numerosos, los más influyentes fueron el Congrès National pour la Defense du Peuple (CNDP), actualmente en fase de politización y transformación des de 2009, aunque una facción surgida de ella se cree activa en la provincia de Kivu del Norte como un nuevo movimiento llamado Aarmée Nationale Congolaise /CNDP ; la Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) con sus múltiples facciones territoriales, y que fue apoyada por el estado Ruandés; las milicias Mai-Mai, grupos armados locales que se oponen a las fuerzas ruandesas, a veces aliados del gobierno, y a veces luchan contra él; el Mouvement de Libération du Congo (MLC) quien contaba con el apoyo de la vecina Uganda; la Forces Démocratiques pour la Libération du Ruanda (FDLR), uno de los grupos armados más grandes y que controlan grandes extensiones de territorio, formado por hutus involucrados en el genocidio de Ruanda en 1994, todavía presentes al este del país; finalmente se cree que el Ejército de Resistencia del Señor (LRA por sus siglas en inglés) comandado por Joseph Kony está actualmente en territorio congoleño, y también es reciente la creación del grupo Mouvement 23 Mars (M23) capitaneado por Bosco Ntaganda.
A nivel nacional participaron las Fuerzas Armadas Congolesas (posteriormente FARDC), las Fuerzas armadas de Ruanda, y las fuerzas armadas de Uganda, principalmente aunque como hemos visto, la RDC recibió apoyo logístico y de personal militar por parte de varios estados vecinos.
A nivel internacional, varios actores entraron en escena para intentar forzar un cese de las hostilidades, Naciones Unidas, la Organización para la Unidad Africana (actual Unión Africana), o la South African Development Community (SADC), estuvieron presionando para la firma de un alto al fuego. Este llegó en julio de 1999, cuando se firmó el Acuerdo de Lusaka, que debía poner fin a la guerra. Este acuerdo también permitió la aprobación en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre del mismo año, de una misión para dar apoyo y supervisar la implementación del Alto el Fuego llamada Misión de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo (MONUC).
Las hostilidades no cesaron con la firma del Acuerdo, varios grupos armados se mantuvieron controlando ciertos territorios, y se sustentaban gracias al apoyo de Uganda y Ruanda, y con la explotación de los recursos naturales, sobre todo de minerales, de las provincias al este del país, por otro lado Uganda y Ruanda no se había retirado del todo de los territorios de la RDC. La explotación de recursos ha jugado, y todavía juego, un papel fundamental en el conflicto, y tanto Estados extranjeros como empresas multinacionales están implicadas directa e indirectamente en su explotación y exportación[3].
El presidente de la RDC des de 1997, Laurent Kabila, fue asesinado en 2001. Su hijo Joseph Kabila obtuvo entonces la presidencia del país, apoyado por la MONUC, y con el beneplácito de varios actores internacionales como la Unión Europea o el FMI, que le ofrecieron ayuda económica. Las negociaciones de paz se reemprendieron entonces con los grupos rebeldes, y con Uganda y Ruanda; en 2002 Uganda y Ruanda se comprometieron, en distintos acuerdos de paz, a retirar sus tropas si las milicias Interahamwe eran desmovilizadas, desarmadas y repatriadas. En diciembre de 2002 se firmaron unos nuevos Acuerdos de Paz en Pretoria, también llamados Acuerdo Global Inclusivo, donde participaron varias partes implicadas en el conflicto (el gobierno de la RDC, el MLC, el RCD con dos de sus facciones aún activas, la oposición política, la sociedad civil, y milicias Mai-Mai), y donde se determinaron misiones de desarme, desmovilización y reincorporación, así como el compromiso de celebrar elecciones, también sirvió para crear unas nuevas fuerzas armadas en la RDC, las llamadas FARDC, en donde se debían integrar los combatientes de los grupos rebeldes desmovilizados.
Sin embargo los conflictos continuaron al este del país, en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, Katanga, Équater y en Ituri, lo que provocó que los diálogos para nuevos acuerdos de paz continuaran con la ayuda de organismos internacionales.
En 2006 se celebraron elecciones bajo una situación que si bien no había conseguido erradicar totalmente el conflicto en las provincias orientales, se gozaba de una cierta estabilidad en el país. De las elecciones, Joseph Kabila surgió vencedor y designado presidente.
A lo largo de los años se ha ido implementando varios planes de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, por lo que varios grupos armados han desaparecido, y muchos de sus combatientes se han integrado en la FARDC, pero algunos todavía hoy siguen controlando territorios congoleños, aquellos que cuentan con recursos naturales, y también han ido apareciendo nuevos grupos armados, facciones de aquellos grupos desarmados, o venidos de otros países como el LRA.
Los esfuerzos para la Paz
Como hemos visto, la guerra implicó rápidamente a varios actores internacionales, haciéndola una de las guerras más sangrientas des de la segunda guerra mundial. Eso provocó también la reacción de la comunidad internacional que en gran medida se implicó en la apertura de diálogos para llegar a acuerdos de paz, mientras que las Naciones Unidas instalaron la ya mencionada MONUC, para velar por la implementación de la paz y la seguridad de la población civil.
En julio de 1999 se firmó el primer acuerdo de Paz en Lusaka, el llamado Acuerdo de Alto el Fuego de Lusaka. Como hemos visto, los principales instigadores de este acuerdo de paz fueron la comunidad internacional a través de NNUU, la OAU, y la SADC. Estos acuerdos en que participaron todas las partes nacionales implicadas en el conflicto, más algunos actores no estatales, debían servir para la retirada de las fuerzas armadas extranjeras del Congo, y el establecimiento de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas[4], que buscaba la consecución del acuerdo y una reconciliación nacional en la RDC a partir del desarme, desmovilización, reintegración y repatriación o reasentamiento (DDRR) de los distintos grupos armados.
Este acuerdo permitió que el 30 de noviembre de 1999 se adoptara la resolución S/RES/1279, en la que se aprobaba el destino del personal enviado previamente de Naciones Unidas para la misión de mantenimiento de la Paz MONUC. Este personal consistente tanto en personal militar, como en personal civil[5], debían garantizar el cese el fuego en todo el territorio y en todos los ámbitos, los conflictos armados seguían en las provincias orientales de los Kivus, Ituri, Katanga, y Équateur; además de facilitar la prestación de ayuda humanitaria, el personal civil debía también apoyar al gobierno de Kinshasa en los aspectos relacionados con los Derechos Humanos en el país. El personal de la MONUC también tenía la potestad de adoptar medidas para proteger al personal de Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, y garantizar la seguridad y la libertad de circulación tanto de su personal como del personal civil, así como protegerlo frente a la violencia.
La MONUC no era concebida como una misión estática, si bien sus objetivos de construcción y mantenimiento de la paz eran claros, se fue adaptando a las nuevas circunstancia que envolvían al país. Fue una misión muy compleja no exenta de críticas, que debía hacer frente a uno de los conflictos más complejos del siglo XXI, debido a la multiplicidad de actores implicados que luchaban por sus causas particulares, y en una zona estratégica de obtención de recursos naturales, codiciados por las grandes superpotencias como Estados Unidos y la China entre otros estados que quieren asegurarse su abastecimiento, y por empresas multinacionales interesadas en su explotación que en gran parte representaban (y todavía representa) una explotación ilegítima, y a veces ilegal de estos recursos naturales, y corresponsables de violaciones de Derechos Humanos[6], a quienes el hecho que haya conflicto les beneficia para sus negocios. La misión de la MONUC fue ampliando personal hasta llegar a contar con una dotación de personal de 25.000 miembros entre personal civil y militar en 2010, y una inversión total de 8.730 millones de dólares.
En 2010, la situación evidentemente ya no era la misma, se habían conseguido grandes avances, si bien no una total pacificación, por lo que se decidió adaptar de nuevo la misión de Naciones Unidas esta vez cambiando de nombre y cometido y un poco su estructura, así por la resolución S/RES/1925, en julio de 2010 se pasó a denominar Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO).
La misión de la MONUC y actualmente del MONUSCO, también incluían la celebración de elecciones, eso es importante ya que nunca antes en la RDC había habido elecciones libres con un sistema de partidos. En 2006 hubo los primeros comicios del que salió como presidente de la República Joseph Kabila ganando a su rival Jean-Pierre Bemba, y en diciembre de 2011 otra vez salió ganador Joseph Kabila esta vez frente a Etienne Tshisekedi, no sin un clima de cierta violencia que causó varios muertos los días anteriores a los comicios y posteriores acusaciones de fraude.
Los planes de la MONUC en 2001 para con los grupos armados de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación o reasentamiento, se establecieron inicialmente en tres fases: la identificación y verificación (de los grupos armados y sus integrantes); el cumplimiento (de desarme, acantonamiento y seguimiento);  y el reasentamiento y desarme de civiles[7].
Mientras que por lo que hace referencia a la retirada de las fuerzas extranjeras, se estableció un calendario de cuatro fases que se debía desarrollar en 6 meses a partir de febrero de 2001, que no se llego a implementar completamente.
En 2002 como hemos comentado, se signaron varios acuerdos de paz. Estos debían permitir la retirada de las tropas extranjeras en la RDC, y establecían un gobierno provisional en Kinshasa con Joseph Kabila de presidente y representantes de las distintas facciones rebeldes para crear un país unido y las condiciones necesarias para unas elecciones libres, gobierno que fue constituido en 2003, mientras que las elecciones fueron programadas para 2006.
A nivel militar se implementó un programa de integración de los grupos rebeldes a las nuevas fuerzas armadas congoleñas llamadas FARDC. Pero fueron pocos los que se inscribieron en esta integración a su inicio, además este programa no contaba con un plan claramente definido, que, sumado a la escasez de recursos destinados para su financiación dificultaron enormemente el proceso, y creó inseguridad y desestabilización en ciertos territorios en sus primeras fases. Como veremos, esto provocó también la integración a las FARDC de criminales de guerra que siguieron ejerciendo actividades como el reclutamiento de menores en sus filas, o el uso de violaciones como arma de guerra.
A cambio de la retirada de las tropas Ruandesas y Ugandesas, las guerrillas Interahamwe, mayoritariamente Hutus relacionados con el genocidio de Ruanda de 1994, debían proceder a desarmarse. En 2003 se inició dicha retirada definitiva de las tropas extranjeras de Kivu del norte y del sur, Ituri y Katanga, por lo que se da 2003 como el año de finalización de la segunda guerra del Congo; sin embargo quedaron dos grupos armados de las etnias Lendu y Hema, apoyados por Uganda y por Ruanda respectivamente, e incluso en ocasiones por parte de la RDC, a nivel logístico militar y político, y que controlaron gran parte de las extracción de recursos naturales de la provincia de Ituri.
El conflicto entre ambos grupos étnicos estalló en mayo de 2003, causando una grave situación humanitaria. Fue entonces cuando, respondiendo a la llamada a la comunidad internacional por parte de Naciones Unidas, la Unión Europea, entro en escena estableciendo la operación Artemis, dirigida por Francia, en la que se apoyó a la MONUC para controlar la provincia de Ituri, tomando el control de la ciudad estratégica aeroportuaria de Bunia, contando con la autorización del Consejo de Seguridad por la resolución 1484 de 2003; en 2004 se empezó el proceso de desarme y reintegración de estas guerrillas que duraría más de 3 años.
Pero este no ha sido el único conflicto no resuelto por los acuerdos de Paz de 2002, los grupos rebeldes en esas provincias orientales son presentes y continuamente se forman nuevas guerrillas que controlan territorios y se adjudican el poder de la explotación de los recursos. Evidentemente son respaldadas y financiadas a veces por estados, o por empresas multinacionales, que a cambio de los minerales les dan armamento o sustento económico. En el documento S/2001/357, se describen tres formas de financiación de los grupos armados: compra de armamento mediante pago directo; trueque, es decir, armas a cambio de concesiones mineras; o la creación de actividades conjuntas. A pesar de estas evidencias, no ha habido unas políticas claras, fuertes y eficaces para hacer frente a esa intromisión por parte de las empresas  multinacionales o por otros estados que se pueden considerar corresponsables de muchas de las violaciones de Derechos Humanos en estas zonas.
En marzo de 2009, se llegaron a unos nuevos acuerdos de paz con los grupos armados que permitió el desarme de más de 1.000 combatientes de milicias Mai-mai, y su inclusión en las FARDC[8], así como de combatientes de la CNDP, que debía emprender su desaparición como grupo armado integrando sus combatientes en las FARDC y transformarse en un partido político. Estos acuerdos fueron importantes ya que se prevé que se sumen más combatientes a dejar las armas o a integrarse en las FARDC. Sin embargo las milicias de la FDLR siguen activas combatiendo a las FARDC. Los acuerdos de paz también provocaron la creación de un nuevo grupo el Mouvement 23 Mars (M23), todavía operativo, formado por tutsis, si bien minoritario en cuanto a efectivos es importante porque tiene el control de zonas estratégicas y ya ha provocado el desplazamiento de una gran parte de la población local en la que se ubican, cerca de la frontera con Uganda.
En la operación de Paz de la MONUC y posteriormente la MONUSCO, también se contemplaba la construcción de un verdadero Estado de Derecho, que cuente con un buen sistema judicial, y ciertas garantías en lo que respecta al sector de la seguridad, tanto policial como de la armada. En estos dos puntos, la RDC no ha tenido un desarrollo demasiado considerable a pesar de las ayudas del PNUD, particularmente en la reforma del sector de la seguridad y el adiestramiento de las FARDC, y se ha centrado más en otros aspectos como en el Plan de Estabilización y Reconstrucción[9].
Es interesante el siguiente párrafo del informe S/2001/521:
El desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación o el reasentamiento de los grupos armados son la clave para poner término al conflicto en la República Democrática del Congo. De resolverse los problemas restantes no habría necesidad de que quedaran tropas extranjeras en el este del país, mejorarían enormemente la seguridad y la calidad de la vida económica de los habitantes de la zona y se neutralizaría una peligrosa fuente de conflicto e inestabilidad en la región.
Si bien actualmente se puede considerar que ya no hay presencia de fuerzas armadas extranjeras establecidas en la RDC, aunque ha habido episodios intermitentes en los que han vuelto temporalmente, tras 11 años de la redacción de este párrafo en el informe de NNUU, las distintas operaciones, misiones y acuerdos de paz si bien han hecho que muchos combatientes se adhirieran a estos planes de desarme, no han logrado hacer desaparecer la violencia, las violaciones de Derechos Humanos ni los grupos armados de las provincias norte-orientales del Congo. Entonces es evidente que algo está fallando en las misiones de construcción de Paz en la RDC, y que los intereses en que estos grupos armados sigan allí existen, estos grupos reciben apoyo logístico y económico para su subsistencia y actividad. Creo que los planes de Naciones Unidas, si bien deben incluir los planes de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, no deben de centrarse solamente en ellos, sino también en las causas que provoca que esos grupos sigan activos; estas causas van muy ligadas a la explotación de los recursos naturales de la zona, que sirven de financiación para esas facciones armadas, y que son aprovechadas por empresas multinacionales, e incluso otros estados, para abastecerse de minerales considerados estratégicos y otros recursos preciados como el coltan, el cobalto, el uranio, el oro, los diamantes y el estaño. Pero además, como veremos más adelante, no se debe dejar de lado la justicia, y se deben depurar responsabilidades a todos los niveles, tanto de los dirigentes rebeldes, como de los actores gubernamentales, pero también de las empresas multinacionales y estados extranjeros; eso sí, contando siempre con la población local que es quien más sufre las consecuencias de los conflictos armados, y que son la base para un efectivo restablecimiento de la paz. Las múltiples etnias existentes en el país también deben jugar un papel activo en la reconciliación.
Los grupos armados se abastecen de armamento a pesar del embargo de armas decretado en las provincias de Kivu del norte y del sur y en Ituri, existente des de 2003 por la resolución 1493 del Consejo de Seguridad, y prorrogado en los años posteriores.
La mala gestión de los planes de desmovilización ha provocado que muchos combatientes pasen años sin que se les aplicara una reintegración ni recibir prestaciones, lo que provoca que muchos puedan volver a formar parte de los grupos rebeldes.
Es evidente también que a parte de las operaciones militares, y los esfuerzos de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, el país debe promocionar políticas activas de Derechos Humanos y de desarrollo. Es así que organismos internacionales como el PNUD o UNICEF entre otros, están dando apoyo al gobierno para que se puedan realizar dichas políticas y sacar al país de la miseria en la que está sumido. La RDC a parte de la enorme problemática que representa el reclutamiento de niños soldado, es considerado uno de los países con más violaciones a mujeres.
Por otro lado se critican los planes del BM y el FMI en este y otros países africanos ya que han resultado ser contraproducentes para los beneficios de los países a los que se les aplica ciertas políticas neoliberales y políticas del Consenso de Washington (ajuste fiscal, liberalización y reducción del aparato estatal) sin tener en cuenta las particularidades del país. Una dada significativa para la RDC, es que es el país africano con una mayor extensión de tierras agrícolas el 48%[10], en manos de capital extranjero, el llamado Land Grabbing, que comporta desplazamiento de la población local y el expolio de los medios de sustento de la población rural y del país, ya que las cosechas en esas tierras acostumbran a exportarse completamente. Este proceso muchas veces se hace sin el consentimiento de la población local, o directamente sin consulta previa.
Otro de los problemas todavía vigentes es el adiestramiento del personal militar que componen las FARDC, y que muchas veces provienen directamente de milicias rebeldes, estos siguen cometiendo actos inhumanos en las Fuerzas Armadas nacionales. También es necesario siempre contar con la población local para la construcción de una paz estable, y la creación de redes sociales para hacer más fuerte la sociedad civil para que tengan más capacidad para hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos, presionar para que se produzcan deserciones en las milicias armadas, el apoyo al gobierno para la captura de sus miembros, y poder construir un futuro sin violencia, pero para ello también se les debe otorgar ciertas garantías de seguridad.
Justicia en el conflicto de la RDC
En la RDC, a diferencia de otros países como la ex Yugoslavia o Ruanda, no se ha llegado a establecer un tribunal internacional Ad Hoc para poder juzgar las posibles violaciones del derecho humanitario, y crímenes de guerra. Tampoco se ha instaurado ningún tribunal mixto, como en Camboya, Bosnia- Herzegovina, Sierra Leona o Timor Oriental.
Esta labor se ha dejado por los tribunales internos y por la Corte Penal Internacional. Si bien algunos de los actores que participaron y participan en la guerra, están en orden de búsqueda y captura, e incluso algunos están siendo ya juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), sin embargo la CPI tiene un grave problema para con el conflicto en la RDC, y es que no tiene jurisdicción para juzgar los actos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, eso es el 1 de julio de 2002; hay que tener en cuenta que una gran parte de los crímenes de guerra cometidos en la RDC tuvieron lugar en el periodo anterior a 2002, crímenes que se teme quedarán impunes si no se establece ningún tribunal especial, o se constituyen unos tribunales mixtos.
Tanto desde algunos sectores dentro de la RDC como algunas voces de Naciones Unidas se pidió el establecimiento de dichos tribunales[11]. El sistema de justicia en la RDC se ve como ineficaz para hacer frente a los crímenes cometidos, y otorgar reparación a las víctimas, también se teme por la falta de garantías tanto de unos juicios justos, como de la protección de las víctimas y de testigos; la corrupción y las injerencias políticas son una constante en el sistema judicial, además la pena de muerte sigue vigente en la justicia militar del país. Amnistía Internacional denuncia que muchos civiles han sido juzgados por tribunales militares y condenados a muerte.
Por ahora no se ha constituido ningún tribunal especial. Eso provoca una grave situación de impunidad de los causantes de violaciones masivas de Derechos Humanos y crímenes de guerra, a la vez que deja a las víctimas sin el derecho a conocer la verdad, ni a que sea reparado los daños causados.
Las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, especialmente hacia la población civil, en el conflicto del Congo han sido muchas y por parte de todos los actores implicados. Así, los homicidios, saqueos y secuestros, el trabajo infantil, o las preocupantes violaciones masivas de mujeres y el hecho de usar esas violaciones como arma de guerra, o usar niñas y mujeres como esclavas sexuales ha sido reiteradamente denunciado por las organizaciones de Derechos Humanos locales como la ASADHO, e internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, quienes alertan que las violaciones a mujeres se han establecido como práctica habitual tanto por los grupos armados como por las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Nacional, y el hecho que en la mayoría de los casos queden impunes, deviene alarmante. También es conocido el reclutamiento de niños soldado de menores de 15 años, se estima que en el conflicto más de 50.000 niños han sido reclutados como soldados, tanto por los grupos armados rebeldes como por parte de las fuerzas armadas congolesas, en este aspecto UNICEF trabaja para la desmovilización y reintegración de los niños soldado, ya que si bien el gobierno logró que oficialmente las FARDC dejaran de reclutar niños soldado, no estableció ningún plan para recuperar esos niños de las fuerzas armadas.
Si bien, los tribunales militares han hecho frente a algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, se intentó aprobar en 2011 un proyecto de ley para establecer un tribunal especializado mixto para juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero este fue rechazado por el Senado[12].
El gobierno de la RDC se reafirma en la voluntad de juzgar a criminales dentro mismo de las instancias judiciales del país, a pesar de las continuas denuncias de las deficiencias existentes en este aspecto, y el peligro consecuente que se corre de no conceder juicios justos, aplicar posibles penas de muerte, o incluso dejar libres a altos cargos implicados en violaciones de Derechos Humanos.
Podemos ver pues que a nivel de justicia post-conflicto, en la RDC se ha avanzado muy poco. El conflicto sigue latente, y se siguen cometiendo violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, donde los mayores perjudicados son la población civil. Ha habido iniciativas para intentar crear tribunales especiales o tribunales mixtos, desestimadas todas ellas, y a pesar que la CPI, con sus carencias, está investigando y abriendo procesos contra criminales de guerra en el país. Las carencias dentro del mismo sistema judicial congoleño dejan ver una situación complicada por lo que hace referencia a la justicia reparativa en ese país. Las víctimas son mayormente menospreciadas, la justicia interna no hace frente a esta situación, y el mismo gobierno es corresponsable de esta situación. Kabila se defiende reclamando que es preferible el establecimiento de la paz, a la confrontación que provocaría el encarcelar a algunos criminales integrados en las mismas Fuerzas Armadas nacionales, como ya hemos comentado, algunos de los actos han sido cometidos por personal gubernamental con total impunidad.
Es necesario pues, que la comunidad internacional reclame, pero que el gobierno de Kinshasa acceda, al establecimiento de mecanismos eficaces como tribunales mixtos en el país, para ayudar al sistema deficitario tanto nacional como internacional, y así impartir la necesaria justicia en ese país tan desgastado, con independencia de las presiones políticas y con mecanismos eficaces de protección de víctimas y testigos, acceso a la verdad, y una reparación con garantías de no repetición, y hacer frente a la impunidad existente.
Justicia internacional
La Corte Penal Internacional, a través de la iniciativa de su fiscal Luis Moreno Ocampo, y con el apoyo en ocasiones del gobierno de Kinshasa, ha dictaminado varias órdenes de búsqueda y captura para presuntos criminales de guerra en la República Democrática del Congo.
Como hemos visto, la limitación por lo que respecta a la temporalidad en la que tiene jurisprudencia la CPI, hace temer que muchos de los criminales queden libres impunemente de sus crímenes. Aunque el gobierno de Kabila ha manifestado su voluntad de colaborar con la CPI, desgraciadamente esta colaboración no siempre es la deseada; el plan de integración de excombatientes a la FARDC ha dejado de lado en muchos casos la justicia reparativa por los actos cometidos por parte de estos excombatientes, lo que ha dejado a las victimas sin un proceso de verdad, reparación y reconciliación adecuado. Se ha integrado en las Fuerzas Armadas nacionales a antiguos criminales que no han sido procesados por sus actos, y que siguen libres impunemente y gozando de la protección del gobierno; en ocasiones estos actúan por cuenta propia cometiendo los mismos crímenes de reclutamiento de menores, o de violaciones de mujeres y niñas. El gobierno de Kabila se defiende de las acusaciones alegando que es el precio que se debe pagar para conseguir la paz, olvidando lo que muchas organizaciones internacionales le reclaman: que no puede haber paz sin justicia.
En abril de 2012, en una declaración del mismo presidente Kabila, ha sido declarada la voluntad de detener a Bosco Ntaganda, y se ha enviado una orden de arresto contra él. Respondiendo así a las reclamaciones internacionales des de hace años de perseguir a este presunto criminal de guerra.
La función de la Corte Penal Internacional
La RDC forma parte de la CPI des de 2000 cuando signó el Estatuto de Roma, y en 2002 lo ratificó, así pues la CPI tiene jurisdicción para investigar los posibles crímenes de guerra ocurridos en ese país.
La situación de la RDC fue asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares I, para evaluar las acusaciones a los posibles crímenes de guerra.
Las investigaciones por parte de la CPI en la RDC empezaron en junio de 2003, cuando se establecieron dos oficinas en RDC, una en Bunia y otra en Kinshasa para investigar los posibles crímenes de guerra llevados a cabo, centrándose en la provincia de Ituri, pero sin limite a cerca de quien los podría haber hecho. Las investigaciones se abrieron en junio de 2004, cuando el gobierno remitió formalmente la situación a la CPI[13].
Hasta ahora se han imputado a cinco militares: Thomas Lubanga Dyilo, líder de la Unión Patriótica Congolesa, arrestado en 2006; Germain Katanga, supuesto comandante de la Force de Résistance Patriotique en Ituri FRPI, arrestado en 2007; Mathieu Ngudjolo Chui, exlíder del Frente de Nacionalistas e Integracionistas FNI, y posteriormente coronel de la FARDC, arrestado en 2008; Bosco Ntaganda, subjefe de la Fuerza Patriótica por la Liberación del Congo FPLC, y presunto actual jefe del nuevo Movuement 23 Mars (M23) aunque de esto último no tiene ninguna acusación formal de la fiscalía, actualmente en fuga; y Callitxe Mbarushimana, presunto secretario ejecutivo de la FDLR, puesto en libertad sin cargos en diciembre de 2011.
A continuación veremos los casos que se les ha abierto.
En el caso contra Lubanga, juicio que se inició en 2009, se le imputaron los cargos de alistar, reclutar, y usar niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades. En marzo de 2012 se dio a conocer el veredicto, en el que fue hallado culpable de cometer los crímenes de guerra de alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en los enfrentamientos en la RDC entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Los jueces todavía no han emitido la sentencia, cosa que harán en los próximos meses, aunque por el momento la defensa de Lubanga tiene el derecho a apelar la decisión. El caso de Lubanga ha sido celebre debido a que fue el primer detenido de la CPI, pero sobretodo porque es el primer veredicto que ha emitido la CPI en los 10 años de su existencia.
En lo que respeta a Katanga y Ngudjolo Chui, los dos casos se unificaron en 2008 debido a que ambos estaban imputados de los mismos crímenes, y el juicio comenzó en 2009. Se les acusa de siete crímenes de guerra y tres crímenes contra la humanidad: asesinato, esclavismo sexual, violaciones, uso de niños a participar activamente en las hostilidades, ataque intencionado contra la población civil, saqueo, y destrucción de la propiedad; y homicidio, violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo Los magistrados estimaron que la evidencia en contra de Katanga y Ngudjolo Chui por trato inhumano, ultrajes a la dignidad personal y actos inhumanos no constituían suficientes pruebas[14]. Este caso está siendo tratado en la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI, y todavía no hay veredicto.
El caso de Bosco Ntaganda está todavía abierto, se le acusa de tres crímenes de guerra: alistamiento, reclutamiento y uso de niños menores de 15 años a participar activamente en las hostilidades.
Los cargos contra Ntaganda se refieren a la época en que fue jefe del grupo FPLC. Posteriormente ha sido integrado en la FARDC como general, dentro de los planes de DDRR. Se considera su detención como esencial para avanzar hacia la Paz en el país, pero Kinshasa se ha resistido durante mucho tiempo a ordenar su detención, alegando que esa orden desestabilizaría todavía más la situación y supondría un perjuicio contra el proceso de paz, a lo que prefería primero asentar la paz antes de impartir justica. Ntaganda, vivió sin necesidad de esconderse des de 2009 como general de las FARDC en Goma (Kivu Norte). Ntaganda se integró en las FARDC a partir del proceso de integración, aún mientras pesaba el orden de arresto de la CPI, y en consecuencia a esa integración vivió protegido por las propias autoridades de la RDC, lo que se considera una violación del Estatuto de Roma al dar refugio a un criminal buscado por la CPI.
Finalmente en abril de 2012 Kabila ha ordenado su detención atendiendo a las llamadas internacionales de la necesidad de detener a Ntaganda, como paso necesario para impartir justicia y así poder asentar la paz.
Esa ha sido considerada una muy buena noticia. Amnistía Internacional[15], junto a otras organizaciones como Human Rights Watch[16], piden ahora que se haga efectivo el arresto de Bosco Ntaganda, quien está en fuga y se teme que sea el responsable de la creación de un nuevo grupo armado, con ayuda de Ruanda, el Mouvement 23 Mars (M23), junto con miembros del antiguo CNDP[17].
En el caso Callitxe Mbarushimana, fue arrestado en 2010, Callitxe fue secretario ejecutivo de las FDLR, acusado de crímenes de guerra i de lesa humanidad: asesinato, tortura, violación, actos inhumanos, persecución, ataques contra la población civil, destrucción de propiedad y tratos inhumanos. Pero fue finalmente puesto en libertad sin cargos en diciembre de 2011.
Recientemente, el 31 de mayo de 2012, la Sala Preliminar II de la CPI, rechazó por unanimidad la solicitud de la fiscalía de emitir una orden de arresto contra Sylvestre Mudacumura, quien fue comandante de las FDLR[18].
Reflexión final
Como refleja Olga Martín Ortega: “La construcción de la paz incluye un muy amplio número de actividades: desde monitorizar el cese al fuego, organizar e implementar la desmovilización y reintegración de combatientes, ayudar a organizar las elecciones para un nuevo gobierno, apoyar la reforma democrática y establecer las bases para el futuro gobierno democrático, reformar el sector de la justicia y de la seguridad, así como la restauración del imperio de la ley y el Estado de derecho, a la asistencia de refugiados y personas desplazadas, mejorar la protección de los derechos humanos y promover justicia y reconciliación tras las atrocidades pasadas”[19].
En este largo proceso se debe tener siempre presente a las comunidades locales que son la base para la consolidación de la paz, y el gobierno debe ser la herramienta para garantizar su realización efectiva, la comunidad internacional no puede dar la espalda, y ha destinado gran cantidad de recursos a esta causa en la RDC, pero no se debe dejar la reconstrucción post-conflicto solamente en manos de la ayuda internacional. En más de una década no se ha cumplido con gran parte de los objetivos. Si bien evidentemente la situación ha mejorado mucho en gran parte del territorio, todavía existen grupos armados activos controlando grandes extensiones de territorios y provocando el desplazamiento y sufrimiento de la población civil local. Eso ha provocado feroces críticas hacia los planes ejecutados por no lograr una efectiva protección de la comunidad civil, y desenmascarado la incapacidad para poner fin al expolio de los recursos naturales, y de poner fin a los conflictos interétnicos, muchas veces mostrados como excusas para desviar la atención de las causas reales del conflicto, y usados para seguir alimentando el conflicto.
En el último año se realizaron elecciones, no sin acusaciones de irregularidades e infracciones, y lo que es peor, no exentas de violencia; de las que salió vencedor el mismo presidente que se mantiene en el poder des de 1998: Joseph Kabila. Los planes actuales de la MONUSCO pasan ahora por la implementación de la segunda fase de la Estrategia Internacional de Apoyo a la Seguridad y la Estabilización, para los años 2012-2014.
El conflicto en la RDC es muy complejo por la enorme cantidad de actores existentes, y los intereses que se mezclan entre estos actores (tanto estatales como no estatales) y la inevitable sombra de la extracción de recursos naturales, encontrar una solución a corto plazo parece complicado, y se debe avanzar en los planes de DDRR, pero también de reforma en el sector de seguridad y la creación de un órgano de justicia eficaz. Personalmente pienso que es necesario también un replanteamiento global a cerca del expolio de los recursos naturales que se está llevando a cabo en muchos países sudafricanos, y el provecho que sacan muchas empresas de los conflictos en estos países, causando una sangría para la población local y perpetuando situaciones de conflictos inaceptables. Hemos reflejado cómo empresas multinacionales con el apoyo de superpotencias estatales, son corresponsables de muchas de las violaciones de Derechos Humanos, y de la perpetuación de las milicias armadas, sin que se les haya reclamado ningún tipo de responsabilidad. Y es que es inaceptable que el país africano más rico en recursos naturales, sea el segundo en la cola del Índice de Desarrollo Humano.
[1] La RDC es uno de los países más ricos en recursos naturales de toda África, contando con el 80% de las reservas mundiales de coltan, y con explotaciones mineras de minerales considerados estratégicos por el Pentágono. A pesar de eso (o más bien a causa de esto) es el segundo país por la cola en el Índice de Desarrollo Humano 2011 del PNUD.
[2] Según el informe del Secretario General sobre el despliegue preliminar de las Naciones Unidas del 15 de julio de 1999: S/1999/790. En 2011, los desplazados se estimaban ya en más de 1,71 millones, según el informe S/2012/65, lo que refleja que el conflicto ha seguido latente en algunas provincias de la RDC.
[3] Son muchas las empresas mineras como Anvil Mining acusadas de no ser transparentes en sus negocios en el país, y de colaborar o estar directamente implicadas con la violación de Derechos Humanos, como denuncian desde la Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (ASADHO).
[4] Si bien la retirada de las fuerzas armadas extranjeras no fue totalmente efectiva hasta años posteriores. Esto se refleja en el informe S/2001/52
[5] Concretamente 5.537 soldados, 500 observadores, y el componente civil que se considerara apropiado.
[6] Es interesante la ponencia de Jean-Claude Katende, abogado activista y presidente de la Asociación Africana de Derechos Humanos, Africa: Voix face à la mondialisation.
[7] S/2001/373
[8] S/2010/164
[9] Como resalta el informe S/2011/20.
[10] Según la campaña “Paren, aquí vive gente” de Veterinarios sin Fronteras.
[11] Relativo a esto hay un informe muy interesante del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la RDC Titinga Frédéric, donde analiza y recomienda el establecimiento de salas penales mixtas.  A/HRC/4/7 del 21 de febrero de 2007.
[12] Informe anual 2012 Amnistía Internacional.
[13] http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0104/ y  http://iccnow.org/?mod=drc&lang=es
[14] http://iccnow.org/?mod=drc&lang=es
[15] http://www.amnesty.org/es/news/iniciativas-ai-asegurar-detencion-bosco-ntaganda-2012-04-19
[16] http://www.hrw.org/es/news/2012/04/13/rdc-arrestar-bosco-ntaganda-y-llevarlo-juicio-ante-la-cpi
[17] http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdc-investiga-ayuda-ruanda-militares-rebeldes-bosco-ntaganda-20120529083455.html
[18] http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/press%20releases/pr799?lan=fr-FR
[19] Martín-Ortega, Olga, Reconstrucción Postconflicto, Derechos Humanos y Democracia, materiales para la assignatura, 2012.