Empleo público y clientelismo en Argentina
Carlos Malamud
Profesor de Historia de América. UNED (España)
Con las elecciones presidenciales del 25 de octubre a la vista, el gobierno de Cristina Fernández [1]espera sumar 15.000 empleos a la nutrida plantilla de trabajadores estatales. Se trata de una nueva vuelta de tuerca con el propósito de condicionar hasta límites desconocidos al nuevo presidente, sea quien sea. De este modo, la herencia kirchnerista será una pesada hipoteca para el nuevo inquilino de la Casa Rosada.
Las notas principales son una inflación superior al 25%, un déficit público del 7%, una brecha cambiaria del 70% y un nivel de reservas que probablemente no superará los 10 mil millones de dólares, cuando no hace mucho tiempo eran más de 50 mil millones. A esto hay que agregar la desaceleración económica, con un crecimiento en 2015 que podría oscilar entre un + 0,5 y un – 0,5%, el descenso del precio de las materias primas, de las cuales dependen el 68% de las exportaciones argentinas, y la negociación pendiente con los acreedores internacionales que no han acordado el canje de la deuda con el gobierno, los famosos “fondos buitres”.
En condiciones similares a las argentinas otros presidentes han optado por comenzar programas de ajuste económico. En Argentina, con la necesidad de engrasar la maquinaria electoral y el afán de dejar para la historia un legado que se pretende único e inmaculado, cualquier medida o cualquier sugerencia que contradiga el “relato” oficial resulta impensable. Inclusive si éstas las formula la oposición o algún allegado al candidato oficialista, son descalificadas de inmediato.
En Brasil el ajuste está siendo extremadamente severo. Dilma Rousseff, [2] duramente golpeada por la crisis, redujo el número de ministerios y bajó los salarios de los altos funcionarios. Ése es un panorama que no existe en Argentina, al menos hasta el próximo 10 de diciembre. Si al deseo explícito de negar la realidad le añadimos la falsificación y manipulación de estadísticas, como ocurre diariamente en el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) el futuro no puede ser demasiado halagüeño.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Argentina es el país latinoamericano con el mayor número de empleados públicos, el 14,8% de la masa laboral, que al mismo tiempo reciben las retribuciones más elevadas. Mientras tanto, en Uruguay éstos son el 12,7%, en Brasil el 11,5% y en Chile el 9,2%.
A fines de 2015 Argentina tendrá poco menos de 3.500.000 trabajadores públicos, de los cuales casi dos millones corresponderán a las provincias y 1.500.000 a las estructuras del estado central. Por su parte, el sector privado cuenta con casi 6.500.000 trabajadores. Pero no importa sólo el número, sino también la velocidad de su incremento. Desde 2003, durante los gobiernos kirchneristas, la “década ganada” según la interpretación oficial, el empleo público en el estado se incrementó en un 55%, en una proporción mayor que la del empleo privado.
Es cierto que en algunas provincias, y con independencia del color político y de la época considerada, el aumento ha sido mayor. En este sentido a la cabeza de la lista se sitúan Tierra del Fuego (con un incremento del 111%), Catamarca (85%) y Salta (68%). Por encima de la media también están Chubut (64%), Santa Cruz (62%), Corrientes (56%) y la provincia de Buenos Aires (55%).
El clientelismo no es patrimonio exclusivo ni del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales. Los intendentes (alcaldes) también aportan lo suyo. Al menos de esto se quejó el gobernador del Chaco y ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, que próximamente asumirá como alcalde de la capital provincial en sustitución de una política radical. Capitanich se sorprendió del elevado número de nombramientos realizado por su antecesora.
Otro que puede situarse en el tope de la clasificación es el vicepresidente argentino y presidente del Senado Amado Boudou, imputado por varios casos de corrupción. De acuerdo con La Nación “Boudou convirtió al Senado en una suerte de agencia de contrataciones: durante su gestión al frente del cuerpo, desde diciembre de 2011, incorporó tantos empleados nuevos que la dotación supera, incluso, a la de la Cámara de Diputados”.
La suma de empleados públicos, jubilados y beneficiarios de los distintos planes sociales llega a 15,1 millones, una cantidad bastante apreciable de un censo electoral de 32 millones. Las bases clientelares del peronismo son claras, mucho mayores, salvo honrosas excepciones, de lo que ocurre en otras partes de la región o del mundo. Si bien todavía no está en funciones, el gobierno de Cristina Fernández ha llegado prácticamente al límite de su mandato.
Pese a ello Fernández insiste en gobernar como si se tratara del primer día y de condicionar hasta lo indecible lo que el nuevo gobierno pueda hacer en los próximos cuatro años. En parte para no renunciar al poder, en parte para trazar una hipotética senda de regreso en 2019, pero también para dejar colocados a muchos de los seguidores y familiares de los principales dirigentes kirchneristas. Un caso emblemático, bastante reciente aunque no único, es el de Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa, que a sus 26 años, fue nombrada directora del Banco de la Nación Argentina.
Unas instituciones subordinadas al Poder Ejecutivo y una oposición muy debilitada, junto con el hiperliderazgo de la presidente, explican en buena medida estos comportamientos. A las políticas clientelares hay que añadir una serie de prácticas fraudulentas, como las de las recientes elecciones provinciales en Tucumán o las que dominan el juego electoral en la provincia de Buenos Aires. Pese a todo, en Argentina no hay nada escrito y la incertidumbre sigue planeando sobre el resultado del 25 de octubre.
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[1] Cristina Fernández : http://www.infolatam.com/go.php?http://www.infolatam.com/2007/07/04/cristina-fernandez-de-kirchner-una-mujer-de-caracter/
[2] Dilma Rousseff,: http://www.infolatam.com/go.php?http://www.infolatam.com/2009/07/22/biografia-dilma-rousseff/
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