Autor: Manuel Calbet
La televisión ha sido durante décadas “el medio de comunicación”, pero hace años que el panorama ha cambiado y se mueve mucha más información por Internet que por cualquier otro medio. Sin embargo, continuamos pensando que los hechos no son noticia si no aparecen en la pantalla del televisor. Debido a ello las concentraciones multitudinarias que desafían al poder establecido son recibidas con sorpresa aunque lleven tiempo gestándose en las redes sociales de Internet. También pillan por sorpresa al sistema político, lo que refuerza la idea del creciente distanciamiento entre la clase política y el conjunto de la sociedad.
El 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones municipales y autómicas españolas, la céntrica plaza de la Puerta del Sol de Madrid empezó a llenarse de una multitud reivindicativa. No era una simple manifestación, sino una acampada de larga duración, cuestionando el funcionamiento del sistema político español y acusándolo de falta de democracia. Si en la forma se asemeja a las recientes revoluciones de países musulmanes, el fondo está mucho más cercano a la revuelta ciudadana islandesa, que ha conseguido derribar al gobierno, modificar la constitución, enjuiciar penalmente a responsables políticos y económicos y someter a referendum decisiones de interés público. A partir de la acampada madrileña, las convocatorias se replicaron en numerosas localidades, en forma de acampada permanente o concentración temporal. Y se han ido sucediendo actos de apoyo en ciudades fuera del territorio español, realizados fundamentalmente por emigrantes españoles. Es lo que se conoce como Spanish Revolution.
Legalidad
La primera reacción de la clase política fue plantear la intervención de las fuerzas policiales, dada la situación de ilegalidad de las acampadas. Pero eso no hace más que reforzar el carácter revolucionario del movimiento. Una revolución es, por definición, un proceso que desborda la legalidad. Cuando no se ha sabido adaptar el sistema a las circunstancias, el cambio del sistema se hace inevitable. Las revoluciones se producen para superar la estructura de poder, cuando éste pierde su base social o resultan insuficientes sus mecanismos represivos.
Democracia?
La existencia de una democracia formal tampoco es razón suficiente para deslegitimar una proceso revolucionario. España tiene un sistema de libertades democráticas que no se desea perder y que es especialmente valorado por aquéllos que vivieron la época dictatorial. Pero su funcionamiento adolece de graves defectos democráticos, el ciudadano está muy alejado de la toma de decisiones y la transparencia y rendición de cuentas parecen no figurar en la agenda de los políticos. Estas carencias son injustificables en un estado democrático moderno.
El propio funcionamiento de los partidos políticos dista de ser democrático. Amparándose en el necesario liderazgo, la camarilla que consigue conquistar el poder actúa de forma autoritaria, reprimiendo el debate interno. Los partidos quedan convertidos en maquinarias de marketing político orientadas a ganar elecciones. De esta manera, los mensajes que se dan, las leyes que se promueven y las decisiones que toman los gobiernos están supeditadas a la renta electoral que puedan suponer. Produce risa, pero era de esperar, la reacción de algunos partidos políticos ante las acampadas, tratando de rentabilizar la situación en beneficio electoral: “votadme a mí para arreglarlo”. Además de demostrar que no han entendido nada, insisten en el nefasto reduccionismo de la democracia a la acción de votar, pretendiendo que sea la única actuación del ciudadano en política. Este mensaje complementa la apelación al voto negativo, al voto por exclusión, que ha sido una constante desde hace años: “aunque mi proyecto no te ilusione, vótame porque los otros son muy malos”.
Es particularmente preocupante el estado de la separación de poderes en la política española. El gobierno está presidido por el secretario general del partido en el poder, y los integrantes de las cámaras legislativas, elegidos en listas cerradas, están sometidos a la disciplina de partido, así que poca independencia real hay entre estos dos poderes. La fiscalía, fuertemente condicionada por el gobierno, no parece actuar como órgano independiente. En cuanto a la judicatura, hay dudas razonables de su autonomía. Las dificultades y retrasos en los nombramientos de magistrados son un indicador del interés de los partidos en colocar a personas que respondan a sus intereses. Los políticos que proclaman la existencia de una separación entre poderes dicen… lo que se supone que tienen que decir, pero no es una descripción de la realidad.
Para que se produzca una revolución: crisis y privilegios
Hay circunstancias que se repiten en las revoluciones, y quizás sean necesarias para que la revolución se produzca. Por una parte, una crisis económica profunda, que afecta de forma grave y a menudo inesperada a una parte significativa de la población, provocando situaciones personales de angustia ante la falta de ingresos para comprar comida o pagar la vivienda. Junto a ello, la existencia de una clase social no sólo inmune a las dificultades, sino con el poder suficiente para manejar la situación según sus intereses, acumulando riqueza y aumentando sus privilegios. Cuando esta percepción de la realidad pasa del plano individual al colectivo, la convocatoria a la rebelión tiene muchas posibilidades de resultar exitosa.
Estas circunstancias se están dando en España. La tasa de paro ha subido verticalmente, llegando a superar el 20% de la población activa y el paro juvenil está por encima del 40%. Como durante años se había incitado a las familias a un endeudamiento máximo, la pérdida de empleo de una persona puede llevar a toda su familia a la insolvencia.
¿Cuál es la actuación de las grandes empresas? Da la sensación de que la única medida que se les ocurre para mantener los beneficios es despedir personal o sustituirlo otro más barato sin importar las consecuencias negativas. El objetivo de satisfacción del cliente ha sido sustituido por el de tenerlo cautivo. Qué lejos está el pensamiento de Henry Ford, cuando deseaba que sus empleados pudieran comprar sus coches! Ahora la empresa ideal sería aquélla que tuviera cero empleados. Pero a medida más y más empresas se van quedando sin empleados y los salarios bajan, se van quedando también sin clientes por falta de poder adquisitivo.
Los despidos masivos de trabajadores se realizan mediante el procedimiento del “expediente de regulación de empleo”, en el que intervienen empresa, administración y sindicatos. Habitualmente hay aportación de fondos públicos para completar la indemnización a los trabajadores. Queda la sensación de que, lo que en un principio debía ser un mecanismo para asegurar la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo restantes, haya acabado convirtiendo a la administración en cómplice de nefastas políticas de empleo y subvencionadora de empresas que pagan cuantiosos bonus a sus directivos y dividendos a sus accionistas. Los sindicatos lo aceptan y, en ocasiones, lo promueven. La actuación de los sindicatos está siendo cuestionada por los propios trabajadores, la afiliación sindical es muy reducida y algunos los consideran como parte de esa clase política profesional que actúa en su propio interés.
La respuesta del poder político frente a la crisis no ha sido la única posible como nos han hecho creer. Había alternativas. La política marcada por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional responde esencialmente a los intereses de los bancos acreedores, forzando la reducción del déficit y la deuda de los gobiernos sin importar la recesión que ello produzca. Podían haberse emitido eurobonos o reestructurado la deuda griega, pero afectaba intereses al parecer intocables.
Dentro del sector financiero, las Cajas de Ahorro españolas constituyen un caso especial. Muy dependientes de la clase política y los gobiernos autónomos, han servido para financiar proyectos ruinosos por interés o capricho político. Para evitar su quiebra se ha realizado un plan de salvamento basado en tres pilares: fusión de entidades, reducción de plantilla y aportaciones financieras del estado.
Salvadas las entidades financieras, el peso de la crisis ha caído sobre los particulares y las pequeñas empresas. La falta de pedidos y contratos, y el cierre de las líneas de crédito han llevado a una situación límite a pequeños negocios y despachos profesionales.
La pérdida de la vivienda que se creía propia aunque estuviera hipotecada es un drama personal difícil de superar. Pero cuando se llevan las llaves al banco y se recibe la respuesta de que la deuda no está saldada, el estupor da paso a la indignación. En España la vivienda no es la garantía del préstamo hipotecario, es sólo una garantía. Así que el expropietario puede verse obligado a seguir pagando por una vivienda que de la que ha sido deshauciado y ha pasado a ser propiedad del banco. Esta circunstancia era desconocida por la gran mayoría de personas que firmaban una hipoteca. Y no estaba ni en la letra pequeña del contrato, ya lo decía la ley. Cuando el gobierno ha sido interpelado por este asunto, ha contestado argumentando que cambiar la ley pondría en peligro la solvencia de las entidades financieras. Una manera más de decir que la crisis tiene que pagarla el ciudadano.
En el conflicto de intereses entre el ciudadano y las entidades financieras el poder político siempre ha decidido a favor de los bancos, por connivencia o por dependencia. Los políticos europeos se han mostrado impotentes frente a las fuerzas globalizadoras del capitalismo especulativo, e incapaces de articular una política macroeconómica común enfocada a un desarrollo armónico.
Privilegios
Mientras tantos ciudadanos pasan graves problemas económicos que no podían imaginarse, y crece la sensación de vivir en una sociedad de riesgo y con poca esperanza de un futuro mejor, un pequeño sector de la sociedad vive instalado en los privilegios. Seguramente los beneficiarios creen que son merecidos, como la aristocracia del Antiguo Régimen consideraba naturales sus privilegios, pero son igualmente injustificables.
En particular los políticos parecen constituir una casta aparte, excluídos de las limitaciones que imponen a los demás. ¿Cómo es posible que los mismos que legislan el endurecimiento de las condiciones de jubilación tengan para sí mismos unas condiciones absolutamente diferentes y mucho más ventajosas? ¿Por qué aseguran sus ingresos adjudicándose cargos en empresas públicas financiadas por la administración? ¿Por qué mientras proclaman las ventajas del transporte público no conocen más vehículo que el coche oficial que, significativamente, ignora las señales de tráfico? Y no es simplemente una cuestión de reducir gastos por estar en crisis, es, fundamentalmente, que estos privilegios carecen de legitimidad.
Junto a los políticos, las grandes fortunas que crecen y concentran en pocas familias una proporción cada vez mayor de la renta. Son jugadores de ventaja en los mercados especulativos, tienen a su disposición los paraísos fiscales y la posibilidad de adquirir nacionalidad de conveniencia. En la práctica se sitúan fuera de los sistemas fiscales, es decir, tienen el privilegio de pagar impuestos mínimos. Simultáneamente, ejercen presión sobre estos sistemas fiscales de los que en gran medida escapan, consiguiendo ventajas específicas como las Sicav españolas.
Respuesta y futuro
Es difícil saber cómo evolucionará el movimiento. Ciertamente es heterogéneo y no hay tradición de una cultura política que pueda amalgamarlo. Pero la respuesta de la clase política está siendo claramente insuficiente, y va desde la autoritaria represión policial en Cataluña hasta el intento de capitalizar el movimiento para conseguir votos, pasando por la amplia avenida del desconcierto.
Como dice Hessel, la indignación es un primer paso, pero hace falta avanzar, adquirir compromisos para cambiar el panorama. Es necesario concretar propuestas y mantener en el tiempo la alerta ciudadana. No se debe esperar la creación de una estructura piramidal, la solidificación de la revuelta, pues la indignación globalizada no funcionará jerárquicamente sino en red. La organización ha de ser capaz de seguir generando propuestas y convertirlas en acciones reivindicativas.
Es necesario rectificar la evolución que ha tenido la democracia en los últimos años. Hace falta más democracia, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas. El modelo se ha anquilosado, el traje se ha quedado pequeño y se ha desgarrado, es preciso hacer uno nuevo. De momento, las vergüenzas del emperador han quedado expuestas a la vista del público.