Jóvenes del Futuro o el Futuro de los Jóvenes

Jóvenes del Futuro o el Futuro de los Jóvenes

¿Cómo puede avanzarse en una época de incertidumbre, cambios económicos, desequilibrios geopolíticos que avanzan hacia escenarios bélicos, niveles de desempleo y falta de calidad de vida donde son los jóvenes los más afectados?
Abril de 2022, poco a poco va retomando actividad el pueblo de San Ignacio de Moxos (departamento del Beni, Bolivia) fundado en 1689 por los padres jesuitas Antonio Orellana y Juan de Espejo con indígenas Cañacures y Punuanas. La primera misión establecida al oeste del río Mamoré, ahora Capital de la provincia Moxos. Cuya iglesia misional, la primera en la región, ha sido reconstruida de acuerdo con la arquitectura misional conservando mucho de su origen, cuenta con un importante Museo de Arte Sacro y en el ámbito cultural posee uno de los archivos más importantes de Música Barroca, una Escuela de Música y un coro de reconocimiento internacional junto al Cabildo Indigenal, son parte de su patrimonio tangible y maravilloso.
Pero esta población de algo más de 20.000 habitantes en una extensión de 33.000 Km2, es uno de los humedales más grandes del mundo y posee otro patrimonio muy importante, sus jóvenes. Las calles del pueblo se ven inundadas de niños y jóvenes de ambos sexos, de todas las edades, retornando a clases. Se siente el respiro después del encierro. Esta población no estuvo ajena al drama y la tragedia consecuencia de la pandemia del Covid-19, pero hoy se vislumbra más ánimo, las voces jóvenes y el movimiento de sus calles con escolares y estudiantes dan fe de ello.
Este municipio, parte del departamento del Beni, uno de los departamentos más extensos de Bolivia, en la Amazonía boliviana, con más de 200.000 km2 es una tierra extensa mal comunicada y menor economía por lo que es mala generadora de empleo. A esto ha de sumarse que el grupo etario de 0 a 25 años del departamento es más del 64% de su población total. La explotación forestal, la ganadería extensiva se basan en la explotación de recursos. Las políticas estatales para el desarrollo del departamento del Beni se dirigen al fortalecimiento del sector agropecuario. No existe ningún incentivo ni políticas para el desarrollo económico en las áreas de turismo, agroecología, pecuaria, forestal y sobre todo ictícola, desaprovechando el sector como una potencial zona de desarrollo económico.
Basa su economía actual en la actividad ganadera, y es un importante centro del comercio departamental, el beneficio por familia derivado del trabajo en estancias ganaderas (en el que trabajan tanto el hombre como la mujer en jornadas superiores a las 8 horas diarias), es de 3.200 euros al año. El beneficio por hora de trabajo es de 3.200/2.560 = 1,25. En realidad, el beneficio del trabajo en estancias es todavía mucho menor, porque en el salario de 200 €/mes se incluye el trabajo gratuito de la mujer del vaquero, y la cantidad de horas diarias de trabajo es superior a 8.
Por la emergencia de nuevas necesidades humanitarias asociadas al COVID- 19 vinculadas al incremento de desigualdad en zonas deprimidas económicamente, precariedad de los sistemas de salud y los medios de vida se ha incrementado la aparición de nuevas rutas migratorias alentadas por esta crisis. Los jóvenes provienen de estas zonas, de por sí alejadas de incentivos a la economía familiar y/o comunitaria.
La focalización y localización de esfuerzos deben atender problemas y situaciones desequilibradas para enriquecer los eslabonamientos, produciendo efectos sinérgicos conocidos por la teoría como externalidades. En ese sentido, una descentralización de roles hacia los gobiernos locales y regionales con los emprendedores realmente existentes en cada lugar potenciaría aún más cualquier estrategia de intervención. La participación de actores locales, públicos y privados se hace imprescindible.
Como nuestros jóvenes de San Ignacio de Moxos, del Beni, cada año son millones de jóvenes latinoamericanos que entran al mercado del trabajo, sin embargo, una buena parte de ellos no encuentran un empleo digno. Cada año son decenas de miles de jóvenes latinoamericanos que ven frustradas sus expectativas de emprendimiento en el sector económico formal con la consecuencia de una ciudadanía que no tiene un ejercicio pleno, el resultado de una base fiscal estatal frágil y la aparición de mercados fragmentados e imperfectos que impiden la eficacia de políticas contra la pobreza y la desigualdad.  Pero los modelos que son eficientes, las intervenciones de cooperación ajustadas a los requerimientos de directrices para el desarrollo no logran resultados convenientes para fundamentar una democracia y justicia económica efectivas en un marco de justicia global necesaria.
Esta dificultad en la inserción laboral de los jóvenes, problemática persistente en América Latina y el Caribe, se refleja en mayores tasas de desempleo que triplica la de los adultos, la tasa de trabajo informal es mucho más alta y la inactividad comienza a ser demasiado elevada para el desarrollo económico y social de nuestros países.
La brecha entre la empleabilidad de jóvenes y adultos existe como fenómeno hoy global. La afectación severa en la educación, el empleo, la salud mental y secuelas derivadas de la pandemia por el COVID-19 amenazan con generar impactos no sólo de largo plazo sino profundos, la búsqueda de una trayectoria laboral orientada a los jóvenes hace necesario desarrollar políticas públicas focalizadas estrictamente en este grupo etario si no queremos ver que el decrecimiento de desarrollo ya perceptible por la brecha entre los países de mayor desarrollo con los de la región de menor desarrollo se haga más profunda.

Según el informe mundial 2020 de la OIT sobre el empleo juvenil, en América Latina y Caribe existen 9.4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones no estudian ni trabajan, y más de 30 millones sólo consigue empleo en condición informal. Estos datos son alarmantes, pero podrían ser bastante más complicados por los efectos del coronavirus, tal como refiere el director Regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, al explicar que los empleos temporales, de tiempo parcial o en el ámbito de la informalidad, que son a los que acceden los jóvenes, serán los más afectados por el deterioro de la economía. Este deterioro, aún silenciado por la leve reducción de medidas de la pandemia y las diferentes acciones de soporte económico eventual al que se han visto obligados la mayoría de los países, no tardará en reflejar la desprotección existente en el mercado laboral con referencia a los jóvenes debido a la mencionada condición de informalidad permanente de esta región. El contagio del mercado laboral activamente afectará en mayor medida al empleo juvenil.

La OIT informa datos preocupantes, la tasa de participación laboral de los jóvenes ha estado descendiendo en forma leve pero persistente desde el año 2000, (2020 un 48.7 % contra el año 2000 de un 53,7%) lo que da lugar a una cifra por demás negativa, más de 52 millones de personas entre 15 y 24 años, fuerza de trabajo regional, donde se incluyen ocupados y desocupados que buscan activamente un empleo que genere economía familiar al menos.

A esto, la expresión de jóvenes Ninis, ni estudia ni trabaja, bordea una realidad que se ha hecho lacerante a partir de una tasa de alta informalidad en América Latina y el Caribe agravada por la crisis desde el origen de la pandemia del COVID-19 a la fecha. Indudablemente esta cifra incluye en mayor porcentaje a las mujeres, que en la región duplica la tasa de mujeres jóvenes desempleadas. Esta diferencia de género se hace menos perceptible en sociedades donde el trabajo no remunerado, vinculado a las labores del hogar, es el que se asigna en una mayoría no productiva de mujeres jóvenes.

En general los aspectos que desfavorecen proporcionalmente a los jóvenes tienen que ver con el sistema normativo y regulatorio, así como disposiciones laborales no adecuadas para dotar salarialmente el nivel de productividad, máxime en situaciones de informalidad permanente.

Es alarmante también el aspecto de la depreciación de la calidad de la educación producto o secuela de la pandemia. La región se ha visto castigada en su mayoría con la virtualización de la educación de niños y jóvenes, castigada digo porque la brecha instrumental y digital existente en los países de Latinoamérica y el Caribe se ha hecho más que evidente en relación con los países con mayor desarrollo económico y tecnológico. Esto ha dado lugar a que la educación proyecte grandes deficiencias en las habilidades y capacidades requeridas para poder acceder a trabajos técnicos o de requerimientos algo más avanzados. En este circuito que empieza a hacerse perverso se encuentra una desconexión de la realidad y la expectativa salarial para un egresado de bachillerato o un egresado de educación universitaria en la situación actual.

La pandemia ha supuesto la pérdida millones de empleos en América Latina y el Caribe, en cifras podemos hablar de más de 17 millones y en esta cifra se encuentran los jóvenes. No podemos negar que esto suponga consecuencias dramáticas a corto plazo. La pandemia del Covid19 no sólo ha alterado la dinámica económica de la mayoría de los países del mundo, sino que la mayor parte de los jóvenes que dejaron de trabajar o estudiar durante la pandemia tienen como resultado mayor probabilidad de no tener acceso a trabajos ni siquiera informales y más grave aún, padecer secuelas de ansiedad o depresión que podrían incrementar el consumo de drogas y alcohol.

Si esta es consecuencia a corto plazo, la más grave será a largo plazo ya que la trayectoria laboral de los jóvenes en paro hoy en día, el desempleo juvenil generado, el alto índice de trabajadores poco calificados deambulando en búsqueda de recursos para subsistir pareciera tener como efecto negativo no solamente la incidencia en la economía local, regional, global sino también extenderse al ámbito de la salud y de los comportamientos sociales. La decadencia de los puestos laborales, la oferta de empleos o trabajos fuera de los rangos de normalidad podrían afectar en mayor medida el comportamiento social de esas regiones donde la pobreza y la brecha existente entre falta de educación por la inadecuada tecnología, accesos a oportunidades de empleo y mejora de trayectoria profesional requieren sin duda, planteamientos de políticas públicas no solamente de creación de empleo, si no de reinserción educacional, emocional y de protección del capital humano que es la capacidad nacional de los países, los jóvenes. El efecto que se ha venido a llamar “cicatriz” tiene el riesgo de una depreciación del capital humano con la consecuente desprotección de los sistemas productivos y el impacto que podría afectar en gran medida a más de una generación.

Por otra parte, el otro lado de la medalla alerta sobre una generación de niños que tienen una probabilidad de una esperanza de vida inferior a la de sus padres o abuelos por culpa de la obesidad y sobrepeso, una epidemia que ya comienza a pasar factura en edades iniciales. La alimentación nutricional basada en alimentos ultra procesados están vinculadas estrictamente a la lista de dolencias que se asocian a su consumo. Investigaciones establecen que el consumo de este tipo de dieta cubre el mundo entre el 25 y 50%. El nutricionista Julio Basurto, autor de varios libros como Alimentación vegetariana en la infancia, Beber sin sed, o niños sin etiqueta, nos habla de la mala calidad nutricional y menor esperanza de vida. A la crisis de la pandemia estamos sumando otra epidemia, la industria alimentaria que genera déficit nutricional en perjuicio de una generación futura con poca esperanza o con menor esperanza de vida. La necesidad de articular mecanismos de acción de fomento ya no sólo a la elemental seguridad alimentaria sino también a la soberanía alimentaria, también han de incorporarse en las políticas de recuperación, no solamente de economía para jóvenes si no de recuperación de calidad de vida para estos jóvenes.

Un tercer aspecto importante para paliar los tremendos resultados de la crisis del COVID 19, orientado no sólo a la reducción de la pobreza y la desigualdad sino al reconocimiento de la dignidad de la gente en su diversidad, a que sean actores individuales y colectivos de un proceso de desarrollo democrático que pueda devolver el orgullo y la esperanza creíble de un futuro mejor para ellos, los jóvenes, el capital humano.

Entonces, ¿Cómo puede avanzarse en una época de incertidumbre, cambios económicos, desequilibrios geopolíticos que avanzan hacia escenarios bélicos, niveles de desempleo y falta de calidad de vida donde son los jóvenes los más afectados?

¿Qué es lo que hay que superar?

Se ha de superar ante todo la vulnerabilidad, la baja autoestima, la desesperanza, la impunidad, la corrupción, los bajos niveles de institucionalidad, la depreciación de la educación, la falta de incentivos en lo económico. Se ha de avanzar en la construcción de destino para un capital humano joven. Las comunidades políticas existen no sólo para procurar el desarrollo económico y social, que hoy exige velar por el medio ambiente, sino también para procurar el entorno adecuado para que los jóvenes, el capital humano propio, tenga posibilidad de ser generador de ese desarrollo.

Se han de superar las falencias de oportunidad de acceder a calidad de vida a través de una sociedad saludable, lo que se observa es la estrechez de las clases medias tanto a nivel mundial como en los países altamente desiguales.
Se ha de asegurar la justicia económica, por lo que debe fomentarse la capacidad productiva a través de una estrategia de industrialización incluyente y sostenible de los sectores económicos diversificados; replantear la división sexual del trabajo y avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado y fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social como una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares; garantizar un trabajo digno y un salario digno para todas y todos; la promoción de la transferencia de tecnología, la financiación, el seguimiento, la evaluación y la investigación de acuerdo con el principio de precaución; la financiación para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.

Estas notas de reflexión sobre la precaria situación de los jóvenes post pandemia tienen que ver además con la justicia global, que será un tema recurrente de este tiempo. Hoy estamos muy lejos de ella. La desigualdad global es evidenciable cuando genera naturaleza destructiva, y refleja especialmente la desigualdad a nivel global entre las personas especialmente los jóvenes. Una justicia global como sistema eficiente es aquella que reconoce y protege los derechos universales políticos y económicos a través de instituciones que son confiables, traducido en un gobierno que ejercita el estado de derecho efectivo. Este sistema hace posible que los titulares de los derechos tengan garantías de que sus gobernantes y la sociedad en general respetarán los derechos y las leyes, que significa la llamada seguridad jurídica para derechos políticos y económicos, que se reconocen de manera universal bajo una efectiva igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta debiera ser la premisa que incentive políticas de protección, derecho a una educación de calidad, salud para la calidad de vida y generación de empleo para jóvenes.

Vuelvo atrás, al inicio de este artículo, San Ignacio de Moxos, “donde hoy se vislumbra más ánimo, las voces jóvenes y el movimiento de sus calles con escolares y estudiantes dan fe de ello”. Y me pregunto si las políticas de protección y fomento a los jóvenes, post pandemia, están actuando para afirmar que se vislumbra más ánimo. Y me temo que no, que están aún muy lejos, por la urgencia, la emergencia, la deficiencia y/o la negligencia.
Ante este panorama los jóvenes del futuro, de San Ignacio, del Beni, de Latinoamérica, temerán quedarse sin él.

San Ignacio de Moxos, 15 de abril de 2022