El capitalismo de camarilla o compinchismo
Académico y Consultor Internacional
En este escrito de 2009, Joan Prats trata del capitalismo de camarilla, propio de épocas de inestabilidad, en el que una élite controla los mecanismos económicos y de poder en beneficio propio.
El camarillismo o compinchismo describe la situación en la que los que se hallan próximos al gobierno reciben favores que tienen considerable valor económico. Estos favores, aunque a veces consisten en transferencia directa de riquezas (tierras, subsidios o condonaciones de impuestos), más a menudo consisten en la provisión de posiciones económicas. Por ejemplo cuando se transfiere la propiedad o el derecho de operar una empresa que se privatiza; o cuando se conceden, de hecho o de derecho, posiciones de monopolio o cuasimonopolio; o cuando se conceden créditos a tasas de intereses altamente subsidiados; o cuando se conceden contratos gubernamentales[i]. El capitalismo de camarilla es un capitalismo en el que los políticos en el poder y determinados grupos empresarios se reconocen, conciertan y actúan como compinches. Stephen Haber[ii] argumenta que se trata de una forma capitalista de resultados menos eficientes y equitativos que la economía de mercado institucionalizada, pero que es la única que puede asegurar un cierto tipo de crecimiento en condiciones de inestabilidad política y/o fuerte desigualdad social.
El argumento es el siguiente: Existe un gran consenso en la teoría y la historia económica sobre que el sistema social más eficiente es el que reconoce y protege derechos políticos y económicos universales mediante instituciones confiables, es decir, a través de un gobierno constitucional y un Estado de derecho efectivos. Ello es así porque en estos sistemas se resuelve el llamado problema del compromiso, es decir, los titulares de los derechos tienen garantías creíbles de que el gobierno y los terceros respetaran sus derechos y las leyes y contratos bajo cuya amparo fueron creados. En otras palabras: existe seguridad jurídica para los derechos políticos y económicos universalmente reconocidos bajo una efectiva igualdad de los ciudadanos ante la ley. Todo lo cual constituye el más poderoso incentivo para la universalización del ahorro y la inversión productiva.
Pero todo esto es prácticamente imposible en condiciones de continuada inestabilidad política y/o de fuerte desigualdad. En tales condiciones el problema del compromiso no puede resolverse a través del Estado de derecho para la economía. Una solución inferior viene constituida por el capitalismo de camarilla. Este sirve para mitigar los efectos de la inestabilidad y/o la desigualdad. Es una fórmula de segunda clase capaz de producir crecimiento aunque inestable y desigual, es decir, de baja calidad. El capitalismo de camarilla opera por integración vertical: los grupos gubernamentales y económicos se integran
(1) ya sea porque se permite que los actores económicos escriban y hagan cumplir las reglas (a veces informales a veces formalizadas a posteriori por los órganos del Estado) a cambio del apoyo que darán al gobierno (como sucedía claramente en México bajo el Pri)
(2) ya sea porque se incentive a los políticos para que se comprometan directamente en actividades económicas lucrativas (como sucedía no menos claramente en los países ex comunistas).
Se trata de un capitalismo sujeto a reglas, pero no se trata de reglas universales, sino elaboradas concertadamente por y para la camarilla. La gobernanza económica en que se expresa es creada por los miembros de la camarilla en beneficio propio, aunque se impone su respeto al conjunto de la población. De esta manera el gobierno resuelve el problema del compromiso generando estructuras de confianza entre los compinches que así ya pueden invertir y tener una cierta seguridad para sus inversiones mientras se mantengan en la camarilla. La camarilla se institucionaliza cuando es capaz de reacomodarse al cambio de sus miembros y de los sucesivos gobiernos. En realidad la gobernanza política y económica que resulta expresa un proceso iterativo de contratos y recontratos entre los compinches.
Este sistema es desde luego incompatible con el Estado de derecho y la economía de mercado institucionalizada. Los capitalistas privados de este sistema no pueden calificarse propiamente como burgueses porque no aspiran a crear un orden económico y jurídico universal ni a separar el Estado de la economía y la sociedad. Los compinches aspiran a controlar el proceso político porque si pierden el control falla la solución del problema del compromiso y pierden la seguridad (no jurídica sino política y de poder) de sus derechos de propiedad. La integración de política y economía que se produce solo es posible bajo liderazgos presidenciales fuertes y altamente discrecionales. De ahí que cuando la camarilla tiene que aceptar la democratización sólo puede hacerlo controlando el proceso político (las elites de los partidos se integran con las elites económicas y controlan patrimonial, prebendal y clientelarmente a sus partidos), es decir, manteniendo una democracia de baja intensidad o delegativa. En definitiva, el capitalismo de camarilla expresa unas fórmulas de toma de decisiones y de solución de conflictos entre actores estratégicos que no puede transparentarse sino muy parcialmente y que por ello está impregnada de informalidad. Es decir, en el capitalismo de camarilla los empresarios formales también son en gran medida informales, son los compinches de sus compinches políticos.
Este sistema condena necesariamente a la informalidad económica y a la ilegalidad tributaria a la gran mayoría de los emprendedores del país. El emprendedor no puede formalizarse porque al no poder por lo general integrarse en la camarilla no queda protegido por el sistema de seguridades informales de los miembros de ésta. Si se formaliza soporta los altos costos de transacción por incertidumbre característicos de los gobiernos sin o con bajo nivel de Estado de derecho. Se refugia entonces en la informalidad con lo que no sólo se impide el desarrollo de clases medias productivas que amplíen la base fiscal y la ciudadanía sino que se crea un freno tremendo al desarrollo al limitarse las transacciones económicas al ámbito de confianza personal característico de los mercados informales.
El capitalismo de camarilla al no reconocer verdaderos derechos universales de ciudadanía económica también estimula los corporativismos de todo tipo. Las personas, ante la falta de instituciones que garanticen sus derechos de modo igual, tienden a agruparse en corporaciones profesionales, gremiales, empresariales de todo tipo, que por lo general tampoco propenden a la creación de un orden jurídico y económico universal sino a la defensa del status quo, en el peor de los casos, o a la captura de rentas legalmente garantizada, en el mejor. Lógicamente nada de todo esto favorece ni el desarrollo democrático ni el avance del Estado de derecho. No resulta extraño, pues, que los bolivianos, de modo prácticamente unánime, en todos los estudios sociales que nos son conocidos, manifiestan altos niveles de confianza interpersonal en su círculo vital de referencia (familia, comunidad, iglesias…) y bajísimos e inquietantes niveles de confianza en relación al funcionamiento de las instituciones generales en las que no se hallan directamente encuadrados (leyes, políticas, policía, jueces, ejército).
Llegados a este punto estamos analíticamente pertrechados para interpretar mejor la crisis de gobernabilidad boliviana: La nueva política económica y la primera democratización no instalaron en el país ninguna economía de mercado, ningún propio Estado de derecho, ninguna democracia de calidad. Ya hemos reconocido antes sus méritos históricos relativos. Pero de Mercado, Estado y Democracia sólo sembraron los gérmenes porque fijaron la estabilidad política en un capitalismo de camarilla, capturador del proceso político, basado en arreglos principalmente informales entre las elites políticas y económicas integradas, incapaz de formalizar y estimular las capacidades productivas del país, envuelto en una gran opacidad y discrecionalidad, de todo lo cual sólo podían emanar políticas de desarrollo coherentes con los intereses de la camarilla, que trató de legitimarse adornándose con pobres ropajes de democracia, Estado de derecho y economía de mercado, ayudado todo ello por la falta de comprensión del verdadero significado de estos conceptos en la cultura política, económica y legal del país.
La gobernabilidad democrática así creada sólo pudo sostenerse mientras duró la memoria histórica de los graves sufrimientos vividos hasta 1985 y mientras pudo producirse un crecimiento que, aunque desigual y limitado, mantuvo las condiciones económicas de la población y mejoró algunas de sus condiciones sociales y democráticas. Cuando después de l998 nada de esto fue posible, estalló el equilibrio institucional instalado. Las calles y los caminos se poblaron con nuevos actores dispuestos a devenir estratégicos contestando globalmente no la democracia sino el modo de gobernabilidad instalado.
La sangre vertida fue en gran parte innecesaria, pero debería servir para el aprendizaje colectivo por todos los actores estratégicos, viejos y nuevos, de que nuevos equilibrios institucionales, nuevos modos de gobernabilidad son posibles Y necesarios. La democracia, la economía mercado, el Estado de derecho, la ciudadanía… son viajes. Terminó la primera etapa. La primera democratización se fue. Se abría la oportunidad de una segunda democratización que cambiando el modelo de gobernabilidad instalara nuevos equilibrios institucionales más eficientes y equitativos. Es la gran oportunidad representada por la Asamblea Constituyente si sus futuros miembros saben leer bien a Bolivia y al Mundo y deducir acordadamente por dónde pasan hoy los caminos del progreso .Quizás no esté de más recordar lo que Alain Touraine recomendaba a los latinoamericanos: «hay que entrar rápidamente en el liberalismo para no quedarse en él». Tras la segunda Guerra Mundial en Europa fue posible un gran pacto entre socialistas, liberales y demócrata-cristianos expresado en aquella gran frase «tanto mercado como sea posible tanto Estado como sea necesario». Hoy, en un mundo global, un nuevo concierto es posible entorno a la frase «sí a una economía de mercado, no a una sociedad de mercado». Para ello es necesario hacer avanzar la democracia no sólo a nivel de instituciones sino también de cultura cívica, de comportamientos ciudadanos, lo que es imposible sin poner en el primer plano de la agenda política la superación de las desigualdades.
[i]Anne O. Kruger, «Why Crony Capitalism is Bad for Economic Growth» en Stephen Haber (ed.) (2002) Crony Capitalism and Ecomic Grawth in Latin America. Theory and Evidence, en http://www.hoover.org/publications/books/crony.html, pp. l-24.
[ii]Stephen Haber, Noel Maurer y Armando Razo, «Sustaining Economic Performance under Political Instability: Political Integration in Revolutionary Mexico» en Stephen Haber (ed.) (2002) Crony Capitalism and Ecomic Grawth in Latin America. Theory and Evidence, en http://www.hoover.org/publications/books/crony.html, pp. 25-74..