Responsabilidad y gestión pública

Responsabilidad y gestión pública

Este artículo entra en el debate sobre las ventajas e inconvenientes de la gestión directa o indirecta de las políticas y servicios públicos, para llegar a la conclusión de que lo fundamental es cómo ejercer la responsabilidad pública, algo que se olvida con mucha frecuencia.
La denominada municipalización de servicios públicos que están planteando importantes ayuntamientos de ciudades españolas -suministro de agua y energía, mantenimiento de parques y espacios públicos, servicios sociales especializados, equipamientos deportivos, entre otros-, ha puesto de relieve la polémica sobre la oportunidad o amenaza para los intereses de la ciudadanía de la gestión directa del conjunto de servicios de competencia municipal, por parte de los ayuntamientos.
La polémica tiene su origen fundamentalmente en el proceso iniciado en los años 90 por parte de los ayuntamientos que quisieron y lograron reducir el déficit económico a través de adjudicar a operadores privados la gestión de servicios, que hasta entonces gestionaban directamente la administración con su propio personal, mediante concurso o convenio.
Entonces, la preocupación de los ayuntamientos tenía una prioridad: conseguir una bajada de los precios por encima de la calidad de atención a los usuarios, pero preocuparon poco de las condiciones de producción de dichos servicios. En este sentido es fácil encontrar ejemplos de grandes empresas especializadas en gestión intensiva de personal, que realizan en nuestras ciudades, tanto la limpieza de grandes superficies, como la atención a las personas mayores, pagando salarios muy bajos a su personal, e incluso casos de externalización de servicios claves para poder ejercer la responsabilidad pública como los servicios sociales básicos, servicios de control e inspección, etc.
Solventar las deficiencias de un inadecuado proceso de contratación y evaluación externo no puede significar volver atrás y reproducir los problemas que se quisieron superar en los años 90, como los altos costes económicos, el exceso de personal por la contratación partidista de personas procedentes de los partidos o entidades afines en empresas municipales, la existencia de un monopolio público de servicios que trataba a los ciudadanos y ciudadanas como subordinados, y que no favorecía la innovación y la mejora permanente. En este sentido, optar hoy de nuevo por la gestión directa generalizada de los servicios puede significar de nuevo la reproducción de los antiguos y graves errores.
Lamentablemente, se confunde la contratación externa o gestión indirecta con privatización de los servicios, y la gestión directa con municipalización, con lo que se ideologiza el tema, asumiendo que los neoliberales estarán por la privatización y la izquierda por la municipalización ¡y es falso! La privatización consiste en una pérdida en la propiedad y en la capacidad de decisión de la administración pública sobre la gestión de los servicios, que por lo tanto la “libera” de la responsabilidad sobre dichos servicios. En cambio, la gestión
indirecta se hace bajo la propiedad de los recursos y la responsabilidad de los ayuntamientos, donde el operador privado es solo el productor, que actúa bajo los objetivos y el control del ayuntamiento. En la gestión indirecta no se privatiza ningún servicio y este permanece bajo responsabilidad pública. La responsabilidad pública en la gestión indirecta es el reto fundamental para la calidad de los servicios y de la democracia local.
Responsabilidad pública significa que el ayuntamiento democrático asegura las finalidades de su programa de actuación, y el cumplimiento de unas cláusulas adecuadas en el contrato o convenio, canaliza y gestiona las quejas y sugerencias, y promueve la participación ciudadana en la fijación de objetivos y en la evaluación de servicios públicos. Es por ello que el buen funcionamiento de unos servicios públicos es que se gestionen efectivamente con responsabilidad pública. La escasa presencia de responsabilidad pública se solventa con mayor responsabilidad pública y no con gestión directa, mal denominada municipalización. El problema es que, en ocasiones, no se ejerce esta responsabilidad.
La gestión directa es necesaria en aquellos servicios en los que exista una situación de monopolio en el mercado, en el que una empresa impone su voluntad al ayuntamiento y en los servicios necesarios para ejercer la responsabilidad pública. Pero, en la mayoría de los casos, la responsabilidad pública es más fácil ejercerla con la gestión indirecta, ya que si la empresa o entidad no cumple, se puede cambiar de proveedor o si las cláusulas contractuales son insuficientes o inadecuadas, pueden corregirse. Por el contrario, si la gestión es directa, la administración planifica, gestiona y evalúa. Es decir, el ayuntamiento es “juez y parte”. La resolución de las quejas ciudadanas le produce problemas internos y existe el peligro de que intente obviarlos, deteriorándose la adecuación de los servicios a las demandas ciudadanas.
Una ciudad necesita más responsabilidad pública, y ésta no pasa necesariamente por la mal conceptualizada “municipalización”.