Los vicepresidentes de Ecuador y Uruguay afrontan graves problemas (y responden de modo distinto)
La figura del vicepresidente no está bien definida en los sistemas políticos latinoamericanos, fuertemente presidencialistas. Esto los coloca, en demasiadas circunstancias, en una situación de debilidad frente a los presidentes, como muestran los recientes casos de Ecuador y Uruguay. A fines de agosto pasado los vicepresidentes de Ecuador y Uruguay afrontaban situaciones complicadas con sus respectivos jefes. En ambos casos la corrupción era la manifestación de un enfrentamiento político que también implicaba luchas partidistas por el poder y por el control de un determinado proyecto político. De momento, las disputas se han saldado con la renuncia de Raúl Sendic en Uruguay y con la total oposición de Jorge Glas, en Ecuador, a abandonar el terreno de juego. En este último caso, sobre el escándalo Odebrecht planean las grandes contradicciones entre el estilo de gobierno más dialogante de Lenín Moreno con el más confrontacional y polarizante de Rafael Correa. La figura del vicepresidente es muy controvertida en América Latina, una controversia aumentada por el peso de regímenes políticos fuertemente presidencialistas. En la mayoría de los casos, y más allá de su función específica de reemplazar al presidente, no está demasiado claro cuál es su papel institucional e incluso, en demasiadas ocasiones, la naturaleza de sus funciones. Hay países, como México y Chile, donde el vicepresidente sencillamente no existe. Otros, como Venezuela, donde su nombramiento depende pura y exclusivamente de la voluntad del Jefe de Estado, que lo puede cambiar cuándo y cómo quiera, únicamente en función de su agenda particular, mientras que en Colombia corresponde al Congreso elegir al nuevo candidato en caso de renuncia del titular. En Perú, hay dos vicepresidentes, que incluso pueden ocupar un escaño en el Parlamento, mientras que en otros países pueden desempeñar las funciones más diversas. En Colombia, por ejemplo, Humberto de la Calle fue elegido en 1994 vicepresidente de Ernesto Samper, pero al mismo tiempo que ostentaba su cargo estuvo al frente de la embajada de su país en Madrid. Esto ocurrió hasta 1996, cuando decidió finalmente renunciar a este último cargo y regresar a Bogotá. En aquellos países donde se lo elije directamente junto al presidente, no suele ser extraño que la fórmula electoral sea producto de algún tipo de negociación, bien entre sectores del mismo partido, bien entre las distintas agrupaciones que forman parte de una más amplia coalición electoral, como ocurrió en Brasil durante las presidencias de Lula y Dilma Rousseff, que tuvieron como vicepresidentes a José Alencar (2003-2010) del derechista Partido Liberal y a Michel Temer (2011-2016) del centro-derechista Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Tampoco ha sido extraño en la historia política latinoamericana encontrar vicepresidentes opuestos abiertamente a sus jefes o complotando directamente contra ellos para hacerse con el poder. A comienzos de septiembre de 2017 los vicepresidentes de Ecuador y Uruguay estaban en apuros debidos a cuestiones vinculadas con la corrupción. Sin embargo, como se verá más adelante, los dos casos se sustanciaron de forma diferente. Mientras en Uruguay Raúl Sendic terminó renunciando a su cargo, el ecuatoriano Jorge Glas, que afronta acusaciones mucho más graves, insiste en seguir manteniéndose en su puesto, lo que evidencia las diferentes culturas políticas existentes en los dos países y el peso que tienen las instituciones en uno y en otro. En Ecuador, la comprometida situación de Glas es producto de los coletazos del escándalo Odebrecht, un problema que no afecta exclusivamente a Brasil sino prácticamente a toda América Latina. Por su parte, los problemas de Sendic respondían a su deficiente gestión al frente de la empresa energética nacional Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y un uso indebido de su tarjeta de crédito. Si bien los dos casos son claramente diferentes, se da la circunstancia añadida de que ninguno de los dos políticos cuestionados mantenía buenas relaciones con sus presidentes, Lenín Moreno y Tabaré Vázquez. En Ecuador el enfrentamiento entre Glas, importante aliado del ex presidente Rafael Correa, y Moreno responde a la voluntad de este último de tomar distancia de su antecesor y elegir un rumbo propio para su gobierno, que debe responder a graves desafíos económicos, herencia del lamentable estado de las cuentas públicas recibidas a su llegada al poder. Sendic tampoco tenía una buena relación con Vázquez. Y si bien ésta era tensa y complicada, no llegó a los extremos de ruptura que el conflicto ha adquirido en Ecuador. Pese a ello, en los dos casos también se observan las disputas de poder entre las distintas facciones que componen el bloque gobernante: Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) en Ecuador y el Frente Amplio en Uruguay. El 25 de agosto la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó que el fiscal general del Estado pueda formular cargos por asociación ilícita contra Glas en relación con las diversas acusaciones de corrupción vinculadas con Odebrecht. El proceso sigue su marcha y las investigaciones están abiertas. Sin embargo, la disputa con Glas era previa, a tal punto que el presidente ya lo había apartado de todas las funciones políticas que le había encomendado al comienzo de su mandato. Pese a la seriedad de los cargos, y a las filtraciones inculpatorias, Glas se ha negado sistemáticamente a dimitir de su cargo. Su postura responde tanto a motivaciones personales como a su disposición de mantener su cargo en defensa del ex presidente Correa y de la supuesta Revolución Ciudadana que él impulsó. En esa actitud de defensa de lo actuado por el gobierno anterior se encuentran tres altos cargos de la administración de Moreno, y a la vez correístas consecuentes (Ricardo Patiño, ex ministro de Exteriores y de Defensa con Correa, Paola Pabón y Virgilio Hernández), que a fines de agosto renunciaron a sus importantes puestos oficiales en una muestra más del agudo conflicto existente en el país. En el trasfondo de esta pugna está el ya abierto enfrentamiento existente entre Moreno y Correa. En una entrevista reciente Glas manifestó que: “Hay una estrategia de descrédito continuo de lo que representan diez años de avances para el Ecuador por parte del gobierno, del presidente de la república con todos sus ministros… No soy parte de este gobierno, no soy parte del gabinete, tengo serias discrepancias con la política que está aplicando el presidente Lenín Moreno”. Desde Bélgica, donde está prácticamente autoexiliado, Correa pretende seguir dirigiendo la política ecuatoriana como si todavía fuera el presidente, a la vez que intenta evitar que se tuerza el rumbo de su Revolución. Esto implica, entre otras cuestiones, mantener su política de crispación y polarización, algo que rechaza Moreno, de un talante mucho más dialogante y más aferrado a la realidad y a los graves problemas que afronta su país. Tampoco se puede olvidar el resultado ajustado que obtuvo Moreno en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril pasado (un 51,15% de los votos frente al 48,85% de su rival), un resultado que le ha permitido gobernar, pero con menor legitimidad que Correa en sus mandatos anteriores. De ahí su necesidad de mantener canales de diálogo abiertos con la oposición y con los distintos grupos de poder. Mientras la candidatura de Moreno y Glas fue prácticamente impuesta por Correa, con la intención de dejar abierta una puerta para su eventual retorno al poder en los próximos comicios, la fórmula Vázquez-Sendic fue producto de un duro proceso de elección interna dentro del Frente Amplio durante 2014. Una vez que Vázquez obtuvo la nominación mostró su voluntad de llevar como compañero de fórmula a Sendic, quien era firmemente apoyado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por el ex presidente Mujica, y el Partido Comunista. Pese a sus diferencias, las relaciones cordiales y protocolarias entre Vázquez y Sendic comen
zaron a deteriorarse en 2015 cuando se supo que este último utilizaba un inexistente título de licenciado en genética humana. Si bien entonces presentó su dimisión, ésta fue rechazada por el presidente, aunque chocaba con los estándares de moral pública presentes en la opinión pública uruguaya. No en vano, mientras Uruguay ocupa el puesto 21 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, con 71 puntos, siendo el país latinoamericano mejor situado, Ecuador está en el lugar 120 (el 22 de la región, de 30 presentes incluyendo al Caribe, con 31 puntos). Sendic está acusado de gastos improcedentes con su tarjeta corporativa cuando era presidente de ANCAP, aunque el gran déficit acumulado durante su gestión, cerca de 800 millones de dólares, pesa como una losa. Para muchos de sus compañeros es una cuestión más grave y de mayor carga política que la de los gastos improcedentes. Su defensa gira en torno a que hubo errores de gestión pero nada fraudulento: “podemos meter la pata, pero lo que le puedo asegurar es que nunca he metido la mano en la lata”. Dados los cambios ocurridos en los últimos tiempos, tanto en la política interna como exterior de Uruguay (ejemplificados en la cerrada defensa de la Venezuela de Maduro impulsada por los sectores que decididamente apoyaban a Sendic), el presidente terminó cambiando de opinión frente a una potencial renuncia de su vicepresidente. Pero para que Sendic se viera forzado a aceptar una decisión semejante, previamente tuvo que pronunciarse el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. En un duro dictamen, hecho público el 4 de septiembre pasado, el Tribunal sostiene que hubo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos” y que “La actuación del compañero Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control… Agravan lo anterior la especial responsabilidad que le imponía la condición de Presidencia del Directorio de ANCAP, y también la forma en que el compañero Sendic ha respondido públicamente a los cuestionamientos de su conducta”. Posteriormente, el 9 de septiembre, un Sendic ya acorralado presento su dimisión ante el Plenario partidista, pese al amplio respaldo de las bases que allí tenía el ya ex vicepresidente. Por eso, Sendic había manifestado de forma rotunda y clara ante sus seguidores que no pensaba dimitir en el caso de que hubiera un pronunciamiento partidario en su contra, lo que finalmente ocurrió. A partir de aquí debe actuar la Justicia, pero todavía no se ha llegado a esta fase procesal. El ex presidente José Mujica intentó defender a Sendic comparando los elevados niveles de la corrupción kirchnerista en Argentina con el gasto aparentemente irrisorio en que incurrió el ex vicepresidente con su tarjeta: “Enfrente unas monjitas tiran unos bolsones de plata y nosotros discutimos unos calzoncillos”. Tras su dimisión, Lucía Topolansky, en su condición de segunda senadora más votada (el primero es su marido y ex presidente José Mujica, que no puede optar al cargo) asumió como vicepresidente. No son estos los dos únicos casos de vicepresidentes o ex vicepresidentes en apuros. En Argentina, Amado Boudou, quien fuera segundo de Cristina Kirchner, está a la espera de ser enjuiciado por falsificación de documentos y corrupción. En Venezuela, Tareck el Aissami ha sido acusado de narcotráfico por EEUU y le han congelado sus bienes en el marco de la política de sanciones puesta en marcha por la Administración Trump. En la mayoría de estos casos (Ecuador, Argentina y Venezuela) se ve el retroceso que ha sufrido el proyecto bolivariano en América Latina y, si le sumamos la situación de Uruguay, las posiciones de la izquierda en general. Hasta la fecha los dos procesos analizados, el ecuatoriano y el uruguayo, han tenido desenlaces distintos, pese a que los dos personajes implicados habían perdido el respaldo de sus presidentes. En un caso el vicepresidente Jorge Glas se mantiene en su cargo, aunque sin ningún tipo de funciones políticas, mientras que Raúl Sendic, forzado por las circunstancias e impulsado por algunos de sus compañeros que preferían no verse afectados políticamente por el escándalo, optó por presentar su dimisión. Más allá de las diferentes implicaciones que la lucha por el poder tiene dentro de Alianza PAIS y el Frente Amplio, no hay duda de que en la forma en que se sustanciaron los acontecimientos ha influido la diferente cultura política existente en uno y otro país, así como la solidez de su sistema de partidos, el peso de las instituciones políticas y la imagen de los dirigentes políticos. Sin lugar a dudas, el valor de la renuncia no implica lo mismo en Uruguay que en Ecuador. Con independencia de su color político e ideológico, el cargo de vicepresidente es un cargo complicado y controvertido en América Latina, aunque de un importante valor institucional y simbólico. También se puede apuntar que, salvo contadas excepciones, más personales que políticas, tiene un escaso poder efectivo. Por ello, para resguardar su entidad y la eficacia de su gestión se debería preservar su papel y su elevado valor institucional. Este artículo ha sido publicado por el Real Instituto Elcano y se reproduce aquí con autorización del autor.