El independentismo en Cataluña: una movilización social del poder.
Economista y sociólogo.
“Las fronteras son las cicatrices de la historia” Jean Monnet.
En este artículo se explican los instrumentos que utilizó la Generalitat, y en especial su gobierno, para promover el movimiento independentista catalán que pasó de representar el 10% de la población en 2010, y ha llegado al 41% en octubre del 2017. Se sostiene que, a diferencia de los movimientos sociales frente al gobierno, en los que existe un importante obstáculo para la participación, debido a los costes sociales, económicos y psicológicos del posicionamiento público, por temor a las consecuencias personales. En el caso de una movilización promovida y apoyada por el gobierno de la Generalitat y sus aparatos ideológicos, y por la mayoría de los ayuntamientos catalanes, esto no sólo no ha producido costes para los participantes, sino que se convirtió en fuente de beneficios.
¿Qué factores pueden explicar que el independentismo pudiera incrementar desde un 10% de 2011 hasta cifras alrededor del 49% en 2015, y llegar al 41% en octubre de 2017, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat?
Este intenso y extenso movimiento del independentismo no puede explicarse, sino tenemos en cuenta que ha sido un movimiento social promovido por el poder, más concretamente el gobierno autonómico y los gobiernos de los ayuntamientos de la mayoría de los municipios de Catalunya (aunque no representaran la mayoría de la población de Catalunya dada la existencia de 947 ayuntamientos, la gran mayoría pertenecientes a municipios de pequeña población)
Los inicios.
En efecto, en noviembre de 2010, en plena crisis económica, Artur Mas de Convergencia i Unió (CiU), partido nacionalista, vence por amplia mayoría las elecciones al Parlamento de Cataluña y aparta fundamentalmente al Partido Socialista muy castigado por la gestión de la crisis tanto en el gobierno catalán como en el español. CiU vence en la gran mayoría de los ayuntamientos, incluso en Barcelona, desplazando por primera y única vez a la izquierda en dicho ayuntamiento. La política que emprende A. Mas tiene dos ejes: la austeridad o mejor dicho: la aplicación de los recortes en los servicios públicos, y con ello quiere ser un ejemplo para la UE de gobierno de austeridad; y una reforma fiscal que dé más recursos económicos del Estado Español a Catalunya en plena exigencia de la UE de reducción del gasto público, lo que hubiera significaba una muy grande reducción de los ingresos de las Comunidades Autónomas españolas más pobres, hecho que hacía que esta propuesta no fuera aceptable. La política de austeridad del gobierno Mas, levantó amplias protestas en Catalunya, la más famosa fue la que provocó la llegada del presidente de la Generalitat y algunos consejeros en helicóptero al Parlamento. La acción del gobierno de Mas, también se obstaculizó al no disponer de mayoría absoluta en el Parlamento Catalán. En noviembre de 2012 con la finalidad de conseguir la mayoría absoluta para aplicar sus políticas, y con un programa para avanzar hacia un estado propio de Catalunya y el derecho a decidir, el presidente Mas convoca unas nuevas elecciones en Cataluña. El resultado fue la pérdida de 12 diputados, y la necesidad de buscar el apoyo del partido históricamente independentista Esquerra Republicana de Catalunya. El proceso independentista ya había comenzado con el posicionamiento del gobierno de la Generalitat de crear estructuras de Estado en 2011, pero es a partir de la pérdida de parlamentarios y su alianza con ERC, cuando se inicia una intensa promoción del derecho a decidir o a la autodeterminación primero, y de la opción a la independencia después.
Los antecedentes.
Antes de identificar los principales factores que promovió el gobierno para levantar el movimiento independentista, es importante señalar que este había tenido un importante caldo de cultivo en los gobiernos del Sr. Jordi Pujol durante los 23 años de su mandato como presidente (1980-2003). J. Pujol no era manifiestamente independentista, pero tampoco la negaba, su ideal, hecho público, era llevar al autogobierno a las más altas cuotas que cada situación permitiera. Para ello, estructuró la Generalitat como si fuera un estado, sin ejército, pero con policía propia, y tuvo las siguientes prioridades para fortalecer el nacionalismo catalán:
- La creación de unos medios de comunicación públicos de alta calidad a su servicio. A diferencia de otras comunidades autónomas, por ejemplo, las telenoticias son vistas por el 40% de la audiencia de Cataluña, siendo la TV hegemónica en Cataluña en lo que se refiere a los servicios informativos, y otros programas de gran audiencia: series, telenovelas, espectáculos deportivos, etc.
- La generación de una cultura victimista, consistente en presentar a Catalunya como la comunidad autónoma: más trabajadora, productiva y contributiva, pero menospreciada por las infraestructuras y en general las inversiones públicas de los gobiernos de España (lo que sí es un hecho cierto, pero exagerado por el nacionalismo), lo que genera distanciamiento y rechazo creando un adversario y el agravio comparativo entre Cataluña y el conjunto de España.
- Una especial atención para que la enseñanza de la geografía y la historia se centren en las singularidades de Cataluña obviando los vínculos con las otras comunidades españolas, y para que se constituyeran en eco del posicionamiento nacionalista sobre los hitos de la historia, justamente aquellas falsedades de la historia que se encuentran, según E. Renan, en las bases de todas las historias nacionales. El aprovechamiento nacionalista de la educación de menores no pasa tanto por la inmersión lingüística, que tiene importantes beneficios para asegurar la igualdad de oportunidades, sino por la enseñanza de la geografía y la historia.
A lo largo de 23 años esta estrategia hizo un sustrato cultural que los gobiernos de A. Mas, y posteriormente el del Sr. Puigdemont han sabido aprovechar utilizando tres estratagemas de gran importancia: (1) canalizando el malestar social hacia el Estado Español y su solución al movimiento independentista, (2) potenciando y generando una alianza entre el gobierno con entidades independentistas por él promocionadas que hicieron una importante “pinza” a la sociedad civil, (3) facilitando la obtención de “beneficios” sociales y psicológicos a las manifestaciones públicas de la ciudadanía favorables al independentismo.
Veamos los tres temas que influyeron en la movilización independentista con mayor detalle.
- Canalización del malestar social hacia el Estado Español, y su solución hacía el independentismo.
Aprendida la lección de las protestas sociales a su política de austeridad el gobierno Mas y sus aliados en el bloque del poder (entidades de la sociedad civil, académicos, pymes, ayuntamientos…) supieron canalizar el malestar por la crisis social hacia el proyecto de la nación independiente. La crisis de los antiguos ideales de la sociedad socialista y comunista fueron sustituidos por una idílica nación independiente en la que el empleo y las pensiones estarían aseguradas, las inversiones en infraestructuras garantizadas, y en la que lloverían las inversiones y sedes de empresas y bancos asegurando un gran bienestar social. En la utopía se fusionaban los ideales liberales del CiU con los de los radicales de las CUP. De hecho, no ha existido, ni existe proyecto de país, sino sólo el ideologismo de la nación a la que se le sitúan todas las aspiraciones contradictorias de los distintos grupos sociales de la sociedad catalana.
La base que sostiene la idealización es fundamentalmente económica: una Cataluña independiente recuperaría el déficit fiscal de 16.000 millones de euros anuales (datos de 2011) con relación al conjunto del Estado Español. El dato, ha resultado ser falso, puesto que el mismo ex conseller de economía, sr. Mas Cullell situaba en 2.400 millones el déficit para el mismo año (esta cifra no ha sido comunicada por los medios públicos de la Generalitat). Este es un argumento claramente insolidario. Por otro lado, se ha negado no sólo la interdependencia de la economía catalana con la española y europea, que alcanza el 80% de sus exportaciones, sino que incluso una Cataluña independiente dejaría de pertenecer a la UE, a pesar de todas las declaraciones realizadas durante años por los presidentes de la Comisión y de sus responsables jurídicos. Después del apoyo explícito de los diferentes órganos de la UE al gobierno español, a pesar de la violencia policial realizada durante la movilización del 1 de octubre, parece un hecho difícilmente negable, a pesar del disimulo realizado por los medios de comunicación de la Generalitat.
Este desvío de la solución de los problemas sociales al logro de una Cataluña independiente permitió a los gobiernos de Mas sacarse la presión social, y canalizar la responsabilidad del malestar social al pretendido “expolio económico” del Estado Español. Este último (y no el conjunto de políticas de austeridad de la UE, de sus estados miembros y del propio gobierno catalán que son la principal causa) apareció como el enemigo social de los catalanes. El relato era tan fácil como tergiversador: España es la culpable de la crisis social de Cataluña, la solución es la independencia.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy era consciente de esta utilización de la crisis, pero no actuó, considerando según sus propias palabras que, el desafío catalán, remitiría al cesar la recesión económica. El sr. Rajoy, al igual que sus asesores no supieron discernir entre recesión económica y crisis social. Esta última, y en especial el crecimiento de las desigualdades sociales y la pobreza, fue el origen de la recesión económica, y si bien la recesión ha finalizado, la crisis social no sólo persiste, sino que se profundiza. Por tanto, la canalización del malestar hacia la movilización para conseguir una Cataluña independiente ha continuado
- La creación de una “pinza” a la ciudadanía entre los movimientos independentistas sociales independentistas y el gobierno.
Las dos entidades que han llevado el peso de las manifestaciones del independentismo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural (OC) fueron orientadas por el gobierno y los partidos independentistas a una tarea de movilización social favorable a la independencia. La primera se legalizo en mayo del 2011, y se constituyó en marzo del 2012, apoyada por la Generalitat, coincidiendo con el posicionamiento del gobierno de crear estructuras de estado propias. Tuvo un crecimiento espectacular teniendo 26 mil miembros en 2013, según sus propios datos. OC, fue una creación, en 1961, de la burguesía catalana, su finalidad era promocionar la lengua y cultura catalanas, finalidad que había quedado obsoleta a finales del siglo XX, al asumir la Generalitat está función. OC encontró en la promoción del independentismo su nueva razón de ser, y apoyada por el gobierno catalán encontró un nuevo papel, organizando junto la ANC a partir del 2013, las manifestaciones primero por el derecho a decidir, y posteriormente por la independencia. El crecimiento de estas entidades ha sido tan importante que han conseguido una autonomía tanto del gobierno como de los partidos, siendo las principales abanderadas del movimiento independentista. Las mesas sectoriales de estas entidades, en especial la ANC, han servido para penetrar en todo los colectivos culturales, sociales y deportivos de Cataluña (mossos de esquadra, profesorado de todos los niveles de enseñanza, bomberos, deportistas, etc.) A estas dos grandes entidades hay que sumarles una gran red de asociaciones sociales, culturales y empresariales dependientes de los fondos de la Generalitat, cuándo no impulsadas por el gobierno o por los partidos que la forman.
La articulación entre el gobierno, los partidos y estas entidades de la sociedad civil son las que han realizado una fuerte presión ideológica/cultural hacía el conjunto de la sociedad civil y ciudadanía, para que optara o viera con simpatía la causa independentista o como mínimo el denominado derecho a decidir. La “pinza” llegó a presionar y consiguió que entidades y organismos cuya misión se encuentra separada de la política: clubs deportivos, entidades empresariales y sindicales, tercer sector etc., se pronunciaran públicamente por el derecho a decidir/autodeterminación o en apoyo a la consulta considerada ilegal por el tribunal constitucional, entre muchas otras.
Se creó una coordinación de mensajes con relatos simples, basado en los sentimientos, y en la creación adversario ladrón y autoritario- franquista (el gobierno del PP, que se confundía deliberadamente con el Estado Español) frente a la bondad del pueblo catalán, que convirtieron la ideología de los grupos políticos dirigentes en ideología dominante y prácticamente única.
Es decir, se han utilizado a fondo lo que Althusser y Poulantzas denominaron los aparatos ideológicos del estado, en este caso autonómico o federal, pero organizado desde décadas anteriores como un estado propiamente dicho. El Estado Español, que se presentaba como el gran enemigo (represivo, corrupto) se encontraba alejado de la sociedad catalana y con escasa capacidad de intervención competencial en la vida cotidiana de Cataluña, sólo se dejaba sentir con acciones judiciales y policiales, lo que servía para reforzar el relato de gobierno (Estado) represivo del que hay que independizarse.
- Los costes del constitucionalismo y la burbuja del independentismo.
En la primera mitad del mes de octubre, más mil grandes y medianas empresas entre las que tienen una mayor capacidad exportación e incidencia en mercados no locales se han trasladado de Catalunya a otras regiones de España, dando un muy severo golpe fundamentalmente al área de Barcelona, que está dejando de ser el principal centro direccional de la economía mediterránea. El expresidente del Parlamento Europeo, J. Borrell, se preguntaba ¿Por qué dichas empresas no habían anunciado con anterioridad su marcha de Catalunya si continuaba el proceso independentista? La explicación la encontramos en la teoría sociológica del punto de inflexión o del umbral movilizador.
Dicha teoría, formulada por T. Kruman en 1991, señala que, para que se produzca una movilización social contra el poder establecido, se precisa que se alcance un punto de inflexión o umbral, que consiste en que el coste económico, moral o psicológico para las personas y entidades de mantener en privado sus preferencias contrarias al gobierno, sea superior al coste de hacerlas públicas. Es decir, no basta que existan una situación objetiva que genere malestar social para que se produzca una movilización social. Movilizarse, de manera contraria al poder, tiene unas consecuencias/costes, y por ello, en público, se falsean las preferencias, opiniones y el malestar, que sí se expresa en privado. El punto de inflexión movilizador llega en el momento en que, se percibe como un coste insoportable falsear o silenciar las preferencias y opiniones privadas, y estas se manifiestan públicamente mediante movilizaciones sociales, pero también de capitales.
Esto es lo que ha ocurrido en Catalunya. Muchas de las empresas y los dos grandes bancos temían expresar sus preferencias por la reacción del gobierno, y su influencia en la opinión ciudadana, pero en setiembre constataron la intervención de cuentas del gobierno del Estado a la Generalitat, y a partir del 1 y 2 de octubre, percibieron que una gran inestabilidad e incluso que la ruptura provisional con España y la UE era posible, lo que no podían soportar sus balances, y decidieron movilizar su capital. Lo acontecido en las empresas, aún está ocurriendo en los actores económicos, sociales e institucionales con dependencias de fondos de la Generalitat: su manifestación pública no coincide necesariamente con sus preferencias privadas e ideológicas.
Esta teoría explica también el crecimiento del independentismo. En efecto, si tenemos en cuenta que el gobierno de la Generalitat desde 2012, actúa más como un promotor del movimiento independentista que como gobierno autonómico, labor en la que ha sido acompañado por la gran mayoría de los ayuntamientos gobernados por coaliciones afines. Resulta que el independentismo tiene para la ciudadanía un umbral o valor de inflexión bajo cero. Es decir, la manifestación pública favorable a la independencia no tiene costes privados, sino por el contrario amplios beneficios económicos, sociales y psicológicos para quienes así se manifiestan en el espacio público. Por ello, no puede asimilarse las movilizaciones independentistas favorables y promocionadas desde el poder político aliado con entidades soberanistas de la sociedad civil, con movimientos sociales como el 15 M de clara oposición al poder político, que tuvieron y tienen un umbral o punto de inflexión alto. En conclusión, el independentismo tiene una importante burbuja de gente movilizada que estallará llegado el momento en que se perciban costes privados a los que así se manifiestan públicamente su opción.
La denominada sociedad silenciada, ha sido durante mucho tiempo la sociedad civil y la ciudadanía con preferencias privadas constitucionalistas, que han tenido un punto de inflexión muy alto, y que han falsificado en público sus propias preferencias por el coste relacional y socioeconómico de las mismas. Sin embargo, el coste de la manifestación pública no independentista se está viendo reducido debido a dos razones. Una, que el adversario del independentismo, el Estado Español, ha dejado se estar ausente en Cataluña, y con la firme decisión de restaurar el orden constitucional, la movilización pública constitucionalista ha empezado a sentirse respaldada. Dos, con el desplazamiento o movilización de las empresas se está derrumbando la creencia sobre el optimismo económico de una Cataluña independiente, comienza a percibe el declive económico de una Cataluña fuera de España y Europa, con lo que se debilita otro vector fuerza del independentismo: la canalización del malestar debido a la crisis social, que permanece a pesar de haber finalizado la recesión económica, hacia una utópica Cataluña independiente socialmente cohesionada.
Estamos ante la aparición de una nueva distribución de los costes privados de las preferencias públicas, que deberían tener en cuenta tanto los estrategas tanto independentistas como constitucionalistas.
Cataluña entre lo malo y lo peor.
En el momento de finalizar este artículo, 25 de octubre, el gobierno catalán se plantea o bien abandonar una Declaración de Independencia, y convocar unas elecciones autonómicas, que frustrarían y dividirían al movimiento independentista, pero que lograrían salvar la autonomía de Cataluña. O declarar la independencia y llevar a una gran colisión, incluso violenta, con el Estado Español. Por otra parte, el gobierno del Estado se plantea aplicar, si no hay rectificación, una muy dura versión del artículo 155. La duda que se plantea es que puede encontrarse enfrente no sólo un gobierno que ha abolido la Constitución y el Estatuto de autonomía, sino un gobierno que ha articulado un importante movimiento de masas (con menores apoyos que en el momento de escribir estas líneas pero muy radicalizado por la posible pérdida de todas sus expectativas, y enfrentarse a las penas judiciales), y por lo tanto no está claro que pueda implantar el 155 sin utilizar una dureza y una violencia extrema.
Si hubiera DUI y la aplicación forzada del 155, nos situaríamos en dos terribles subescenarios. (1) Si el gobierno central logra aplicar el 155, querrá aplicar las medidas preventivas para que el fenómeno independentista no vuelva a ocurrir en muchos años, con lo que se retrocederá mucho en la autonomía o federalismo, y no sólo de Cataluña. (2) Si gana la DUI, muy improbable, Cataluña se quedaría fuera de España y Europa y entraría en una gran recesión económica y social de muy largo horizonte temporal.
Si hubiera rectificación del gobierno catalán, y elecciones, sin duda sería el escenario menos malo, pero surgiría la pregunta ¿Porqué se han malgastado casi 7 años? ¿Por qué se han deteriorado el papel tanto de España como de Cataluña, en lo social, económico y en su proyección internacional? ¿Quién habrá ganado en esta triste historia? ¿Por qué tanto empeño en infringir una nueva herida en un planeta concebido sin fronteras?