Tercer sector social y retos de futuro

Tercer sector social y retos de futuro

Nuestra defensa de los derechos sociales y del papel del estado social nos ha de llevar hacia fórmulas innovadoras. La realización de los derechos sociales exige no restar sino sumar más derechos. Hoy es necesario reafirmar los derechos para desarrollar la dimensión social de la ciudadanía, los derechos a participar en la construcción de la comunidad, de aquello que es público, que es de todos y de todas.
El futuro, después de esta crisis societaria actual, que se inició antes de la crisis económico-financiera y que perdura hoy en día, es un futuro que no podemos predecirlo o intuirlo; el futuro, como decía Peter Drucker, hoy más que nunca, se construye y se gestiona. Lo que hagamos hoy, y el cómo afrontemos la crisis, dependerá en buena parte el mañana que hayamos sido capaces de construir.
El futuro lo hacemos nosotros, con unas condiciones determinadas que nos condicionan y nos limitan, pero que no nos determinan la acción. Existen diferentes políticas posibles para afrontar la crisis y escoger una u otra determinará el cómo afrontamos las consecuencias de esta crisis, y también cómo será el mañana que estamos construyendo.
Hemos creído que la respuesta que había que dar a la crisis era sólo de tipo económico, pero no es ni puede ser sólo económica. Porque la economía, la manera en que las personas producen, distribuyen, consumen, innovan y se financian, se basa en relaciones sociales que se establecen entre las personas y las instituciones, y en los valores y significados que les damos. En consecuencia deberíamos priorizar la inversión en políticas sociales, la inversión en las necesidades de las personas e impulsar a la vez el desarrollo humano y el crecimiento económico.
Nuestra defensa de los derechos sociales y del papel del estado social nos ha de llevar hacia fórmulas innovadoras. La realización de los derechos sociales exige no restar sino sumar más derechos. Hoy es necesario reafirmar los derechos para desarrollar la dimensión social de la ciudadanía, los derechos a participar en la construcción de la comunidad, de aquello que es público, que es de todos y de todas. Y es por eso que el tercer sector es clave. Hoy es necesario construir un fuerte triángulo virtuoso para la defensa y ampliación de los derechos sociales. Un triángulo formado por los gobiernos democráticos, en especial los gobiernos de las ciudades, el tercer sector, y el compromiso social de la ciudadanía.
Para una defensa de los derechos sociales y una sociedad civil organizada también son importantes las entidades sociales, el tercer sector y los retos que este se plantee y que sea capaz de conseguir. Un tercer sector que ha sufrido y sufre la crisis pero que ha demostrado capacidad de resistencia y de resiliencia. Un tercer sector social que ha de ir cambiando y ha de saber combinar sus tres funciones básicas: la prestación de servicios no lucrativos y con reinversión de beneficios, la defensa de los derechos sociales de las personas y la canalización del voluntariado y del compromiso social.
Para afrontar seriamente las desigualdades crecientes, hemos de exigir que las políticas sociales no estén subordinadas a las económicas y por otro lado recuperar lo público. Es por eso que necesitamos que el tercer sector sea capaz de combinar sus tres funciones principales y recuperar lo público, que no es sólo de la administración pública que se lo apropia, planteando como “nueva política” la municipalización de los servicios, sino que lo público es lo que hacemos todos y todas y es complejo, pero también ha de ser pluralista porque la defensa de los derechos nos incumbe a todos. Lógicamente es la administración quien representa y ha de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas pero las políticas basadas sólo en fondos públicos no son suficientes. La defensa de los derechos sociales es responsabilidad del sector público pero también ha de haber una gran incidencia de la sociedad civil, del compromiso del ciudadano.
Esta es la oportunidad y el reto de la crisis actual. La crisis ha colocado en la centralidad la política social cuando antes era marginal. La lucha contra las desigualdades requiere de unos servicios sociales prioritarios, bien dotados, de un tercer sector referente, y de un estado descentralizado, a la vez más global y más local, que asuma la responsabilidad pública de los servicios sociales y que tenga como prioridad poner en valor a la sociedad civil y la dimensión social o responsabilidad pública de la ciudadanía.
El Tercer Sector Social es un conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan para la inclusión y la cohesión social, con especial atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Este es un grupo dentro del denominado “Tercer Sector “, un concepto que define a las entidades no-gubernamentales y no lucrativas, en contraposición al “Primer sector” o sector público (gubernamental y no lucrativo), y al “segundo sector” o sector de la empresa mercantil (no gubernamental y lucrativo).
Hoy día el tercer sector es un actor emergente y referente en políticas de cohesión social.
Las entidades del tercer sector sensibilizan y educan en valores de solidaridad y de compromiso cívico; implican y movilizan la ciudadanía en la respuesta de los asuntos colectivos; construyen un espacio cívico de participación y de responsabilidad; y contribuyen, junto con los poderes públicos, al bienestar, la calidad de vida, la inclusión y la cohesión social.
En Cataluña existe un tejido asociativo muy rico que ha ido conformando un tercer sector social plural y de una gran capilaridad que se muestra en la presencia en los territorios y en sus distintas dimensiones.
Para dar unas cifras de la dimensión del tercer sector social catalán, destacan las más de 6.000 entidades sociales, 100.000 personas contratadas, 245.000 personas voluntarias, 1,7 millones de personas beneficiarias y una actividad económica que supone cerca del 3 % del PIB catalán.
Cataluña es pionera en el modelo de articulación del tercer sector social. En el 2003, se crea la plataforma de la Taula de entidades del tercer sector social, que representa al conjunto de ámbitos de atención a las personas, la infancia, la discapacidad física, la psíquica o/y sensorial, la inmigración, las mujeres, las personas mayores, las drogodependencias, el voluntariado, la familia, los jóvenes, las personas sin techo, las personas con problemas de salud mental, etc., y agrupa a 35 entidades, federaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción, que son representativas de la mayoría del tercer sector social catalán. Una gran pluralidad y heterogeneidad que le da fuerza y singularidad.
El tercer sector ha ido ganando en eficiencia y ha demostrado ser imprescindible en la relación público-privada en dónde, con finalidad pública gestiona servicios en colaboración con las administraciones autonómicas y estatales en general y sobre todo con las locales, los ayuntamientos, y pone en valor el conocimiento de lo cercano, de la proximidad con las personas y los recursos de un determinado territorio o barrio y su capacidad de articulación y trabajo en red. La diversidad y el arraigo de las organizaciones del tercer sector le confiere una enorme capilaridad para llegar a todos los rincones del territorio y a las más complejas, ocultas y diversas problemáticas sociales de cualquier estrato de la sociedad. Por eso uno de los grandes retos es el trabajo en red, en el cual se ha avanzado muchísimo, y así, por un lado complementar actuaciones y poder dar una respuesta más integral a las personas, y por otro, crear economías de escala para reducir los costes de administración y gestión de las entidades.
Como prestador de servicios, el tercer sector social no distribuye sus beneficios, sino que los reinvierte en nuevos y mejores servicios a la población. Es decir, mientras otros sectores reinvierten de promedio un 40% de sus ganancias, el tercer sector lo hace en el 100%.
El desarrollo de unos servicios sociales, garantizados desde la administración pero diseñados conjuntamente con la participación del conjunto de la sociedad y muy en particular con la implicación de las entidades que tienen vida propia en los territorios, cerca de las diferentes realidades y trabajando en red con los diferentes agentes sociales de un mismo lugar, ha sido exponencial en los últimos años. Unos servicios sociales en los que todos estemos implicados, seamos corresponsables y aportemos aquello a lo que nos comprometamos. Que no nos vengan dados. Las leyes de servicios sociales nos aportan derechos subjetivos, universales, que han de garantizarse desde la administración y con el protagonismo de las entidades del tercer sector. Este desarrollo se concreta a través de convenios, subvenciones, contratos o y concertación de plazas y servicios, y no está exento de dificultades que ponen en riesgo la aportación y el papel del tercer sector social.
Las entidades del tercer sector ya hace muchos años que estamos trabajando para disponer de unas estructuras organizativas y de gestión que nos permitan gestionar tanto los servicios financiados con fondos públicos como con fondos privados. Y por esto, estamos haciendo propuestas a la administración en los ámbitos de la contratación y de la concertación encaminadas a que tengan más en cuenta el valor añadido y específico del tercer sector. Por medio por ejemplo, de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública que permitan preservar la cualidad de los servicios públicos de atención a las personas, y superar la tendencia actual de muchos concursos que más que situar reglas del juego en los pliegos de condiciones, lo que parecen son juegos de azar, en los cuales no se establece el precio fijo del servicio y la adjudicación se basa sólo en quién hace la apuesta más barata.
Las cláusulas sociales son, como su nombre indica, aspectos sociales, que se pueden incluir en las bases de contratación pública y pueden ser valorados y por tanto medibles. Pueden plantearse tanto como criterios de admisión de solvencia social en general y también en los denominados contratos de reserva, como en los criterios de valoración y puntuación en la fase del proceso de adjudicación y como una obligación inherente del contrato. La implementación de las cláusulas sociales es de gran importancia estratégica y de gran valor en términos de eficiencia social y tendrán un papel clave en el desarrollo de la cartera de servicios sociales y de los servicios de la autonomía de las personas y de la dependencia en los próximos años. Para medir el valor añadido específico del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos, en los de servicios de atención a las personas, y consolidar el papel que las entidades no lucrativas han desarrollado hasta hoy en la gestión y la provisión de estos servicios, debe avanzarse en la identificación de indicadores específicos, de sector, de entidades y de proyectos. Se han elaborado guías de clausulas sociales que identifican algunos posibles indicadores.
El sistema de indicadores de valores del Tercer Sector Social. Indicadores globales de sector:se trata de aquellos indicadores que pretenden poner en relieve los hechos diferenciales del Tercer Sector Social y el impacto de su actividad. Por ejemplo: volumen de ocupación del Tercer Sector Social. Indicadores de entidad: son aquellos indicadoresque pretenden poner en relieve loshechos diferenciales de cadaentidad del Tercer Sector Social yel valor añadido de su actividad.Por ejemplo: participación del usuario en la definición y la mejora de servicios (número de horas de reuniones). Indicadores de proyecto: se trata de aquellos indicadoresque pretenden poner en relievela aportación diferencial de cadaentidad en el proyecto objeto delconcurso.Por ejemplo:dimensión comunitaria de unproyecto.
Durante los últimos años, el tercer sector social ha dedicado muchos esfuerzos en el tema de la contratación pública, en colaboración con la administración, con otros agentes sociales y en particular conjuntamente con la Confederación, patronal del tercer sector social, y hemos impulsado cambios para mejorar la contratación pública en los aspectos sociales, técnicos y económicos. Se ha avanzado en las cláusulas sociales que tienen que ver con la contratación de colectivos con especiales dificultades, pero las cláusulas sociales ya hemos dicho que no pueden restringirse sólo a este tipo de contratación, deben abarcar la globalidad de la contratación: desde el mismo objeto social, los criterios de admisión, los criterios de adjudicación, y muy especialmente la solvencia social. Por solvencia social entiendo que la finalidad nuclear de la organización es social y no lucrativa y mide por ejemplo, la reinversión de los recursos sociales, la atención a personas vulnerables y la incorporación de voluntariado o del compromiso social de la ciudadanía en la propia entidad. Por ello, para seguir avanzando, deberíamos tratar en adelante de configurar un modelo de cláusulas de contratación pública de servicios sociales de atención a las personas, para poder obtener resultados en otras importantes cláusulas, diferentes a las cláusulas sociales tradicionales y conseguir , entre otros, la no discriminación en el tratamiento del IVA que sufrimos las entidades del tercer sector, la valoración de la solvencia técnica de las propuestas por encima de lo económico, la solvencia social o sencillamente que se apliquen las directivas europeas en materia de contratación que abren la puerta a la concertación de este tipo de servicios y a priorizar al tercer sector social en la prestación de los mismos. Debemos continuar denunciando los recortes y el peso desproporcionado de las ofertas económicas en relación a las técnicas que son cláusulas claves para defender una mejor calidad asistencial.
La inversión en política social debe ser una apuesta clara. La relación de la administración pública con el tercer sector es estratégica y se irá fortaleciendo en los próximos años. El tercer sector es un actor emergente que, como hemos señalado, aporta capital social. Su impacto debe potenciarse y debemos encontrar fórmulas de colaboración que superen las dificultades actuales en la relación con la administración pública. Respondiendo a esa nueva manera de hacer, el papel de la sociedad civil, la participación ciudadana y las entidades del tercer sector tienen un protagonismo, como responsables de lo público, tanto en los temas de solidaridad y voluntariado como en los de prestación de servicios que cada día más son producidos por entidades del tercer sector.
Identificar retos de futuro nos lleva a plantear la revisión del llamado Estado del Bienestar y de las políticas sociales que se aplican, en particular, en Cataluña, en España y en Europa. Repetidamente se dice que estamos ante un “cambio de época” y que ya nada será igual que antes. Unos lo afirman desde una situación de privilegios y otros de conformidad, aceptando como normalidad vivir en la que podríamos llamar la “época de la desigualdad”. Necesitamos re-inventar el estado del Bienestar convencidos de que podemos y debemos conseguir más y mejores objetivos sociales, más justicia y igualdad.
Este es el gran objetivo, reinventar el Estado del Bienestar y para conseguirlo hemos, pues, de plantearnos prioritariamente los siguientes retos:

1. No confundir responsabilidad pública con producción de servicios públicos.
2. Tener un tercer sector capaz de combinar sus tres funciones principales: defensa de derechos, prestación de servicios no lucrativos con reinversión de beneficios y canalización del voluntariado.
3. Que las políticas sociales no estén subordinadas a las económicas.
4. Recuperar lo que es público como aquello de todos y de todas.
5. Fortalecer el compromiso ciudadano y la implicación con más voluntariado. Incrementar la participación de voluntarios y voluntarias en las entidades sociales y conseguir una mayor implicación.
6. Conseguir más recursos privados para las políticas sociales.
7. Avanzar en fórmulas de concertación con las administraciones públicas.
8. Fortalecer y articular el tercer sector y la economía social.