Pobreza y Tercer Sector de Acción Social

 Pobreza y Tercer Sector de Acción Social[i]

 Una visión desde la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) [ii]

Dos han de ser los objetivos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en defensa de los derechos sociales: que se reconozca que la sociedad española necesita derechos sociales subjetivos, derechos que se puedan reclamar ante los tribunales, y que se revise el modelo económico vigente, basándolo en el discurso de la economía del bien común.
El panorama político incierto y la situación económica y social que vivimos en la actualidad, caracterizada por el aumento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad[iii], nos sitúa ante un escenario de desafíos y oportunidades. Pero antes de todo debemos dejar claro que las entidades sociales pertenecientes al Tercer Sector de Acción Social debemos centrar toda nuestra acción desde la coherencia, el compromiso, la transparencia y un comportamiento ético vinculado a nuestras Misiones y Visiones, que han de poner en el centro de nuestra existencia y acción a la Persona y a su entorno familiar, social y comunitario.
Todo ello nos lleva no sólo a reclamar un nuevo modelo social, sino a plantear una nueva escala de valores en la que no se mercantilice la existencia de las personas. A continuación, algunos de nuestros pensamientos, sentires y propuestas.
Desafíos
Desde hace ya un tiempo, es preocupante la tendencia a la parcelación de la pobreza: “pobreza energética”, “pobreza de las personas trabajadoras”, “pobreza de las familias”, “pobreza infantil”, y un largo sin fin de “pobrezas”.
Desde las entidades sociales pensamos que, independientemente de que se tengan que tomar medidas específicas para luchar contra alguna de estas “pobrezas”, es necesario contar con una visión global e integral, así como impulsar un modelo de acción social de base territorial y no exclusivamente sectorial. Un modelo que sitúe el territorio local, y el barrio, en el centro de nuestras intervenciones como organizaciones de acción social especializadas que apuestan por la innovación en la intervención, la gobernanza y la integralidad. Por ello, las organizaciones del Tercer Sector como EAPN y sus entidades miembro tienen que centrarse en combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad, pero no sólo interviniendo sobre las consecuencias de estas realidades, sino también, y fundamentalmente, sobre las causas estructurales de las mismas.
Pero, mientras se debaten asuntos de política interna, la dimensión europea está de fondo. No sabemos qué respuesta se va a dar al Semestre[iv], ni quién elaborará el Programa Nacional de Reformas, ni cómo se procederá con la exigencia de recorte de alrededor de 10.000 millones que pide Bruselas en nuestro presupuesto del 2016, que, por otro lado y tras conocer la cifra de déficit, puede incluso aumentar.
Y, lo que es más preocupante, debemos ser beligerantes con la tendencia insolidaria y de tintes xenófobos en la que está embarcada la Unión Europea, que, utilizando subterfugios vergonzantes y procesos dudosamente democráticos, cercena derechos y vulnera claramente sus principios éticos constitucionales así como la legalidad internacional.
Por todo ello, las entidades sociales, y la sociedad civil en general, tenemos que ser proactivas y estar pendientes de todo lo que está sucediendo a nivel europeo, dando importancia, además de a lo que sucede a nivel estatal, a lo que se plantea en Bruselas. Es fundamental, por tanto, la dimensión europea de nuestras reflexiones, de nuestras propuestas y de nuestra incidencia política.
Oportunidades: estrategias de incidencia política
En España, tras las elecciones de diciembre del 2015, ha quedado dibujado un nuevo escenario político que ha de ser tenido en consideración por parte de las entidades del Tercer Sector a la hora de trabajar en su incidencia política. Así, es necesario que las entidades sociales mantengan un multinivel de interlocución: interlocución con el Gobierno, interlocución con todos los partidos políticos con presencia en el renovado Parlamento e interlocución con otros actores de la sociedad, como son los sindicatos y las organizaciones empresariales, con una especial incidencia en la economía social y en los medios de comunicación.
No sabemos cuando empezará la nueva legislatura, pero tenemos que estar preparados, pensar en propuestas concretas y en las mejores maneras de llevarlas a cabo, y sincronizar la incidencia política de nivel estatal con la incidencia de nivel territorial.
Por otra parte, la apertura de un proceso de reforma Constitucional también nos brinda la posibilidad de regular claramente los Derechos de nueva generación y su eficacia legal, el papel de Tercer Sector en la gobernanza política, económica y social de este país, así como la posibilidad de dotar al país de instrumentos de clarificación de competencias entre los distintos niveles del Estado: europeo, estatal, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Apostar por la defensa de los Derechos sociales, frente a las medidas puramente asistenciales o de beneficencia.
Dos han de ser los objetivos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en defensa de los derechos sociales: que se reconozca que la sociedad española necesita derechos sociales subjetivos, derechos que se puedan reclamar ante los tribunales, y que se revise el modelo económico vigente, basándolo en el discurso de la economía del bien común. Para ello, las entidades sociales deben mantener firmeza dentro de las exigencias, sin salir de Europa, no dejándose amedrentar por la UE.
Según lo dicho, es importante, por tanto, que hagamos un seguimiento de las diversas legislaciones autonómicas en materia de Políticas Sociales, y que formulemos propuestas en relación con la necesaria modificación de nuestro marco constitucional, de tal forma que se incorporen los derechos sociales como derechos fundamentales.
Asimismo, es importante denunciar la situación social desde la perspectiva de los derechos. Desde el Tercer Sector, observamos cómo está floreciendo lo asistencial, y nos preocupa. Nos preocupa y hace que critiquemos el énfasis en el “espectáculo” que se está detectando en distintos ámbitos, incluyendo el político, tanto de nuevo como viejo cuño, porque las “legislaturas sociales” no pueden centrarse en la beneficencia más o menos moderna.
En este sentido, por citar algunos ejemplos de derechos subjetivos afianzados en la legislación, se podrían tener en cuenta los existentes en el País Vasco:

• Derecho subjetivo a la vivienda: Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.[v]
• Derecho subjetivo a los servicios sociales: Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.[vi]
• Derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos: Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.[vii]
• Derecho subjetivo a la Inclusión: Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.[viii]

Cambios en profundidad, no cosméticos.
En lugar de afrontar los temas en profundidad, que, entre otros, podríamos identificar en seis pilares y tres grandes líneas transversales de obligado cumplimiento, se está extendiendo un “enfoque cosmético” de la política, con gestos más o menos llamativos y de dudosa o multiforme interpretación. Entre los temas mencionados, destacaría.
Políticas de rentas
Cuando hablamos de políticas de rentas estamos hablando de tres cosas distintas que van unidas: Las rentas provenientes del empleo (un empleo que ha de ser digno y suficiente para mantener una vida también digna); un sistema de pensiones suficientes y dignas y un sistema de garantía de rentas mínimas que afronte la ausencia o insuficiencia de ingresos. En este último caso se ha de contemplar la situación de ausencia de ingresos o ingresos insuficientes, las ayudas por hijas o hijos atendiendo al nivel de renta y, en su caso, las ayudas para el alquiler.
Es necesario proponer que los sistemas de rentas mínimas se guíen por tres claves: Universalización, simplificación y activación.[i]
Asimismo, se debería revisar el sistema de garantía de ingresos y su desarticulación y fragmentación (pensiones mínimas: viudedad, Lismi, Sovi, PNC, las diferentes prestaciones y subsidios vinculados al empleo, etc.), como bien se refleja en el informe de FOESSA.
Por otra parte, y para finalizar con este pilar, debemos hablar de dos derechos subjetivos: la garantía de ingresos y el derecho a la inclusión, y no del “doble derecho”, con la tradicional “contraprestación”, que nos conduce a situaciones de individualización de las intervenciones y al control social.
Y, por supuesto, una Directiva europea sobre rentas mínimas y otra sobre salarios mínimos ayudarían mucho a consolidar el pilar.
Política Educativa
La política educativa es fundamental para acabar con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Un sistema educativo fuerte, universal y gratuito es el principal instrumento estructural de lucha contra la pobreza, por lo que significa de acceso a conocimientos y cualificaciones necesarias para afrontar la vida. Así, un sistema educativo adecuado debe ser tanto un sistema adaptado a la nueva realidad social y tecnológica de nuestra sociedad, como un sistema inclusivo que atienda a la diversidad y que afronte la formación en los valores éticos de respeto, convivencia, solidaridad y justicia, entre otros. Sólo así tendremos un poderoso instrumento contra la exclusión social y contra la discriminación.
En este ámbito también se hace necesario alcanzar los objetivos de la Estrategia “Europa 2020”, de los que España está peligrosamente alejada.
Política Sanitaria o de Salud
Asimismo, un sistema Sanitario fuerte, universal y gratuito también es imprescindible si pretendemos una sociedad inclusiva y libre de pobreza y exclusión social. De sobra conocemos los “condicionantes sociales de la salud”, por lo que sólo un sistema público, y establecido como derecho subjetivo de la población, garantiza la equidad social, siendo un instrumento vital para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ello, cualquier instrumento de copago ha de ser muy medido, si no eliminado, aunque sea en el ámbito farmacéutico, puesto que termina siendo especialmente gravoso para las rentas más vulnerables.
Políticas de Vivienda
Siempre se ha tenido cierta duda sobre si convertir o no la política de vivienda en uno de los pilares de la acción política para con las personas, puesto que se consideraba que era un recurso al que se accede por la vía de la Política de Rentas. Sin embargo, hemos visto dos efectos que nos han ayudado a “abrir los ojos”: por un lado, no existe una real política de rentas garantizadas (empleos precarios, rentas mínimas tan mínimas que más bien son miserables, además de las situaciones de desempleo de larga duración y pérdida de ingresos); y por otro, más que políticas de vivienda, se ha llevado a cabo una política de la construcción de lo que fuese, incluidas viviendas, pero que no estaba vinculada ni a la necesidad ni a las posibilidades de la población. Por tanto, creemos que es necesaria una política de vivienda cuyo enfoque sea la de dotar de un espacio vital, digno y accesible a las personas y familias, así como que afronte la dificultad de acceso a la vivienda, el hacinamiento residencial, la infravivienda, el chabolismo y el sinhogarismo.
Políticas de Servicios Sociales
Cuando hablamos del Estado del Bienestar, siempre hacemos referencia a los tres sistemas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales (aunque, sin apartarnos en exceso de esta visión, y como veremos más adelante, sí la complementamos con otros pilares básicos, con el fin de conseguir ese Estado de Bienestar o el Estado en el que las Personas están bien).
En el caso de los Servicios Sociales, es evidente que necesitamos un sistema de Servicios Sociales mejor articulado, que recupere las pocas fortalezas que podría llegar a tener, vía Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que se ha visto fuertemente debilitada, así como que contemple los Servicios Sociales como un Derecho de ciudadanía, y no sólo para las personas más vulnerables o pobres. Un derecho al que cualquier persona pueda acceder en caso de necesidad (como es el caso del Sanitario), siendo también cierto que cualquier regulación ha de contemplar la realidad competencial de nuestro país, así como la realidad organizativa, prestacional y de implicación de la propia comunidad en su desarrollo. Y todo ello, no sólo para que la respuesta sea viable, sino también porque la implicación de la sociedad en cualquier modelo de Servicios Sociales que se base en el desarrollo comunitario es imprescindible. Y repito, si queremos un enfoque de Derechos de la Persona, un cambio Constitucional se hace imprescindible.
Políticas Económicas y Fiscales
No hay sistema de protección social en el mundo que pueda ser eficaz y eficiente si las políticas económicas generan una permanente acumulación de personas en situación de pobreza y exclusión e incentivan la desigualdad. Y no hay sistema de Protección Social en el mundo que se pueda sostener sin unas políticas fiscales justas y redistributivas.
Las políticas económicas y fiscales son, por tanto, parte de la estrategia de lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, pero no de una forma colateral, sino que son esenciales y deben tener ese enfoque de “Justicia Social” que a algunas personas les suena antiguo, pero que va directamente unido al enfoque de Derechos del que hemos hablado al principio. Y entre las políticas económicas no generadoras de pobreza entran las laborales, la regulación del salario mínimo digno, una Ley de Segunda Oportunidad también personal, la ley hipotecaria, etc.
También necesitamos contar con un sistema fiscal suficiente, equitativo, eficiente y justo. La política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente[x].
 
Desde el Tercer Sector proponemos tres medidas fundamentales para avanzar hacia una justicia fiscal:
 

1. Dotar al sistema fiscal de mayor progresividad, a través de:
   • Dar mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta.
   • Igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital  Limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades
2. Tratar de alcanzar un nivel de presión fiscal al del resto de países de la eurozona.
3. Dotar de más medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal.
4. Establecer mecanismos que exijan una mayor transparencia de las empresas en materia fiscal.

En este ámbito también se hace necesaria, ahora más que nunca, una estrategia europea, vinculante de armonización fiscal y de lucha contra el fraude fiscal. Así como una decidida acción contra los paraísos fiscales.
Énfasis en el enfoque de género
Dada la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, y en el mundo en general, es necesario incorporar el tema de la igualdad de género desde una perspectiva transversal, ya que afecta tanto al modelo de sociedad, incluyendo al de la intimidad familiar, como a los modelos económico y político, incluyendo al de la sociedad civil.
De acuerdo con el informe del Parlamento Europeo, si las tendencias actuales continúan, el objetivo del 75% de las mujeres en el empleo no se alcanzará hasta 2038; la igualdad de retribución no será una realidad antes de 2084; la representación igualitaria en los parlamentos nacionales en las instituciones de la UE y en los consejos de administración de las empresas podría lograrse en 2034; y se tardaría hasta 2054 antes de que las tareas del hogar sean compartidas igualitariamente. Una sociedad moderna y avanzada no debe, y no se puede, permitir que estos tiempos no sólo no se acorten, sino que se alarguen permanentemente. Por tanto, todas las políticas, pilares sociales y reformas estructurales han de contemplar el mencionado enfoque de género.
Énfasis en la gestión de la diversidad
Tanto en Europa como en España, nos situamos en un contexto de diversidad cultural que es necesario reconocer, valorar y gestionar adecuadamente desde modelos de integración intercultural y de convivencia que se alejen de la asimilación cultural, el multiculturalismo o la mera coexistencia. En este sentido, y en este contexto, son fundamentales las políticas que apuesten por la gestión de la diversidad y la construcción de escenarios de convivencia intercultural que nos alejen del repunte actual del racismo, la xenofobia y los estereotipos frente a la otredad, y es necesario que todo tipo de organizaciones, así como el conjunto de la sociedad, integre el discurso y la práctica de la gestión de la diversidad. Porque está en juego la convivencia, y se debe actuar frente a la normalización del racismo y la xenofobia, tratando de lograr, asimismo, una sociedad de convivencia versus una de mera coexistencia, ya que el primer concepto indica la apuesta por un modelo integrador, mientras que el segundo por uno disgregador y segregador.
Énfasis en la sostenibilidad ecológica y medio ambiental
Por último, pero no menos importante, cualquier visión de un nuevo modelo social y de desarrollo económico sostenible debe mediatizarse y enlazarse a la realidad ecológica y medioambiental, no sólo de nuestro planeta, sino de nuestro entorno más inmediato, de nuestra forma de afrontar la vida, de la forma de afrontar el desarrollo comunitario.
Es bien sabido que las personas vulnerables, los colectivos vulnerables, los territorios vulnerables… suelen ser los que sufren las peores condiciones medioambientales y se suelen encontrar en los entornos ecológicamente más degradados. Por ello, las propuestas políticas, económicas y sociales han de venir informadas necesariamente por una estrategia ecológica y medioambiental sostenible.
El rol del Tercer Sector como sociedad civil.
La “responsabilidad pública” suele confundirse con la “función pública”, tratando de dejar fuera al Tercer Sector. Se observa una preocupante tendencia, en sectores políticos y profesionales, a pensar que “lo que hacemos las ONG es privatizar los servicios sociales”. En este sentido, es interesante considerar el estudio del Tercer Sector del País Vasco, recientemente presentado, que recoge la distinción entre “provisión” de servicios y no “prestación de servicios”, manifestando, con el primer concepto, que las entidades sociales también quieren participar en el diseño de las políticas y promover la participación de las personas usuarias de las mismas.
Para defender un modelo de servicios sociales que se afiance como la llamada tercera pata del Estado del Bienestar, conjuntamente con la educación y la sanidad, e incorporar los derechos sociales como derechos subjetivos, así como trabajar sobre las causas de la pobreza y la exclusión social y no sólo sobre sus consecuencias, es necesario hacer un gran ejercicio de pedagogía política en los procesos de interlocución con los partidos políticos y resto de actores sociales, defendiendo el papel estratégico que juegan las organizaciones sociales en el desarrollo de las políticas sociales de forma coadyuvante con las Administraciones Públicas, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía a los derechos.
Por tanto, es importante que no se confunda responsabilidad pública de las políticas, con función pública en su desarrollo, ya que las organizaciones sociales del tercer sector deben jugar un papel fundamental en la planificación, implementación y evaluación de las políticas; y este rol debe ser defendido ante los partidos políticos, los gobiernos, los medios de comunicación y demás actores de nuestra sociedad.
Por otra parte, es necesario conseguir una “masa crítica” frente a las situaciones de exclusión social, generar empatía en la sociedad a través de la dimensión subjetiva de la vivencia de las personas en situación de pobreza y exclusión (pero alejada de espectáculos sensacionalistas y amarillistas), y promover la solidaridad para combatir la fragilidad de las relaciones sociales que incrementa y mantiene la exclusión, teniendo siempre en cuenta que la solidaridad no debe sustituir a la responsabilidad de la administración y de las políticas públicas.
Por otra parte, se debería regular la participación y la interlocución entre el Tercer Sector social y la Administración Pública, de la misma manera que ésta regula la relación con los agentes sociales clásicos. En este sentido existen dos posiciones:
 

1. Intentar ser reconocidos al mismo nivel que los agentes sociales clásicos, que quedan definidos en la Constitución.
2. Ir a la configuración de lo que se está denominando “dialogo civil” que ya aparece en la nueva Ley del Tercer Sector de Acción Social y en algunos ámbitos territoriales, como en el País Vasco, donde en el Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, se constituye y regula la Mesa del Diálogo Civil.[xi]

La segunda posición es la que se observa como claramente mayoritaria en el TSAS[xii]. Y en el primer caso su reconocimiento Constitucional sería muy pertinente.
Es muy importante que el Tercer Sector cuente con espacios de interlocución para contribuir a la generación de bienestar y cohesión social, por lo que se hace necesario el desarrollo de los elementos que aparecen en la Ley del Tercer Sector de Acción Social a nivel Estatal. También se hace necesario un tipo de desarrollo semejante en las distintas Comunidades Autónomas, como ya está ocurriendo en Euskadi.

La Inclusión Social en clave de ciudadanía activa, participación social.

Si conceptualmente entendemos la pobreza, la exclusión y la desigualdad como un fenómeno multicausal, multifactorial y dinámico, los procesos de inclusión deben ser entendidos de manera análoga; es decir, como procesos dinámicos basados en varios factores y que abordan diferentes problemas.
De hecho, y dado que consideramos que así se entiende en los marcos normativos e instrumentales, sería conveniente desarrollar estrategias de inclusión, desde las siguientes tres claves:

•  Reconocer que las personas no sólo no son una carga, sino que pueden aportar a la comunidad de diferentes maneras: desde el empleo si es digno, desde el voluntariado, desde la ciudadanía activa, desde la participación en la vida socio-comunitaria, etc… Es indispensable, por tanto, poner el foco de atención en las personas y ver cómo se garantizan sus derechos (y deberes) por el mero hecho de ser ciudadanos y ciudadanas.
• Facilitar procesos de inclusión desde el desarrollo comunitario, donde, además de garantizar a las personas las condiciones básicas para una vida digna (alimentación, alojamiento, vestido, etc.), se favorezca la participación de las mismas en la vida comunitaria, facilitando su interrelación con la comunidad y con el vecindario, es decir, vinculando a las personas con su entorno.
• Enfocar el trabajo en los servicios desde la perspectiva del trabajo centrado en la persona, poniendo el foco más en sus posibilidades que en sus carencias.

En definitiva, y parafraseando a Josep María Pascual, tener claro que la inclusión social es motor de desarrollo y no su consecuencia.
 
 
[i] Este artículo se basa en los trabajos preparatorios del documento de EAPN-ES “Afrontando una nueva agenda política” Marzo 2016.
[ii] EAPN son las siglas en inglés de la European Anti-Poverty Network
[iii]El Indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo, AROPE, llega al 29,3% de la población. Es decir, afecta a un total de 13.704.003 personas. Están en situación de AROPE quienes experimenten alguno o varios de los tres factores de desigualdad: pobreza relativa (22,2%); privación material severa (7%) y baja intensidad de trabajo en el hogar (17,1%). Las personas adultas jóvenes (16-29 años), cuya tasa aumentó en 11 puntos porcentuales, hasta el 36,4%. La infancia (menores de 16 años), con una tasa que ascendió del 31,9% en 2013 al 35,4% en 2014. Hay un 2,3% de la población que sufre los tres factores de desigualdad: desempleo, pobreza y privación material. Se trata de 1.075.741 personas que se encuentran en la peor situación económica y social posible. Datos del Informe de actualización de AROPE 2015, publicado por EAPN
[iv] El Semestre Europeo es el instrumento que la Unión Europea se ha dotado para hacer el seguimiento de los compromisos económicos y políticos de los Estados Miembro.
[v] https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/13/pdfs/BOE-A-2015-7802.pdf
[vi]http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
[vii]https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15732.pdf
[viii]https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15732.pdf
[ix]Lo refleja muy bien Fernando Fantova en este artículo: http://fantova.net/?p=754
[x] De la Plataforma por la Justicia Fiscal
[xi]http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012005791
[xii] Tercer Sector de Acción Social.