Autor: Dr. F. Xavier Ruiz Collantes
Información y democracia
En declaraciones en enero de 2010 el presidente de Bolivia Evo Morales hizo un alegato para que los periodistas se rigieran en todo momento por un principio ético básico mediante el cual deberían ser siempre, en sus informaciones, fieles a la verdad, evitando la publicación de cualquier tipo de falsedad. A partir de este planteamiento, el presidente abogó por establecer una nueva regulación de los medios informativos para evitar la difusión de mentiras. La apelación a favor de la verdad y en contra de la mentira en los medios informativos seguramente está realizada con la mejor intención, pero se basa en algunos presupuestos que es necesario discutir pues resultan de consecuencias relevantes para la vida democrática.
El hecho de que los ciudadanos dispongan de información sobre el mundo público en el que viven y se desenvuelven es una condición necesaria e inexcusable para todo sistema político que se pretenda reconocer como democrático. En un sistema democrático son precisamente los ciudadanos los protagonistas del poder, los sujetos en los que está depositada la legitimidad para tomar decisiones en torno a los gobernantes y en torno a las acciones de gobierno que a todos conciernen, legitimidad de la que se derivan roles concretos en el desarrollo de la actividad política y que son regulados de diferentes formas en rituales democráticos, tanto de democracia representativa como de democracia directa, rituales como las elecciones de representantes políticos, los referendums sobre cuestiones específicas de la vida pública, los procesos de decisión asamblearia respecto a temas próximos a la vida cotidiana de colectivos específicos, etc.
Para que los ciudadanos puedan tomar decisiones sin que sientan su propia conciencia forzada y retorcida y sus propios intereses anegados y burlados por las maniobras de alguna minoría bien posicionada en las estructuras de poder del Estado o del Mercado, es imprescindible que posean información sobre el entorno público en el que se mueven, que tengan formada una opinión sobre lo que sucede y que sean capaces de relacionar su propios intereses, individuales y colectivos, con las diferentes alternativas que en cada momento se les presentan como opciones para orientar las políticas que, directa o indirectamente, les afectan.
No hay democracia posible con ciudadanos desinformados, con ciudadanos que no pueden acceder a la información que les interesa y que les es realmente necesaria para desarrollar procesos deliberativos y para participar en la toma de decisiones colectivas sobre lo público.
Por otro lado, si existe el derecho a la información por parte de los ciudadanos como receptores, también, en un sistema de libertades, el derecho a la libertad de difundir información a través de los medios de comunicación es un derecho para dichos ciudadanos en tanto que emisores posibles de la información.
A partir de las premisas planteadas, la cuestión que se debe resolver en un sistema democrático es cómo gestionar el deber de garantizar a los ciudadanos una información idónea para que puedan ejercer realmente como tales y el derecho de los ciudadanos o de colectivos y organizaciones de ciudadanos a convertirse en libres emisores de información.
Discurso informativo y discernimiento de lo verdadero
El parámetro más simple y socorrido para establecer un criterio básico de idoneidad de la información difundida por los medios hacia los ciudadanos es el de su correspondencia con la verdad. Por ello, la mentira resultaría el fenómeno pernicioso a evitar o a castigar en caso de producirse.
Sin embargo, la defensa de la verdad como criterio discriminante no es más que un atajo que, en la mayoría de los casos, es producto de la aplicación, al ámbito de la comunicación social, de una psicología popular que nos sirve a todos para funcionar sin demasiadas complicaciones epistemológicas en la vida cotidiana; aunque también, en otros casos, la aplicación de dicho criterio ha sido históricamente consecuencia de ideologías con vocación totalizadora y excluyente.
El criterio de la verdad para discriminar la buena de la mala información de los medios, parte del presupuesto de una correspondencia de representación directa y unívoca entre discurso y realidad y, sobre todo, parte del presupuesto de que tal correspondencia es perfectamente contrastable. Los dos presupuestos planteados resultan muy difíciles de sostener desde una posición democrática que intente integrar y respetar a los diferentes grupos sociales, ideológicos y culturales que conviven en una sociedad, a sus diferentes visiones del mundo y a sus diversas y, en ocasiones, contradictorias formas de comprender, relatar y dar sentido a la realidad. Por ejemplo, lo que son verdades reveladas e incuestionables para los creyentes monoteistas, no son más que un conjunto de supercherías falsas para los no creyentes; lo que son verdades básicas para los liberales, para los marxistas no son más que un sistema de ideas interesadas producto de la posición de privilegio de la burguesía en el modelo capitalista de producción, etc. Y no es una cuestión únicamente de grandes sistemas de interpretación del mundo tomados en sentido abstracto, porque dichos sistemas de interpretación derivan en formas diversas de comprensión de lo que en el mundo ocurre, lo que se acaba concretando en vivencias de verdad en torno a sucesos sociales que son percibidos y explicados como diferentes hechos efectivamente ocurridos. Lo que dentro de un sistema internamente coherente de creencias resulta un hecho verosímil e incluso evidente, desde otro sistema de creencias no tiene la menor posibilidad de ser tomado, seriamente, como un hecho real.
Pero la objeción más importante respecto al principio de la verdad como criterio para discriminar entre la buena y la mala información para los ciudadanos reside en la posibilidad de establecer parámetros para dilucidar si lo que explica un relato informativo se corresponde o no con lo que ha ocurrido. En primer lugar, debe considerarse que todo sistema de creencias, sea religioso, ideológico, científico, etc., no sólo supone un conjunto, más o menos coherente, de presupuestos y proposiciones sobre la realidad, sino que además posee sus propios procesos y protocolos de constatación y comprobación de la verdad en torno a lo que ocurre en dicha realidad. No son los mismos procesos de constatación de la verdad los de los científicos que los de los místicos, los de los sociólogos, economistas o historiadores liberales que los de los marxistas. Incluso cada colectivo profesional con funciones sociales específicas posee protocolos de comprobación de la verdad muy distintos, y así, no son los mismos protocolos aquellos que utilizan, por ejemplo, los periodistas, los historiadores, los policías o los físicos.
Dado el panorama de carácter marcadamente relativista que acabamos de presentar, los sistemas democráticos deben funcionar en base a dos criterios básicos. Mediante el primer criterio se han de dejar al margen de la sanción positiva o negativa del poder del Estado las controversias en torno a la verdad o falsedad de los diferentes tipos de discursos que hacen referencia a lo acontecido en el pasado y a lo que acontece en el presente. Mediante el segundo criterio, para que los derechos de los ciudadanos queden protegidos respecto a cualquier discurso periodístico, histórico, político, etc., que pueda perjudicarles de manera ostensible e irreparable en su propia imagen y en su vida privada o pública, el Estado democrático debe derivar hacia un sistema judicial totalmente independiente la decisión sobre la verdad o falsedad de lo que los discursos informativos manifiestan, decidiendo si dichos discursos incurren en difamaciones, injurias o calumnias. Un sistema judicial independiente del resto de poderes del Estado y del Mercado, posee también sus propios protocolos convencionales específicos de constatación de la verdad de lo ocurrido, pero estos son protocolos que deben ser producto del consenso social democrático para garantizar que todos los ciudadanos serán considerados bajo los mismos principios y reglas.
En definitiva, desde los aparatos ejecutivo y legislativo del Estado democrático deben evitarse las injerencias sobre el control de los discursos de los medios informativos en base al criterio del respeto a la “verdad” y deben evitarse también las presiones sobre el poder judicial en sus cometidos específicos en torno a estas cuestiones. Lo contrario significaría que los poderes ejecutivos y legislativos del Estado se arrogan el derecho a establecer una verdad oficial y absoluta en función de la cual se puede ser capaz de dictaminar tanto lo que es verdadero como lo que es falso y ello significa la asunción de un poder desmedido en sus consecuencias y supone ya una pendiente sin fin hacia la demolición de la democracia.
Sobre los principios de diversidad y sinceridad
De todo lo anterior, no se deduce, sin embargo, que un Estado que pretenda profundizar en su calidad democrática no pueda establecer algún tipo de principio que garantice que los ciudadanos dispongan de información adecuada para conformar sus opiniones, definir sus posiciones frente los temas y los problemas de carácter público que a todos atañen y para tomar decisiones en el ejercicio del poder que la democracia les confiere.
Para establecer principios básicos que garanticen la buena información que los ciudadanos tienen derecho a recibir se ha de cambiar la perspectiva en la forma de abordar el tema hasta aquí planteado. En primer lugar, se debe sustituir la consideración de la buena o mala información a partir de noticias o medios de comunicación específicos para tratar la cuestión desde la evaluación en conjunto del sistema de medios informativos que operan en una sociedad concreta. En segundo lugar, se debe cambiar el criterio de evaluación de los discursos informativos sobre la realidad social pasando de la discriminación de la verdad o falsedad del discurso informativo a la explicitación de las estrategias de poder, hegemonía o influencia que subyacen, siempre e inevitablemente, en todo relato sobre el mundo.
El primer obstáculo respecto a la buena información en un sistema democrático es precisamente el de la verdad única, el hecho de que los ciudadanos sólo reciban una forma de explicar y relatar la realidad que se impone como cierta y objetiva. El principio de la verdad única se materializa en un sistema de medios informativos que reproducen una sola forma de ver y de comprender el acontecer social. La caracterización de la verdad única como perversión no se fundamenta en una apreciación ontológica o epistemológica sobre la realidad o sobre la relación entre discurso y realidad, sino que parte de un criterio más instrumental en el sentido de que la verdad única no refleja, en ningún caso, la pluralidad, diversidad e, incluso, antagonismo, de los diferentes colectivos sociales, económicos, ideológicos, políticos y culturales que conviven en toda sociedad mínimamente compleja. Por ello la materialización de la verdad única en un sistema de medios informativos sólo puede ser producto de la absoluta dominación de uno de esos colectivos sobre el resto del cuerpo social. En consecuencia, un Estado democrático debería garantizar la diversidad de discursos y de perspectivas en los medios que conforman el sistema informativo de un país tomados como conjunto.
Diversidad no es sólo pluralidad
Diversidad no es sólo pluralidad. La pluralidad en el ámbito del sistema informativo supone la existencia de diferentes medios informativos o grupos de medios, cada uno de los cuales será propiedad de diferentes agentes públicos o privados. Pero la diversidad de los discursos informativos es un concepto que va más allá e implica que existe un sistema mediático que cubre un amplio abanico de perspectivas informativas claramente diferenciadas e incluso divergentes y contrapuestas, abanico de perspectivas que debe responder a la variedad real de los intereses y posiciones que en torno a lo social, lo económico, lo político y lo cultural conviven en una sociedad compleja.
En la gran mayoría de países con sistemas políticos de democracia representativa de corte liberal, existe pluralidad de medios informativos, pero todos ellos o, como mínimo, la mayoría y los más relevantes, responden a un estrecho espectro de intereses sociales y económicos y de posiciones políticas e ideológicas, de tal manera que finalmente los discursos informativos que se ofertan a los ciudadanos, bajo la apariencia de una variedad de opciones, no son más que variaciones en torno a un único paradigma ideológico. Esto se produce porque la dinámicas que generan las concentraciones de poder en el Estado y, sobre todo, en el Mercado, en torno a unas élites políticas y económicas dominantes con intereses y discursos propios y que suelen establecer entre ellas diferentes tipos de alianzas, generan y promueven la aparición de un sistema de medios informativos que finalmente sólo reproduce y difunde las perspectivas sobre el mundo que dichas élites poseen, perspectivas extremadamente uniformes aunque con ligeras variaciones derivadas de los intereses de poder específicos de cada una de esas élites o de las alianzas que establecen.
En estos escenarios, los ciudadanos acaban recibiendo información sólo desde las terminales mediáticas de los aparatos económicos y políticos dominantes y, por ello, no se garantiza una auténtica diversidad informativa.
Cualquier Estado que se pretendiera democrático, y no autoritario o liberal, debería tender a regular la estructura del sistema de medios de información de un país, dicha regulación se orientaría a promover una auténtica diversidad informativa. Para ello, se ha de partir del principio de que no es el Estado ni las grandes corporaciones empresariales quienes deben acaparar la posibilidad de disponer, a través de la propiedad, el apoyo o la financiación, de medios de información; sino que, por el contrario, es la sociedad civil y las diferentes organizaciones de todo tipo que en ella se estructuran y que de ella emergen las que han de poder tener la capacidad para crear, promover o apoyar medios de información. Ello implica que un Estado democrático debería establecer una política contratendencial a las dinámicas de concentración de poder que en el Estado y en el Mercado tienden a producirse. En este sentido, no resulta legítimo argumentar la libertad de mercado y de libre empresa articuladas a la libertad de expresión e información con el objetivo, nunca expresado claramente, de que las élites económicas y políticas acaben acaparando todo el espacio del sistema informativo en una sociedad.
Sinceridad contra camuflaje
El segundo principio fundamental para permitir que los ciudadanos puedan formarse una opinión adecuada a través de las informaciones que reciben de los medios consiste en que dichos ciudadanos sean conocedores y conscientes de cuáles son las causas y los orígenes de las líneas informativas de cada medio, de la perspectiva desde la que dichas informaciones se construyen. Para ello, los ciudadanos deben disponer de un conocimiento claro de los intereses de las organizaciones económicas, políticas, sociales o culturales que están detrás de los diferentes medios informativos. Estos intereses son legítimos pero es necesario explicitarlos para que los ciudadanos puedan evaluar la información que les llega y mantener frente a ésta un espíritu crítico que les dote de autonomía en el momento de formarse sus propias opiniones y tomar posiciones sobre las cuestiones de actualidad en su ciudad, en su país y en el mundo.
Los discursos informativos que los medios difunden están inexorablemente ligados a estrategias de poder, hegemonía o influencia, más o menos planificadas o improvisadas, que generan los intereses específicos de los diferentes tipos de grupos, colectivos u organizaciones que, directa o indirectamente, apoyan, financian o dirigen dichos medios. La cuestión fundamental no está en que los medios informativos puedan mentir sino en que la selección y priorización que dan a los temas de actualidad y el enfoque que les imprimen están conectados necesariamente a puntos de vista específicos, a presupuestos ideológicos y a intereses estratégicos de sectores sociales, empresariales y políticos. Ello no es así porque los medios informativos renieguen de una objetividad que podrían alcanzar si se lo propusieran, sino porque tal objetividad es imposible y porque, en todo caso, sólo acaba apareciendo como objetivo aquello que resulta coherente y no disonante con los presupuestos intersubjetivos que cada colectivo posee sobre la realidad y sobre la verdad del mundo.
La información sobre la actualidad pública está inexorablemente determinada por perspectivas ideológicas y por estrategias de poder, de hegemonía o de influencia social. Para que los ciudadanos, en tanto que receptores de información, puedan convertirse en sujetos activos plenamente conscientes de sus intereses, de sus opiniones y de sus posiciones y elecciones en el marco de lo público, es necesario que no asuman la información que se les difunde a través de los medios cómo una pura representación objetiva e inocua de la realidad, sino como producto de estrategias de comunicación que parten de intereses y posiciones de poder en el marco del Estado, del Mercado y de la sociedad. Por ello un Estado democrático debería velar para que los medios informativos sean sinceros y expliciten constantemente, ante los ciudadanos, desde qué posiciones desarrollan su discurso informativo, para que no se camuflen bajo la piel de colectivos profesionales simplemente preocupados por los principios de la independencia, la objetividad y la asepsia informativa. Para ello no es sólo necesario que los medios hagan una declaración sobre su posición ideológica, como ya en ocasiones hacen, aunque sea sublimando con bellos términos sus posiciones políticas o partidistas; sino que es también imprescindible que todos los medios manifiesten abierta y claramente, ante los receptores de sus discursos informativos y ante la sociedad en su conjunto, cuales son los grupos empresariales y políticos a los que directa e indirectamente están ligados mediante complejos entramados de relaciones. Y ello habría ser para los ciudadanos lo más relevante en la identificación de los diferentes medios de comunicación. Sólo de esta forma los ciudadanos podrán evaluar las informaciones que se les difunden y podrán adquirir una adecuada autonomía de juicio en el enredado escenario de los medios y los discursos informativos.
Un Estado democrático no debería entrometerse en la discriminación entre verdad y falsedad de los discursos informativos más allá de lo que puedan ser las competencias propias de un sistema judicial independiente en relación a presuntos casos de injurias, calumnias y difamaciones; sin embargo, un Estado democrático si habría de velar para que el sistema de medios de información esté regido por los principios de la diversidad sincera. Estos principios se concretan, en primer lugar, en una auténtica diversidad en las perspectivas desde la que los diferentes medios que componen el sistema informativo de una sociedad encaran sus relatos sobre la actualidad y, en segundo lugar, en una obligada sinceridad en la abierta explicitación de los grupos económicos, políticos y sociales que se encuentran ligados a cada uno de los medios y que, en última instancia, acaban determinando las estrategias comunicativas generales en las que se enmarcan los discursos informativos de dichos medios.
Estado, Mercado e información para la Democracia
Los problemas para la transformación de los sistemas informativos de las diferentes sociedades en la dirección de servir a los ciudadanos como instrumentos idóneos de participación democrática, no son sólo teóricos y conceptuales, son fundamentalmente políticos y económicos. Los medios de información suponen instrumentos de primer orden en el mantenimiento y consolidación de la hegemonía y del poder, por ello las élites políticas que ocupan los aparatos del Estado y las grandes corporaciones empresariales que dominan el Mercado tienden a hacer todo lo posible para que los sistemas de medios informativos de las diferentes sociedades no sufran alteraciones relevantes. Por otro lado, cuando se produce algún cambio de poder importante, sea en el Estado o en el Mercado, o en ambos a la vez, la tendencia consiste en que los nuevos agentes del poder tienden a reproducir modelos de sistemas informativos escasamente democráticos en los que únicamente varían los sujetos políticos y/o económicos que los controlan. Por todo ello, sólo puede ser la propia sociedad civil y los agentes que en ella se organizan y participan activamente en la vida pública, los que, en defensa de sus intereses democráticos, fuercen las correlaciones de poder realmente existentes en los sistemas de medios de información para contribuir a lograr, al fin, Estados más democráticos, sociedades más justas y ciudadanos más libres.