Manuel Calbet
Ha sido nombrada una nueva directora del Fondo Monetario Internacional. En anteriores ocasiones, los diarios se limitaban por lo general a recordar que, tradicionalmente (?), se hace por un acuerdo entre Europa y los Estados Unidos que deja al margen de la decisión al resto de los países. Esta vez, sin embargo, ha habido elementos adicionales: el sueldo se ha incrementado un 11%, llegando a los 380.000 euros anuales, libres de impuestos, y un compromiso escrito de comportarse de forma ética.
Estas circunstancias dejan la sensación, una vez más, de que los puestos destacados del gobierno de la sociedad tienen asociados unos privilegios difícilmente justificables, y plantean la duda de si las personas que acceden a ellos lo hacen motivadas por la labor a realizar o por los beneficios del cargo.
Intentemos analizarlo con un cierto detalle, comenzando por el código ético. ¿Desde cuándo un dirigente público ha tenido que firmar una cláusula ética? El comportamiento ético ha de ser una condición previa y necesaria para cualquier candidatura a un servicio público, y una falta en este sentido, razón suficiente para cesar en el cargo. Un buen nivel de transparencia y rendición de cuentas han de impedir comportamiento no éticos o expulsar al infractor. Un contrato así no amplía el campo ético, sino que lo reduce a aquello que está escrito. Y lo limita Talien a la persona que lo firma, ya que los demás siempre podrán aducir no estar obligados. Se ha querido relacionar el aumento de sueldo con este compromiso adicional, pero parece una floja justificación. Si fuera cierto, nos podemos imaginar al resto de altos directivos haciendo cola para firmar algo similar, después de calcular que les saliera a cuenta.
Pero es más desazonador que se la libere (a ella y a tantos funcionarios de organismos internacionales) de pagar impuestos. Nos hace dudar de nuevo de que cierta clase política comparta ideales democráticos. Los impuestos son una de las bases del sistema social y político contemporáneo. Sin ellos no funcionan los estados, pero tampoco los organismos supranacionales, como el propio FMI. Pagar impuestos debería ser un motivo de orgullo ciudadano, como cualquier colaboración o voluntariado en una actividad cívica o humanitaria. Pero los comportamientos que observamos y los mensajes que recibimos de las clases dirigentes contribuyen a minar este sentimiento. Forma parte del discurso habitual de la clase política proclamar que cualquier prestación social, obra de infraestructura, servicio público o atención sanitaria son gastos que realiza el gobierno para el bien de la ciudadanía, cuando realmente es la administración de los fondos que proceden de los ciudadanos de acuerdo con unas prioridades. El discurso político debería evitar estos engaños, y la práctica política debería cuidar de establecer las prioridades con criterios que no fueran la simple rentabilidad electoral.
Costó siglos de historia y alguna revolución ampliar la base de contribuyentes, pagadores de impuestos, hasta llegar a una teórica universalidad. Pero los poderosos tienen medios para zafarse, larga vida a los discretos paraísos fiscales. A veces, ni la discreción se considera necesaria, se puede presumir de un sueldo millonario que no paga impuestos. Ignoran conscientemente que este privilegio es tan injusto ahora como cuando en el siglo XVIII lo disfrutaba la nobleza. Esperemos que no haga falta una revolución para abolirlo, o que la sociedad sea capaz de hacer una revolución pacífica.