El Feedback de la Gobernabilidad de una Sociedad: La explosión del Conflicto Social Colombiano en las Ciudades.
Autor: José Villamil Quiroz
La alarmante inseguridad que campea en los principales centros urbanos de Colombia se ha convertido en los últimos días en el tema de análisis riguroso de los círculos académicos, empresariales, gobiernos locales y sociedad civil, producto de la explosión del fenómeno expresada en la escalada criminal manifestada en los múltiples asesinatos en serie, delitos contra el ciudadano y la propiedad provenientes de de narcotraficantes que se disputan el control del territorio urbano, bandas emergentes de paramilitares, organizaciones criminales destinadas a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias y pandillas juveniles que azotan las barriadas desprovistas de las mínimas condiciones de asistencialidad estatal.
El objeto de este articulo se enmarca en el Analisis de cómo la dinámica urbana termina acogiendo diversas manifestaciones delincuenciales reforzadas con el conflicto proveniente de la autonomización de las acciones sociales (narcotráfico, paramilitares y guerrilla) que antes tuvieron su protagonismo marcado en el ámbito eminentemente rural.
En efecto, los hechos del primer semestre de 2009 dan cuenta del aumento desproporcionado de los índices de criminalidad en las principales ciudades de Colombia. Reportes de la prensa colombiana así lo reflejan:
“En los últimos tres días en Medellín se registraron 29 asesinatos sindicados a enfrentamientos entre grupos de sicarios de la denominada «Oficina de Envigado». Entre tanto, en Cali no sólo aumentó el índice de homicidios, sino que al mismo tiempo los asaltos se han incrementado. El Alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina, sobre el incremento de las muertes violentas en su ciudad, explicó que hay un preocupante aumento en el 23 por ciento de los homicidios, que han ocurrido en hombres jóvenes de los 17 a 27 años. El alcalde Ospina dijo que casi todos los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego que, posiblemente, están en manos de la gente como consecuencia del narcotráfico. Agregó que busca implementar una medida para hacer un desarme en la ciudad. Además del aumento de homicidios, el fleteo y los asaltos a taxistas en Cali parecen no tener fin. Este lunes el presidente de la Asociación de Taxistas, Jonhy Rangel, declaró que su gremio está sufriendo una ola de violencia en su contra. “Vivimos el peor fin de semana de nuestra historia, ya que entre la madrugada del sábado y la del domingo, 35 conductores de servicio público fueron asaltados”(Revista Semana, Abril 9 de 2009).
“En los dos primeros meses de este año los asesinatos aumentaron 150 por ciento, según las cifras de la Policía, en municipios de Antioquia. En Córdoba, los homicidios se han multiplicado por tres desde 2005, año en que se desmovilizaron los paramilitares (de 158 a 512 en 2008). En Tumaco, el municipio con más homicidios por habitante, los asesinatos escalaron en los últimos cuatro años de 94 a 235. Y en el Eje Cafetero en dos meses se han perpetrado cinco masacres. En Pereira, la preocupación es tal que, el obispo Tulio Duque se lamentaba en la radio: «Estamos viviendo una ola de violencia peor a la que padeció Medellín cuando estaba Pablo Escobar».Y como si fuera poco, la misión de la OEA, encargada de verificar el proceso con los paramilitares, le dedicó la mayor parte de su más reciente informe a este tema y califica como una «amenaza» para la paz a las llamadas ‘bandas emergentes’. Según las cuentas del presidente Uribe, en la rueda de prensa, estas bandas en los últimos dos años han sumado 6.900 integrantes, entre activos (3.744), abatidos (1.165) y en prisión (2.000)” (Revista Semana, marzo de 2009).
No menos aterrador para los ciudadanos resultan también las amenazas de muerte mediante panfletos dirigidas a indigentes, prostitutas y expendedores de drogas en varias ciudades del país, bajo el justificante de limpieza social, que las autoridades colombianas, en algunos casos han atribuido a bandas surgidas luego de la desmovilización de grupos paramilitares. Activistas colombianos liderados por Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, distribuyeron el llamado “despanfleto” en diferentes ciudades de Colombia, como iniciativa dentro de una campaña en favor de la paz sostenible en Colombia y en rechazo a las amenazas clandestinas de muerte o medidas de limpieza social. “Estamos convencidos de que con la mal llamada “Limpieza social” como remedio, además de ser contrario a la Constitución, alimenta rencores, mas violencia y termina siendo peor que las enfermedades que pretende curar”, dice parte del despanfleto (AP, Febrero de 2009)
Actores Estratégicos de la Inseguridad Ciudadana.
El éxito de la famosa política de seguridad democrática, como elemento central de la agenda de gobierno del Presidente Uribe en sus dos periodos consecutivos de mandato, la cual mantiene a raya a los grupos guerrilleros replegados a las selvas colombianas, termino por descuidar un viejo problema de seguridad en las ciudades, el cual venia creciendo silenciosamente a la par de la difusión mediática exclusiva de los logros en contra del conflicto hegemónico, convirtiéndose en un distractor de una realidad ineludible de descomposición social en las ciudades como corolario de la miseria y de la pobreza que las afecta. Significa que mientras la vieja confrontación paraestatal de autonomización de las acciones sociales entre el gobierno colombiano, guerrilla y paramilitares escenificado en el terreno eminentemente rural se muestra en un momento sosegado, se abre un nuevo conflicto contextualizado en el ámbito urbano de corte y origen socio-económico con actores de diferentes niveles que se disputan el poder territorial en sus entornos particulares de actuación, sin que se pueda descartar que los tradicionales agentes del rancio conflicto trasladen también sus formas de operación al mundo citadino agravando la inseguridad ciudadana.
El Feedback de la gobernabilidad de las sociedades, es un fenómeno de causación circular que termina expresándose de alguna manera por mucho que los actores estratégicos internos de una comunidad mezclando sus recursos de poder quieran soslayar privilegiando sus intereses de difusión de los intereses de dominio publico y mucho más cuando se trate de situaciones socio-políticas complejas sin resolver.
Es un escenario de Analisis complejo en donde la violencia de esta nueva época en las ciudades colombianas se ha enclavado de la mano del narcotráfico, los grupos emergentes de paramilitares, Bandas delincuenciales comunes y las pandillas juveniles que pululan; acompañados de un escenario plagado de difíciles condiciones económicas de sus habitantes y crecimiento desproporcionado de las ciudades alimentado por el desplazamiento forzado hacia los principales conglomerados urbanos. Colombia es el país con mayor números de desplazados en el mundo con tres millones de personas por encima de Irak 2.4 millones, el Congo 1.3 millones, Uganda 1.2 millones y en Somalia un millón, según el reporte del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR, 2008)
La situación no deja de ser alarmante, puesto que el fenómeno se ha difundido por toda la geografía urbana del país hasta el punto de trastocar ciudades otrora apacibles como Cartagena de Indias, símbolo turístico de Colombia; castigada también por dos males que se alimentan mutuamente: los cinturones de pobreza y los índices de inseguridad.
Cartagena es una ciudad que en los últimos sesenta años ha tenido unos cambios demográficos importantes y significativos de resaltar. En la década de los cincuenta, tenia una población similar a otras ciudades intermedias como Pereira y Manizales y en la actualidad tiene el tamaño de las dos juntas. Entre 1951 y 2001 la población de la ciudad aumento siete veces pasando de 129.000 a 927.000 habitantes. De 531.426 que tenia en el Censo de 1985 sobrepaso la barrera del millón de habitantes en el 2005, según datos del órgano oficial de estadísticas colombiano. Esté importante crecimiento demográfico es atribuible en gran parte a su atractivo turístico y polo de atracción de migrantes, pero sobre todo por el desplazamiento violento del campesinado hacia las grandes centros urbanos que ha caracterizado al territorio colombiano, los cuales llegan a poblar las barriadas míseras que les acogen generalmente desprovistas de cualquier asistencia social. En esta caracterización ocupa un lugar importante los asentamientos subnormales que se han venido configurando en la ciudad, a los cuales han llegado los seiscientos mil habitantes que viven hoy en Cartagena por debajo de la línea de pobreza engrosando un largo cinturón de miseria sin control y mucho menos de políticas urbanas urgentes de atención convirtiendo esta situación en una bomba de tiempo.
Según el Observatorio del Delito de esa ciudad, se presentan 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Comandante de la Policía de esa ciudad reconoce que las muertes violentas y los atracos callejeros se convirtieron en su principal dolor de cabeza.
La “Heroica” como es conocida esta emblemática y embrujadora ciudad colombiana, es hoy un centro urbano sitiado por sicarios y pandilleros. Una muestra de ello, es que la Personería de Cartagena, revela que cerca de 15 mil menores integran 80 pandillas que despliegan su accionar, atemorizando a los habitantes en los lugares donde tienen marcado su radio de acción. Pero en Cartagena, ni las zonas turísticas están exentas del flagelo delincuencial. El centro histórico de la ciudad también se consolida como una zona de ocurrencia de delitos, pese a la alta vigilancia policial, lo que permite concluir que por las características turísticas de Cartagena, el impacto es aun mayor, según dice el informe del Observatorio del Delito (Diario el Espectador, abril 9 de 2009)).
El Padre Efraín Aldana, reivindicador de los intereses de los sectores marginados de Cartagena, sostiene que la desigualdad económica es la principal causa de esta descomposición social. “Este olvido, esta discriminación de no tener empleo, de no tener formas de que haya un futuro mas digno, ni siquiera un presente”, reflexiona el sacerdote. En Cartagena, el 60.2% de la población está por debajo de la línea de pobreza y mientras los ingresos de los ricos aumentaron en un punto, para los más pobres el ingreso se contrajo 34 puntos porcentuales; según informe del Banco de la Republica y del observatorio del caribe Colombiano de 2007.
De hecho, los índices de criminalidad están tan disparados, y es tanta la sensación de inseguridad entre los habitantes, que hace unos días la alcaldesa Judith Pinedo sólo atinó a comunicarle a la Fuerza Pública de su ciudad una orden, aunque obvia, tajante: “No quiero más homicidios. No más” (Diario el Espectador, Julio 4 de 2009).
La burgomaestre aseguro que por informe de inteligencia se conoce que la mayoría de estas muertes violentas se vienen dando por enfrentamiento de las bandas delincuenciales de los Paisas y Don Mario, quienes según la policía se pelean este corredor, que es estratégico para mandar drogas al exterior por ser puerto (Diario el Universal de Cartagena, junio 23 de 2009).
En esa misma proyección, el más influyente operador de la información de Colombia, el legendario periodista de la radial RCN Juan Gossaín, en sendos editoriales, da cuenta de la terrible situación de criminalidad y de asesinatos permanentes que afronta Cartagena y las otras urbes colombianas. Para ese comunicador “Guardar silencio sobre la situación de Cartagena seria inmoral”, lo cual se configura como la expresión del feedback de la gobernabilidad de una sociedad, (RCN, Comentario editorial 23 y 24 de junio de 2009).
Esta es apenas la radiografía de una ciudad poco caracterizada por el conflicto, pero que en los últimos años ha desbordado el miedo creciente de sus habitantes por la inseguridad reinante. ¿Si esto ocurre en un terreno antiguamente tranquilo, que se puede esperar en otros territorios con un largo historial de inseguridad alimentado por la miseria y el narcotráfico?
Se escuchará el discurso repetitivo que en Cartagena y en el resto de ciudades afectadas se reforzará con más policías la seguridad, teniendo en cuenta el auge que tiene en el imaginario colectivo la mano dura , y en segundo lugar el fortalecimiento de la política criminal con leyes que endurezcan las penas para los delincuentes, en un franco escenario de represión del delito que sin instrumentos de prevención resultan poco objetivos para enfrentar la criminalidad urbana que la norma poco les intimida y mientras tanto la miseria seguirá alimentando los actos violentos e injustificados que caracterizan los entornos de las ciudades colombianas.
De todas maneras y a pesar de todo lo existente, el marketing social y gubernamental en este caso dirá regocijado que Colombia es el país más feliz del mundo según las encuestas. ¿Es que los colombianos son duros frente a la adversidad? ¿O es que adoptan comportamientos de anomia, apatía y fatalismo que les permiten adaptarse de manera conformista a sus pésimas condiciones de vida desde temprana edad?
Desgobernanza Urbana y Seguridad Ciudadana.
En America Latina se asiste a una protuberante perdida de la calidad de vida en sus núcleos urbanos producto de un proceso paulatino de degradación barrial, crecimiento poblacional desmesurado e incremento de asentamientos espontáneos sin las mínimas condiciones de habitabilidad, escasas políticas urbanísticas de planificación del crecimiento de las ciudades que rápidamente afrontan la conurbación y aumento considerable de la criminalidad y por consiguiente el sentimiento de inseguridad de parte de los ciudadanos. Elementos como la delincuencia y transgresión de la ley, desempleo, segregación social, cambios en el nivel de vida, concentración de problemas sociales en una zona geográfica de la ciudad, mala calidad básica de construcción y mantenimiento deficiente de vivienda, mantenimiento deficiente del entorno, están a la orden del día.
La pobreza y la exclusión social son los combustibles que tiran del carro cargado de una gran masa urbana en crecimiento compuesta en muchos casos por antiguos pobladores de zonas rurales que están desprovistas en su gran mayoría de las condiciones normales de atención estatal, ávidos de las oportunidades que brinda la ciudad. Es una considerable explosión demográfica no tenida en cuenta en los vetustos esquemas urbanísticos que amparan a las administraciones locales en la simpleza de la norma y fungiendo de paso en simples controladoras, reguladoras y operadoras subsidiarias del destino fisco de la ciudad sin tener una visión proactiva del futuro de la ciudad que contemple la promoción integral del desarrollo de quienes las habitan. Por tanto, es un urbanismo que nutre la distinción jurídica entre espacio publico y privado fomentando de paso una segregación socio-espacial, en tanto existen políticas urbanísticas dirigidas intencionalmente hacia grupos específicos de la sociedad generando bolsas de pobreza que concentran problemas sociales en zonas geográficas determinadas que expresan rápidamente en las personas que las habitan el fenómeno de la marginación.
El caso de las ciudades colombianas no ha sido la excepción al sufrimiento de esta patología urbana. Prueba de ello, es la degradación que a pasos agigantados vienen sufriendo las cabeceras municipales de sus principales capitales de Departamentos, producto de la realidad sociopolítica del país, el cual tiene como entramado adicional, el desplazamiento violento de pobladores desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas y desde municipios pequeños hacia las ciudades intermedias y principales de la red urbana colombiana. En efecto, ciudades como Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogota; que por su propia naturaleza histórica, turística, cultural y económica son polo de atracción de migrantes ven agravada su planificación urbanística por el crecimiento desmesurado de su población, que en su mayoría van a parar a los asentamientos espontáneos y barrios pobres de los centros de esas ciudades. Ello hace evidenciar, que la patología urbana de Colombia es aun más conflictiva que las existentes en las otras urbes latinoamericanas que solo pueden tener como causante de su crecimiento y degradación su atracción a la ciudad como lugar de oportunidades.
Ahora bien, en la producción de bienes públicos como la seguridad, se demuestra en este caso que tienen principalmente su radio de acción en el plano local, pero su eficacia y legitimidad esta determinada por la fortaleza de las interacciones entre los distintos niveles de gobierno y entre estos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil y es el fruto de la cooperación entre este segmento de actores estratégicos lo que da lugar a una estrategia bien consumada para enfrentar la problemática planteada. En esa proyección, se requiere tomar medidas desde la óptica de la gobernanza urbana interpretando una manera racional cómo una sociedad se administra de manera pacifica en el siglo XXI, haciendo participar a todos los sujetos interesados en una problemática, olvidándonos de la manera segmentada de gestionar desde la óptica pura y dura del Estado con pañitos de agua tibia aislados con la expedición de normas que por lo general se convierten en letra mojada creando desesperanza en la ciudadanía. Enfrentar el tema desde la respuesta represiva y normativa no es el remedio adecuado porque supone una receta antigua para un problema nuevo, cualitativamente distinto. Cuando ocurren transformaciones sociales como las actuales, se imponen consecuentes transformaciones institucionales, de modo de poder dar cuenta de los nuevos fenómenos y conflictos.
En ese orden de ideas, es interesante replicar al profesor Josep Centelles cuando manifiesta lo importante de “constatar que la competencia reguladora, en general, y en este caso la de la administración municipal es básicamente reactiva. Es decir sirve para reaccionar contra lo indeseado y para evitar que suceda lo incorrecto. Se regula el comercio de pólvora después que se han quemado un sinnúmero de niños. Se hace un plan de urbanismo cuando hay un desorden y todos los ciudadanos protestan. Pero cuantos planes de urbanismo en diversas ciudades hemos visto que prevén el crecimiento hacia el norte y este no se urbaniza por diversos motivos de inversionistas y de la debilidad de la infraestructura de servicios públicos”.
La solución a dicha problemática urbanística pertenece a la Agenda Política de los países de la región y no en vano se viene hablando en el contexto Latinoamericano de los Programas de Mejoramiento Barrial, teniendo como presente que el barrio es la unidad de actuación adecuada, ya que otros intentos y proyectos implementados a nivel suprabarrial fracasaron. Sus antecedentes se remontaban al siglo pasado, cuando en los países desarrollados la perdida de la calidad de vida en los núcleos urbanos originó en diversas ciudades del mundo la puesta en marcha de proyectos para intentar recuperar esa condición amenazada por múltiples causas. Tanto en los barrios antiguos del centro de muchas ciudades como en los suburbios de su periferia, la degradación física y social se mostraba evidente. Por ello se planteaba la necesidad de impulsar actuaciones y crear instrumentos que mejoraran substancialmente la calidad de vida en tales zonas. Se hablaba en su momento de barrios degradados refiriéndose a concentraciones urbanas inmersas en problemas sociales y urbanísticos que alteraban las relaciones entre las distintas unidades sociales como son el individuo, la familia la comunidad y la sociedad en su conjunto. Las experiencias mas avanzadas de rehabilitación de barrios degradados contemplan tanto los aspectos sociales como los urbanísticos de forma que es necesaria una actuación conjunta de diversos profesionales (arquitectos, trabajadores sociales, economistas educadores, psicólogos, sociólogos, comunicadores, etc) para que queden cubiertos todos los aspectos de una rehabilitación integral de barrios.