Autor: José del Rosario Villamil Quiroz
Investigador en Gobernanza Latinoamericana.
La administración de la sociedad local latinoamericana afronta fuertes presiones procedentes de la pobreza y la exclusión social que se convierten en combustibles del crack urbano que degeneran en estructuras urbanas fallidas. Por ello se hace necesario repensar las capacidades institucionales y organizativas necesarias para afrontar políticamente estos retos. En virtud de ello, se requiere un equipo de gobernanza para enfrentar la complejidad de la nueva realidad local de este milenio, la cual le supera con creces al vetusto e insuficiente esquema de diligencia de las noveles, confusas y variantes situaciones que están brotando.
1. Las Estructuras Urbanas Fallidas Latinoamericanas.
En América Latina, las ciudades han venido sufriendo un deterioro gradual producto de la deficitaria gobernabilidad y gobernanza, la cual se manifiesta en el desgobierno de lo público y consiguiente debilitamiento del poder del Estado y las estructuras sociales a nivel urbano. Estas debilidades en la manera de administrar las sociedades urbanas son aprovechadas en muchos casos por actores emergentes generando procesos de autonomización de acciones sociales y camarillas público-privadas en detrimento del interés general. Esta elongación de problemáticas institucionales y sociales en asentamientos urbanos menores y en conurbaciones de amplio calado, ha dado lugar al advenimiento de estructuras urbanas fallidas.
Una ciudad fallida es un conglomerado urbano en el cual el gobierno y los demás actores estratégicos de la sociedad urbana han perdido el control y su capacidad de gestión para enfrentar las problemáticas y las oportunidades sociales; implicando una sístole de gobernabilidad urbana, corrupción estratégica, abulia urbana, crack urbano y pérdida del control del territorio (Villamil,2013).
La gobernabilidad de las ciudades requiere de un espíritu de teamwork de los actores estratégicos para interpretar y gestionar las circunstancias instituidas y contingentes que se manifiestan en la sociedad urbana. En ese orden de ideas, la gobernabilidad urbana es un sistema abierto y complejo de diversas interrelaciones e interdependencias, cuyo mecanismo de realimentación puede generar escenarios de feedback positivo o negativo dependiendo de los cauces de institucionalización arbitrados por los actores estratégicos urbanos en la toma de decisiones societales.
En el umbral del siglo XXI, la región afronta la manifestación del fenómeno de la ciudad fallida, el cual tiene su propedéutica en la sístole de gobernabilidad urbana como elemento sustancial que deriva hacia patologías que afectan la gobernabilidad de la sociedad urbana.
La sístole de gobernabilidad es un estadio en el cual la estructura sociopolítica acusa un estado de contracción de las interrelaciones entre los actores estratégicos de la sociedad derivado de un deficitario teamwork que determina un feedback negativo y el deterioro del cauce de institucionalización, dando lugar a un margen estrecho de gobernabilidad. Esta posición relacional es proclive al privilegio del interés particular generando una discapacidad de asimilación del interés general de la sociedad.
El feedback de la gobernabilidad es un fenómeno de causación circular que expresa el nivel de interrelación entre los actores estratégicos de las sociedades. La presencia de un feedback negativo entabla una posición interrelacional que expresa un deterioro del mecanismo de realimentación del sistema de actores estratégicos de la sociedad, propiciando cambios sustanciales en los cauces de institucionalización de la gobernabilidad.
El cauce institucional es el umbral de relacionamiento de los actores estratégicos de la sociedad para tomar decisiones y resolver conflictos dentro de un marco de institucionalización. El declive de ese cauce institucional deriva un margen estrecho de gobernabilidad que se manifiesta en un posicionamiento de enroque de los actores estratégicos de gobernabilidad en la teleología de objetivos específicos en desmedro del interés general.
Una sístole de gobernabilidad urbana es la fragmentación en la interrelación de agentes urbanos estratégicos que privilegia el interés particular por encima del interés comunitario fomentando un margen estrecho de gobernabilidad urbana. Esta dinámica termina por derivar en patologías urbanas determinantes que se expresan en la corrupción estratégica, la abulia urbana, el crack urbano y la pérdida del control del territorio por parte de la autoridad.
El ejercicio desmedido de la óptica del interés particular en desmedro de las perspectivas comunitarias por parte de los actores estratégicos de la gobernabilidad urbana recae sobre prácticas que afectan las normas y valores morales de la sociedad urbana. Cuando ello ocurre estamos en presencia de variados tipos de corrupción que perturban el nivel de realización de la gobernabilidad urbana y del interés general.
Este tipo de ejercicios trastornan el normal desempeño del mecanismo de realimentación de la gobernabilidad, en tanto cierra el sistema de manera exclusiva hacia la perspectiva perniciosa que tengan los actores estratégicos sobre los asuntos societales, restándole valor y estabilidad a las organizaciones y los procedimientos.
La destrucción de las normas y valores preestablecidos en un sistema de gobernabilidad urbana la concebimos como corrupción estratégica, definida esta como la utilización de recursos de poder de manera individual o interrelacional, por parte de los actores estratégicos para favorecer sus intereses individuales o de otro grupo específico de la sociedad urbana en detrimento del interés general. Esta tiene dos manifestaciones: la corrupción estratégica exclusiva y corrupción estratégica interrelacional. La primera es definida como aquel ejercicio de corrupción en donde el actor estratégico de la gobernabilidad urbana arbitra recursos de poder apalancando procedimientos licenciosos para consumar objetivos particulares. La segunda se concibe como el efecto en el que actores estratégicos mezclan recursos de poder para obtener beneficios individuales o de manera interrelacionada.
La abulia urbana es la carencia de iniciativa conjunta de los actores estratégicos de la gobernabilidad y de la ciudadanía, para enfrentar las problemáticas y oportunidades sociales que se le declaran. Es un proceso de deterioro gradual que acusan los conglomerados urbanos los cuales experimentan efectos de disgregación y fragmentación social que se expresan en la desarticulación de los actores estratégicos de la gobernabilidad y en la participación abdicada del conjunto de la población urbana.
La ciudad fallida es una urbe en donde la sístole de gobernabilidad fomenta un margen estrecho de gobernabilidad que desarticula a sus actores estratégicos en la perspectiva de la primacía del interés general. Esta dinámica termina por minar las expectativas ciudadanas provocando la desafección de la población urbana que a su vez mimetiza el esquema de indiferencia y de liderazgo transaccional asumido por los agentes estratégicos de la sociedad.
El desengaño y la desesperanza terminan por convertirse en unos elementos resultantes de la verticalización de las relaciones y de la destrucción del capital social, que cercena la capacidad de relacionamiento horizontal estratégico para enfrentar con aptitud de teamwork los desafíos de la sociedad urbana.
En escenarios urbanos donde la respuesta a las demandas de la población es una dinámica de corrupción y favoritismo, el feedback del sistema político y de la gobernabilidad en su conjunto arrojará una penetrada desconfianza hacia el gobierno y los demás actores estratégicos de la sociedad, así como el menoscabo de los procesos democráticos.
El corolario será una pérdida de centralidad de la política, reflejada en un decrépito nivel de apropiación de los mecanismos de participación que se encuentren a disposición del ciudadano, para ejercer la acción política individual y poder influenciar en la toma de decisiones. Los mecanismos de participación estrictamente electorales terminan siendo afectados por la desafección política y el abstencionismo, como una expresión de la aversión hacia los actores político-gubernamentales de la gobernabilidad urbana. El precario nivel de participación electoral se ve caracterizado por la exigua implicación de ciudadanos provenientes de segmentos seguidores y maleables del mercado electoral, los cuales se convierten en presa fácil de la corrupción de arquetipo clientelar lacerando el pleno ejercicio de una transacción cívica.
El crack urbano es la fractura extrema de la estructura urbana producida por el surgimiento de factores sobrevinientes asociados con la pobreza, el desempleo y la desintegración social, los cuales afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
En América Latina se asiste a una protuberante perdida de la calidad de vida en sus núcleos urbanos, producto de un proceso paulatino de degradación barrial, crecimiento poblacional desmesurado e incremento de asentamientos espontáneos sin las mínimas condiciones de habitabilidad, escasas políticas urbanísticas de planificación del crecimiento de las ciudades que rápidamente afrontan la conurbación, y el aumento considerable de la criminalidad y por consiguiente el sentimiento de inseguridad de parte de los ciudadanos. Elementos como la delincuencia y transgresión de la ley, violencia urbana, incremento de refugiados urbanos, desempleo, segregación social, cambios en el nivel de vida, concentración de problemas sociales en una zona geográfica de la ciudad, mala calidad básica de construcción y mantenimiento deficiente de vivienda, mantenimiento deficiente del entorno, están a la orden del día.
Según el Índice Mundial de Paz 2013, el inventario de países de Latinoamérica que registran altos niveles de violencia se encuentra encabezado por Colombia, quien ocupa el puesto 147 del ranking entre 162 países; seguida por México, Venezuela y Honduras, en la posición 133,128 y 123, respectivamente. Este informe resalta que el gran aumento de homicidios a nivel mundial, que alcanzó el 8% respecto al último año, puede atribuirse al incremento de asesinatos en América Latina y África Subsahariana. Una muestra de ello, es que la tasa de homicidios en honduras aumento casi 10 más por cada 100.000 personas, convirtiéndose en el más alto del mundo con 92 homicidios por cada 100.000 personas.
Estos indicadores muestran la insinuante pérdida de la calidad de vida que viene rompiendo por dentro la sociedad latinoamericana, la cual se expresa con mayor nitidez en los entornos urbanos. De acuerdo con lo expresado por Steve Killelea, Presidente Ejecutivo del Institute for Economics and Peace (IEP): “la migración de la población hacia las zonas urbanas de los países en desarrollo ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios en todo el mundo, lo cual también ha dado lugar a un crecimiento de los delitos violentos.
El aumento de la violencia y los homicidios en Latinoamérica no discrimina entre asentamientos urbanos de gran calado, mediano o pequeño. En Colombia, una ciudad intermedia como Cartagena de Indias, otrora apacible y símbolo turístico de ese país, se registran 27 homicidios por cada cien mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 12 por cada cien mil habitantes.
La pobreza y la exclusión social son los combustibles del crack urbano, que tiran del carro cargado de una gran masa urbana en crecimiento, compuesta en muchos casos por antiguos pobladores de zonas rurales, que llegan ávidos de las oportunidades que brinda la ciudad y terminan por engrosar zonas urbanas desprovistas de las condiciones básicas de atención estatal.
Esta explosión demográfica no tenida en cuenta en los vetustos esquemas urbanísticos, que amparan a las administraciones locales en la simpleza de la norma y fungiendo de paso como simples controladoras, reguladoras y operadoras subsidiarias del destino físico de la ciudad, sin tener una visión proactiva del futuro de la ciudad que contemple la promoción integral del desarrollo de quienes las habitan. Por tanto, es un urbanismo que nutre la distinción jurídica entre espacio público y privado fomentando de paso una segregación socio-espacial, en tanto existen políticas urbanísticas dirigidas intencionalmente hacia grupos específicos de la sociedad, generando bolsas de pobreza que concentran problemas sociales en zonas geográficas determinadas que expresan rápidamente en las personas que las habitan el fenómeno de la marginación.
Una derivación del crack urbano es el colapso del dominio de la territorialidad urbana de parte del actor gubernamental. La pérdida del control del territorio es una de las dimensiones del concepto de ciudad fallida que se manifiesta en el deterioro pronunciado de la supremacía y monopolio de la fuerza del Estado en el territorio local.
La descentralización, los estrechos márgenes de gobernabilidad, la corrupción estratégica y el crack urbano, son el aliciente para que actores emergentes fructifiquen sus intereses ilegales en el contexto urbano y expresen la capacidad de maniobra que les atañe, sustentada en recursos de poder para socavar la gobernabilidad urbana y subvertir las reglas preexistentes a favor de sus objetivos intrínsecos. Este es el flagelo de la autonomización de las acciones sociales en el que interpelan grupos que subvierten el orden establecido, manifestándose en el accionar de pandillas juveniles producto de la descomposición social, el crimen organizado referido al narcotráfico y sus efectos colaterales de bandas delincuenciales. Su naturaleza se encuentra en el bajo nivel de respuesta gubernamental a las necesidades de la población, al igual que la precaria institucionalización en el manejo de una matriz de intereses en la gobernabilidad democrática.
La autonomización de las acciones sociales reviste de un segmento de actores estratégicos de la gobernabilidad de carácter emergente, que resquebraja la maniobra gubernamental y la funcionalidad de los demás actores estratégicos en el territorio. En su radio de acción, estos agentes suplantan la acción estatal desplegando instrumentos financieros, coercitivos y de intimidación dirigidos a la captura del Estado subnacional.
La tercera ola de globalización trajo consigo el proceso de la descentralización o devolución, que se manifiesta con diversos niveles de intensidad dependiendo del tipo de Estado federal, regional o unitario adoptado por una sociedad política. El Estado central transfiere competencias políticas, administrativas y financieras hacia entidades territoriales para que sean ejecutadas en su nombre, en un ejercicio de reorganización y de resignificación de la legitimidad estatal.
Los actores de la autonomización de las acciones sociales aprovechan la condición de proximidad del ejercicio estatal en manos de autoridades locales, para permearlas con sus recursos estratégicos de poder y mecanismos de corrupción, encaminados a lograr la captura y suplantación del gobierno de las ciudades, al igual que la cooptación de los restantes agentes de la gobernabilidad urbana. De igual manera, las condiciones de pobreza y exclusión social de los entornos urbanos, se convierten en insumos para diseminar recursos de poder en el sistema social, creando lealtades y redes preferenciales de relacionamiento que le otorgan preeminencia espacial y legitimidad sobre las autoridades en porciones del territorio urbano. Esta parcelación patentiza la pérdida del control del territorio urbano por parte del gobierno, el cual deja inerme a la ciudadanía, que termina replegándose y legitimando el accionar de dichos agentes, creando un contexto de gobernanza de la autonomización de las acciones sociales.
La escalada criminal manifestada en asesinatos múltiples, delitos contra el ciudadano y la propiedad; provenientes de narcotraficantes que se disputan el control del territorio urbano, bandas emergentes, organizaciones criminales destinadas a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias y pandillas juveniles que azotan las barriadas desprovistas de las mínimas condiciones de asistencia estatal; reflejan una realidad inquietante y descuidada. El marcado protagonismo de los actores emergentes de la autonomización social, es una expresión del feedback de la gobernabilidad urbana, que no responde a los intereses generales y degrada crecientemente las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos, manifestadas en los índices crecientes de pobreza y marginalidad que alternan con el crimen organizado y la violencia.
En consecuencia, aquellos asentamientos poblacionales donde predomina una amalgama de elementos distorsionadores que identifican la sístole de gobernabilidad urbana, la corrupción estratégica, la abulia urbana, el crack urbano y la pérdida del control del territorio; se convierten paulatinamente en ciudades fallidas para vivir. Estas, dejan de ser el lugar de materialización de las oportunidades ciudadanas, para luego convertirse en un escenario espacial y temporal de manifestación de patologías urbanas que arrinconan a sus pobladores.
2. Ser Pobre es una Decisión Política.
En las sociedades locales de Latinoamérica ser pobre es una decisión política. Esta expresión se sustenta y se juega en dos claras dimensiones: el arquetipo clientelar y los nuevos espacios decisorios de la ciudadanía local en la subregión.
La recuperación de la calidad de vida en las ciudades, que es donde más se expresa con claridad la pobreza y la exclusión social que viene rompiendo por dentro la sociedad latinoamericana en su conjunto, es la impronta indeleble de actuación que debe mover el pensamiento de la subregión.
La toma de decisiones políticas para definir el futuro de los contextos que habitan los ciudadanos, adquiere cada día más una condición de proximidad. Por efectos de la globalización y de los procesos de descentralización que se vienen arbitrando en el mundo, tanto en los otrora países industriales, como en las economías emergentes; la decisión política que tomen los habitantes de los contextos subnacionales, definen las condiciones en que estos desean asumir su propia realidad intraterritorial.
Las Sociedades locales latinoamericanas acusan importantes índices de pobreza, correspondiente en sumo a estructuras urbanas fallidas que arrastran problemas de gobernabilidad democrática, abulia urbana, corrupción estratégica, exclusión social y pérdida del control del territorio por parte de la autoridad.
Las problemáticas que aquejan estos contextos locales, son el reflejo de un deterioro gradual propiciador de debilidades endémicas, resultantes de condiciones estructurales de la sociedad que la acompañan desde los umbrales del advenimiento de su estirpe republicana.
El profesor de la Universidad de Harvard, James A. Robinson, uno de los autores del libro denominado “Porque Fracasan los Países”, en una reciente entrevista concedida al Diario el País de España, sentenció que “el colonialismo español creó sociedades muy desiguales y extractivas en Latinoamérica, que han persistido y que dieron forma a lo que son hoy. Pero no es que los ingleses fueran más altruistas en Estados Unidos. Envidiaban el modelo español, pero la explotación de los indígenas no les funcionó en Norteamérica”.
Robinson, en su dialogo con el diario madrileño, también fue enfático en manifestar que “los países que consiguen el éxito económico son los que tienen instituciones económicas inclusivas, instituciones que crean incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente, mientras que los países pobres tienen instituciones extractivas”.
En efecto, la vida política latinoamericana ha estado ligada a un pernicioso historial vinculado al clientelismo y al patrimonialismo estatal. Es un fenómeno que se manifiesta desde la propia estructura encomendera, trasciende a la vida republicana y se mantiene hasta nuestros días, situación esta que no ha permitido la abstracción del Estado y antes por el contrario ha impulsado la personalización del poder con etapas alternadas de clientelismo-populismo.
La naturaleza del clientelismo se encuentra en la encomienda, cuando el cacique se convierte en intermediario en el espacio de interrelación entre la estructura tribal y la metrópoli (España). En este escenario se forja la primera relación clientelar del continente, de ahí que con sobradas razones, en esta época a los actores políticos que representan el arquetipo clientelar en algunos contextos se les denomine Caciques. Luego con el paso a la estructura hacendataria, el hacendado se apropia de las prerrogativas sociales, incluidas las virtudes públicas que son excluidas a favor de segmentos potentados de las sociedades, que asumen al Estado como un resorte de su actuación. Se potencia la disposición hacia el Estado patrimonial, en donde reducidos grupos apropian las prerrogativas estatales y para acceder a ellas el grueso de la población tiene que sucumbir ante los agentes que ostentan espacios de intermediación.
En ese orden de ideas, la sociedad Latinoamericana, en más de doscientos años de vida republicana sufre el influjo del circulo vicioso clientelismo- populismo, el cual asfixia las perspectivas de recepción activa de los mecanismos democráticos. En primera instancia, el clientelismo como elemento consustancial de la historia política de la subregión, individualiza las relaciones. Las formas de articulación de la ciudadanía con los poderes públicos no se efectúan por intermedio de mediaciones orgánicas o de institucionalización, sino por intermedio de relaciones personales. En virtud de ello, la abstracción del Estado por parte de la población es paupérrima. En estas sociedades el Estado tiene nombre propio. En los municipios que lo componen, el Estado se personifica en tal o cual gamonal, configurando un rancio patrimonialismo estatal.
Esa dinámica termina por configurar un estilo de liderazgo transaccional pernicioso que ahoga las relaciones democráticas positivas. Las transacciones cívicas incipientes, que se ponen de manifiesto entre el exiguo segmento de pobladores que participan, giran en torno a que me das tu a cambio. Estas caracterizaciones se transponen al imaginario colectivo, redundando en la añeja impronta que las personas no pueden prosperar o ascender en la escala social de carácter público o privado, si no se tiene un buen padrino.
Ahora bien, en la segunda ola de globalización moderna, acontecida entre el final de la segunda guerra mundial y el ocaso de la década de los setenta de la centuria pasada, estuvo caracterizada por el movimiento Fordista y la centralización de las acciones nacionales teniendo como protagonista hegemónico al Estado Central. En ese contexto, la participación política de la población estaba remitida hacia la legitimación del ejercicio del poder político nacional por intermedio de las decisiones electorales de la ciudadanía. Esas decisiones políticas tomadas por los pobladores, se enmarcaban en mecanismos de participación electoral circunscritos a la entidad política nacional y no a la proximidad de su territorio.
En la tercera etapa de globalización moderna, proveniente desde la década de los ochenta del pasado milenio, en el escenario de la sociedad de la información y el conocimiento, el movimiento postfordista y la nueva economía, se descararon las debilidades del Estado tradicional evidenciando su pérdida de centralidad y hegemonía en los procesos frente a otros agentes. En esa tesitura, el Estado tradicional busca resignificarse a través de las entidades subnacionales, erosionando sus competencias y transfiriendo responsabilidades políticas, financieras y administrativas hacia las divisiones territoriales mediante el proceso de devolución o descentralización, en la búsqueda de proporcionar adecuados niveles de autonomía para que estas puedan acometer los noveles compromisos de problemáticas y oportunidades sociales que trae consigo la globalización
Por efecto de esa dinámica, la toma de decisiones políticas toma un giro para beneficio de los pobladores municipales. La cercanía en las decisiones políticas es una de las prerrogativas potenciales con que hoy cuentan los habitantes de las entidades locales latinoamericanas. La descentralización política tiene como uno de sus principales sustentos el poder de autogobierno, referido este a la capacidad que tienen los habitantes de un territorio de elegir sus propios gobernantes. Esto implica mirar al municipio como una verdadera entidad política y no como una simple corporación administrativa, en donde sus autoridades adquieren una amplia vocería y representación política de los intereses del territorio, al ser legitimados electoralmente por la ciudadanía local.
Esta condición, impregna a los ciudadanía local de una fuerte capacidad política bifronte: en primera instancia el régimen político presidencial se transpone al plano local, legitimando directamente a los elegidos, otorgándole a los servidores públicos amplios niveles de discrecionalidad para atender los asuntos de peculiar interés del territorio municipal; y en segunda instancia derivada de la anterior, se convierte en definidora de su propia suerte al escoger verdaderos representantes políticos que interpreten y gestionen la realidad sustancial de la comunidad.
3. La Gobernanza en Términos Generales.
La entrada en escena de la tercera etapa de globalización contemporánea a finales del siglo XX, descaró las debilidades del Estado tradicional como actor hegemónico de las relaciones mundiales, internacionales, nacionales y locales; marcando el paso hacia una sociedad caracterizada por la complejidad, interdependencia y pluralidad de actores de diversas escalas.
El Estado ya no es el único actor determinante en las relaciones en el eje local-global. Han venido surgiendo organizaciones multinacionales y no gubernamentales, organizaciones interestatales, gobiernos subnacionales e individuos de prestigio, que paulatinamente le van restando legitimidad y protagonismo, propiciando una telaraña de intereses en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento y la nueva economía.
El concepto de Gobernanza, Governance en lengua anglosajona y Gouvernance en lengua francófona, es un término que rápidamente se ha instalado en el imaginario colectivo de académicos, políticos, gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil en general; como la expresión de las múltiples maneras como la sociedad mundial, regional, nacional y local, gestiona sus asuntos, la cual fomenta prioritariamente redes de relaciones de actores públicos, privados y del tercer sector. Abunda en los organismos multilaterales con la designación de gobernanza mundial, como mecanismo para enfrentar los desbalances de la sociedad internacional; en los escenarios de integración regional es conocida como gobernanza multinivel para gestionar los asuntos supranacionales; en el ámbito estatal para conducir los relaciones intergubernamentales de los diversos niveles de las administraciones publicas atribuyéndole el rotulo de gobernanza vertical y horizontal; en los asuntos municipales como gobernanza local; en el plano de las ciudades como gobernanza urbana y hasta de manera sectorial obteniendo su calificativo dependiendo del segmento de política pública en la que se aplique para facilitar la gestión de los intereses generales de una comunidad.
Significa que la gobernanza no se circunscribe a un radio específico de acción, vincula desde el carácter universal, regional, nacional, local, y sectorial; hasta sectores específicos, problemáticas, oportunidades y diversas situaciones que involucran la gestión coordinada de interrelación entre diversos actores estratégicos manifiestos en un campo de acción especifico. Empero, la diversidad de perspectivas y campos de interés, estas comparten un punto en común, la gobernanza es utilizada sistemáticamente como un término que permite identificar nuevas prácticas colectivas, nuevas formas de acción pública, derivadas de un escenario de recomposición de los Estados-nación y de globalización, teniendo como centro la negociación y la asociación (Jouve, 2005).
En virtud de lo anterior, hablamos de gobernanza mundial para referenciar las redes de relaciones que se forman entre los diversos grupos de actores internacionales para la toma de decisiones a escala planetaria. El advenimiento de la gobernanza mundial tiene que ver con el fracaso de la gestión mundial a partir del Estado y las organizaciones multilaterales creadas para diligenciar la gobernabilidad mundial.
En el plano continental aludimos a la gobernanza multinivel para referirnos al plano regional y específicamente a los procesos de integración regional, en el cual podemos mencionar como caso típico a la Unión Europea, como una unión económica la cual se gestiona a través de este tipo de gobernación, puesto que las decisiones de autoridad se diseminan por diversos niveles gubernamentales pasando por el plano continental y estatal hasta el nivel subnacional.
Rotulamos de gobernanza vertical para hacer referencia a la legitimidad que adquiere el accionar público en las relaciones entre el Estado central y los gobiernos subnacionales y entre estos y la sociedad civil y los empresarios. Y por ultimo señalamos a la gobernanza horizontal para referirnos al nivel propio de la interacción ciudadana con el Estado puesto que en el se manifiestan las redes de cooperación entre la administración pública local, las organizaciones del tercer sector y las organizaciones privadas municipales.
La gobernanza es la nueva forma de gestionar la complejidad e interdependencia que caracterizan esta nueva época moldeada por la multiplicidad de actores que interactúan constantemente y en donde el Estado ha perdido su carácter de actor exclusivo y hegemónico para entrar en competencia con otros agentes que representan diversos intereses en las respectivas sociedades en las que se desenvuelven. Según (Prats i Catalá, 2006:201), la justificación de este nuevo modo de gobernación radica en que los gobiernos no son los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales, estas también son retos para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. La gestión gubernamental continúa siendo decisoria, pero ella, fortalece su legitimidad y eficacia cuando es el resultado de la interacción entre los poderes públicos, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil.
En ese orden de ideas, la gobernanza se define como el patrón o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como resultado o consecuencia común de los esfuerzos imperativos de intervención de todos los actores implicados. Este patrón no se puede reducir a un actor o grupo de actores en particular (Kooiman, 1993). También existe un importante acervo de investigación orientado a demostrar que la gobernanza se sustenta sobre redes de interacción que se constituyen en mecanismos de gobernación característicos de esta época. En esa línea de pensamiento, Rhodes (2005) y Mayntz (2001), coinciden en que la estructura de la gobernanza no se caracteriza por la jerarquía sino por actores corporativos autónomos y por redes entre organizaciones. Rhodes, define la gobernanza como un proceso de gobernación expresado en redes interorganizacionales de actores caracterizadas por la autoorganización, la interdependencia, el intercambio de recursos y una significativa autonomía respecto del Estado. Prats (2005), observa que la gobernanza emerge como las instituciones y reglas que fijan los límites y los incentivos para la constitución y el funcionamiento de redes interdependientes de actores: gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil.
En la administración pública hemos sido testigos del paso de distintos modelos organizativos que privilegiaban el accionar de los poderes públicos desde modelos rígidos, jerárquicos y centralizados hasta llegar a una nueva forma de gestionar los asuntos públicos; en la conciencia que la producción de gobernabilidad de esta época demanda altas dosis de interrelación entre los distintos niveles de gobierno con las empresas y la sociedad civil, para lograr legitimidad y eficacia del accionar publico en un escenario de competencias y complejidad creciente en el cual se requiere la colaboración e interdependencia entre los actores estratégicos de una sociedad.
Precisamente, la tercera etapa de la globalización moderna trajo consigo un sinnúmero de complejidades que contribuyeron a mostrar las debilidades del Estado tradicional y con ello el advenimiento de una nueva forma de gestionar los asuntos públicos que complementa los tradicionales esquemas de la burocracia y de la gerencia pública. La gobernanza integra la visión intraorganizacional de los anteriores modelos con una representación interorganizacional que involucra actores públicos, privados y de la sociedad civil en el proceso de decisión.
4. Gobernanza Local.
Este nuevo método de gobernación aplicado al plano local es el nivel propio de la interacción ciudadana con el Estado, en donde se manifiestan redes de cooperación entre la administración pública local, las organizaciones privadas y el tercer sector, para resolver los conflictos e interpretar las demandas y solucionar las necesidades de la sociedad local en su conjunto.
El futuro de la gobernanza del siglo XXI como cultura de administración de las sociedades tiene como cimiento al territorio local, que es el sitio donde se manifiestan las relaciones primarias de los ciudadanos del mundo y como lugar donde se expresan con mayor prontitud las complejidades que expresa esta nueva época, plagada de intereses políticos, económicos y sociales de diversa escala, los cuales requieren ser tramitados bajo la perspectiva del consenso.
La importancia del contexto local radica en que es el entorno más próximo a los ciudadanos de una sociedad estatal, convirtiéndose en el escenario donde se desenvuelven con cercanía los intercambios ciudadanos, mezclados con la gestión de la administración pública encargada de atender las necesidades y requerimientos próximos de la población como elemento integrante de un Estado, en esta época caracterizada por la reorganización territorial que muestra el advenimiento de una estrecha relación entre lo local y lo global, fortalecida por la sociedad de la información y el conocimiento y la nueva economía en donde los municipios y las ciudades reciben y desarrollan todos los influjos e impactos de la tercera etapa de globalización.
No en vano, con los procesos de devolución o descentralización que se vienen desarrollando a escala mundial, el Estado central cede competencias a los gobiernos subnacionales para acercar el poder público a los ciudadanos, aumentar la eficacia de la administración y colaborar a una mejor distribución de recursos. No obstante, la existencia de niveles intermedios de gobierno en los que tradicionalmente ha descansado la descentralización, rápidamente el municipio se ha convertido en el entorno administrativo propio para diligenciar autónomamente políticas públicas que reivindiquen la legitimidad y democracia del Estado.
Entonces, el desafío del mundo local en este nuevo milenio, está girando en torno a tramitar las crecientes demandas de sus habitantes, alimentadas por los procesos de descentralización en donde el Estado central proyecta cada día más, nuevas competencias que incluyen prestación de nuevos servicios que antes estaban en manos del gobierno central, unidas a las maneras pacificas como los ciudadanos de un municipio tramitan y resuelven sus conflictos y se ponen de acuerdo para tramitar proyectos consensuados de largo plazo que le den satisfacción a las necesidades.
Esta dinámica coloca a la dimensión local como el puntal articulador de las escalas de la gobernanza subnacional, nacional, regional y mundial para tramitar las relaciones sociales de un mundo actual caracterizado por la interdependencia y complejidad
En ese orden de ideas, la gobernanza local se manifiesta como la administración consensuada del espacio horizontal de relaciones entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil; en el cual se ponen de manifiesto los intereses de los actores estratégicos de la sociedad municipal, la satisfacción de las necesidades crecientes de los habitantes y el trámite de competencias sobrevenidas de los gobiernos centrales. Esa administración significa tramitar adecuadamente la conexión entre la realidad municipal y sus actores, constituyendo a la gobernanza local en un proceso eminentemente de gestión comunicacional que debe interpretar y direccionar sentimientos, Intereses particulares, perspectivas y motivaciones ciudadanas en situaciones concretas
La gobernanza local la defino como un proceso de comunicación que genera feedback entre el sistema político municipal, los empresarios, la sociedad civil y la comunidad local en su conjunto, forjando redes de relaciones activas en torno a proyectos consensuados de largo plazo que permiten el desarrollo local y contribuyen a dirimir los conflictos entre los principales actores estratégicos, contribuyendo a la gobernabilidad de la sociedad local.
El Profesor Josep Centelles (2006), enfatiza que la búsqueda de una mejor gobernanza local pasa por elementos claves que tienen que ver con diferenciar gobernar la ciudad o el municipio de administrar. Gobernar la ciudad consiste en la capacidad operativa de influenciar o intervenir notoriamente en las redes de intereses que se conforman en la actuación de los diferentes agentes urbanos en conflicto/colaboración. Administrar la ciudad se refiere a una buena gestión en la provisión de servicios públicos y la regulación de actividades propias del municipio o de la ciudad en el espacio público del mismo. Para Centelles, es importante una buena administración de la ciudad, una correcta prestación de servicios públicos indispensable para el desarrollo, al igual que el presupuesto municipal y su maquinaria administrativa son y han de ser un auxilio importante para gobernar la ciudad; pero con ello solo no basta. Para mejorar la gobernanza de la ciudad se requiere convertirse en gestor del cambio. Ello significa crear sinergias entre la administración municipal y red de actores estratégicos y ello se logra con un elemento fundamental que es la comunicación.
5. Los Actores Genéricos de la Gobernanza Local en Latinoamérica: Un equipo de Gobernanza.
La administración de las sociedades del siglo XXI, está demandando altas dosis de consenso e interrelación entre una panoplia de agentes en la toma de decisiones para afrontar la complejidad de las problemáticas que le aquejan, puesto que ningún actor se muestra autosuficiente para ejercer el control supremo sobre las noveles, confusas y variantes situaciones que están brotando
Identificar los actores más representativos de la sociedad municipal es el ejercicio idóneo para empezar una estrategia de gobernanza local que en el corto, mediano y largo plazo reivindique la política, la ciudadanía y la satisfacción de las necesidades de la población de ese territorio.
En esa proyección, propongo una mecánica de identificación de los agentes más representativos de la sociedad local mediante, el cual planteo desde una organización de seis componentes que congregan los diferentes grupos de interés, dentro de los cuales destacamos los actores supralocales, los actores públicos, los actores económicos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación
5.1. Actores Supralocales.
En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, las interrelaciones de los habitantes de la sociedad local no solamente se tejen desde la perspectiva del sistema político municipal, los empresarios y su sociedad civil; sino que también están moldeadas fundamentalmente por las influencias de dinámicas externas afectadas por actores externos supramunicipales provenientes del plano internacional, nacional y de administraciones tutelares, que se manifiestan a través de organizaciones internacionales interestatales y de la sociedad civil mundial, en alternancia con el sistema político subnacional y nacional. Situación esta que hace leer al municipio de este milenio en extremo complejo, puesto que sobre el descansan una complejidad de relaciones de diversas escalas en la estructura de gobernanza con interrelación eficiente de actores estratégicos de diversos niveles para conseguir los objetivos de la administración activa de la sociedad local.
En esa perspectiva, en el territorio local interpelan en muchos casos actores estratégicos internacionales como las organizaciones interestatales y no gubernamentales de diverso radio de acción (Diez de Velasco, 2011). Bastaría con citar algunos ejemplos importantes: Organizaciones interestatales mundiales de carácter político como la ONU, que despliegan su accionar en los municipios por medio de programas de cooperación como el PNUD. Organizaciones interestatales mundiales de carácter económico, tradicionales coordinadores de la política económica de la región, como el FMI, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que hacen recomendaciones y colaboran en la materialización de proyectos municipales. Las organizaciones interestatales provenientes de acuerdos de integración regional como la Unión Europea, que establece políticas de cooperación descentralizada a través de sus diferentes instituciones (Sotillo, 2008). Las ONG internacionales humanitarias, de derechos humanos, ambientales y de cooperación que asisten a los municipios en sus respectivas materias de actuación. Los gobiernos nacionales de países industrializados por intermedio de sus agencias de cooperación que acompañan y ayudan a los municipios en solución de problemáticas y capacitación de funcionarios municipales. Los gobiernos subnacionales de países desarrollados que establecen políticas de cooperación descentralizada hacia los municipios latinoamericanos entre las cuales resaltamos las Comunidades Autónomas españolas como la de Madrid, Cataluña y Andalucía, entre otras, las cuales ayudan en la materialización de proyectos de diversa índole.
El gobierno, la rama judicial y los aparatos legislativos como ramas del poder público y expresión del ejercicio de la soberanía interna de los Estados, constituyen el más tradicional y significativo segmento de actores estratégicos y sus redes de interrelación con los gobiernos municipales, componen un elemento revelador de la gobernanza y gobernabilidad de las sociedades locales. Ellos expiden normas, se encargan de velar por su aplicación y administran los asuntos públicos en el grueso de un territorio nacional; actividades estas que en sumo impactan en el proceso de toma de decisiones del mecanismo de conversión del sistema político municipal
Ahora bien, el contexto de las relaciones intergubernamentales instituye un factor importante en el análisis de la gobernanza local, en la medida en que órganos superiores de gobierno influyen en las decisiones gubernamentales locales. Por ello, el sistema político nacional y subnacional es otro grueso del segmento de actores supramunicipales que influye decididamente en la formulación de políticas públicas locales, las cuales definen en parte el futuro de la satisfacción de las necesidades de la sociedad local, independientemente del carácter unitario o federal de cada uno de los Estados, en los cuales el gobierno nacional delimita las competencias y recursos atribuidos a los municipios, teniendo en cuenta a un nivel de gobierno departamental, regional o estatal que funge como coordinador de la acción nacional en los municipios. Entonces, este binomio conformado por la administración nacional y seccional, marcan derroteros importantes para la acción pública estatal en los municipios, lo cual influye decididamente en el devenir de las necesidades de la población y en la manera como los demás actores locales de carácter gubernamental, económico y social establezcan sus relaciones en torno a la definición de políticas públicas. A ello se suma, la búsqueda de la materialización del municipio como una efectiva corporación política en la actitud proactiva que asuman los gobiernos nacionales para conceder amplios niveles de autonomía configurados en descentralización política, administrativa y financiera, para que la sociedad local pueda enfrentar los retos que se le avecinan.
5.2. Actores Gubernamentales Locales.
El contexto latinoamericano es el escenario donde perviven la mayoría de los regímenes presidenciales del mundo como forma de gobierno en donde la rama ejecutiva y legislativa están directamente legitimadas por el electorado configurándose así dos centros de poder institucional (Caminal, 2006; Lleixa, 2006)).
Esta caracterización se ha trasladado al plano local con los procesos de descentralización política que han incorporado la elección popular de Alcaldes, a diferencia del sistema de gobierno local europeo como en el caso español, en donde en la mayoría de casos la configuración de un régimen parlamentario trasciende hacia el municipio con la elección indirecta del ejecutivo local. Esto significa que la elección popular directa del Alcalde y los Concejales del municipio latinoamericano, les están atribuyendo gruesos calibres de representación, legitimidad y democracia local a estos dos actores gubernamentales, convirtiéndolos de paso en artífices en primera instancia del futuro de la sociedad local.
Los Alcaldes como jefes de la administración pública local, al igual que los Concejos Municipales, al estar legitimados de esta manera adquieren una doble responsabilidad de carácter administrativo y político en la eficiencia del sistema político municipal, que debe arrojar consecuentes niveles de feedback con los demás actores estratégicos municipales, para tramitar las complejidades sobrevinientes.
El aparato administrativo que reviste de mecanismo de conversión del sistema político municipal, integrado por las diferentes dependencias establecidas por la administración municipal para atender los asuntos de su competencia, constituyen un significativo actor en la gobernanza local, al ser las instancias que materializan un cúmulo de expectativas ciudadanas que formalizan por intermedio de la formulación y ejecución de políticas públicas locales.
Al igual que la administración nacional, las municipalidades adquieren también niveles de desconcentración administrativa para gestionar los asuntos, creando organizaciones que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial, sociedades de economía mixta y empresa eminentemente publicas encargadas de la prestación de servicios municipales (Rodríguez, 2001). Con los procesos de liberalización, privatización y mercantilización adquiridos en la tercera etapa de globalización, rápidamente la concepción de la prestación del servicio local ha venido a entenderse desde la óptica de los servicios de interés general y servicios eminentemente públicos, que pueden ser prestados por terceros o directamente por la administración local, que independientemente quien desarrolle la actividad tienen que ser regulados por el gobierno municipal, quien a la final debe responder a la ciudadanía por la satisfacción del interés general (Sánchez, 2006; Sossa, 2004; Villamil, 2006) . Por ello, este tipo de organizaciones provenientes del resorte municipal y de las tendencias del mercado se convierten también en actores estratégicos del municipio al establecer un pleno intercambio relacional con la ciudadanía, la administración y los actores económicos en la gestión del servicio público local.
5.3. Actores Económicos Locales.
El sistema productivo local contribuye al mapa de actores estratégicos del municipio con un considerable aporte, teniendo en cuenta que la dinámica empresarial de la economía mundial se desarrolla fundamentalmente en un territorio municipal. Tanto los empresarios locales como los foráneos buscan su asiento en un sistema productivo local que brinde las condiciones necesarias para desarrollar su tarea emprendedora, independientemente de sus objetivos de radio de acción e intereses.
Empresarios de origen local como los que buscan radicarse en un determinado territorio, se configuran como potenciales actores estratégicos locales, a la hora de configurar una política pública de desarrollo local, que debe contener el fomento de cultura empresarial con criterios de gobernanza generadores del marco institucional adecuado para que los agentes gubernamentales, empresariales y sociales generen consenso para el fomento de un territorio local innovador y productivo. En los municipios tradicionalmente encontramos organizaciones gremiales que representan los intereses comerciales y productivos del municipio, los cuales constituyen un actor definitorio reivindicatorio propio y a la vez colaborador en las políticas públicas que quiera desarrollar la administración pública local.
5.4. Actores Sociales.
La sociedad civil es en el municipio donde encuentra su movilidad plena, por ser el lugar de los encuentros ciudadanos y es allí donde los movimientos sociales pueden desarrollar con mayor realidad su trabajo. Así como las manifestaciones gubernamentales y empresariales encuentran en el territorio local su lugar más fructífero, los movimientos sociales de derechos humanos, ambientales, feministas, minorías étnicas entre otras tienen un campo abonado directo reivindicatorio de sus intereses.
Organizaciones sindicales, partidos políticos, iglesia, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de intereses, entre otros; encuentran en el contexto local su más prolijo campo de acción, el cual permite comprender las vinculaciones entre la sociedad y el mundo político. La acción de estos grupos se basa fundamentalmente en desarrollar actividades y generar móviles de acción, articulando intereses sociales, económicos y políticos, para obtener influencia sobre las decisiones políticas o sobre ámbitos sectoriales de la esfera pública, teniendo como base de su efectividad el logro de una acción colectiva continuada de los individuos sustentada en la existencia de estructuras organizativas capaces de mantener cohesionados los intereses individuales (Jordana, 2006).
5.5. Los Mass Media y la Sociedad de la información.
Los medios de comunicación masivos constituyen un eslabón fundamental en la estructura de gobernanza por estar investidos de la capacidad bifronte de informar y generar proyección del feedback entre los principales actores estratégicos de la sociedad local.
Usualmente ha sido repetitiva la importancia de los medios de comunicación en la democracia, colocándole el calificativo de cuarto poder. Esta designación fue utilizada como un complemento de democracia de las tres ramas del poder público integrantes del estado tradicional como actor hegemónico y definidor de los futuros de las sociedades en el siglo XX, en el contexto de la segunda ola de globalización contemporánea. Empero, el desdibujamiento del papel protagónico del Estado en beneficio de diversos actores estratégicos en el presente, los han ratificado aun más como un agente de primer orden con unos recursos de poder sustanciales en las sociedades en que se desenvuelven, por lo cual los mass media se convierten en un actor estratégico en igualdad de condiciones y principalmente en la proyección de sus atributos como uno de los motores de la manifestación del feedback del sistema político y de la gobernabilidad de las sociedades.
En la actualidad los media logran competir con las tradicionales organizaciones ideológicas (partidos, sindicatos, iglesia) dentro de sus otrora exclusivas audiencias en la vehiculación, selección y explicación de la información política, diluyendo hasta cierto punto aquella compartimentación del público, alcanzando además a sectores que se encontraban al margen, con lo que diversifican los canales de intermediación informativa entre el individuo y su entorno político (Magre, 2006).
En los municipios también opera la descentralización a escala mediática; de los normales medios de comunicación nacional hemos pasamos rápidamente al surgimiento de periódicos impresos y online, canales de televisión y radios locales, que se complementan con medios alternativos de comunicación para el desarrollo, los cuales se convierten también en actores estratégicos locales, en tanto se encargan de informar la realidad propia a los ciudadanos del municipio (Puig, 2003).
El auge inusitado de las nuevas tecnologías de información le está aportando a la sociedad civil y al conjunto de la ciudadanía toda una fuente de instrumentos que le permiten su fortalecimiento y a la vez generar esquemas de comunicación propios con los demás actores estratégicos de la sociedad local. La avalancha de alternativas de comunicación que reciben los ciudadanos, provenientes de la sociedad de la información y el conocimiento como característica de esta época, se convierten en un bien intangible de la sociedad civil y de la ciudadanía para demostrar su descontento, sus apoyos y sus expectativas frente al sistema político municipal y demás actores locales. El Internet y las redes sociales, apresuradamente derivaron en un medio de comunicación de expresión política como punto de expresión de los pareceres de la ciudadanía, en cuanto a sus preocupaciones públicas, revelando sus posiciones en Facebook, Twiter, Hi5, Orkut, Sonico, MySpace, entre otros (Cerrillo, 2008).
Entonces, los medios de comunicación tradicionales, los medios alternativos de comunicación para el desarrollo y las manifestaciones de la sociedad de la información y el conocimiento que refuerzan los procesos comunicacionales; se convierten en elementos estratégicos de la interrelación ciudadana que al unísono integran la complejidad de los procesos y ayudan al fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad de la sociedad local.
6. Un Equipo de Gobernanza Transformacional: Princesas y Príncipes Republicanos
Las princesas republicanas de América Latina están descollando como agentes de gobernanza desde múltiples campos de actuación. Su activismo se muestra en variadas diligencias para enfrentar las problemáticas y oportunidades sociales que afectan sus entornos.
Resulta indispensable explicar de dónde proviene esa calificación de princesa republicana. Genéricamente, un príncipe republicano es un ciudadano activo que destaca en el pensamiento y la acción para la reconstrucción de las capacidades de acción colectiva. Los príncipes republicanos son los innovadores políticos, pero entendiendo por tales no sólo a los políticos y los directivos públicos, sino a todos aquellos que reconocen que la calidad de la vida personal es indisociable de la calidad del tejido institucional y obran en consecuencia, es decir, se interesan por la política y lo hacen desde el ideal irrenunciable de una humanidad de personas libres e iguales.
Este es un pensamiento del erudito de la gobernanza, Joan Prats, consignado en el libro “A los Príncipes Republicanos; Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico”. En esa proyección, “si el futuro ya no es lo que era, los políticos de ayer ya no resultan eficaces frente a los problemas de hoy, como tampoco resultan ya los modelos de gestión pública burocráticos y gerencialistas”.
Los mecanismos tradicionales de administración de la sociedad mundial, regional, nacional y local; están siendo superados por nuevas dinámicas políticas, económicas y sociales; que evidencian el protagonismo de nuevos actores reivindicatorios que asoman recursos de poder que le restan credibilidad al anquilosado esquema de gobierno y gobernación precedente. Los instrumentos habituales utilizados por los actores estratégicos tradicionales de las sociedades, resultan insuficientes para entender y tramitar la complejidad e interdependencia que caracterizan esta nueva época.
Esta dinámica incentiva y proyecta los procesos reivindicatorios de las mujeres latinoamericanas, quienes desde sus liderazgos transformacionales están enfrentando la complejidad de fenómenos que le sobrepasan a los vetustos liderazgos transaccionales.
Sus iniciativas son genuinas y originales, confluyendo a formas de gobernanza para solventar problemáticas u oportunidades sociales. No arbitran la simpleza de los mecanismos habituales de gobierno y gobernación precedente. Manifiestan una potencial teleología avanzada e innovadora para la restauración del equilibrio político perdido. Es un modelo que pretende atajar la abulia, la pobreza y la exclusión social que se configuran en las sociedades del siglo XXI en la región.
La administración de las sociedades del siglo XXI, está demandando altas dosis de consenso e interrelación entre una panoplia de agentes en la toma de decisiones, para afrontar la complejidad de las problemáticas que le aquejan; puesto que ningún actor se muestra autosuficiente para ejercer el control supremo sobre las noveles, confusas y variantes situaciones que están brotando.
En ese orden de ideas, la administración de la sociedad local afronta fuertes presiones procedentes del crack político, social y económico, que atraviesa la sociedad global en el inicio del milenio; la pervivencia de problemáticas que degeneran en estructuras urbanas fallidas; y la emergencia de nuevas demandas por parte de una ciudadanía en transformación. Por ello, se hace necesario repensar las capacidades institucionales y organizativas necesarias para afrontar políticamente estos retos.
En virtud de ello, se requiere un teamwork de princesas y príncipes republicanos para enfrentar la complejidad de la nueva realidad local, la cual le supera con creces al vetusto e insuficiente esquema de interpretación y diligencia de las demandas ciudadanas de este milenio.
Documento presentado en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG. Instituto Nacional de Administración Pública (Madrid, España) 23 y 24 de septiembre 2013.
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